En España, las pensiones se han convertido en un reto económico de primer orden comparable al acceso a la vivienda. Las cotizaciones sociales financian alrededor del 70 % de los ingresos de la Seguridad Social, pero ya no bastan para cubrir el gasto creciente.

En la actualidad, lo que resta se compensa con impuestos y deuda, mientras pymes y autónomos cargan con una de las presiones más altas de Europa.

¿Un peso desproporcionado?

En 2025, los ingresos por cotizaciones ascendieron a 87.500 millones de euros, un 7,2 % más que en 2024. Aun así, el sistema sigue en números rojos. Según el Instituto de Estudios Económicos, España es uno de los países de la UE donde más pesan las cotizaciones sobre la recaudación: un 25,8 % frente al 17,9 % comunitario.

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En términos de PIB, en España la presión fiscal empresarial alcanza el 12,3 %, frente al 10,2 % de la media europea. Esto se traduce en menor margen para contratar, subir salarios o reinvertir beneficios. Los autónomos tampoco salen mejor parados: la mayoría cotiza por bases mínimas, lo que limita su pensión futura.

Sin embargo, la Seguridad Social ha compartido datos actualizados que muestran cómo el gasto en pensiones se mantiene en torno al 12 % del PIB (Seguridad Social). Solo en julio de 2025, el desembolso mensual fue de 13.588 millones de euros, un 6,2 % más que el año anterior.

Haciendo un cálculo rápido, hoy día, la pensión contributiva media se sitúa en 1.311 €/mes, mientras la de jubilación supera los 1.500 €/mes. En cambio, la pensión de los autónomos apenas llega a los 1.000 euros al mes, y quienes cotizan siempre por la base mínima pueden estar cobrando (o cobrarán) poco más de 635 €.

El Banco de España y la Comisión Europea advierten que el modelo actual no es sostenible: el gasto crece más rápido que los ingresos, y la base de cotizantes se debilita. El peso de los salarios en el PIB, que rondaba el 55 % hace dos décadas, ha caído al 50 % y podría bajar al 40 % en 2060, como apuntaba Julián Díaz Saavedra para El País.

Para intentar ganar oxígeno, el Gobierno ha reforzado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), elevando la cotización adicional del 0,7 % al 0,8 %. Solo en 2025 generará 690 millones extra, así como se ha introducido una “cuota de solidaridad” para salarios que superen los 58.900 € anuales, con recargos crecientes de aquí a 2045.

El dilema de las pymes

Como resultado, el ecosistema empresarial español supone una doble pinza: por un lado, empresas pequeñas y trabajadores por cuenta propia soportan unas cotizaciones muy elevadas en comparación internacional. A su vez, sus pensiones futuras no están garantizadas, especialmente en el caso de los autónomos que cotizan por lo mínimo.

Un ejemplo práctico: contratar un trabajador con un salario bruto de 20.000 € anuales cuesta a la empresa alrededor de 26.000 € tras sumar las cotizaciones sociales. Para una pyme con tres empleados, la factura anual se dispara por encima de los 18.000 € adicionales, un coste que limita tanto la contratación como la competitividad.

Todo indica que España no puede sostener el futuro de las pensiones cargando todavía más sobre la pequeña y mediana empresa y los autónomos.

Según los analistas, la solución debe pasar por diversificar las fuentes de financiación (vía impuestos finalistas, mejora de la productividad y planes complementarios) y por incentivar bases de cotización más altas sin penalizar la actividad.

Si no se aborda el problema de raíz, se corre el riesgo de seguir siendo sostenible a costa de quienes menos margen tienen: los pequeños negocios y los trabajadores por cuenta propia. Pero ¿hasta cuándo?

No es nuevo, pero sí está ahora mejor documentado. Los menores de 40 años en España son, de forma clara y medible, más pobres que sus padres a la misma edad.

La brecha patrimonial se ha abierto tanto que, según un reciente informe de Esade, los nacidos a partir de los 80 tienen 75.000 euros menos de riqueza neta que los nacidos en las décadas anteriores.

La situación no es solo una cuestión generacional o de percepción. Tiene causas económicas profundas y consecuencias sociales palpables. La posibilidad de que el ascensor social funcione para los millennials parece hoy más una excepción que una regla. Y como alternativa, queda solo una opción b: esperar una herencia, si es que llega.

Un descenso patrimonial medido en decenas de miles de euros

El informe es claro: los menores de 40 años acumulan mucho menos patrimonio que las generaciones anteriores. Los millennials son más pobres que sus padres en términos de riqueza neta, salarios reales, y sobre todo en posibilidades de acumulación futura.

