¿Estás de baja? A partir del próximo 1 de septiembre, tú y miles de trabajadores por cuenta propia deberéis prestar mucha más atención a vuestro buzón electrónico de la Seguridad Social.

La entrada en vigor de la Orden ISM/541/2026 supone un cambio en la forma en la que la Administración se comunicará con quienes estén cobrando determinadas prestaciones o tengan procedimientos abiertos relacionados con incapacidades.

La nueva regulación amplía los colectivos obligados a relacionarse electrónicamente con la Seguridad Social y afecta especialmente a autónomos que se encuentren de baja médica por incapacidad temporal o que estén tramitando expedientes vinculados a incapacidades permanentes.

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El objetivo, asegura el Gobierno, es acelerar la transformación digital de la Administración, reducir la dependencia del correo postal y agilizar la gestión de millones de comunicaciones que cada año intercambian ciudadanos y organismos públicos.

Qué cambia a partir de septiembre

Hasta ahora, la obligación de recibir determinadas notificaciones electrónicas estaba limitada principalmente a beneficiarios de prestaciones concretas, como las relacionadas con el nacimiento y cuidado de menores o situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia.

Con la modificación normativa, la Seguridad Social amplía significativamente el alcance de este sistema.

Desde septiembre, también quedarán incluidos los solicitantes y perceptores de prestaciones por incapacidad temporal, así como las personas inmersas en procedimientos relacionados con incapacidades permanentes o lesiones permanentes no incapacitantes.

Esto significa que una gran parte de las comunicaciones que tradicionalmente llegaban por correo ordinario pasarán a estar disponibles en la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS).

Las comunicaciones que podrán recibirse por vía electrónica

El cambio afecta a numerosos trámites habituales durante una situación de baja médica o incapacidad.

A través de la sede electrónica podrán notificarse resoluciones sobre prestaciones económicas, solicitudes de documentación adicional, comunicaciones relacionadas con revisiones médicas, cambios en el estado del expediente o decisiones vinculadas al reconocimiento de una incapacidad permanente.

También podrán recibirse avisos sobre incidencias detectadas durante la tramitación, requerimientos de subsanación o comunicaciones relacionadas con lesiones permanentes derivadas de accidentes o enfermedades.

El riesgo de no consultar el buzón electrónico

La principal consecuencia para los autónomos no va a ser la pérdida automática de una prestación, sino la posibilidad de ignorar comunicaciones importantes que exijan una actuación dentro de un plazo determinado.

Cuando la Administración pone una notificación a disposición del interesado, este debe consultarla y responder, si procede, dentro de los periodos legalmente establecidos.

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No revisar regularmente el buzón electrónico puede provocar que se pase por alto una petición de documentación, una convocatoria para una revisión médica o una resolución relacionada con la prestación que se está percibiendo.

También podrían perderse oportunidades para presentar alegaciones, formular recursos administrativos o completar procedimientos necesarios para mantener determinados derechos.

Más digitalización en un sistema que gestiona millones de trámites

La Seguridad Social lleva años avanzando en la digitalización de sus procedimientos. Actualmente, gran parte de las gestiones relacionadas con afiliación, cotización, altas, bajas o prestaciones pueden realizarse sin acudir presencialmente a una oficina.

La ampliación de las notificaciones electrónicas busca reforzar esta estrategia y reducir los problemas asociados a los envíos postales, como retrasos, devoluciones o incidencias derivadas de cambios de domicilio.

Además, la utilización de medios digitales permite que las comunicaciones lleguen de forma prácticamente inmediata, reduciendo los tiempos de gestión y facilitando el seguimiento de los expedientes.

La Administración considera que este sistema aporta una mayor seguridad jurídica, ya que permite acreditar con precisión cuándo una comunicación ha sido puesta a disposición del interesado.

Habrá excepciones y mecanismos de apoyo

Aunque la regla general será el uso de las notificaciones electrónicas, la normativa contempla algunas excepciones.

La Seguridad Social podrá seguir utilizando medios tradicionales cuando no disponga de información electrónica suficiente para contactar con el ciudadano o cuando existan circunstancias que aconsejen una comunicación por vías no digitales.

También se mantendrá la posibilidad de recibir determinadas notificaciones de forma presencial cuando el interesado comparezca voluntariamente en una oficina y solicite acceder a la comunicación en ese momento.

Asimismo, la Administración podrá utilizar otros canales cuando resulte necesario para garantizar una actuación más eficaz o rápida. Los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) podrán prestar asistencia presencial para facilitar el acceso a las comunicaciones electrónicas.

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La noticia Se acabó estar de baja y despreocuparse jugando al pádel. La Seguridad Social obligará a los autónomos a revisar sus notificaciones electrónicas fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha presentado una propuesta de modificación del Estatuto del Trabajo Autónomo con el objetivo de adaptar la legislación actual a las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que se han producido en las últimas dos décadas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 150 asociaciones de autónomos de toda España y plantea una revisión profunda de una norma que fue aprobada hace demasiado tiempo, allá por 2007.

Y claro, desde entonces, todo ha cambiado mucho. La digitalización, la aparición de nuevas formas de trabajo, la expansión de las plataformas tecnológicas y la evolución de los modelos de negocio han sido constante.

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Durante los últimos meses, la organización ha desarrollado un proceso de consulta con entidades sectoriales e intersectoriales de todo el país para recoger las principales demandas de los profesionales por cuenta propia. Y este ha sido el resultado.

Más protección ante enfermedad, jubilación y cese de actividad

Uno de los pilares de la propuesta se centra en ampliar la cobertura social de los autónomos. El objetivo es acercar sus garantías a las que disfrutan los trabajadores asalariados, especialmente en situaciones que pueden comprometer la continuidad de un negocio o los ingresos personales.

Entre las medidas planteadas figura la mejora de las prestaciones por cese de actividad, una herramienta que durante años ha sido objeto de debate dentro del colectivo por las dificultades de acceso y las limitaciones existentes en determinados supuestos.

La reforma también propone revisar las condiciones relacionadas con la jubilación, la incapacidad temporal y las contingencias profesionales. Además, se contemplan mecanismos de apoyo extraordinario para situaciones excepcionales que puedan afectar gravemente a la actividad económica de los trabajadores autónomos.

La organización considera que el actual sistema necesita adaptarse mejor a la realidad de millones de profesionales que desarrollan su actividad sin la cobertura que existe en otros regímenes laborales.

El trabajo digital gana protagonismo

Otro de los grandes cambios incluidos en la propuesta afecta a las nuevas modalidades de trabajo que han surgido en los últimos años.

La expansión de las plataformas digitales, los servicios desarrollados a través de internet y las actividades económicas vinculadas a entornos virtuales han generado situaciones que no siempre encuentran un encaje claro dentro de la normativa actual.

Por este motivo, la reforma incorpora nuevas figuras jurídicas destinadas a ofrecer mayor seguridad tanto a los profesionales como a las empresas que operan en estos ámbitos.

El objetivo es reducir la incertidumbre legal y facilitar el desarrollo de actividades emergentes que tienen un peso creciente en la economía española.

Cambios en la figura del autónomo dependiente

La propuesta también presta especial atención a los trabajadores autónomos económicamente dependientes, conocidos como TRADE.

UPTA plantea una actualización de esta figura para adaptarla a los nuevos modelos productivos y reforzar los mecanismos de control frente a posibles usos indebidos. La intención es evitar situaciones en las que determinados profesionales trabajan en condiciones de dependencia económica sin disponer de una protección adecuada.

Incentivos para emprender y facilitar el relevo generacional

La reforma dedica un apartado importante a los incentivos económicos y al apoyo al emprendimiento.

Entre las medidas planteadas figura la revisión del sistema de bonificaciones, ayudas y reducciones de cuotas para hacerlo más eficaz y ajustado a las circunstancias actuales. También se proponen actuaciones específicas destinadas a impulsar el emprendimiento juvenil y favorecer la continuidad de negocios viables.

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Una vez más, Hacienda usará las devoluciones de la Renta para cobrarse deudas de 2025

El relevo generacional aparece como otra de las prioridades. Numerosos negocios gestionados por autónomos afrontan dificultades para encontrar continuidad cuando sus propietarios alcanzan la edad de jubilación.

La propuesta busca facilitar la transmisión de actividades económicas y evitar la desaparición de empresas que siguen siendo rentables.

Asimismo, se plantean medidas para fortalecer el tejido productivo en zonas rurales y contribuir a combatir la despoblación mediante incentivos específicos para quienes desarrollan su actividad fuera de los grandes núcleos urbanos.

Menos presión fiscal y un marco preparado para las próximas décadas

La organización considera imprescindible abordar cambios tributarios que permitan aliviar la carga económica que soportan numerosos autónomos. La propuesta defiende un modelo fiscal más equilibrado y vinculado a la capacidad económica real de cada profesional.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha destacado la necesidad de que las decisiones sobre el futuro del colectivo se adopten con la participación directa de sus representantes.

Según señaló, "es el momento de los autónomos" y de situar sus necesidades reales en el centro del debate político y social para impulsar una normativa adaptada a la realidad actual del trabajo por cuenta propia.

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La noticia Los autónomos exigen más protección: piden al Gobierno mejoras ante enfermedad, jubilación y cese de actividad fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

La campaña de la Renta entra en su recta final. El plazo para presentarla finalizará el martes 30 de junio. De hecho, aquellos contribuyentes cuyo resultado sea “a ingresar” y quieran domiciliar el pago deberán realizar el trámite antes del 25 de este mismo mes.

