El problema del alquiler en España no solo afecta a las familias. Para cientos de miles de autónomos, pagar cada mes la vivienda es solo una parte de la factura. Muchos necesitan además un local para mantener abierto su negocio.
El Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA calcula que aproximadamente el 30% de los cerca de dos millones de autónomos como personas físicas están expuestos directamente al mercado del alquiler.
Son alrededor de 600.000 trabajadores que pagan una vivienda arrendada, un establecimiento comercial o ambos. Por ejemplo, un local puede alcanzar ya los 3.100 euros mensuales en ciudades como Madrid (y no necesariamente en el centro)
Vivienda y local suben a la vez
El encarecimiento se ha acelerado en apenas dos años. Según los cálculos del Observatorio, entre 2024 y 2026 el alquiler residencial ha aumentado alrededor de un 14% de media, mientras que los locales comerciales acumulan una subida cercana al 12%.
Y claro, la situación resulta especialmente complicada cuando ambas facturas recaen sobre la misma persona.
Antes de afrontar cotizaciones, impuestos, suministros, mercancías o salarios, el autónomo necesita cubrir el coste de su casa y el espacio donde trabaja. Los costes para los autónomos no dejan de subir.
UPTA ha calculado el impacto tomando como referencia una vivienda de dos dormitorios y 70 metros cuadrados y un local de 80 metros cuadrados.
Madrid encabeza los ejemplos analizados: ambos inmuebles suponían unos 2.700 euros mensuales en 2024 y alcanzan 3.100 euros en 2026. Son 400 euros adicionales cada mes y 4.800 euros más al año.
Barcelona pasa de 2.450 a 2.700 euros, un incremento anual de 3.000 euros. En Santander, la factura conjunta aumenta de 1.450 a 1.670 euros; en Vigo, de 1.300 a 1.500; en Cáceres, de 1.100 a 1.280, y en Jaén, de 1.100 a 1.250 euros.
Menos dinero para invertir en el negocio
El problema no termina en la subida mensual porque cuanto más dinero absorben los gastos fijos, menor capacidad queda para renovar maquinaria, digitalizar el negocio, reformar el establecimiento, adquirir vehículos profesionales o contratar trabajadores.
Observar únicamente la facturación puede ofrecer una imagen incompleta de la situación económica de un autónomo cuando los gastos imprescindibles aumentan más rápidamente que sus ingresos.
“La cuenta es sencilla: hay que mirar lo que entra, pero también lo que sale. Y los alquileres se están llevando cada vez una parte mayor de los ingresos de los autónomos”, señala el presidente de UPTA España, Eduardo Abad.
Nuevas medidas para el alquiler desde octubre
Esto llega precisamente cuando España estrena nuevas medidas para intervenir sobre un mercado residencial tensionado.
El Gobierno aprobó a finales de septiembre dos decretos en materia de vivienda. El primero, publicado en el BOE y en vigor desde el 1 de octubre, incluye una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual vigentes y amplía hasta 2030 algunas protecciones frente a desahucios.
La normativa también actúa sobre la actualización de determinadas rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2027, cuando el alquiler se encuentre por encima del máximo establecido por el sistema de índices de referencia no procederá actualización; en los demás supuestos afectados, y a falta de pacto, el incremento no podrá superar el 2%.
El paquete incorpora asimismo cambios sobre alquileres temporales y por habitaciones y otras medidas destinadas a ampliar la oferta residencial asequible.
Protección también para los locales comerciales
Para la organización de autónomos, sin embargo, abordar únicamente la vivienda deja sin resolver una parte del problema. Se reclama mayor estabilidad contractual y medidas que ayuden a contener también el coste de los establecimientos comerciales.
“Hay que poner freno a los precios y dar estabilidad a quienes viven y trabajan de alquiler. No podemos permitir que el coste de la vivienda y del local termine expulsando a los autónomos y al pequeño comercio de nuestros barrios y ciudades”, advierte Abad.
La organización también pide preservar los establecimientos destinados a actividades económicas frente a su transformación en viviendas residenciales o alojamientos turísticos.
Imágenes | Dyana Wing So, Sherise Van Dyk
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