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Las condiciones laborales actuales impiden ahorrar a una proporción significativa de jóvenes. Más de la mitad del salario medio se destina a pagar el alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona, una situación que no solo compromete el día a día, sino que imposibilita la creación de patrimonio a medio y largo plazo.

Salarios estancados y vivienda inalcanzable

El sueldo medio de los menores de 40 no ha crecido al mismo ritmo que el de la vivienda ni que la inflación. Con salarios que rondan los 1.400 o 1.500 euros netos mensuales, se enfrentan a precios de alquiler que superan los 800 euros en las principales ciudades. La ecuación es simple: si los millennials son más pobres que sus padres, es porque cada mes empiezan con la mitad de su ingreso ya comprometido.

Este desequilibrio entre ingresos y vivienda es uno de los factores clave que ha roto el ciclo de emancipación y acumulación patrimonial. El acceso a la vivienda en propiedad, que era norma entre los boomers, es ahora una meta lejana para gran parte de los trabajadores menores de 40.

Comparativa con la generación boomer

En los años 80 y 90, el acceso a la propiedad era viable incluso con un solo salario. La relación entre el precio de la vivienda y el sueldo medio permitía a muchas familias comprar su hogar antes de los 30. Hoy, esa posibilidad ha quedado reservada a quienes pueden contar con ayuda familiar o a quienes tienen salarios por encima de la media, una minoría.

Una emancipación que se retrasa indefinidamente

El retraso en la emancipación es otra de las consecuencias visibles de este empobrecimiento estructural. En España, la edad media de emancipación supera ya los 30 años, una cifra que contrasta con la realidad de hace solo dos décadas, cuando la independencia residencial llegaba a los 25 o 26 años en promedio.

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Este retraso no es una cuestión cultural, sino eminentemente económica. La falta de estabilidad laboral, los bajos sueldos y la imposibilidad de acceder a vivienda propia explican por qué los millennials son más pobres que sus padres, incluso si tienen una formación académica superior.

El ascensor social está averiado

La idea de que el esfuerzo se traduce en progreso económico ha dejado de ser una garantía para esta generación. Muchos millennials han cumplido con todas las "recetas" que se les enseñó :estudiar, especializarse, trabajar duro, pero el resultado es una situación patrimonial peor que la de sus padres.

La brecha patrimonial intergeneracional ya no es solo una cuestión de desigualdad futura, sino de desigualdad presente. Y esto tiene implicaciones directas en las oportunidades, en la salud mental y en las expectativas vitales de una generación que, a menudo, vive al día.

La carga fiscal y las cotizaciones, otro frente abierto

Los salarios de los jóvenes no solo son bajos, sino que están sujetos a una elevada carga impositiva. Las cotizaciones sociales y el IRPF absorben un porcentaje considerable del ingreso, lo que limita aún más la capacidad de ahorro.

En comparación con otros países europeos, la carga fiscal sobre el trabajo en España penaliza especialmente a los ingresos medios y bajos, lo que afecta directamente a los jóvenes trabajadores. Esta situación refuerza el círculo vicioso donde los millennials son más pobres que sus padres, no por falta de esfuerzo, sino por un sistema que no les favorece.

Además, estos trabajadores están cotizando a un sistema de pensiones que probablemente no les garantice una jubilación digna. La sostenibilidad del sistema, puesta en duda por varios informes, aumenta la percepción de que se está contribuyendo más de lo que se recibirá en el futuro.

La opción B: heredar (si es posible)

Ante este panorama, la acumulación de patrimonio por vía propia parece cada vez más inalcanzable. Para muchos jóvenes, la única posibilidad real de mejorar su situación financiera es recibir una herencia.Pero esta alternativa no es universal y depende directamente de la situación económica de sus familias.

La dependencia de la herencia para cerrar la brecha patrimonial no hace más que perpetuar la desigualdad. Los que más tienen, seguirán teniendo más, y quienes no pueden contar con ese respaldo económico, quedarán relegados a una lucha constante sin posibilidad real de ascenso.

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En los últimos años, el debate sobre la carga fiscal en España ha ganado cada vez más protagonismo, especialmente entre trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. No es para menos. Éstos perciben cómo una parte, en teoría, cada vez más significativa de sus ingresos se destina al pago de impuestos y cotizaciones.

En paralelo, el discurso político y mediático se ha polarizado: unos aseguran que el Estado “se queda con más de la mitad de tu sueldo”, mientras otros reducen la fiscalidad a lo recaudado por el IRPF, ignorando impuestos indirectos y cotizaciones sociales.

La realidad es más compleja. La presión fiscal ha crecido en los últimos ejercicios sí,  y el Gobierno no da señales de querer reducirla. Al contrario, se han producido aumentos encubiertos como la falta de deflactación del IRPF, el incremento de cuotas para muchos autónomos y la integración del SMI en la obligación de declarar.