Sin embargo, ya son millones los contribuyentes que han recibido el ingreso correspondiente a su devolución. Y entre ellos, cómo no, miles de autónomos.

Más de ocho millones de contribuyentes ya han recibido su devolución

Los datos disponibles muestran que la Agencia Tributaria ha acelerado el ritmo de las devoluciones durante las últimas semanas. Hasta el momento, ya se ha abonado aproximadamente el 75% de las solicitudes con derecho a devolución presentadas durante esta campaña.

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Hacienda revisará las declaraciones de todos los autónomos este año, incluso si ya han recibido la devolución

En términos económicos, Hacienda ha transferido más de 5.700 millones de euros a cerca de 8,3 millones de contribuyentes. La Administración estima tramitar alrededor de 25,25 millones de declaraciones, lo que supone un 2% más respecto al ejercicio anterior.

La devolución media ronda los 690 euros

Pero, ¿cuál es la cantidad media que están recibiendo los autónomos que tienen derecho a devolución? Tomando como referencia los importes ya abonados y el número de contribuyentes beneficiados, la devolución media se sitúa actualmente en torno a los 690 euros.

Esta cifra, claro está, sirve únicamente como orientación, ya que la cantidad final depende de numerosos factores individuales.

En el caso de los autónomos, la existencia de gastos deducibles, las retenciones practicadas durante el ejercicio, las aportaciones a sistemas de previsión social o determinadas deducciones autonómicas pueden provocar lógicas diferencias muy importantes entre unas declaraciones y otras.

Hacienda prevé devolver más de 13.000 millones de euros

Las previsiones oficiales apuntan a que el importe total de las devoluciones durante esta campaña alcanzará los 13.271 millones de euros.

Y paralelamente, la Administración calcula que las declaraciones con resultado a ingresar generarán una recaudación superior a los 24.600 millones de euros.

A medida que se aproxima el cierre del plazo, la Agencia Tributaria mantiene además diversos mecanismos para reducir errores y facilitar la corrección voluntaria de posibles incidencias detectadas en las declaraciones ya presentadas.

Ojo con las cartas que están llegando a miles de autónomos

Junto a las devoluciones, Hacienda también ha intensificado el envío de comunicaciones informativas destinadas a aquellos contribuyentes en cuya declaración se han detectado discrepancias respecto a los datos fiscales disponibles.

Miles de autónomos están recibiendo estas notificaciones tanto por correo postal como a través de los canales electrónicos habilitados por la Administración.

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Hacienda devolverá hasta 900 euros en la próxima declaración de la Renta. Miles de personas pueden reclamar la cantidad

Estas cartas no significan automáticamente el inicio de una inspección ni implican la imposición de una sanción. Su finalidad es ofrecer al contribuyente la posibilidad de revisar la información presentada y corregir posibles errores antes de que se inicie un procedimiento formal de comprobación.

Durante esta campaña ya se ha remitido una primera tanda de decenas de miles de comunicaciones, aunque la previsión es alcanzar alrededor de 130.000 avisos antes de que finalice el proceso.

Cómo revisar las diferencias detectadas por la Agencia Tributaria

Las comunicaciones enviadas incluyen indicaciones precisas para que el contribuyente pueda consultar las discrepancias observadas por la Administración.

A través de los servicios habilitados en la sede electrónica, los autónomos pueden acceder a los apartados correspondientes de Renta Web y comprobar qué información no coincide con los datos fiscales que maneja Hacienda.

Desde esa misma plataforma es posible presentar una declaración rectificativa cuando se confirme la existencia de errores u omisiones.

En campañas anteriores, muchos contribuyentes optaron por corregir voluntariamente sus declaraciones tras recibir estos avisos, evitando posteriores requerimientos, intereses de demora o posibles sanciones derivadas de una regularización posterior.

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El perfil del trabajador por cuenta propia en España ya no es el que era. Y hay tres factores que han sido imprescindibles para este cambio: el aumento de profesionales extranjeros, el avance del emprendimiento femenino y el auge de la pluriactividad.

Según el último informe de la Federación Española de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y que analiza el perfil del autónomo en nuestro país, en apenas diez años, el número de autónomos extranjeros prácticamente se ha duplicado.

La afiliación de autónomos extranjeros ha aumentado un 93,6%, lo que supone la incorporación de 165.781 nuevos profesionales. Y como resultado, este colectivo representa ya cerca del 17% de los autónomos en España.

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Cotizó durante décadas como autónomo y esta es la pensión que le queda en 2026

En 2016, los autónomos extranjeros suponían apenas el 9% del total. Un dato que pone de manifiesto el importante papel que desempeña la inmigración en la actividad económica y en la creación de nuevos negocios.

Además, son una parte importante del incremento de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que ha incrementado su volumen de afiliados un 7,2% entre junio de 2016 y abril de 2026. O lo que es lo mismo, España ha pasado de contar con alrededor de 3,2 millones de autónomos a superar los 3,4 millones.

El emprendimiento femenino sigue avanzando

Otro de los cambios más significativos es el protagonismo creciente de las mujeres dentro del colectivo autónomo.

Durante la última década, el número de mujeres autónomas aumentó un 10,4%, con 71.746 nuevas afiliadas al régimen especial. Una evolución que contrasta con la registrada entre los hombres, cuyo número descendió un 2,4%, equivalente a una pérdida de más de 30.000 afiliados.

Como consecuencia, la participación femenina dentro del conjunto de autónomos persona física ha aumentado de forma constante. Si en 2016 las mujeres representaban el 34,7% del colectivo, actualmente alcanzan el 37,5%.

Cada vez menos autónomos generan empleo

A pesar del crecimiento general del colectivo, existe una tendencia que preocupa especialmente: la reducción de autónomos con trabajadores contratados.

Los datos muestran que los profesionales sin asalariados aumentaron un 4,4% en la última década, mientras que aquellos que cuentan con empleados a su cargo disminuyeron un 6,2%.

El caso más llamativo es el de quienes hace diez años mantenían al menos un trabajador en plantilla y actualmente han dejado de hacerlo. Este grupo se redujo un 8,6%, evidenciando las dificultades que afrontan los pequeños negocios para sostener puestos de trabajo.

¿Las causas? Pueden ser muchas: el incremento de los gastos operativos, las obligaciones administrativas, la presión fiscal o la complejidad normativa, entre otras.

La pluriactividad se dispara

La combinación de empleo asalariado y actividad por cuenta propia también se ha convertido en una tendencia cada vez más frecuente.

Los trabajadores en situación de pluriactividad crecieron un 83,4% durante los últimos diez años. Esto supone que casi 80.000 personas más compatibilizan actualmente ambos regímenes de cotización.

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La ayuda que prometía impulsar negocios acaba en alarma: casi la mitad de autónomos cierra antes de 3 años

En cifras absolutas, se ha pasado de poco más de 95.000 pluriactivos en 2016 a cerca de 174.400 en 2026.

En algunos casos, esto permite complementar ingresos. En otros, sirve como vía para poner en marcha proyectos empresariales sin renunciar inicialmente a la estabilidad de un empleo por cuenta ajena.

Los servicios siguen liderando el emprendimiento

Por sectores de actividad, los servicios continúan siendo el principal destino para quienes deciden emprender en España. Actualmente concentran cerca del 75% de los autónomos.

La construcción destaca como el sector con mejor evolución, registrando un incremento del 11,5% donde la recuperación de la actividad inmobiliaria, la rehabilitación de edificios y el crecimiento de determinadas especialidades técnicas están marcando tendencia.

En el lado opuesto se encuentran la agricultura y la industria. El sector agrario perdió más de 31.000 autónomos en diez años, lo que equivale a una caída del 13,2%. La industria también retrocedió, con un descenso del 12,4%.

Imágenes | alex starnes, Greg Trowman

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El alivio fiscal aplicado a la factura eléctrica ha llegado a su fin. O lo que es lo mismo, a partir de este mismo mes de junio, el IVA general vuelve al 21% y también se recupera el habitual del Impuesto Especial sobre la Electricidad.

Y claro, para muchas pymes, especialmente las vinculadas a la industria, la subida llega en un momento en el que los gastos energéticos continúan siendo uno de los principales factores que afectan a su propia rentabilidad.

La factura eléctrica vuelve a subir el gasto de las pymes

Durante los últimos meses se ido aplicando un IVA reducido del 10% sobre la electricidad, acompañado de una rebaja extraordinaria del Impuesto Especial sobre la Electricidad hasta el 0,5%.

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Alerta pymes: la nueva normativa salarial entra en vigor el 7 de junio y muchas siguen sin estar preparadas

Ambas medidas fueron aprobadas como respuesta al fuerte encarecimiento energético derivado de las tensiones internacionales y la volatilidad de los mercados energéticos.

Sin embargo, la normativa que regulaba estas reducciones establecía que su continuidad dependía de la evolución de los precios. Una vez constatada, según el gobierno, la moderación de la inflación energética, las rebajas desaparecen automáticamente.

A partir de ahora, el IVA vuelve al 21% y el impuesto especial recupera su nivel habitual del 5,11%.

¿Cuánto aumentará el recibo de la luz?

El impacto exacto dependerá del nivel de consumo de cada negocio, claro está. Los cálculos realizados por Selectra indican que la vuelta a los tipos impositivos ordinarios puede traducirse en un aumento cercano al 15% sobre el importe final de la factura eléctrica.

