El Plan de Lucha contra el Fraude aumenta el control de las actividades en módulos y toma otras medidas

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Se aprobó ayer por el Consejo de Ministros el nuevo Plan de Lucha contra el Fraude con el que se quiere plantar batalla a la evasión fiscal y la economía sumergida. Este plan incluye varias medidas como la ya comentada prohibición de los pagos en efectivo en operaciones de importe superior a 2.500 euros, pero también incorpora una exclusión del régimen de módulos, la obligación de comunicar cuentas, valores o propiedades en el extranjero, etc.

Pendientes de la publicación en el BOE del texto completo en el que podamos ver la manera de instrumentalizar estas medidas para poder hacer una evaluación de las mismas, vaya por delante que el control del fraude y la economía sumergida es esencial en un país en el que las estimaciones cifran que el impacto de las operaciones opacas suponen unos 85.000 millones de euros. Eso sí, la idoneidad de esta nueva regulación la veremos cuando se conozcan los resultados de la misma.

La limitacion de los pagos en efectivo

Esta medida implica que se establece un límite para los pagos en efectivo de las operaciones en las que intervengan empresarios o profesionales. Este límite se establece en 2.500 euros y no se incluyen las operaciones con entidades financieras. Este límite se aplicará a los pagos que se efectúen a partir de la entrada en vigor de la medida, aunque la operación fuese acordada antes.

La sanción que se aplicará por el incumplimiento de esta normativa será del 25% del importe de la operación y la norma obliga a guardar los justificantes de pago de estas operaciones durante cinco años. A lo largo de este periodo los intervinientes podrán ser requeridos para demostrar que el pago se ha hecho mediante un medio admitido por la legislación.

La responsabilidad por el incumplimento de esta norma será solidaria para el pagador y el cobrador, así que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos. Si bien se abre un procedimiento de exención de esta responsabilidad para aquellos intervinientes que denuncien estos incumplimientos en el plazo de tres meses desde la fecha de pago.

Circunstancias que supondrán la exclusión del sistema de módulos

Otra de las medidas que se incluyen en este plan es la exclusión del sistema de módulos para aquellos empresarios que, estando acogidos al método de tributación por estimación objetiva, facturen menos del 50% de sus ingresos a particulares, siempre que sus rendimientos íntegros superen los 50.000 euros anuales.

Esto afectará principalmente a carpinteros, fontaneros, electricistas, albañiles o transportistas. El Gobierno asume que este régimen es un foco de fraude mediante la emisión de facturas falsas y pretende poner coto a estas prácticas con esta medida.

Obligación de informar sobre activos en el extranjero

Se establece la obligación de información sobre la titularidad, apoderamiento o el hecho de ser beneficiarios de activos en el extranjero. Esto afecta a las cuentas bancarias, participaciones o acciones de empresas, seguros de vida o cualquier otro bien o activo que los contribuyentes españoles tengan en cualquier otro país.

Se fija una sanción de de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de 10.000 euros y éstas no prescribirán.

La economía globalizada puede favorecer el hecho de que mucos rendimientos económicos obtenidos en otros países pasen inadvertidos para la Hacienda epsñola, por eso se daopta esta medida.

Otras medidas

Se impondrán sancionies para aquellos contribuyentes que estando obligados a reaalizar presentaciones de liquidaciones o declaraciones informativas por vía telemática, incumplan esta obligación.

Se fija una tasa judicial, de entre 150 y 10.000 euros, por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el ámbito civil, social o contencioso-administrativo. Se bonificará con el 10% de la tasa a los que realicen el pago por vía telemática.

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Imagen | La Moncloa

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