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Pero afirmar que se paga más del 50 % del sueldo en impuestos es una simplificación excesiva. La realidad demuestra algo diferente…

Qué es la carga fiscal y por qué no se limita solo al IRPF

Cuando se habla de fiscalidad personal, suele centrarse el debate en el IRPF. Sin embargo, este es solo uno de los componentes de la carga fiscal total que soportan los ciudadanos.

La carga fiscal real incluye el IRPF, las cotizaciones sociales (tanto del trabajador como del empleador), el IVAy otros impuestos indirectos, como los especiales sobre carburantes, alcohol o electricidad.

Esto significa que, aunque el tipo marginal del IRPF pueda parecer alto, el tipo efectivo —lo que realmente se paga sobre el total de ingresos— es mucho más bajo. A esto se suman las cotizaciones sociales, que en el caso de un asalariado representan un porcentaje importante del salario bruto, pero que muchos trabajadores no perciben directamente, ya que se ingresan por parte del empleador.

En conjunto, la presión fiscal es considerable, pero no implica necesariamente que la mitad del sueldo acabe en manos del Estado.

¿Pagamos más del 50 % en impuestos?

Esta afirmación parte de cálculos que incluyen todos los tributos posibles: IRPF, cotizaciones sociales del trabajador y del empleador, IVA, impuestos especiales y tasas varias.

Si se suman todos estos elementos, se puede llegar a porcentajes cercanos al 45 o incluso al 50 %, especialmente en sueldos medios-altos o en ciertos casos de autónomos.

Sin embargo, esta cifra no significa que el Estado “te quite” literalmente la mitad del salario neto, sino que ese porcentaje representa lo que se recauda en diferentes momentos del ciclo económico.

La polémica radica en cómo se presenta la información. Algunos estudios, como los impulsados por el Instituto Juan de Mariana, muestran una presión fiscal global en términos absolutos.

Mientras tanto, otros análisis más institucionales, como los que publica Hacienda o algunos medios progresistas, se centran solo en lo recaudado por el IRPF. La clave está en saber distinguir entre lo que se tributa en la declaración de la renta y lo que se paga durante todo el año de forma indirecta o automática.

La subida de cuotas y su impacto en la presión fiscal

Uno de los puntos donde más se ha notado el aumento de la presión fiscal es en el colectivo de autónomos. Con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, muchos profesionales han visto cómo su cuota mensual ha aumentado respecto a la de años anteriores.

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Aunque la idea del sistema busca una mayor equidad, lo cierto es que la mayoría de tramos implican un mayor pago mensual respecto a 2022.

Esto tiene un impacto directo en los ingresos disponibles, y si bien la cuota se considera una cotización a la Seguridad Social y no un impuesto, en la práctica representa un dinero que se transfiere al Estado y que, por tanto, influye en la carga total fiscal que soporta el trabajador.

La no deflactación del IRPF: pagar más sin subir el sueldo

Un aspecto que ha pasado casi desapercibido, pero que tiene un fuerte impacto, es la decisión del Gobierno de no deflactar el IRPF. En un contexto de inflación, cuando los salarios suben para compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero los tramos del IRPF no se actualizan, el resultado es que muchos contribuyentes pasan a tributar más, aunque su capacidad real de compra no haya mejorado.

Esto implica que el contribuyente paga más impuestos sin haber ganado más en términos reales, lo que se traduce en un aumento silencioso de la carga fiscal. Aunque desde el Ejecutivo se defiende que esta medida permite mantener la recaudación para sostener el gasto público, para muchos ciudadanos supone un esfuerzo adicional no siempre justificado.

¿Qué pasa con el SMI y el IRPF?

La obligación de declarar por IRPF para quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) también ha generado controversia. Tradicionalmente, quienes ganaban el SMI estaban exentos de presentar la declaración.

Sin embargo, al no ajustarse los límites ni las deducciones, y sumado a los efectos de la inflación, muchas personas que antes estaban fuera del radar fiscal ahora se ven obligadas a declarar y, en algunos casos, a pagar.

Esto ha alimentado la percepción de que la fiscalidad se endurece precisamente para los tramos más vulnerables, mientras que las grandes fortunas o corporaciones cuentan con más margen para optimizar su tributación.

Un enfoque más moderado tiene la respuesta a todo esto

Ni el discurso alarmista de que “el Estado te quita más de la mitad del sueldo”, ni la visión reduccionista de que solo cuenta el IRPF, reflejan completamente la realidad. La presión fiscal en España es alta si se analiza desde una perspectiva global, pero también es cierto que los servicios públicos, como sanidad, educación o pensiones, requieren de esa financiación.

