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Traslado al extranjero del domicilio social

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Traslado al extranjero del domicilio social

El traslado del domicilio social de una entidad mercantil al extranjero es un mecanismo al que muchas empresas acuden en los tiempos que corren. El procedimientos se regula en la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles 3/2009 (LME). Para pueda realizarse es preciso que la legislación del estado de destino admita la recepción de sociedades constituidas en otros países con mantenimiento de la personalidad jurídica.

Por ello, antes de plantearse el traslado, es conveniente analizar el ordenamiento jurídico del país elegido como destino. Que pertenezca a la Unión Europea o no es irrelevante, pues la aceptación y mantenimiento de la personalidad jurídica es el único requisito, común para todos.

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¿Cuál es la diferencia entre el domicilio social y el fiscal?

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¿Cuál es la diferencia entre el domicilio social y el fiscal?

La diferencia entre el domicilio social y el fiscal es algo que afecta a las sociedades de capital y que muchas veces no se percibe con suficiente claridad. Cuando se constituye una sociedad mercantil se fija un domicilio social que figura en la escritura otorgada ante notario. Una vez inscrita en el Registro Mercantil el domicilio social será público, de modo que cualquier interesado puede localizar la empresa.

El domicilio social no es aleatorio. La Ley de Sociedades de Capital lo define como "

el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación”. Las sociedades de capital cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España"
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Lo siento Sr. Inspector, pero no puede usted pasar

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Lo siento Sr. Inspector, pero no puede usted pasar

He pensado que sería interesante detallar el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2008 de la que se hace eco el periódico "El Economista". Esta resolución, pese a no resolver directamente el hecho que se enjuicia, sí pone de manifiesto recordándolo, cuando la entrada en el domicilio de la empresa por parte de la Inspección de Tributos puede ser invalidada.

Las alegaciones de la empresa consistían básicamente (entre otros defectos del procedimiento) que en el momento en que la inspección de tributos se personó en las oficinas de la empresa no se encontraba en la misma ningún representante de la Entidad que pudiera otorgar la autorización necesaria para la entrada de los actuarios; lo cual infringiría el procedimiento establecido en el Reglamento General de Inspección, y que solo con posterioridad al inicio de las actuaciones y recopilación de documentación en el domicilio social de la Empresa, llegó uno de los representantes de la misma y firmó la autorización para la entrada, la cual ya se había producido.

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