Sergio Delgado
EditorEl acceso de los menores a redes sociales y a contenidos restringidos en la red se ha convertido en un reto para gobiernos y empresas. Hasta hace muy poco tiempo esta responsabilidad recaía principalmente en las familias y en la autorregulación de las plataformas.
Sin embargo, el debate sobre el impacto de los algoritmos en la salud mental infantil ha llevado a las instituciones comunitarias a diseñar una respuesta más firme.
La Unión Europea quiere establecer una infraestructura común que permita verificar la edad de los usuarios sin comprometer su privacidad. Bruselas defiende que no basta con la edad declarada en un registro digital, sino que es necesario un mecanismo seguro, interoperable y fácil de integrar que proteja a los menores y al mismo tiempo sea compatible con el Reglamento General de Protección de Datos.
La apuesta europea por sistemas comunes de verificación
La Comisión Europea ha presentado un prototipo de aplicación de verificación de edad desarrollado bajo estrictos estándares de privacidad y anonimato. El sistema, que ya se está probando en cinco Estados miembros, entre ellos España, permite confirmar si un usuario es mayor de edad sin recurrir a documentos oficiales ni registros biométricos permanentes.
El objetivo es que se convierta en una infraestructura común disponible para toda la Unión.
Paralelamente, la Comisión ha publicado directrices para gobiernos y empresas con el fin de aplicar controles compatibles con la Ley de Servicios Digitales y el RGPD. En palabras de los portavoces comunitarios, la prioridad es proteger a los menores sin erosionar derechos fundamentales como la intimidad o la inclusión digital.
España avanza con su propio modelo
En nuestro país, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) junto con la Secretaría de Estado de Digitalización ha impulsado un sistema de verificación de edad voluntario y anónimo. El mecanismo permite comprobar si se supera la edad mínima legal para acceder a determinadas plataformas sin necesidad de identificar al usuario.
Este modelo está alineado con la aplicación piloto europea y se está empezando a implantar en webs de apuestas, servicios de vídeo con contenidos sensibles y redes sociales con funciones avanzadas.
Según la AEPD, esta herramienta «puede marcar un antes y un después en el acceso digital de los menores en España».
Normativas internacionales y tendencias comparadas
La iniciativa europea se suma a movimientos similares en otros países. En Estados Unidos, varios estados como Utah o Texas han aprobado leyes que obligan a verificar la edad en redes sociales y portales de contenido adulto.
En algunos casos estas normas han sido recurridas por considerarse excesivas o por generar conflictos con la privacidad de los usuarios.
Reino Unido aprobó en 2023 el Online Safety Act, que impone a las grandes plataformas la obligación de implementar controles efectivos y asumir responsabilidades ante contenidos dañinos. Australia, por su parte, también debate nuevas leyes con medidas similares. Todo ello refleja una tendencia global hacia una mayor intervención en el acceso digital de los menores.
Cómo afecta a pymes y plataformas digitales
La obligación de implantar verificadores de edad tendrá un impacto significativo para empresas tecnológicas, grandes plataformas y también para pequeñas y medianas empresas.
Las pymes que gestionen foros, juegos online o servicios con interacción social deberán integrar sistemas de validación que cumplan con los estándares europeos.
Aunque esto puede suponer un incremento de tareas técnicas y administrativas, también ofrece ventajas competitivas. Incorporar soluciones de confianza reduce riesgos legales, refuerza la reputación corporativa y transmite un mensaje claro de compromiso con la seguridad infantil.
Para las plataformas digitales de mayor tamaño, la exigencia implicará adaptar sus arquitecturas internas, establecer acuerdos con verificadores externos y demostrar ante los reguladores la eficacia de los controles.
Qué dicen los informes y expertos
Un estudio de la organización EU Kids Online reveló que el 38% de los menores europeos entre 9 y 16 años han accedido a contenidos no apropiados para su edad en el último año. En España, la cifra se acerca al 40%, lo que evidencia la magnitud del problema. Estos datos justifican la urgencia de la medida y explican el impulso político detrás de la iniciativa.
Además, informes de la Organización Mundial de la Salud advierten del aumento de problemas de ansiedad, trastornos de sueño y adicción digital entre adolescentes expuestos a contenidos inadecuados. Por ello, Bruselas insiste en que la nueva verificación no es una opción, sino un pilar para garantizar entornos digitales más saludables.
El reto de equilibrar privacidad y control
Uno de los mayores desafíos es lograr que los sistemas de verificación no se conviertan en una forma encubierta de vigilancia. Las soluciones basadas en documentos oficiales o en datos biométricos permanentes generan recelos y pueden dejar fuera a colectivos con menor acceso a tecnología avanzada.
La apuesta de la UE es que los verificadores sean externos, anónimos y capaces de integrarse en cualquier aplicación digital. Esto permitirá a las pymes y plataformas ofrecer servicios seguros sin almacenar información sensible, reduciendo así el riesgo de fugas de datos.
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