El reto está en lograr un equilibrio que no ahogue a quienes más contribuyen, especialmente trabajadores y autónomos, mientras se mantiene un sistema de bienestar sostenible. Y para ello, además de discutir sobre cifras, es fundamental hablar de eficiencia del gasto, transparencia y justicia fiscal.

Entender bien qué pagamos, cómo lo pagamos y qué recibimos a cambio es el primer paso para exigir una política fiscal más clara, justa y adaptada a la realidad de quienes sostienen el sistema. Porque hablar de impuestos no es solo cuestión de porcentajes, también lo es de responsabilidad y de confianza.

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“Descubrí un sitio nuevo donde los autónomos podemos dar la turra”, me dijo ayer un amigo. Es un buen resumen.

Y es que el autónomo puede focalizar sus frustraciones con Hacienda - no todas- en algún sitio: el defensor del contribuyente, y de paso, a lo mejor, cambiar ciertas cosas del sistema.

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¿Qué es el defensor del contribuyente?

El defensor del contribuyente sirve para que los ciudadanos, entre ellos los autónomos, puedan trasladar quejas y posibles mejoras a Hacienda y a algunos otros organismos relacionados con los impuestos que se pagan.

En realidad, el nombre correcto es “Consejo para la defensa del contribuyente” constituido como órgano asesor de la Secretaría de Estado de Hacienda, siendo un elemento de defensa de los derechos y garantías del ciudadano en sus relaciones con la Administración tributaria estatal.

Esta figura del defensor del contribuyente, está presente en muchos países y, concretamente, en España viene regulado por el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre. Existe desde 1998, si bien nunca es tarde para empezar a dar la turra.

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Cómo funciona el sistema de quejas a Hacienda

Te puedes quejar de lo que quieras, incluso de forma anónima. Hacienda es la normativa, los impuestos, los procedimientos y las personas que te atienden; pues te puedes quejar de cualquier cosa relacionada con esto e incluso que arreglen tu problema.

El procedimiento para presentar la queja o sugerencia es sencillo, a través de internet, aunque también se puede presentar de forma presencial. Siempre detallando claramente todo lo sucedido, así como los argumentos y acreditaciones que defiendan tu postura y den claridad a los que revisen el expediente. Se pueden acompañar de documentación y de cualquier tipo de prueba que se deba conocer.

Una vez solicitado, el defensor del contribuyente dará traslado de la queja al órgano o servicio afectado, el cual deberá remitir respuesta directamente y por escrito al interesado en el plazo de 15 días. La tramitación se dará en el siguiente esquema:

Lo principal de esto es que obtendrás una respuesta del servicio al que va dirigida la queja, pero puedes manifestar tu disconformidad, en los 15 días siguientes, y recibir otra segunda contestación sobre el problema.

No hay que perder de vista, que además de tramitar las quejas y sugerencias, otra de las principales funciones del defensor del contribuyente es realizar propuestas de mejora, por lo que sí tienen un número de quejas significativo de autónomos, a lo mejor proponen cambiar dicho trámite o la interpretación del impuesto.

Las quejas no tienen consideración de recurso administrativo

Quéjate, pero no pierdas de vista que las quejas y sugerencias formuladas por esta vía no tienen la consideración de recurso administrativo, por lo que son totalmente compatibles con el resto de acciones o reclamaciones del contribuyente.

En este sentido, no suspende las actuaciones en curso ni interrumpe los plazos para la tramitación y resolución de los procedimientos tributarios abiertos.

Algunos datos para hacerte una idea sobre lo que quejarte

La última memoria de resultados del defensor del contribuyente a la que hemos tenido acceso, la del año 2021, deja algunos datos que te pueden hacer entender más qué posibilidades tienes de transmitir tu malestar como autónomo.

En 2021 se tramitaron 10.292 expedientes, un número alejado del máximo obtenido en 2016, de 18.562 expedientes; pensemos bien: es que todo ha mejorado, o mejor, hay que dar más la turra.

De estos expedientes el 72,2% son presentados por internet, y el 78,3% de los expedientes son admitidos, entendemos porque los inadmitidos “no tenían sentido”.

Los expedientes admitidos, casi la totalidad son quejas, el 93,4%; el 4,2% son sugerencias y, ¡oye!, el 2,2% son felicitaciones. Hacienda tuvo 177 felicitaciones.

