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Novedades en la aplicación de la Ley de Morosidad

Novedades en la aplicación de la Ley de Morosidad
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El Senado ha aprobado hoy una serie de enmiendas sobre la Ley de Morosidad que modifican una serie de aspectos entre los que destacan una moratoria, a las empresas del sector de la construcción, para que se adapten a los plazos de pago que dictaba la redacción original de dicha Ley.

En concreto, las constructoras de obra pública podrán contar con un periodo transitorio de dos años para rebajar hasta sesenta días el plazo máximo de pago de facturas a sus subcontratistas y proveedores, que actualmente supera los cien días. Estas empresas podrán pagar a 120 días desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2011 y en el año siguiente este plazo deberá rebajarse a 90 días, para dejarlo definitivamente en los 60 días para el 2013.

Además de esta moratoria, las patronales de la construcción habían solicitado la posibilidad de poder pagar mediante un sistema de confirming bancario. Con este sistema la empresa daba a su banco la orden de pagar a sus proveedores en sesenta días y la entidad financiera se convertiría en titular de los derechos de cobro de la factura abonada y se encargaría de reclamarla en su momento al grupo constructor.

Así pretendían, estas empresas, cumplir el plazo máximo de pago a sesenta días al que obligaría la nueva norma y asumir la morosidad de las administraciones públicas sin aumentar su deuda financiera. Al final, el Senado ha optado por la moratoria ante la posibilidad de que la segunda opción sólo aumentara el riesgo de las empresas acreedoras o de las propias entidades bancarias.

La Ley de Morosidad busca las fórmulas necesarias para terminar con los problemas que está provocando, en pequeñas y medianas empresas y autónomos, la morosidad y el alargamiento de los plazos de pago de facturas, por parte de la Administración y de otras empresas. En la actualidad, la Administración tienen pendientes de pago con las empresas por un total de 38.000 millones de euros.

Otra enmienda aprobada supone la creación de una nueva linea de crédito que el ICO ofrecerá a los ayuntamientos para que puedan pagar las deudas que estos han contraido con empresas y autónomos. Se desconoce la dotación de esta nueva línea pero teniendo en cuenta la cantidad de frentes que tiene el ICO abiertos ¿es el ICO un pozo sin fondo?

Estas enmiendas serán remitidas al Congreso que deberá de encargarse de su aprobación definitiva para que entren en vigor.

En Pymes y Autónomos | A vueltas con la Ley de Morosidad Imagen | liewcf

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