El número de ocupados en España cerró el año 2025 con 22.463.300 personas. Un tema que lleva tiempo en el centro del debate es el de cuántos trabajadores hacen falta para poder pagar las pensiones. La economista Leticia Poole ha destacado en su intervención en el pódcast TruthTime Project que “en España, solo el 37 % de la población trabaja”. “Muy grande sostenido por muy pocos”, sentenció.
Hay que contextualizarlo. Los datos de la Encuesta de Población Activa situaban el número de ocupados en 22,46 millones al final de 2025. Por otro lado, el INE había estimado que la población era de 49,57 millones de personas a 1 de enero de 2026. De esta forma, los ocupados representaban un 45,3 % de la población aproximadamente.
Hay que diferenciar entre tasa de actividad y porcentaje de trabajadores. La tasa de actividad mide el porcentaje de la población de 16 años o más que está trabajando o buscando trabajo. En el cuarto trimestre de 2025 estaba en el 58,94 %. Además, no se trata de un porcentaje de toda la población (con menores).
La doctora en Ciencias Económicas y Empresariales critica además el problema de quienes cotizan frente a los pensionistas. En este sentido, critica que el sistema “ya ha explotado” (porque, a su juicio, es necesario recurrir a deuda para financiar parte de los pagos).
Las pensiones contributivas en España se basan en un sistema de reparto. Es decir, los trabajadores (y las empresas) cotizan para pagar a los pensionistas actuales. Para Poole, el problema es que, con el envejecimiento y la baja natalidad, es difícil mantener este sistema.
Pensiones, deuda y esfuerzo fiscal
Además, desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también han alertado de los problemas de envejecimiento de la población para las cuentas públicas. En su informe de evaluación (mayo de 2026), destacaba que, aunque formalmente se cumple la regla de gasto de pensiones, esto no implica que el sistema de finanzas públicas sea sostenible. En el escenario de políticas constantes (sin aplicación de reglas fiscales), en 2050 la deuda pública alcanzaría el 123 % del producto interior bruto (PIB).
Poole también hace referencia al compromiso futuro de pensiones. A su juicio, si estas se contabilizasen como deuda implícita, el endeudamiento sería mucho mayor que el oficial. Es decir, se trata de ir “tirando de crédito” y pasar parte del coste a las siguientes generaciones.
Cabe señalar que el gasto en pensiones (y las transferencias que recibe la Seguridad Social) sigue en aumento. En las cuentas acumuladas hasta julio de 2026 (publicadas por el Ministerio de Inclusión) se ve un crecimiento anual en ambas partidas. También se encuentra en el centro del debate el margen presupuestario para financiar otros servicios (como sanidad o dependencia).
Es necesario hablar de la propia nómina. En este sentido, según Poole, es difícil que muchos trabajadores sean conscientes de todo lo que pagan. Los descuentos automáticos hacen que el salario neto que llegue a nuestra cuenta no incluya las retenciones. Tampoco incluye las aportaciones de la empresa.
Desde la Seguridad Social explican que, en el caso del régimen general, la cotización es compartida entre la empresa y el trabajador. Hay conceptos que solo paga el empleador. La empresa ingresa ambas aportaciones y descuenta la correspondiente al empleado de su salario.
En este sentido, Poole destaca que, para hacer comparativas entre países, es importante tener en cuenta los salarios. Con salarios más ajustados, pesan más los impuestos y las cotizaciones (afectan a la capacidad de ahorrar y de gasto habitual). También critica algunas ayudas que pueden afectar a los incentivos de incorporación al mercado de trabajo.
El envejecimiento y la baja natalidad son el centro de su diagnóstico. Los nacimientos han ido bajando en la última década. Sin embargo, en 2025 (estimaciones provisionales del INE) se ha registrado un ligero aumento respecto a 2024.
Imágenes | TruthTime Project
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