Para entender mejor el efecto, una factura con una base imponible de 50 euros antes de impuestos pasaría a situarse en torno a los 63 euros tras aplicar los gravámenes habituales. Esto supone aproximadamente ocho euros adicionales respecto a la situación existente durante el periodo de rebajas fiscales.

En el caso de las pymes, donde el consumo energético suele ser considerablemente superior al de un hogar, el incremento anual puede representar varios cientos o incluso miles de euros adicionales, como es lógico.

La energía sigue siendo un problema para miles de pymes

La subida fiscal se suma a una tendencia que preocupa especialmente al tejido empresarial español. Numerosos sectores industriales alertan de que los precios de la electricidad continúan situándose en niveles que reducen su competitividad frente a otros países europeos.

Un informe elaborado por EY Consulting para la Alianza por la Competitividad de la Industria Española señala que las tarifas eléctricas industriales han aumentado entre un 35% y un 60% desde 2019. Este escenario reduce la capacidad de inversión de muchas compañías.

La situación afecta de forma particular a autónomos y pequeñas empresas manufactureras, que suelen operar con márgenes reducidos y disponen de menor capacidad para absorber incrementos continuados en sus gastos operativos.

Las cinco medidas que podrían abaratar la luz hasta un 30%

Ante esta situación, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha presentado un plan orientado a reducir el precio final de la electricidad para empresas y autónomos.

Según sus estimaciones, la aplicación conjunta de las medidas propuestas podría rebajar la factura entre un 10% y un 30%.

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En España, la formación ya no garantiza estabilidad laboral ni ingresos suficientes. La IA puede dar la puntilla a las pymes y emprendedores

Entre las iniciativas planteadas destacan:

• Eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).
• Extensión de las bonificaciones del Impuesto Especial sobre la Electricidad a un mayor número de empresas.
• Integración de determinados costes técnicos dentro de los peajes de acceso para disminuir la volatilidad de los recibos.
• Consolidación permanente de reducciones en peajes eléctricos para grandes consumidores.
• Refuerzo de las compensaciones asociadas a los costes indirectos derivados de las emisiones de CO₂.

El objetivo de estas medidas es reducir la carga regulatoria que soportan las empresas y facilitar que puedan destinar más recursos a inversiones productivas, modernización tecnológica y eficiencia energética.

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El domingo 7 de junio finaliza el plazo establecido por la Unión Europea para que los Estados miembros incorporen a sus respectivas legislaciones la Directiva de Transparencia Salarial.

Se trata de una normativa que obligará a reforzar la igualdad retributiva, aumentar la información disponible para los trabajadores y justificar de forma más rigurosa las diferencias salariales dentro de las organizaciones.

Sin embargo, su aplicación está dejando mucho que desear. Según el informe HR & Payroll Pulse 2026 elaborado por SD Worx, una parte significativa del tejido empresarial español todavía no ha completado su adaptación a los cambios que se avecinan.

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Es posible que contratar sea más fácil, pero también retener el talento. El problema principal parece ser lo que se promete pero no se cumple

De hecho, una de cada cuatro pymes reconoce que aún no está plenamente preparada para afrontar las exigencias de la futura normativa.

Qué cambia con la Directiva de Transparencia Salarial

La nueva regulación europea tiene como principal objetivo reducir la brecha salarial de género y garantizar una mayor equidad dentro del mercado laboral.

Para lograrlo, las empresas deberán ofrecer más información sobre las condiciones retributivas de los puestos de trabajo. Entre otras medidas, los candidatos tendrán derecho a conocer los rangos salariales antes de incorporarse a una empresa, mientras que los trabajadores podrán solicitar información sobre los niveles retributivos medios de puestos equivalentes, diferenciados por género.

La normativa también obligará a justificar cualquier diferencia salarial mediante criterios objetivos relacionados con la experiencia profesional, la formación, las responsabilidades asumidas o las funciones desempeñadas.

En aquellos casos donde se detecten desequilibrios injustificados, las compañías deberán adoptar medidas correctoras y revisar sus estructuras salariales.

Esta transformación que impulsa la Unión Europea obligará progresivamente a las pymes a implantar sistemas salariales más transparentes, documentados y fácilmente justificables.

Una de cada cuatro pymes reconoce que no está lista

Los resultados del anteriormente mencionado informe reflejan que la preparación empresarial avanza sí, pero a un ritmo desigual.

El estudio indica que el 64% de las empresas españolas considera que está preparada para cumplir con las exigencias derivadas de la Directiva de Transparencia Salarial. Esta cifra supera ligeramente la media europea, situada en el 62%.

Sin embargo, cuando se analiza el grado real de adaptación, aparecen importantes diferencias.

Según SD Worx, únicamente el 19% de las organizaciones dispone actualmente de herramientas específicas de transparencia salarial, como sistemas de análisis de equidad retributiva o bandas salariales accesibles para los empleados.

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En España, la formación ya no garantiza estabilidad laboral ni ingresos suficientes. La IA puede dar la puntilla a las pymes y emprendedores

Además, un 26% de las empresas se encuentra todavía en una fase de cumplimiento parcial, mientras que un 9% reconoce no haber iniciado prácticamente ninguna medida de adaptación.

La percepción de los trabajadores también preocupa

El informe no solo analiza el nivel de preparación de las empresas. También revela importantes carencias en la información que reciben los trabajadores.

Uno de los datos más llamativos es que el 77% de los empleados españoles afirma desconocer la existencia de la Directiva de Transparencia Salarial o no comprender con claridad sus implicaciones.

Esta situación pone de manifiesto que muchas organizaciones todavía no han comenzado a trasladar internamente los cambios que deberán aplicar durante los próximos meses.

Solo el 37% cree que cobra un salario justo

La percepción salarial de los trabajadores españoles tampoco resulta especialmente positiva.

Según los datos recogidos por SD Worx, únicamente el 37% considera que recibe una remuneración justa por el trabajo que desempeña, una cifra significativamente inferior a la media europea, que alcanza el 44%.

Además, solo el 43% de los empleados cree que existe una verdadera equidad salarial dentro de su organización entre personas que ocupan puestos similares.

Por el contrario, el 64% de las empresas considera que remunera de manera justa a sus trabajadores.

Esta diferencia de percepción entre empleadores y empleados supera los veinte puntos porcentuales en algunos indicadores.

Los próximos meses serán decisivos

La entrada en vigor de la Directiva de Transparencia Salarial no supondrá únicamente un cambio normativo. También obligará a miles de empresas a revisar sus políticas retributivas, mejorar sus mecanismos de comunicación interna y reforzar la documentación relacionada con salarios y procesos de contratación.

Imágenes | Moerschy, Marco Bianchetti

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Acceder al cese de actividad sigue siendo uno de los trámites más complicados para los trabajadores por cuenta propia. Los últimos datos actualizados por la Seguridad Social hasta abril de 2026 reflejan que apenas cuatro de cada diez solicitudes terminan aprobándose.

En total, durante los primeros meses del año se reconocieron 2.674 prestaciones frente a 2.684 expedientes rechazados. Sin embargo, las estadísticas oficiales dejan además otro dato que da que pensar: cuando la Seguridad Social sí concede la prestación, casi siempre lo hace por motivos económicos muy concretos y perfectamente documentados.

Las causas económicas concentran siete de cada diez prestaciones aprobadas

Las denominadas causas Económicas, Técnicas, Organizativas o Productivas (ETOP) siguen siendo la principal vía de acceso al cese de actividad en España.

En Pymes y Autonomos

El SEPE avisa: "Si tienes días de vacaciones pendientes, debes esperar para pedir el paro"

Hasta abril de 2026, 1.902 autónomos lograron cobrar la prestación por esta vía, lo que supone más del 71% del total de expedientes favorables. El peso de estas causas no deja de crecer. En 2025 representaban cerca del 67% de las ayudas concedidas y este año ya superan claramente el 70%.

Dentro de este grupo se incluyen distintas situaciones. La normativa permite acceder al paro cuando el autónomo acredita pérdidas superiores al 10% durante un ejercicio completo, siempre excluyendo el primer año de actividad.

También pueden acceder quienes acumulen deudas superiores al 150% de sus ingresos ordinarios durante los dos trimestres anteriores o aquellos negocios que hayan tenido que reducir un 60% la jornada de sus empleados para intentar mantener la viabilidad económica.

La Seguridad Social exige, eso sí, una acreditación muy detallada mediante balances, facturación, libros contables, declaraciones fiscales y documentación económica suficiente para justificar la caída real de actividad.

La fuerza mayor sigue siendo la segunda gran vía de acceso

La segunda causa más habitual por la que los autónomos consiguen cobrar el cese de actividad es la fuerza mayor.

En los primeros meses de 2026, la Seguridad Social reconoció 512 prestaciones vinculadas a este supuesto, lo que equivale aproximadamente a un 19% del total de ayudas aprobadas.

Aquí se incluyen situaciones extraordinarias ajenas al trabajador por cuenta propia que impiden continuar temporal o definitivamente con el negocio. Emergencias públicas, interrupciones graves de actividad o incidencias excepcionales pueden dar derecho a esta protección.

Tras los cambios introducidos después de la pandemia, el sistema permite además solicitar un cese temporal parcial o total sin necesidad de darse de baja en el RETA o en Hacienda, algo que anteriormente complicaba enormemente el acceso.

La normativa actual contempla, por ejemplo, supuestos donde una emergencia provoque una caída de ingresos del 75%, siempre que el autónomo no alcance determinados mínimos de facturación.

Autónomos dependientes, divorcios o pérdida de licencia

Más allá de las causas económicas y de fuerza mayor, existen otros supuestos mucho menos habituales que también permiten acceder a la prestación.

