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¿Comienza la rebelión en hostelería por la ley antitabaco?

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En cuatro días que lleva en vigor la ley antitabaco y la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados, ya han aparecido varios casos de insumisión a dicha norma y existe otro número no cuantificado de locales que no son todo lo escrupulosos que debieran en el cumplimiento de la lay, dado que permiten fumar dentro de sus locales. Es más, desde Castellón, están dispuestos a movilizar al resto de la hostelería para que la ley no se haga efectiva y el cariz que puede tomar este asunto es peliagudo.

Este local valenciano va a promover la creación de una plataforma para que más hosteleros secunden la objeción a la ley antitabaco y es muy probable, que en poco tiempo existan muchos hosteleros que se muestren en contra de aplicar esta ley. El principal argumento que esgrime este hostelero de Castellón es una caída en ingresos del 75% en los dos días que ha aplicado la ley y no va a consentir que su negocio se resienta por este motivo.

Personalmente dudo que la caída de las ventas de este negocio en estos dos días se deban única y exclusivamente a la ley antitabaco, dado que de entrada es la misma para todos y hasta que no pase un periodo prudencial de tiempo, no se podrá comprobar cómo evolucionan las ventas en hostelería y el impacto de esta norma, pero lo que está claro es que al igual que hay muchos no fumadores contentísimos con la ley, existe un colectivo muy grande entre los fumadores y hosteleros descontentos con esta prohibición.

A pesar de que planteemos asociaciones, reconversiones de locales en otras actividades o adaptemos zonas accesorias, siempre se caminará por el filo de la navaja en la aplicación de la ley dado que se prohibe fumar en espacios con acceso público aunque sean de titularidad privada y sólo se permite el consumo de tabaco en los clubes de fumadores con severas restricciones.

En esta tesitura, un incumplimiento masivo de la norma y la adhesión de más hosteleros a la insumisión legal pondría en jaque a la administración. Los poderes públicos se pueden encontrar con un serio problema si en poco tiempo la mayoría de bares decidiera saltarse la ley y con ellos, los fumadores que regenten sus bares. Los mecanismos sancionadores no pueden ser suficientes dado que el objetivo de esta norma no es recaudar o imponer sanciones económicas que aboquen al cierre de los negocios, dado que el daño económico sería muy superior en todos los casos. ¿Multar con 600.000 euros a 10.000 establecimientos? Si, es lo que dice la ley, al igual que se destruiría un sector económico si se llevara a cabo y arrastraría al desempleo a varios cientos de miles de personas y por supuesto, no se conseguiría cobrar esa cantidad.

Evidentemente, la norma debería haber contemplado la coexistencia de locales para fumadores y locales para no fumadores, mediante el establecimiento de cupos por criterios de población y cumpliendo una requisitos técnicos importantes. Esa tesitura sería lo ideal, oferta disponible para todos y coexistencia pacífica dado que cada uno podría ir al local que le apeteciese, pero claro, la prohibición es el camino sencillo, pero no garantiza que los afectados estén por la labor de acatar la norma impuesta. Mucha tela por cortar aún sobre esta ley antitabaco.

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