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UPTA exige alargar el cese extraordinario de actividad al menos hasta el 31 de marzo

UPTA exige alargar el cese extraordinario de actividad al menos hasta el 31 de marzo
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A pesar de que la prestación por cese de actividad de los autónomos ya se alargó en su momento hasta el 31 de enero, parece que esta medida no será suficiente. Las desastrosas previsiones sanitarias y económicas sobre la evolución de la pandemia anticipan un inicio de 2021 lleno de restricciones, cierres y quién sabe si hasta confinamientos domiciliarios.

Por eso, las principales asociaciones de autónomos exigen al Gobierno que se alargue la prestación extraordinaria por cese de actividad, puesta en marcha al inicio de la pandemia allá por el mes de marzo, y cuya fecha de caducidad está prevista para el próximo 31 de enero.

En concreto, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) exige pedido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que amplíe al menos hasta el 31 marzo la prestación por cese de actividad que se puso en marcha para paliar los terribles efectos de la covid-19 sobre el tejido económico y productivo nacional.

La organización estima que durante estos primeros meses del año las ventas se desplomarán en más del 50 por ciento, principalmente en los sectores más sensibles al consumo diario, que son también los que más han perdido durante este último año. Y todo ello a pesar de una campaña de rebajas que, de nuevo, parece que será menos efectiva de lo habitual.

En este sentido, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha comenzado los primeros contactos con el Gobierno para solicitar una reunión urgente con los representantes y abordar una batería de temas pendientes, como este alargamiento del cese de actividad y también la cotización por ingresos reales.

2020 acaba en positivo, aunque es un resultado engañoso

Cabe recordar que, a pesar de que el año 2020 acaba el año en positivo, con 2.320 activos más y un total de 3.271.408 autónomos afiliados al sistema, lo cierto es que estos datos se deben a las ayudas y prestaciones públicas.

De hecho, el cese de actividad ha sido el principal apoyo que ha permitido sostener la afiliación al sistema, ya que más del 55% de los autónomos españoles se han acogido a esta prestación, lo que ha costado cerca de 7.000 millones de euros a las arcas públicas.

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