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Las principales organizaciones del sector comercial se oponen a la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo

Las principales organizaciones del sector comercial se oponen a la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo
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El pasado 23 de octubre, el Congreso aceptó la tramitación del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que contempla, entre otras cosas, la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros, frente a los 2.500 euros actuales. Una medida que las principales asociaciones del sector comercial ANGED, CEC, ACOTEX, FECE y la de servicios de seguridad APROSER ven con preocupación.

Ya en febrero de 2019, el Banco Central Europeo advirtió que limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo podría ser desproporcionado para el pequeño comercio. Entre otras razones, el supervisor comunitario recordaba que el efectivo seguía siendo el medio de pago preferido para ciertos sectores sociales, además de ser un medio ampliamente aceptado y rápido que permite al pagador controlar sus gastos.

El ejemplo más evidente es el de Francia. El país galo ya ha implementado esta medida mediante la transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, pero no ha funcionado como se esperaba, ya que no ha logrado reducir la economía sumergida de forma significativa.

Por el contrario, algunos países como Alemania, Finlandia o Austria, que carecen de límites para los pagos en efectivo, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos, algunos de los cuales incluso son significativamente menores a los de nuestro país vecino.

La covid-19, un freno a esta regulación

Además, estas asociaciones señalan que el momento no podía ser más inoportuno. En un momento de gran incertidumbre para la economía en general y para las empresas en particular, con el desplome de la demanda, no parece razonable establecer barreras al consumo y costes adicionales de transacción, como los que implicaría que la mayoría de pagos se realizasen con tarjeta.

En este sentido, cualquier regulación que vaya en esta línea debería adecuarse a la realidad actual de la estructura actual comercial y de distribución, ya que la mayoría de consumidores está realizando sus compras en metálico, y todo ello a pesar de la consolidación de nuevos medios de pago.

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