El sector porcino español es un pilar fundamental en la economía ganadera y rural que, poco a poco, se ha convertido en un espacio invisibilizado dentro de la economía española. El porcino, en concreto, representa el 17,4 % del total de la producción final agraria y el 41,2% de la producción ganadera, generando más de 427.000 empleos entre directos e indirectos, según I+PORC, y aportando el 0,76% del PIB nacional y el 9,5% del PIB industrial.
Sin embargo, el sector mantiene dos grandes problemas: el relevo generacional y la creación de macrogranjas que afectan a las explotaciones más tradicionales y, hoy día, han topado con otros dos nuevos frentes: las exigencias de bienestar animal por parte de la Unión Europea y la guerra arancelaria trumpista.
Invertir en bienestar animal
Desde la UE, se afirma que la seguridad alimentaria es clave para un sector que supera las 40 millones de cabezas sacrificadas al año en el país, produce más de 5 millones de toneladas de carne, que comercializa y exporta a un centenar de países por un valor total de 20.000 millones de euros anuales.
Las nuevas normativas europeas, adoptadas por la Administración española a través de un real decreto en 2023 (RD 666/2023) obligan a los ganaderos a realizar importantes adaptaciones.
Las más urgentes son el aumento del espacio entre animal y animal, la mejora de condiciones lumínicas, la reducción de ruidos y gases en las granjas, y la implementación de un Plan de Bienestar Animal conectado al Centro Nacional de Referencia.
Las inversiones que se calculan que podrían suponer entre 300 y 500 millones de euros, si se pretende mantener la misma capacidad de producción, se han aplazado hasta marzo de 2026 y varias asociaciones están luchando para una nueva ampliación (2028), debido a las dificultades, tanto operativas como logísticas y presupuestarias.
No hay trabajadores
Más allá de las regulaciones, el sector se enfrenta a una crisis estructural de relevo generacional. En España, el 67 % de las explotaciones agrarias están en manos de personas mayores o próximas a la jubilación, mientras que solo el 4 % están dirigidas por menores de 35.
Según el INE y el censo agrario, hay 914.871 explotaciones agrícolas de las que 4 de cada 10 jefes de explotación son mayores de 65 años (y el 70 % mayores de 55).
Dicho de otro modo, se prevé que el 56 % de los ganaderos se jubilen durante esta década y, en el caso concreto del porcino, apenas el 10 % de los titulares tiene menos de 45 años. ¿El problema? No hay relevo generacional, como refleja el cierre de 49 granjas de cerdos catalanas que cerraron por falta de nuevos trabajadores y dificultades para cumplir con los requisitos legales.
La macrogranja desplaza a la pyme
Asimismo, el auge de las macrogranjas intensifica la presión sobre las pequeñas y medianas explotaciones. En los últimos años, España ha duplicado su número de macrogranjas porcinas, pasando de 1.569 en 2013 a 3.618 en 2022, según Greenpeace España.
Al margen de la contaminación de aguas en zonas rurales, estos complejos suelen quedar en unas pocas manos de grandes grupos cárnicos, que concentran la producción, reducen costes por escala y desplazan a pequeñas explotaciones familiares, que no pueden competir con sus márgenes ni asumir las inversiones requeridas por las nuevas normativas.
El futuro del porcino
La sostenibilidad del sector porcino español dependerá, en buena parte, de las medidas que se adopten para preservar la diversidad del modelo productivo.
Entre las propuestas más urgentes está la posibilidad de facilitar el relevo generacional con ayudas específicas y formación rural adaptada a las nuevas demandas, establecer límites al crecimiento de las macrogranjas para proteger el tejido de pymes y proporcionar financiación pública para el cumplimiento progresivo de las normativas de bienestar animal.
De este modo, si bien existen algunas medidas orientadas a facilitar el relevo generacional o mejorar las condiciones del bienestar animal, la falta de un marco actualizado para regular el crecimiento de las macrogranjas (RD 324/2000) o garantizar la viabilidad de las pymes ganaderas sigue dejando al sector en una posición vulnerable.
Los puntos más relevantes son las ayudas vinculadas al PAC 2023-2027 del Ministerio, que se traducen en pequeños incentivos económicos —para menores de 40 años y mujeres— y formación complementaria. Sin embargo, vistos los retos en el sector, desde fuera parece insuficiente, muy insuficiente.
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