Para que puedas ver todo aquello de lo que te puedes quejar, veamos las principales reclamaciones realizadas durante 2021:

• Desacuerdo con la aplicación de la norma.
• Solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento.
• Retraso en la tramitación o en la devolución.
• Resoluciones improcedentes.
• Problemas en las deducciones anticipadas.
• Embargos indebidos.
• Providencia de apremio improcedente.
• Titularidad catastral.
• Problemas con las citas previas, ya sea general o de la Campaña de la Renta.
• Falta de información.
• Incidencias en el Plan le llamamos.
• Requisitos de la Cl@ve pin.
• Datos fiscales erróneos.
• Tiempos de espera excesivo.
• Dificultades en la presentación por internet.
• Errores de la administración.
• Desatención del funcionario o del vigilante.
• Inadecuación de las instalaciones.
• Problemas con los certificados de estar al corriente.
• Control de mercancías de importación y DUA.

Pues eso, autónomo, a dar la turra

Hoy es el día en que muchos niños ven cumplidos sus deseos en forma de regalos. Por eso vamos a hacer un ejercicio de imaginación, para saber cuáles serían los deseos de un autónomo en su carta a los Reyes Magos.

Vamos a ver algunos de los deseos que pueden tener muchos autónomos, en este año que hemos dejado atrás tan complicado y lo que todavía nos queda por delante. Esperemos que se cumplan y no parezca un regalo pero en realidad sea carbón.

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Que me paguen por mi trabajo

En un momento donde la morosidad o la declaración de concurso de acreedores para muchas organizaciones está a la orden del día el deseo de muchos es que les paguen por su trabajo, y a ser posible en tiempo y forma.

No solo se trata muchas veces de cobrar, sino del desgaste y los costes extra que supone poder cobrar lo que nos deben otras empresas o particulares. Y si son cantidades pequeñas como ocurre muchas veces con los autónomos muchas veces se dan por perdidas.

Que bajen los costes de suministros

Otro de los regalos que más ilusión les hacen a muchos de ellos. Pero que posiblemente a corto plazo tendremos más carbón que regalos. El impacto del coste de la electricidad o los combustibles en muchos negocios es muy alto.

Esto implica subir costes, reducir beneficios y facturar menos. Una cadena en la que todo el mundo sale perjudicado. A medio plazo, más inflación y subida de salarios a los empleados. O se para ya, o será un grave problema.

Qué la recuperación económica y los fondos europeos lleguen a los autónomos

Otra de las promesas que se pidieron muchos para el año pasado pero no llegaron, y esperemos que este año se cumpla. Ya están en marcha, pero la mayoría de autónomos no lo notan.

Y la reactivación económica, ya sea por las incertidumbres que genera la pandemia o por la falta de impulso de dichos fondos no despega con la fuerza necesaria.

Recuperar a empleados de los ERTE y que no vuelvan a entrar

En este sentido el mejor indicador de que una empresa ha vuelto a la normalidad es poder recuperar a los empleados de los ERTE y que no tengan que volver. Y esto es algo que estamos viendo como todavía quedan más de 100.000 dentro, sobre todo en sectores como turismo y hostelería.

Que la tarifa plana se mantenga

Para muchos de los que quieren iniciar su camino como autónomos la tarifa plana es un gran incentivo. Pero no sabemos exactamente qué planes hay para mantenerla o acabar con ella. Lo cierto es que muchas voces dentro del colectivo aseguran que no han cumplido con su propósito de fijar más trabajadores autónomos y ha supuesto una sangría para los ingresos de la Seguridad Social.

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"Tremenda" subida: esta es la cuota que van a pagar los autónomos que cotizan por la base mínima en 2022

Que las cotizaciones por ingresos reales no sean solo pagar más

Y aquí me temo que va a venir más carbón. Porque el nuevo sistema que en algún momento se implantará, posiblemente en 2023, desde el principio supondrá que aquellos con ingresos más altos y que elegían la base mínima pagarán más por su cuota de autónomos.

Pero el grueso de los autónomos posiblemente no vean una gran subida, o se van a mantener igual o tendrán un leve aumento. Pero una vez el sistema en marcha será más complicado parar las sucesivas subidas que vendrán después.

Que se mantenga el sistema de módulos

Y muy posiblemente tengamos otro saco de carbón por aquí. Aunque siendo 2023 año electoral todo es posible. Porque ya llevamos cuatro años de prórroga sin implantar los nuevos límites aprobados que van a suponer la salida de módulos de muchos autónomos que ahora se benefician de esta posibilidad y les beneficia fiscalmente.

Qué de verdad me pueda desgravar los gastos de mi vehículo siempre

Otro de los deseos que pedimos cada año, pero que nunca se cumple. Está claro que los Reyes no traen todos los regalos, pero esto ya clama al cielo. No me importa si mi vehículo es particular, o si me lo presta mi cuñado para trabajar. Si los gastos que me suponen su uso están afectos a mi actividad económica y lo puedo justificar debería poder deducirme dichos gastos.