Durante 2026, un total de 112 Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE) lograron cobrar el paro. Se trata de profesionales cuyos ingresos dependen en al menos un 75% de un único cliente y que además no cuentan con empleados ni local abierto al público.

Estos trabajadores pueden solicitar la prestación cuando finaliza el contrato principal, existe incumplimiento grave por parte del cliente o incluso en casos de jubilación o fallecimiento del contratante.

Las estadísticas también muestran que 54 autónomos accedieron al cese tras perder una licencia administrativa imprescindible para desarrollar su actividad.

Además, 26 trabajadores por cuenta propia cobraron la prestación tras un divorcio o separación matrimonial al tratarse de autónomos colaboradores vinculados al negocio familiar.

Por otra parte, 13 autónomas víctimas de violencia de género pudieron acceder automáticamente al cese de actividad gracias a la protección específica prevista en la normativa.

El gran problema sigue siendo acreditar correctamente el cierre

Si las cifras de aprobación ya reflejan importantes dificultades, los datos de denegación muestran aún más claramente dónde está el principal obstáculo.

Hasta abril de 2026, la Seguridad Social rechazó 2.684 solicitudes. De ellas, 1.614 fueron denegadas porque el autónomo no consiguió acreditar suficientemente el cese de actividad.

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Miles de autónomos, contra las cuerdas: cobrar el 100% de la pensión será más difícil

Esto significa que seis de cada diez rechazos se producen exactamente por el mismo motivo.

Muchos trabajadores por cuenta propia creen que cerrar el negocio o reducir ingresos basta para cobrar la prestación, pero el sistema exige pruebas documentales muy concretas sobre pérdidas, caída de facturación, endeudamiento o imposibilidad real de continuar con la actividad económica.

El segundo gran bloque de rechazos correspondió a las denominadas “otras causas”, con 737 expedientes denegados.

Además, otros 269 autónomos no pudieron acceder a la ayuda por no tener el período mínimo de cotización exigido.

En cambio, únicamente 63 solicitudes fueron rechazadas por no estar al corriente en el pago de cuotas, desmontando así una de las ideas más extendidas entre el colectivo.

Imágenes | Revista Seguridad Social, Look Studio

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La noticia La Seguridad Social solo concede el paro a autónomos en estos casos en 2026 fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

La jubilación ya no tiene por qué significar una salida definitiva del mercado laboral. El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la jubilación flexible que introduce cambios de calado en este sentido.

En los últimos años, el envejecimiento de la población, la falta de relevo en algunos sectores y la necesidad de adaptar las carreras profesionales a nuevas realidades han impulsado distintas fórmulas para hacer más flexible esa transición del empleo al retiro.

España da un paso para aumentar las posibilidades de quienes, una vez jubilados, deseen seguir activos: por primera vez, los trabajadores autónomos que hasta ahora quedaban fuera de esta modalidad, podrán compatibilizar parte de su pensión con una actividad económica.

Los autónomos entran por primera vez en la jubilación flexible

Hasta ahora, esta posibilidad estaba centrada fundamentalmente en trabajadores asalariados con determinadas condiciones de jornada parcial. La nueva regulación cambia ese escenario y extiende la compatibilidad a otros perfiles.

En Pymes y Autonomos

Golpe a miles de autónomos: tendrán que cotizar más años para acceder a la pensión completa

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que: "El Gobierno ha aprobado nuevas mejoras en la jubilación flexible para que quienes quieran compatibilizar el empleo y la pensión puedan hacerlo de una forma sencilla y beneficiosa para ellos".

La reforma incorpora además una novedad relevante: los jubilados no tendrán que esperar un tiempo mínimo antes de reincorporarse a la actividad laboral. Podrán hacerlo cuando lo consideren oportuno y siempre de forma voluntaria.

Saiz añadió también que la medida "ofrece la posibilidad de que las personas que ya están jubiladas, voluntariamente, puedan reincorporarse actividad y compatibilizar su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia".

Cambian los límites de jornada y mejora el porcentaje de pensión

La modificación no solo amplía quién puede acogerse a este sistema, también introduce cambios en los porcentajes aplicables.

En el caso de quienes regresen al mercado laboral como asalariados a tiempo parcial, el margen de jornada aumenta. Hasta ahora la compatibilidad permitía trabajar entre un 25% y un 75% de la jornada habitual. A partir de la nueva regulación, el rango pasa a situarse entre un 33% y un 80%.

Además, la reforma incorpora mejoras económicas para quienes tengan una dedicación superior. Los pensionistas con jornadas situadas entre el 55% y el 80% obtendrán un incremento adicional del 25% sobre la cuantía correspondiente. Para jornadas comprendidas entre el 33% y el 55%, el aumento será del 15%.

Qué ocurrirá con los jubilados autónomos

Los autónomos pasan a incorporarse a una modalidad de compatibilidad de la que hasta ahora estaban excluidos.

La nueva regulación establece que el pensionista podrá seguir desarrollando una actividad económica y percibir simultáneamente hasta un 25% de la pensión mientras mantenga esa actividad compatible.

En Pymes y Autonomos

El sistema de pensiones no es sostenible, y hace tiempo que lo sabemos. Lo que implica: jubilaciones a los 70, pensiones bajas y más carga fiscal para todos

Esta medida afecta a todos los regímenes de la Seguridad Social salvo algunas excepciones concretas. Quedan fuera de su aplicación los funcionarios civiles del Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas y el personal al servicio de la Administración de Justicia.

Una reforma vinculada a los cambios del sistema de pensiones

El nuevo Real Decreto entrará en vigor tres meses después de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado y forma parte de la reforma de pensiones aprobada durante 2024 junto a los interlocutores sociales.

El objetivo es facilitar una transición más gradual entre vida laboral y jubilación, incorporando incentivos para retrasar la salida definitiva del empleo o favorecer retornos parciales al mercado laboral.

Además, quienes se incorporen a esta modalidad mantendrán la condición de pensionistas a efectos de asistencia sanitaria y protección social.

También existen novedades para quienes accedieron inicialmente a una jubilación anticipada involuntaria. Cuando regresen posteriormente a la jubilación plena tras acogerse a la modalidad flexible, podrán ver mejorada su pensión mediante el recálculo de la base reguladora y del porcentaje aplicable según el tiempo adicional cotizado.

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La noticia Cambio histórico para los jubilados: trabajar sin renunciar a la pensión ya es una realidad fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

¿Eres autónomo y estás pensando en jubilarte en los próximos años? Por la cuenta que te trae, empieza ya a revisar con más cariño tus cotizaciones.

A partir de 2027 entrará en vigor un cambio que hará más lento el acceso al 100% de la pensión, ya que la Seguridad Social modificará el sistema que calcula el porcentaje de prestación según los años trabajados.

Aunque no cambia la edad de jubilación, sí exigirá carreras de cotización más largas y podría afectar especialmente a quienes hayan tenido periodos sin actividad o trayectorias laborales irregulares.

A partir de 2027 se ralentiza el acceso al 100% de la pensión

El sistema actual de la Seguridad Social establece una escala progresiva para calcular la pensión. Haber trabajado durante un determinado número de años no garantiza automáticamente el cobro íntegro de la prestación. El mecanismo funciona mediante porcentajes que aumentan gradualmente conforme se acumulan meses adicionales de cotización.

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El sistema de pensiones no es sostenible, y hace tiempo que lo sabemos. Lo que implica: jubilaciones a los 70, pensiones bajas y más carga fiscal para todos

El punto de partida se mantiene igual: con 15 años cotizados se genera el derecho al 50% de la base reguladora.

A partir de ahí comienza una progresión que incrementa el porcentaje correspondiente hasta alcanzar el máximo posible.

La novedad llegará con el nuevo esquema previsto para 2027. Durante 2026 todavía se aplicará un sistema donde los primeros meses posteriores a esos 15 años incrementarán el porcentaje a un ritmo ligeramente superior.

Sin embargo, desde 2027 ese crecimiento será más lento y exigirá carreras de cotización más largas para llegar al mismo resultado.

Sobre el papel la diferencia puede parecer incluso hasta mínima. Pero claro, trasladar esos pequeños cambios a décadas completas de actividad laboral genera un efecto acumulado mucho mayor del que inicialmente parece.

Ojo a los autónomos con trayectorias discontinuas

No todos los autónomos notarán este ajuste de la misma forma. Existen perfiles que pueden verse especialmente afectados por la nueva situación, sobre todo aquellos cuya carrera laboral no ha sido completamente estable.

Dentro de ese grupo aparecen trabajadores que comenzaron su actividad a edades más avanzadas, profesionales que atravesaron cierres temporales de negocio, autónomos que acumularon años difíciles y personas que alternaron empleo asalariado con trabajo por cuenta propia. También entran en este grupo quienes durante largos periodos cotizaron por bases mínimas o tuvieron dificultades para mantener una continuidad completa en las cuotas.

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Este escenario es relativamente frecuente dentro del colectivo autónomo. A diferencia de muchas trayectorias laborales asalariadas, numerosos pequeños empresarios y profesionales atraviesan etapas con ingresos muy variables.

La realidad de un negocio propio raramente sigue una línea completamente estable durante treinta o cuarenta años.

Llegar a la edad no significa cobrar el máximo

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que cumplir la edad legal garantiza automáticamente el acceso a la totalidad de la pensión. La realidad es muy distinta.

