Sergio Delgado
EditorNuevo revés para los autónomos. El Gobierno ha decidido bloquear la tramitación de una proposición de ley que incluía medidas ampliamente reclamadas por buena parte del colectivo.
Entre ellas, la de una mayor facilidad para acceder al cese de actividad, un sistema de exención del IVA para pequeños negocios y nuevas oportunidades en la contratación pública. La decisión implica que el texto ni tan siquiera llegará a debatirse en el Congreso.
Una reforma integral para modificar varios aspectos del RETA
La proposición registrada por Junts iba mucho más allá de una modificación puntual.
El texto planteaba cambios en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la Seguridad Social, la fiscalidad aplicable a pequeños negocios y la participación de autónomos y microempresas en contratos públicos.
Entre los objetivos: la simplificación administrativa, la reducción de determinadas cargas burocráticas y una mejora de la protección social de quienes desarrollan una actividad económica por cuenta propia.
También buscaba corregir algunos de los problemas detectados tras la implantación del sistema de cotización por ingresos reales.
El veto se apoya en motivos presupuestarios
La paralización de la iniciativa se ha producido mediante el mecanismo previsto en el artículo 134.6 de la Constitución.
Esta herramienta permite al Ejecutivo mostrar su disconformidad con aquellas proposiciones parlamentarias que impliquen un incremento del gasto público o una reducción de los ingresos del Estado.
Cuando el Gobierno ejerce esta facultad, la propuesta queda bloqueada antes de iniciar su recorrido parlamentario. Vamos, que los diputados no llegan a debatir ni votar el contenido del texto.
El cambio más esperado: facilitar el acceso al cese de actividad
Uno de los puntos que más interés había despertado entre los autónomos era la modificación del sistema de acceso al denominado paro de los trabajadores por cuenta propia.
Actualmente, para percibir esta prestación resulta necesario acreditar circunstancias económicas concretas, pérdidas significativas o determinadas situaciones excepcionales mediante documentación contable y fiscal.
Este procedimiento es considerado por muchas organizaciones como excesivamente complejo.
La realidad es desgastante. Una parte importante de las solicitudes presentadas terminan siendo rechazadas. En algunos ejercicios, las denegaciones superan ampliamente la mitad de los expedientes tramitados.
La propuesta pretendía simplificar este proceso. Bastaría con acreditar el cierre definitivo de la actividad y la baja correspondiente para acceder a la protección, acercando el sistema al modelo existente para los trabajadores asalariados.
El IVA franquiciado para pequeños negocios
Otra de las medidas más destacadas era la implantación de un régimen de franquicia del IVA.
Este sistema funciona desde hace años en numerosos países europeos y permite que determinados profesionales y pequeños negocios queden exentos de repercutir y liquidar el impuesto cuando no superan un determinado volumen de facturación anual.
La propuesta fijaba un límite de hasta 85.000 euros anuales para acogerse al régimen. De haberse aprobado, miles de pequeños empresarios, profesionales y autónomos habrían visto reducidas sus obligaciones fiscales y administrativas.
La medida buscaba especialmente aliviar la carga documental que soportan los negocios de menor tamaño, facilitando además su gestión diaria.
Ajustes en las cotizaciones y más seguridad jurídica
La iniciativa también incorporaba cambios relacionados con el sistema de cotización por ingresos reales.
El objetivo era mejorar los procedimientos de regularización, reducir los tiempos de ajuste y evitar situaciones en las que algunos trabajadores por cuenta propia pudieran cotizar durante largos periodos por encima de los rendimientos finalmente obtenidos.
Asimismo, se contemplaban mecanismos destinados a ofrecer mayor seguridad jurídica cuando se producen modificaciones posteriores en los datos fiscales utilizados para calcular las cuotas.
Más oportunidades en la contratación pública
La proposición también reservaba un espacio importante para la contratación pública.
Entre las medidas incluidas figuraba la posibilidad de destinar al menos un 10% del volumen anual de contratación pública a autónomos y microempresas. El objetivo era facilitar el acceso de los pequeños negocios a licitaciones donde habitualmente compiten con empresas de gran tamaño.
Para lograrlo, se planteaban mecanismos como la división de contratos en lotes más reducidos y procedimientos de adjudicación más accesibles para organizaciones con menor capacidad financiera. Pero no. Tampoco podrá ser.
Imágenes | Mediterráneo Digital, Ibrahim Boran
Ver 0 comentarios