Qué los gastos de suministros si trabajamos en casa sean de un 30% real

Otro similar, que todos prometen cuando son oposición y quedan en el olvido cuando llegan al Gobierno. Y con los costes energéticos disparados trabajar desde casa puede suponer un coste añadido importante. Que solo se pueda deducir el 30% de la parte afecta de la vivienda a la actividad económica es una ruindad.

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Qué hago si no cumplo ahora el plan de igualdad en empresas y no tengo dinero para subir sueldos

Qué cada nueva ley no sea solo trasladar obligaciones burocráticas a las empresas

Un problema repetido año tras año. Cada vez son más las obligaciones para empresas y autónomos que hay que cumplir. Tiempo que se dedica a actividades con las que no se factura. Y al final supone un desgaste muy grande en nuestro día a día.

Bonus track, que no nos suban el IVA

Para muchos seguro que es el principal deseo. Porque tal y como están las cosas y los niveles de deuda no sería descabellado que se tocaran tipos, tanto del general como del reducido, algo que ya ocurrió en anteriores crisis y tiene un impacto muy importante en muchos sectores como podría ser el de la hostelería.

Imagen | Gonzalo Conde Sáez en Flickr

La llegada de septiembre siempre supone un punto de inflexión para la mayoría de las empresas. Se trata de hacer un pequeño repaso para ver en qué puntos hay que apretar para acabar el año con un buen balance. Y lo cierto es que este año lo tienen más difícil que nunca, por que se encuentran con la subida del SMI, gasto energético disparado y amortización de deudas como los retos a la vuelta del verano.

Cada uno de ellos supone que lo que se gana se invierte en salvar estos gastos inesperados o amortizaciones de deuda generadas por la crisis de económica de estos últimos meses. Y ninguno de ellos parece que vaya a aplazarse y dar un respiro.

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Objetivo 1050 euros de SMI, así quieren negociar la subida de este año y sucesivos los agentes sociales

Al SMI, que puede que este año tenga una subida pequeña, entre 12 y 19 euros, se sumará otra en 2022 y una tercera en 2023. En total serán entre 100 y 120 euros más por cada trabajador que ahora tiene dicho salario mínimo. Si hay varios en nuestra compañía, a final supondrá un lastre en las cuentas contables.

A esto le tenemos que sumar el gasto energético disparado. No solo se trata del gasto de la luz, que ya han comentado que seguirá siendo alta en 2022, pero también el de gasolinas y diesel, al que posiblemente haya que sumarle los planes para igualar la fiscalidad de ambos, lo que perjudicaría de forma notable a aquellas empresas que tienen vehículos de transporte, normalmente diésel.

Si a esto se le suma algún retoque fiscal, como un céntimo por litro, para el pago del mantenimiento de la carreteras, lo cierto es que todo indica que el gasto medio de las empresas en este aspecto va a ser mucho más elevado que años precedentes.

Por último hay que empezar a amortizar las deudas contraídas durante la pandemia. Un lastre que muchas compañías van a arrastrar durante los próximos cinco años y que repercute de forma importante en su capacidad de inversión, pero a la vez en los beneficios que se obtienen a final de año.

Para los autónomos además hay que sumarle la posibilidad de empezar a cotizar por ingresos reales en 2023 o una reforma del sistema de módulos. Y esto puede que no sea más que el principio de un cambio que implique el un mayor control de la facturación, como se ha puesto de manifiesto con la nueva ley antifraude.

Y todo esto acabará por repercutir en los precios, lo que implica una subida que afecta la consumidor final y, como efecto rebote, una menor facturación. Una espiral que resulta complicada de parar y veremos como acaba.

La recuperación económica se ha iniciado. Al menos está dando sus primeros pasos. Ahora falta lo más importante, que la tendencia se consolide en los próximos meses y, sobre todo, que en 2022 sea un crecimiento sostenido, sin los dientes de sierra que han podido marcar este año. Pero esto va a suponer también que temas pendientes como la reforma fiscal y la subida de impuestos se vuelvan a poner encima de la mesa.

Un ejemplo es la hostelería, uno de los sectores que más han sufrido, pero que a su vez se acoge a una fiscalidad más ventajosa, por un IVA reducido del 10%, algo que reclaman otros sectores como peluquerías y que tiene un impacto muy importante en su facturación en caso de tocar dichos tipos. ¿Van a pasar del tipo reducido al tipo normal? Sería una subida muy dura para este sector que genera además mucho empleo.

