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Tras el fracaso en la captación de autónomos y pymes para que se acogieran al IVA de caja, el Gobierno parece haberse anotado otro tanto en relación a otra de las medidas incluidas en la Ley de Emprendedores aprobada el pasado año ya que según el Colegio de Registradores sólo 25 autónomos en toda España se han acogido a la figura del autónomo de responsabilidad limitada.

Recordemos que esta medida suponía la exclusión de la vivienda habitual del autónomo como bien embargable en caso de deudas procedentes de su actividad, por lo que se vendía como una medida positiva, sin embargo los requerimientos asociados a esta figura y el escaso alcande de la limitación de la responsabilidad han hecho que el alcance de la misma sea menos que insignificante.

Como ya hemos indicado, la Ley de Emprendedores incluye la creación de la figura del autónomo de responsabilidad limitada. Lo que se pretende es salvaguardar de alguna manera el patrimonio del autónomo en caso de fracaso empresarial.

En el caso de los autónomos no se puede diferenciar el carácter personal del empresarial. La personalidad jurídica es única y, por tanto, los beneficios y pérdidas derivados del negocio no se pueden separar de la persona y en caso de que el negocio fracase y se generen deudas éste ha de responder directamente de ellas con su patrimonio presente o futuro.

La Ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha manifestado la intención del Gobierno de aprobar próximamente una serie de medidas que sirvan para reducir el impacto de la crisis en el colectivo de los autónomos.

Aunque aún están en estudio y se está consultando con diversos colectivos, ha avanzado que se podría dar un plazo de hasta cinco años para que abonen sus deudas con la Seguridad Social y se ampliará de uno a dos años el plazo mínimo desde la primera diligencia para poder embargar su vivienda habitual.

Como ya comentamos, el pasado viernes se aprobaron las medidas que e incluen en el nuvo plan antifraude. Dentro de las mismas también se ha modificado el sistema de embargo de bienes por parte de la Agencia Tributaria.

La norma modifica el régimen de embargo de bienes y derechos en entidades de crédito para que ese embargo se pueda extender más allá de la oficina o sucursal a la que se remitió el embargo. También se prohíbe la disposición de inmuebles de sociedades en donde han sido embargadas acciones equivalentes a más de la mitad del capital social.

Según ha comentado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, la Ley de Emprendedores contendría una medida que limitaría la responsabilidad de los autónomos sobre las deudas de su negocio.

Se trata básicamente de que ciertos elementos del patrimonio del autónomo, principalmente la vivienda habitual, tengan la consideración de inembargables a efectos de las reclamaciones contra el autónomo por las deudas del negocio.

En su afán por cobrar aquellas deudas contraidas por los contribuyentes con la Administración Tributaria, Hacienda está procediendo al embargo de créditos de proveedores. Cualquier autónomo o pyme puede recibir una diligencia de embargo de Agencia Tributaria ordenando la retención y el pago a la misma, de aquellas facturas pendientes de abono a algún proveedor que tenga impagos y éstos, una vez que se encuentran en vía ejecutiva, no hayan sido atendidos por el deudor en cuestión.

Si una empresa incumple sus obligaciones de pago con Hacienda y ésta dicta procedimiento ejecutivo de esas deudas, puede obligar a los clientes de esta empresa a, en lugar de hacer el pago al proveedor, ingresar las cantidades pendientes de pago en la Agencia Tributaria. Hacienda tiene información de quienes son los clientes del contribuyente moroso a través del modelo 347 de operaciones con terceros, en este modelo informativo las empresas y autónomos hacen constar los datos de aquellos clientes o proveedores a los que emite, o de los que recibe, una facturación anual superior a 3.000 euros.

Anteriormente hemos hablado de los embargos en la empresa por parte de cualquier administración pública. Este tipo de embargos presentan unas resoluciones distintas a la que nos podemos encontrar si algún juzgado procede a embargar los bienes y derechos de nuestra empresa.

Para que un juzgado dictamine un embargo contra nuestra empresa, el procedimiento normal es haber tenido un juicio previo, normalmente en materias mercantiles, civiles o laborales y haber perdido dicho pleito.

Cuando las cosas se ponen feas y dejamos de pagar determinados servicios, facturas pendientes, salarios, impuestos y cualquier otro débito pendiente, pueden comenzar y comenzarán a llegarnos embargos sobre los bienes y derechos de la empresa.

Podemos clasificar los embargos en dos tipos, aunque podríamos realizar muchas más clasificaciones pero por la forma de resolución, dos tipos pueden resultar adecuados. Esta clasificación puede ser: * Embargos administrativos, realizados por cualquier ente público, como por ejemplo Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamientos o * Embargos judiciales, en donde el embargante puede ser cualquiera que cuente en su poder un título ejecutivo, originado por un juicio que hemos perdido.