Autónomo, así puedes reducir tus deudas con la Ley de Segunda Oportunidad

Autónomo, así puedes reducir tus deudas con la Ley de  Segunda Oportunidad
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Si eres autónomo, es importante que conozcas en qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de un procedimiento legal que permite cancelar deudas a personas en situación de insolvencia.

En 2022 entró en vigor una importante reforma que ha simplificado los trámites y abaratado los costes de acogerse a este procedimiento. Es una ley pensada para que particulares y autónomos que no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago eliminen de manera total o parcial sus deudas.

Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad

El primer paso consiste en recabar toda la documentación que acredite la insolvencia y la situación financiera del deudor, para después acudir al juzgado y solicitar la cancelación de deudas.

Actualmente se puede acudir directamente al Juzgado de lo Mercantil para presentar la declaración de concurso, sin ser necesario  iniciar los trámites ante notario ni intentar celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.

Es posible escoger entre dos modalidades a la hora de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad:

  1. Cancelación total de deudas con liquidación de patrimonio.
  2. Cancelación parcial de deudas con plan de pagos.

Requisitos para poder acceder a la Ley de Segunda Oportunidad

Los requisitos para poder acceder a la Ley de Segunda Oportunidad son que el deudor sea una persona natural, que lo sea ‘de buena fe’, que haya satisfecho las deudas mediante un plan de pagos o haber concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa.

La masa activa está formada por el conjunto de bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquieran hasta la conclusión del procedimiento.

¿Cuánto dura el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad?

La duración varía en función de cada caso concreto, pero como regla general se puede hablar desde unos pocos meses hasta el máximo de 18 meses que actualmente fija la ley.

Estos tiempos dependen del Juzgado y el Administrador Concursal. Mientras dura el procedimiento de segunda oportunidad el deudor está protegido y no pueden seguir reclamándole sus deudas ni embargar sus bienes.

El proceso judicial puede tardar unos seis meses, pero si el deudor elige comprometerse a un plan de pagos, se dictará auto en consonancia y la duración será de tres años por norma general.

Una vez en el proceso judicial, los abogados tienen libertad para fijar sus honorarios. Las tarifas más comunes oscilan entre los 2.000 y 3.000 euros.

La opción más beneficiosa para el deudor es tener un pago único y cerrado, ya que asegura la agilidad del proceso.

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