Abogado

Tengo un amigo que dice que cuando baja el agua se ve quien está en pelotas. Traducción: cuando las cosas van bien todo parece maravilloso, todo es salvable. En cambio, cuando llegan los malos momentos, se ve qué funciona y qué no, lo que sirve y lo que no. Y llegado este punto, me debo ratificar en algo que siempre he sostenido, y es que no todo es franquiciable. Lo repito, por si alguien no lo entiende, o no lo quiere entender: que no todas las actividades se pueden franquiciar, leñe. No todo se puede clonar (os recomiendo Mis dobles, mi mujer y yo).

Hace tiempo, Presunto Culpable discurría sobre la idoneidad de la franquicia para una estrategia de expansión. Voy a matizar el arranque de su post. Decía que casi toda actividad empresarial es franquiciable. No lo sé. Lo que tengo claro es que las actividades profesionales lo son mucho más difícilmente. Y en estos días duros, tenemos algún que otro caso al respecto.

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Dice una sentencia la audiencia provincial de Almería. A pesar de la obviedad de la afirmación, lo curioso de la noticia ha sido el devenir de los acontecimientos prevíos así como las consecuencias que ha tenido para los implicados. Un trabajador de una empresa almeriense procedió a reclamar seis meses de salarios a su empresa; reclamación que fue desestimada por el Juzgado de lo Social competente al ser conocedor el demandante del pago de dichos salarios.

No queda aquí la cuestión, por lo que el trabajador prosigue con su demanda al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, obteniendo el mismo resultado, archivar la cuestión reclamada al resultar que ya se habían abonado los salarios reclamados con anterioridad. Lo mejor viene aquí: La audiencia provincial ha condenado al trabajador a una pena de nueve meses de prisión por un delito de estafa y al pago de una multa por importe de 1.800 euros.

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No, no me estoy refiriendo a una relación de amor, aunque podría llegar a serlo a la vista del último barómetro del Consejo General de la Abogacía Española publicado recientemente.

Según esta encuesta, en la que han participado 1.000 ciudadanos, y en la que se concluye que el abogado es visto como una persona que vela por los derechos, protege los valores, desactiva conflictos y sana las relaciones enconadas. Además se valora de forma especial la atención y el trato recibido.

Por otra parte la utilización de sus servicios se ha extendido y democratizado en la sociedad, ya no se percibe como un servicio elitista y según datos del barómetro el uso por parte de la ciudadanía desde el 2002 se ha incrementado en un 42%.

Mención especial respecto al ránking de fiabilidad institucional (ver gráfico que ilustra este post) que sitúa a la abogacía en el puesto número 13, por delante de instituciones como el Gobierno del Estado y los Tribunales de Justicia. (Si queréis ver el gráfico completo acudid a la página número 14 del barómetro)

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