Por ejemplo: un autónomo de 66 años que acumula 31 años cotizados, pero que durante su trayectoria atravesó varios años sin actividad o periodos donde sus cotizaciones fueron especialmente reducidas. Bien, pues podría quedarse todavía por debajo del nivel necesario para cobrar el 100% de la prestación.

Las diferencias económicas pueden crecer con el paso de los años

Los efectos se entienden mejor cuando se trasladan a cifras reales. Imaginemos un autónomo cuya base reguladora le permitiría cobrar 1.800 euros mensuales si alcanzara el porcentaje máximo de jubilación.

Con el sistema actual podría aproximarse antes al 100%. Supongamos que consigue consolidar un 96%, lo que situaría su pensión en unos 1.728 euros mensuales. Sin embargo, con el nuevo ritmo previsto desde 2027 podría quedarse en un 94%, reduciendo la prestación hasta aproximadamente 1.692 euros.

La diferencia sería de 36 euros al mes. Vista de forma aislada parece una cantidad pequeña. Sin embargo, cuando se proyecta a largo plazo el escenario cambia.

En una década de jubilación la pérdida acumulada superaría los 4.000 euros y, si la prestación se prolonga durante veinte años, algo habitual dada la esperanza de vida actual, el impacto económico continuaría aumentando.

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La noticia Miles de autónomos, contra las cuerdas: cobrar el 100% de la pensión será más difícil fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

El sistema de protección social de los autónomos presenta diferencias importantes respecto al de los asalariados, especialmente en materia de desempleo. Una de las consecuencias más desconocidas afecta al subsidio para mayores de 52 años, una ayuda especialmente relevante por su impacto económico y por sus efectos sobre la futura jubilación.

Muchos profesionales por cuenta propia descubren demasiado tarde que haber cotizado durante años no garantiza el acceso a esta prestación. Y el motivo no está relacionado con la edad, los ingresos o los años trabajados.

Un subsidio clave para quienes se acercan a la jubilación

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas más importantes del sistema de protección por desempleo. Su principal ventaja es doble: proporciona ingresos mensuales y mantiene las cotizaciones a la Seguridad Social hasta la jubilación.

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Esto permite que el trabajador continúe generando derechos futuros y evita que una etapa prolongada sin empleo reduzca la cuantía de la pensión.

Para acceder a esta ayuda deben cumplirse distintos requisitos:

• Tener al menos 52 años
• Haber cotizado seis años por desempleo
• Cumplir las condiciones necesarias para acceder a la jubilación, salvo la edad
• Estar inscrito como demandante de empleo
• No superar determinados límites de ingresos

Sin embargo, existe una condición que termina convirtiéndose en el gran obstáculo para muchos autónomos.

El problema no es cotizar, sino la situación legal de desempleo

La principal diferencia radica en cómo interpreta la normativa la finalización de una actividad laboral.

Cuando un trabajador asalariado pierde su empleo por causas reconocidas legalmente, pasa a encontrarse en situación legal de desempleo.

En cambio, un autónomo que cesa su actividad no entra automáticamente en esa categoría.

El Servicio Público de Empleo Estatal considera que darse de baja como trabajador por cuenta propia no equivale a una situación legal de desempleo, requisito indispensable para acceder a prestaciones y subsidios asociados al paro.

Por ese motivo, las solicitudes son rechazadas incluso aunque el interesado reúna el resto de condiciones exigidas.

Tener todas las cotizaciones puede no ser suficiente

Muchos trabajadores creen, incluso, que décadas cotizando bastan para acceder a la ayuda, especialmente si cumplen con los años necesarios y tienen ingresos reducidos. Pero la realidad es diferente.

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Da igual haber cotizado seis años por desempleo o disponer de carreras laborales extensas. Si no existe situación legal de desempleo reconocida, el acceso al subsidio queda bloqueado.

Este aspecto afecta a numerosos autónomos que, tras cerrar negocios o abandonar actividades por dificultades económicas, descubren que no pueden acceder a una ayuda que consideraban alcanzable.

La alternativa para poder acceder al subsidio

Existe, eso sí, una vía que permite cambiar la situación. Un autónomo puede acceder posteriormente al subsidio si vuelve a trabajar por cuenta ajena y ese empleo termina de forma no voluntaria.

En la práctica, debe incorporarse como asalariado durante un periodo mínimo y posteriormente encontrarse en una situación reconocida legalmente como desempleo.

No basta abandonar el trabajo por decisión propia. La finalización debe producirse por circunstancias admitidas por la normativa. Solo entonces podría solicitar el acceso a la ayuda si cumple el resto de requisitos exigidos.

Cuánto se cobra con esta ayuda

La cuantía del subsidio para mayores de 52 años mantiene un funcionamiento distinto respecto a otras ayudas asistenciales. Actualmente equivale al 80% del IPREM, lo que se traduce en aproximadamente 480 euros mensuales.

Además, existe otra ventaja relevante. Mientras se percibe la ayuda, el beneficiario continúa cotizando a la Seguridad Social sobre el 125% de la base mínima vigente.

Ese mecanismo puede tener un efecto importante sobre la futura pensión, especialmente en trabajadores cercanos a la edad de jubilación que necesitan mantener cotizaciones activas.

Imágenes  | Annie Spratt, SEPE

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La noticia Miles de autónomos pueden quedarse sin subsidio: el motivo que el SEPE revisa a partir de los 52 años fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

Miles de autónomos y pequeñas empresas podrían tener una nueva vía para recuperar cantidades pagadas de más a Hacienda incluso después de haber pasado una inspección tributaria.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha aclarado algo que puede tener consecuencias importantes para muchos contribuyentes: una comprobación parcial realizada por la Agencia Tributaria no cierra automáticamente la puerta a futuras rectificaciones.

Hasta ahora, numerosos negocios consideraban que una revisión de Hacienda suponía el final del recorrido. No había más donde acogerse. La idea de volver a reclamar deducciones olvidadas, errores fiscales o impuestos ingresados de forma incorrecta parecía prácticamente descartada.

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Sin embargo, ahora si un elemento concreto nunca fue revisado durante aquella actuación, todavía podría existir margen legal para modificarlo.

Qué cambia realmente tras una inspección parcial

La resolución judicial nace a partir de un caso relacionado con el Impuesto sobre Sociedades y grupos empresariales, aunque el criterio podría extenderse a numerosos autónomos y pymes sometidos a comprobaciones limitadas.

El principio es sencillo: una actuación parcial afecta únicamente a los aspectos revisados expresamente por Hacienda. Lo que queda fuera de esa comprobación no necesariamente queda cerrado para siempre.

¿Y qué significa esto en la práctica? Que un autónomo al que revisaron determinadas facturas, un gasto concreto o una parte específica de un impuesto podría mantener opciones para reclamar posteriormente otros elementos que nunca fueron objeto de análisis.

IVA, deducciones y amortizaciones olvidadas

Entre los supuestos más habituales aparecen errores frecuentes que muchos pequeños negocios descubren tiempo después.

Existen casos de cuotas de IVA soportado que nunca se dedujeron correctamente, amortizaciones olvidadas, incentivos fiscales omitidos o deducciones que quedaron fuera de una declaración.

También pueden producirse errores en la aplicación de retenciones o problemas derivados de facturas rectificativas que no llegaron a incorporarse correctamente a la contabilidad.

Uno de los ejemplos más sencillos se encuentra en las liquidaciones trimestrales del IVA.

Si una comprobación anterior se centró exclusivamente en determinadas facturas emitidas, podrían existir otros apartados no analizados previamente que todavía permitan solicitar modificaciones. La clave reside en identificar con precisión qué elementos quedaron realmente fuera del alcance inicial de la revisión.

El documento fundamental que tener a mano

Para saber si todavía existe margen para reclamar, es recomendable revisar cuidadosamente la documentación generada durante el proceso inspector.

La comunicación de inicio, las diligencias realizadas y el acta final suelen delimitar exactamente qué conceptos examinó Hacienda y cuáles no llegaron a formar parte de la actuación administrativa. Dicha revisión documental puede resultar decisiva.

Muchos autónomos descubren años después que determinadas partidas nunca fueron comprobadas formalmente, pese a asumir que toda la declaración había quedado revisada en su totalidad.

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La diferencia entre una comprobación parcial y una inspección completa puede terminar condicionando futuras reclamaciones.

También podría afectar a determinadas pymes

La resolución del Supremo también puede tener efectos en pequeñas y medianas empresas relacionadas con determinadas deducciones rechazadas anteriormente.

El caso analizado por el tribunal se refería a cuestiones vinculadas a grupos consolidados dentro del Impuesto sobre Sociedades, un régimen específico con requisitos legales concretos.

Algunas compañías podrían ahora disponer de argumentos para revisar decisiones tributarias anteriores relacionadas con beneficios fiscales denegados.

Aunque el impacto final va a depender de cada situación particular, la sentencia introduce un criterio que podría ampliar las posibilidades de reclamación en determinados supuestos.

Reclamar también tiene riesgos

No obstante, iniciar una solicitud de rectificación no garantiza automáticamente una devolución favorable.

El contribuyente debe demostrar documentalmente que existe un error y acreditar con precisión las cantidades reclamadas. La carga de la prueba continúa recayendo sobre quien presenta la solicitud.

Además, reclamar puede generar efectos secundarios no siempre previstos. Es decir, una solicitud para corregir un punto concreto puede abrir nuevas revisiones tributarias. La Agencia Tributaria podría analizar otros aspectos relacionados con la declaración si detecta elementos susceptibles de comprobación adicional.