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El futuro es recaudar más impuestos y menos economía sumergida según el plan España 2050

Lo lógico sería que se tocara en uno o dos puntos de subida el tipo reducido y que todas las actividades que están acogidos al mismo vieran como se incrementan los costes. Esto implica un problema, puesto que subida de precios acaban por reducir el consumo. Claro que no es lo mismo hacerlo en plena crisis, que en un momento expansivo como el que se iniciaría en 2022. Y en todo caso no creo que se ponga en marcha antes de 2023 y quizás incluso algo más tarde.

Lo mismo ocurre con el sistema de módulos cuyos límites se siguen prorrogando desde hace años. Y este año lo más probable es que se mantenga. Es un sistema heredado del pasado, que en cierto modo reconoce la incapacidad del sistema tributario de controlar cuánto debe tributar cada negocio.

En 2023 entrará en vigor el sistema de control de Batuz en las haciendas forales vascas. Y será un test muy importante, dado que el Gobierno ya se ha mostrado interesado en introducir mecanismos de control similares para todo el territorio nacional. No parece lógico que a un autónomo le controlen cada factura en tiempo real y otros puedan tributar por módulos sin importar si facturan mucho o poco, siempre que estén dentro de los límites.

Y por último tenemos el impuesto de Sociedades, donde lo que se estima es el café para todos, es decir, que todas las empresas paguen al menos un 15%, sin importar tamaño. Esto perjudica a las más grandes y deja casi igual a las pequeñas, que son la mayoría. Mal asunto si lo que se busca es aumentar la recaudación.

Durante años los autónomos han estado peleando por poder desgravarse como gastos afectos a su actividad económica las facturas si por motivos laborales tenían que comer o dormir fuera de su domicilio. Finalmente se llegó a un acuerdo para legislar esta circunstancia, pero se hizo de forma tan ambigua la redacción que en la práctica han resultado inaplicables. Por eso las dietas de los autónomos es una de cuestiones urgentes para resolver ya formado el Gobierno a las que se pueden sumar varias más.

El problema es la inseguridad jurídica que existe con la actual redacción y un criterio de Hacienda muy restrictivo a la hora de aplicarlo. Ante tal circunstancia muchos prefieren no aplicar dicha deducción. Bastaría una redacción más clara para que se puedan deducir las dietas sin mayores contratiempos.

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Ocho medidas pendientes para mejorar la situación de los autónomos para 2019

Se ha legislado mal, tan mal que no se puede aplicar en la práctica

Otro de los puntos que están pendientes son las deducciones de los suministros para los autónomos que trabajan en casa, el 30% de los gastos, pero del porcentaje de la vivienda afecto a la actividad económica. Esto lo convierte en una burla, porque de 100 euros de gasto, en una vivienda en la que se dedique una habitación a despacho, podríamos decir que tendría afecto un 10% de la superficie, por lo que el resultado final sería una deducción de 3 euros, razón por la que ya se presentaron mociones para cambiar esta redacción y que fuera más favorable para los autónomos.

Algo similar lleva años ocurriendo con el IVA de las facturas pendientes de cobro. En la práctica el sistema es tan malo que la mayoría de las pequeñas empresas lo dan por perdido. Les supone tal engorro estar en el sistema de IVA de caja que al final desisten de recuperar este IVA no cobrado.

Otra cuestión pendiente es el uso del vehículo particular para cuestiones profesionales. Especialmente importante para autónomos que inician su actividad, que en muchos casos no se pueden permitir comprar un vehículo de empresa. No se puede desgravar el gasto de gasolina si visitamos un cliente pero si nos desplazamos en taxi, no hay problema. No parece lógico.

Es una cuestión de voluntad política. Además en muchos de los puntos los principales partidos están de acuerdo y tenían estas mejoras en sus programas electorales. Esperemos que las luchas partidistas no entorpezcan las negociaciones para sacar adelante estas mejoras tan necesarias para la mayoría de los autónomos.

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7 timos que han sufrido los autónomos en las últimas reformas del RETA

Pero ya sabemos como funciona esto. Los autónomos están en el centro del debate electoral porque dan muchos votos, pero luego una vez otorgados éstos dejan de ser una prioridad para los partidos políticos. Esperemos que esta vez no sea así.

Imagen | Catkin

Uno de los problemas por los que muchos autónomos declaran que no pueden mejorar sus cotizaciones es el elevado peso de impuestos que tienen que pagar. Además existe una corriente de pensamiento que cree que se debe premiar a aquellos que arriesgan y apuestan por crear empresas y empleo. Por eso nos preguntamos, ¿debería mejorar la fiscalidad del autónomo como premio al riesgo de emprender?

Si como todos los indicios apuntan, los inscritos en el RETA van a perder la oportunidad de elegir sus bases de cotización, de gestionar en definitiva dónde quieren que vayan sus ingresos para la jubilación, no estaría de más mejorar su fiscalidad. Quizás empezar por una reivindicación histórica del sector como no pagar el IVA de las factoras no cobradas sería un buen inicio.