El límite general para solicitar rectificaciones suele situarse en cuatro años desde la finalización del periodo voluntario de presentación del impuesto. Sin embargo, recursos, actuaciones previas o requerimientos administrativos pueden modificar el cómputo y complicar el cálculo final.

Imágenes | El economista, Sergeitokmakov

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La noticia El Supremo cambia las reglas: miles de autónomos podrían recuperar dinero que Hacienda daba por perdido fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

Muchos autónomos pasaron años tomando una decisión que parecía lógica: pagar menos cada mes para aliviar gastos y ganar algo más de margen económico. Lo que pocos imaginaron es que esa estrategia, aparentemente beneficiosa en el corto plazo, podía terminar teniendo consecuencias importantes décadas después, justo en el momento de la jubilación. 

Pero claro, ¿qué ocurrió más tarde? Que cuando llega el momento de calcular la jubilación, se nota y mucho el impacto real que esta estrategia tiene sobre la pensión a recibir.

La situación afecta a una gran parte del colectivo. En 2023, el 86,6% de los autónomos cotizaba por la base mínima y cerca del 40% mantuvo esa situación durante buena parte de su trayectoria profesional.

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El resultado ofrece una diferencia importante respecto a los trabajadores asalariados: la pensión media de los autónomos llegó a situarse cerca de un 40% por debajo de la del Régimen General.

La reforma del sistema iniciada en 2023 busca corregir progresivamente esa situación mediante un modelo basado en ingresos reales. Pero ojo, porque esta nueva normativa no modifica décadas anteriores de cotizaciones reducidas.

La reforma cambia el sistema, pero no el pasado

Hasta hace pocos años, el modelo permitía elegir la base de cotización prácticamente con libertad. La mayoría optaba por la mínima y únicamente elevaba las aportaciones en etapas cercanas a la jubilación.

El nuevo sistema cambia esa dinámica. Desde la entrada en vigor del nuevo modelo de rendimientos reales, las cuotas pasan a vincularse a los ingresos obtenidos por el autónomo y desaparece gran parte de la libertad existente anteriormente.

Actualmente solo determinados tramos con ingresos más reducidos permiten cotizar por bases mínimas muy bajas. Sin embargo, quienes pasaron décadas aportando por debajo de otros niveles mantienen el impacto acumulado de esas decisiones tan extendidas en autónomos.

Cómo se calcula la pensión de un autónomo en 2026

El cálculo de la jubilación funciona de forma parecida al Régimen General. La base reguladora se obtiene mediante la suma de las bases de cotización correspondientes a los últimos 25 años, es decir, los últimos 300 meses, dividida entre 350.

Además, existen varios elementos que influyen directamente:

· Años cotizados totales

· Edad efectiva de jubilación

· Posibles coeficientes reductores

· Lagunas de cotización

· Actualización de bases anteriores por inflación

· Exoneraciones o periodos especiales

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Una diferencia importante afecta precisamente a los periodos sin cotizar. En autónomos, esa cobertura funciona de forma distinta y puede afectar negativamente al resultado final.

O lo que es lo mismo: cotizaciones bajas durante largos periodos terminan traduciéndose en pensiones reducidas.

Entonces, ¿qué puede cobrar un autónomo que ha cotizado siempre por lo mínimo?

No existe una cifra universal porque cada jubilación depende de múltiples variables. Sin embargo, sí puede hacerse una aproximación tomando como referencia el sistema vigente en 2026.

En un supuesto de un trabajador que únicamente hubiera cotizado el periodo mínimo exigido, 15 años, tendría derecho inicialmente al 50% de su base reguladora.

Tomando como referencia bases mínimas asociadas a ingresos reducidos, la pensión teórica podría situarse alrededor de:

· Base aproximada: 653,59 euros mensuales

· Aplicación del 50%: unos 326,80 euros al mes

La cifra está muy por debajo de las cuantías mínimas legales. Por ese motivo, la mayoría de los autónomos en esta situación suelen acceder posteriormente a complementos a mínimos para elevar la prestación.

Las pensiones mínimas en 2026 elevan la cuantía final

Las prestaciones mínimas experimentaron una actualización importante en 2026 y quedan configuradas de la siguiente forma:

Mayores de 65 años con cónyuge a cargo

• 1.256,6 euros mensuales
• 17.592,4 euros anuales

Sin cónyuge a cargo

• 936,2 euros mensuales
• 13.106,8 euros anuales

Con cónyuge no a cargo

• 888,7 euros mensuales
• 12.441,8 euros anuales

Requisitos para acceder a la jubilación contributiva

Para acceder a la pensión contributiva deben cumplirse varias condiciones:

• Haber cotizado al menos 15 años
• Tener 2 años cotizados dentro de los últimos 15 anteriores a la jubilación
• Alcanzar la edad legal ordinaria

En 2026 la edad de jubilación queda establecida en 66 años y 10 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados. Y en 65 años para quienes superen ese periodo cotizado.

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La noticia Cotizó durante décadas como autónomo y esta es la pensión que le queda en 2026 fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

España supera actualmente los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Una cifra que confirma el enorme peso de los autónomos en la economía nacional, como creadores de actividad económica y empleo. Sin embargo, detrás de esta cifra se esconde una realidad mucho menos optimista: miles de proyectos empresariales desaparecen pocos años después de su nacimiento.

Uno de los datos que más preocupa es la supervivencia de los nuevos negocios. Y es que, cerca de la mitad de quienes inician una actividad por cuenta propia no consigue mantenerla durante sus tres primeros años de vida. Existe un momento especialmente delicado: el final de las bonificaciones iniciales en la cotización.

El punto crítico llega cuando termina la ayuda inicial

La conocida tarifa reducida nació con un objetivo claro: facilitar el acceso al autoempleo reduciendo la carga económica durante los primeros meses de actividad.

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Actualmente esta fórmula permite a los autónomos acogerse a una cotización inferior durante el arranque de su negocio. Sin embargo, organizaciones del sector como UPTA consideran que el alivio temporal no siempre se traduce en proyectos sostenibles a largo plazo.

Según los últimos datos disponibles, alrededor de 434.000 trabajadores por cuenta propia se encuentran acogidos actualmente a este sistema bonificado.

El problema está cuando desaparece ese colchón inicial y muchos profesionales deben asumir la cuota ordinaria completa.

La diferencia económica puede ser importante

La cotización mínima aplicable en 2026 se sitúa en una base de 950,98 euros. Aplicando el tipo vigente del 30,60%, la cuota ordinaria alcanza aproximadamente los 291 euros mensuales. Traducido a un año completo, supone un desembolso cercano a los 3.492 euros por trabajador autónomo.

Para actividades consolidadas puede tratarse de un gasto ciertamente asumible, pero para negocios que todavía atraviesan una fase inicial o presentan ingresos irregulares, el cambio puede convertirse en presión.

Muchos emprendedores afrontan durante esta etapa otros retos habituales: inversión pendiente, captación de clientes, gastos fiscales, alquileres o financiación.

Las asociaciones alertan sobre un posible efecto indeseado

Desde UPTA sostienen que la ayuda inicial facilita el acceso rápido al emprendimiento, aunque consideran que por sí sola no garantiza la viabilidad empresarial.

La organización advierte que el diseño actual puede terminar actuando, en algunos casos, como "una auténtica trampa para miles de personas que inician una actividad sin la preparación suficiente ni un proyecto económicamente sostenible".

Pero ojo, que la preocupación no se limita solo al cierre de negocios. También hay otros efectos posteriores relacionados con endeudamiento, acumulación de obligaciones pendientes, dificultades con proveedores o retrasos en pagos fiscales y cotizaciones.

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Además del impacto económico, estas situaciones suelen generar consecuencias personales importantes derivadas del fracaso empresarial.

La formación aparece como una de las posibles soluciones

Organizaciones como UPTA consideran que las políticas públicas dirigidas al autoempleo deberían incorporar más herramientas de acompañamiento.

La reducción temporal de cuotas puede facilitar el inicio, pero la supervivencia empresarial depende de muchos más factores. Entre ellos, la formación específica, planificación financiera, conocimientos de gestión, acceso a asesoramiento o mecanismos de seguimiento durante los primeros años, entre otros.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, plantea una transformación del modelo actual para convertir estas ayudas en una herramienta orientada a la consolidación empresarial y la creación de empleo estable.

La idea pasa por vincular determinadas bonificaciones a procesos previos de cualificación y preparación que reduzcan el riesgo de fracaso.

Porque abrir un negocio puede resultar relativamente sencillo. Mantenerlo vivo cuando desaparecen las ayudas iniciales es, según muestran las cifras, la parte verdaderamente complicada.

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La noticia La ayuda que prometía impulsar negocios acaba en alarma: casi la mitad de autónomos cierra antes de 3 años fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

España y ser autónomo, una dualidad repleta de contrastes. Por un lado, los trabajadores por cuenta propia continúan creciendo y también lo hacen sus tarifas en paralelo al aumento del coste de la vida. Y, por otro lado, también crece la brecha con los autónomos europeos.

España supera ya los 3,4 millones de trabajadores autónomos. El número continúa subiendo. Sin embargo, el peso relativo del sector dentro del mercado laboral continúa reduciéndose. Los autónomos ya son menos del 16%, mínimo histórico.

Pese a cobrar más que hace unos años, el autónomo español sigue ingresando bastante menos que la media europea. En plena Campaña de la Renta y coincidiendo con nuevas obligaciones digitales como Verifactu, un análisis elaborado por la plataforma digital para autónomos, Xolo, analiza la situación económica del colectivo.

Cobran más, pero siguen lejos de Europa

Los datos muestran que la tarifa media por hora de un autónomo en España ha pasado de 34,2 euros en 2021 a 42,6 euros actualmente, lo que supone un incremento cercano al 24%.

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Sin embargo, la media europea se sitúa alrededor de los 54 euros por hora. La diferencia implica que el trabajador autónomo español continúa aproximadamente un 30% por debajo de otros países del entorno.

La distancia aumenta todavía más si se compara con determinados mercados europeos donde las remuneraciones son especialmente elevadas. Países como Suiza o Austria registran tarifas que oscilan entre los 63 y los 70 euros por hora.

La situación revela una brecha estructural que va mucho más allá de una simple cuestión salarial.

Internacionalizarse marca diferencias

Uno de los datos más llamativos, tiene que ver con los profesionales que trabajan para clientes extranjeros. Los autónomos españoles que colaboran con empresas o clientes internacionales alcanzan ingresos medios cercanos a 54,9 euros por hora, prácticamente alineados con la media europea.

Un dato que sugiere, como no, que el acceso a mercados exteriores puede convertirse en una vía para diversificar ingresos y reducir la dependencia exclusiva del mercado nacional.

Hay que tener en cuenta que la digitalización y el trabajo remoto han facilitado durante los últimos años la posibilidad de prestar servicios desde España a empresas de múltiples países.

Facturar más no siempre significa ganar más

Pero claro, la subida de tarifas necesita contexto. Entre 2021 y 2025 la inflación acumulada en España se aproximó al 22,8%, en un periodo marcado por fuertes incrementos del precio de la energía, materias primas y servicios.

Eso significa que buena parte de la subida de precios aplicada por los autónomos no responde necesariamente a una mejora económica real, sino a una necesidad de compensar el encarecimiento generalizado.

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También los propios gastos del colectivo han crecido. El 81,8% ha soportado un aumento de costes operativos durante 2025 y cerca de un 30% terminó el ejercicio registrando pérdidas.

O lo que es lo mismo: ingresar más no implica automáticamente disponer de mayor capacidad económica.

El peso invisible de la burocracia

A los gastos habituales se suma un problema menos visible: el tiempo. Los trabajadores por cuenta propia dedican aproximadamente 200 horas al año a trámites administrativos, obligaciones fiscales y gestiones vinculadas con administraciones públicas. El impacto económico estimado ronda los 3.000 euros anuales por profesional.

Además, el colectivo afronta una creciente sensación de complejidad normativa derivada de cambios fiscales, nuevas obligaciones digitales y sistemas más exigentes de control.

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La noticia Ni subiendo ingresos: los autónomos españoles siguen un 30% por debajo de Europa fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

Más trámites, nuevas obligaciones y posibles gastos adicionales. El Plan Anual Normativo 2026 ya ha salido a la luz y pone sobre aviso a miles de autónomos y pequeñas empresas. El documento recoge más de una veintena de futuras normas que podrían afectar a su actividad diaria, desde cambios administrativos hasta nuevas exigencias que impactarán directamente en su bolsillo.

Aunque se trata de una hoja de ruta legislativa, muchas de las medidas previstas y como es lógico, pueden acabar teniendo un efecto directo sobre el día a día y el bolsillo del tejido empresarial.

La situación se repite. Cada año llegan nuevas obligaciones, controles y procedimientos que obligan a destinar más recursos a gestión, cumplimiento y adaptación normativa.

Trabajo concentra algunas de las reformas con mayor impacto

El Ministerio de Trabajo vuelve a situarse entre los departamentos con más capacidad para modificar el escenario de autónomos y pymes.

Wolters Kluwer

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Una de las medidas que más atención genera es la futura reforma del despido. El objetivo del Ejecutivo pasa por adaptar la normativa española a criterios europeos reforzando el carácter disuasorio de determinadas indemnizaciones.

O lo que es lo mismo: pequeños negocios y empresas con estructuras reducidas podrían enfrentarse a mayores riesgos jurídicos y a un incremento de gastos asociados a reorganizaciones internas o ajustes de plantilla.

Y junto a ello aparece otra reforma relevante: la regulación de plataformas digitales.

La norma busca aumentar el control sobre determinadas relaciones laborales y reforzar mecanismos destinados a detectar posibles casos de falsos autónomos.

La prevención laboral gana peso y añade nuevas obligaciones

Otra de las áreas que cambiará significativamente es la prevención de riesgos laborales.

El Gobierno prevé actualizar la normativa para incorporar factores relacionados con la salud mental, la desconexión digital o los nuevos riesgos derivados de entornos hiperconectados.

Las empresas podrían verse obligadas a implantar protocolos adicionales, reforzar formación específica y realizar nuevas evaluaciones internas. Dentro de esa estrategia también aparece un futuro reglamento específico centrado en riesgos psicosociales.

Y claro, para muchas pequeñas empresas esto supondrá un aumento de servicios externos, asesoramiento y adaptación documental.

Más exigencias digitales y sostenibilidad empresarial

La transformación digital continúa acelerándose y el Ministerio de Economía mantiene varias iniciativas que pueden afectar directamente a los negocios.

Entre ellas sigue avanzando la implantación de nuevas herramientas vinculadas a digitalización documental y procesos administrativos. También aparecen medidas relacionadas con sostenibilidad empresarial.

Aunque inicialmente las obligaciones recaerán sobre grandes compañías, numerosos pequeños proveedores podrían verse arrastrados por el denominado efecto cadena.

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La necesidad de acreditar información ambiental, políticas ESG o determinados indicadores corporativos puede acabar trasladándose a miles de pequeñas empresas que trabajan con grandes clientes.

El propio Plan Normativo refleja el enorme peso regulatorio previsto para este ejercicio: alrededor del 73% de las iniciativas contempladas serán reales decretos.

La Seguridad Social mantiene cambios para autónomos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no prevé una reforma integral del sistema de autónomos, pero sí prepara desarrollos importantes.

Uno de los asuntos más vigilados sigue siendo el ajuste del modelo de cotización por ingresos reales. La evolución futura de tramos, revisiones y regularizaciones mantiene aún la incertidumbre entre numerosos profesionales que temen nuevos cambios en cuotas y obligaciones.

Paralelamente continúa el despliegue de herramientas digitales como la Tarjeta Social Digital. Su objetivo es el de integrar ayudas, prestaciones y datos administrativos, aunque también incrementará las capacidades de supervisión y cruce automatizado de información.

Hacienda y Consumo elevan el nivel de control

El Ministerio de Hacienda mantiene su estrategia de digitalización y refuerzo de mecanismos de fiscalización.

Entre las normas previstas figura una actualización de contratación pública que podría introducir nuevas exigencias administrativas para miles de pequeñas empresas proveedoras de administraciones.

También aparece una futura Ley de Integridad Pública orientada a reforzar mecanismos de transparencia y cumplimiento.

Por su parte, Consumo prepara una futura Ley de Consumo Sostenible que afectará a sectores muy diversos. Uno de los objetivos será combatir mensajes publicitarios potencialmente engañosos relacionados con sostenibilidad o medio ambiente.

Agricultura y Sanidad también preparan cambios

El Ministerio de Agricultura prevé desarrollar nuevas obligaciones relacionadas con bienestar animal, requisitos sanitarios y producción ecológica. En determinados sectores agrarios esto podría traducirse en nuevas certificaciones y mayores gastos de adaptación.

Sanidad, por su parte, trabaja en cambios vinculados al tabaco, vapeadores y regulación de determinados productos relacionados con salud.

En resumen, este Plan Anual de 2026 anticipa que el próximo ejercicio volverá a exigir un importante esfuerzo de adaptación para miles de autónomos y pequeñas empresas. Otro más.

Imágenes | Gianfranco Grenar

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La noticia El Plan Normativo 2026 pone en alerta a miles de autónomos: llegan más de 20 nuevas leyes fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

La llegada de Verifactu ha encendido las alarmas entre autónomos y pequeñas empresas. A medida que se acerca la adaptación obligatoria, miles de negocios se hacen exactamente la misma pregunta: ¿habrá que decir adiós al software de facturación de siempre? La duda se ha extendido con fuerza porque el cambio afecta directamente a herramientas que muchos utilizan a diario y que podrían quedar fuera de las nuevas exigencias marcadas por Hacienda.

España cuenta con más de 3,3 millones de autónomos y más de 2 millones de empresas que tendrán que adaptarse progresivamente al nuevo modelo.

Muchos negocios acumulan años de registros, facturas y documentación en programas que utilizan desde hace tiempo. La posibilidad de perder ese historial o de enfrentarse a sanciones les había puesto, como es lógico, nerviosos.

El verdadero problema no es guardar el software antiguo

La normativa establece requisitos técnicos muy concretos para los sistemas informáticos de facturación. El objetivo es impedir alteraciones posteriores en los registros y reforzar la trazabilidad de las operaciones económicas.

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Nuevo sistema para que los autónomos envíen sus facturas en tiempo real a Hacienda

La Ley General Tributaria contempla sanciones importantes para quienes mantengan herramientas de facturación no adaptadas a los nuevos requisitos. Las multas pueden alcanzar los 50.000 euros por ejercicio cuando se utilicen programas que incumplan las exigencias establecidas.

Por ello, muchos profesionales pueden pensar que conservar instalado un programa antiguo puede representar un problema legal.

La Agencia Tributaria es clara: la clave no está ya en almacenar información histórica, sino en la capacidad real que tenga ese software para seguir emitiendo nuevas facturas.