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No, el principal motivo por el que los autónomos cierran no es la falta de demanda, sino los elevados impuestos y cotizaciones

IRF y Sociedades, los impuestos claves

Pero lo ideal sería que se pagara menos de IRPF. Dado que el autónomo está corriendo un riesgo, muchas veces invierte su propio patrimonio, una ayuda en este sentido no estaría de más. Por un lado, porque si su empresa va bien acabará generando empleo y contratando más gente. Y esto siempre es positivo para la economía.

Pero también sería importante un recorte en Sociedades, especialmente para aquellas que reinvierten los beneficios que tienen o que generan más empleo, pero no cualquier empleo. Tiene que ser estable y de calidad. Que realmente tenga un impacto en la economía de la sociedad.

Esto debería tener unos límites. La cuestión es saber cuáles son los más justos. ¿A partir de x salarios mínimos se tributa igual que el resto de trabajadores? ¿Y Sociedades? Aquí está la clave, en ayudar a las empresas más pequeñas, que son las responsables de la mayoría del tejido productivo y el empleo en nuestro país.

El problema es que precisamente en un momento donde se necesitan ingresos para cumplir con los compromisos de deuda, para mejorar servicios públicos, es complicado renunciar a estos ingresos. Pero es necesario hacer un esfuerzo para ayudar a pequeños comercios, autónomos y profesionales que luchan por salir adelante y crecer día a día con su esfuerzo.

La Seguridad Social la gran beneficiada

Si la empresa crece y genera más empleo, si los beneficios aumentan y los ingresos de los autónomos mejoran, la principal beneficiada será la Seguridad Social, que verá como sus ingresos mejoran. Hasta ahora es perjudicada, porque el incentivo para los nuevos autónomos está en la tarifa plana, que ese financia desde la propia Seguridad Social.

Si hacerse autónomo va a significar empezar pagando por ingresos reales, poco o casi nada si no llegamos al SMI y una fiscalidad más benévola, seguro que muchos se animan a dar el paso y arriesgar más para trabajar por cuenta propia.

En Pymes y Autonomos

¿Autoempleo es sinónimo de precariedad?

Es complicado dar el paso cuando no se sabe que ingresos vamos a tener. Existe mucho miedo a que no generemos lo suficiente o no haya una estabilidad que nos permita no ya triunfar como empresarios, sino tener un autoempleo digno. Y dar este paso o al menos intentarlo necesita de incentivos más eficaces.

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El ámbito tributario está en constante cambio. Cada vez son más las empresas o las asesorías que buscan incorporar a sus equipos a los mejores profesionales en el área fiscal para que puedan aconsejar a sus clientes y tomar las mejores decisiones en función de sus intereses. Y muchas veces van incluso a la competencia a buscarlos.

En las asesorías más pequeñas el asesor fiscal se ocupa de presentar los impuestos y modelos a los que sus clientes están obligados, así como el seguimiento de los intereses de dichos clientes. En las más grandes sus exigencias son mayores. No se trata solo de presentar impuestos, sino de diseñar el mejor plan fiscal posible para sus clientes, estudiar las responsabilidades tributarias y asesorar para que puedan tomar la mejor decisión posible.

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Autónomos en pie de guerra contra la Agencia Tributaria: las cartas amenazantes siembran el descontento en el colectivo

El asesor fiscal hoy en día es un experto en derecho o económicas, o ambos grados, y no es raro encontrar otra formación como algún master. Además cada vez se cotiza más el conocimiento de otros mercados, puesto que las empresas que operan en más de un país cada día son más. La tributación en varios países se puede convertir en un laberinto si no se tiene el asesoramiento adecuado.

Para las pymes y autónomos, el asesor fiscal es muchas veces como su confesor y más que elevados conocimientos se establece una relación de confianza que es un vínculo muy fuerte. Muchos no buscan el mínimo precio a pagar, sino alguien cercano al que contarle sus problemas y que pueda asesorarle para tomar las decisiones adecuadas.

Especialmente para las empresas más caóticas o los autónomos más anárquicos, el asesor fiscal se convierte en su alarma para que le faciliten la información a tiempo y no sufran alguna sanción por presentar impuestos o modelos fuera de plazo. No basta con entregarlo todo el último día y a última hora, sino que es necesario dar un margen para tramitar la información, analizarla y presentarla sin que existan inconsistencias fiscales.

Y si es alguien externo a nuestra empresa no podemos pensar que conoce nuestra organización como alguien de dentro. Por eso la confianza es básica en este sector y la razón que fideliza a muchos clientes en las pequeñas asesorías.