Mantener el histórico de facturas sí será posible

Miles de autónomos guardan años de actividad empresarial en sus sistemas informáticos. Facturas emitidas, operaciones pasadas, consultas fiscales o documentos necesarios para posibles comprobaciones forman parte de archivos que muchos negocios necesitan conservar.

En este escenario, Hacienda diferencia claramente entre conservar registros y seguir utilizando un sistema antiguo para la actividad diaria.

Si el programa únicamente permanece accesible para consultar información o revisar documentos históricos y ya no dispone de funcionalidad activa para emitir nuevas facturas, mantenerlo no supondría incumplir la normativa.

Esto elimina una de las principales preocupaciones de pequeños negocios que temían verse obligados a borrar bases de datos completas o eliminar años de documentación acumulada.

El riesgo aparece cuando el programa sigue funcionando

La situación cambia completamente si el software conserva la capacidad operativa para generar nuevas facturas una vez entren en vigor las obligaciones del reglamento.

En ese caso, la mera existencia de una herramienta no adaptada podría considerarse una infracción si Hacienda detecta que sigue utilizándose para actividades de facturación.

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Al fin pymes y autónomos podrán hacer declaración de impuestos online: así funciona el nuevo sistema facilitado por Hacienda

La diferencia puede parecer mínima, pero técnicamente es importante: el problema no es el archivo histórico; el riesgo aparece cuando el programa continúa activo como herramienta de gestión y emisión.

Por ello, quienes mantengan software antiguo deberán comprobar que ha quedado deshabilitado para la creación de nuevas facturas o que su función queda limitada únicamente a la consulta documental.

Qué recomienda Hacienda para evitar problemas futuros

La recomendación pasa por reducir riesgos y simplificar procesos. Una de las opciones más aconsejables consiste en exportar los datos históricos para almacenarlos en otros formatos que no obliguen a conservar el sistema antiguo.

También se aconseja consultar con el proveedor tecnológico si existe una actualización compatible con la nueva regulación o estudiar la migración a plataformas adaptadas.

Otra alternativa disponible es la herramienta gratuita de facturación impulsada por la Agencia Tributaria, diseñada para quienes busquen una solución ajustada a los nuevos requisitos.

Las fechas ya están marcadas en el calendario. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades deberán utilizar sistemas adaptados desde el 1 de enero de 2027. Para quienes tributen por IRPF, incluidos numerosos autónomos, la obligación comenzará el 1 de julio de ese mismo año.

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La noticia Giro con Verifactu: Hacienda aclara qué debes hacer con tu software actual fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

Más de 1,2 millones de autónomos siguen muy pendientes de un cambio que puede afectar a sus cuotas y a su bolsillo en 2026. La Seguridad Social ya ha movido ficha y ha elevado la base mínima de cotización para autónomos societarios y colaboradores familiares. El problema es que quienes continúen cotizando por debajo del nuevo límite podrían encontrarse más adelante con ajustes y regularizaciones inesperadas.

En la práctica, esto significa que muchos trabajadores por cuenta propia podrían continuar pagando su cuota actual durante un tiempo, pero acabar recibiendo más adelante un ajuste para abonar la diferencia pendiente.

El aviso llega, eso sí, en plena incertidumbre sobre una posible paralización de la medida y con asociaciones del sector reclamando cambios.

La nueva base mínima cambia el escenario para miles de autónomos

La base mínima de cotización para determinados autónomos ha pasado a situarse en 1.424 euros mensuales.

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Cuenta atrás para las pymes: esto es lo que ocurre si no aprueban sus cuentas antes del 30 de junio

Esta modificación afecta principalmente a autónomos societarios y familiares colaboradores, dos figuras que reúnen a aproximadamente 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia.

El cambio no se trata de una actualización automática. Es decir, quien actualmente cotice por debajo podrá seguir haciéndolo si no modifica expresamente su situación.

Sin embargo, ahí aparece la principal preocupación: la Seguridad Social revisa posteriormente las cuotas y puede calcular diferencias pendientes cuando llegue el proceso de regularización anual.

En algunos casos, el incremento estimado en las cuotas podría alcanzar los 135 euros adicionales al mes, lo que supondría más de 1.600 euros al año.

La posibilidad de afrontar un ajuste futuro importante ha provocado los primeros movimientos. Muchos autónomos han aumentado directamente las bases de cotización al nuevo umbral.

Como indicábamos antes, el objetivo es evitar que la regularización posterior genere importes elevados pendientes de abonar.

ATA pide prudencia y considera que la subida podría frenarse

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) mantiene una posición distinta.

Su presidente, Lorenzo Amor, considera que la subida podría terminar paralizándose durante su tramitación parlamentaria. La organización sostiene que el incremento aplicado genera dudas porque el propio sistema de cotización por ingresos reales contemplaba una revisión previa antes de introducir cambios posteriores.

La norma aprobada en 2022 estableció una base reducida temporal para estos trabajadores durante los primeros años del nuevo modelo, entre 2023 y 2025.

Posteriormente debía revisarse el funcionamiento del sistema junto con organizaciones de autónomos y agentes sociales antes de implantar nuevas bases. Esa evaluación no llegó a completarse por falta de acuerdo.

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Adiós al “sueldo según valía”: Europa obligará a publicar salarios en las ofertas de trabajo

Por ello ATA reclama mantener congeladas las cotizaciones de este colectivo, del mismo modo que ocurrió con otros trabajadores por cuenta propia.

Los plazos para modificar la base de cotización durante 2026

El sistema actual permite realizar varios cambios de base a lo largo del año para adaptarse a ingresos o necesidades concretas.

Los periodos establecidos son:

• Del 1 de enero al último día de febrero: el cambio entra en vigor el 1 de marzo.
• Del 1 de marzo al 30 de abril: la modificación se aplica desde el 1 de mayo.
• Del 1 de mayo al 30 de junio: el nuevo tramo comienza el 1 de julio.
• Del 1 de julio al 31 de agosto: el cambio surte efecto desde el 1 de septiembre.
• Del 1 de septiembre al 31 de octubre: la modificación se activa el 1 de noviembre.
• Del 1 de noviembre al 31 de diciembre: el ajuste se aplica desde el 1 de enero del siguiente año.

Esta flexibilidad permite corregir decisiones tomadas anteriormente o volver a ajustar la cuota si el escenario cambia.

Una propuesta política intenta frenar la medida

La discusión, cómo no, ha llegado también al Congreso. Una iniciativa parlamentaria registrada recientemente incluye, entre otras medidas, la paralización de la subida de cotizaciones para estos trabajadores por cuenta propia.

El Gobierno dispone de un plazo de 30 días para decidir si respalda la propuesta o presenta un veto. Si no existe pronunciamiento dentro de ese periodo, el texto podrá avanzar hacia su debate parlamentario.

La votación posterior requeriría únicamente mayoría simple para continuar con la tramitación.

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La noticia La Seguridad Social lanza un aviso urgente a miles de autónomos, pero el Congreso podría frenarlo todo fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

La contabilidad es, probablemente, uno de los principales quebraderos de cabeza de los autónomos. Llevar al día los números y ordenar y clasificar las facturas se puede convertir en un agotador trabajo extra dentro del ajetreado día de un profesional independiente, en especial si cuenta con muchos clientes. Un papeleo que, si se va dejando, llega a ser un auténtico problema en estas fechas, cuando todos los españoles tenemos que presentar la declaración de la renta.

Una forma bastante eficiente de evitar actualmente ese lío con el papeleo y llevar al día la contabilidad son las cuentas para autónomos de entidades digitales como Vivid o Qonto, que además de los servicios bancarios habituales incluyen herramientas de emisión de facturas que registran automáticamente el documento, captura de tickets mediante una fotografía con el móvil (y que se puede adjuntar al extracto bancario del gasto) o integración de softwares contables.

Además de la optimización de la contabilidad, también es importante tener presente el año que viene empieza a funcionar el sistema Verifactu de Hacienda, un estándar técnico de verificación de los softwares de facturación por el que los autónomos tendrán que utilizar un programa homologado. Elegir una cuenta que ya lo integre, como es el caso de Qonto, hace que el profesional esté preparado para este cambio que será obligatorio a partir de julio de 2027.

Cómo optimizan la contabilidad estas cuentas para autónomos 

A diferencia de las tradicionales, que solo prestan servicios bancarios, las cuentas para autónomos digitales integran herramientas que automatizan procesos o los simplifican al extremo, reduciendo mucho el papeleo y facilitando el llevar la contabilidad al día.

Entre las distintas funciones que permiten estas optimizaciones, una de las más destacadas es la de emitir facturas desde la propia plataforma o aplicación de la cuenta para autónomos: el documento se genera en segundos porque el sistema ya tiene todos los datos del profesional y lo envía directamente por correo al cliente. Desde ese momento, la factura queda registrada en el sistema sin que el autónomo tenga que hacer nada más.

Otra función muy útil es la digitalización de tickets y facturas físicos con una fotografía del móvil. El profesional sube esa fotografía a la aplicación de la cuenta para autónomos y puede asociarla al extracto del gasto, de forma que todo queda registrado en el mismo lugar, listo para deducirlo cuando llegue el momento de presentar la declaración de la renta.

Estas cuentas para autónomos también tienen integrados los principales softwares contables que se utilizan en España. De esta manera, el profesional puede conectar sus movimientos y registros de facturas emitidas y tickets digitalizados con la herramienta que utiliza su gestor para evitar ir descargando extractos uno a uno y enviarlos manualmente. Tal y como se registra el movimiento, el software del gestor lo recibe para cuando éste tenga que ponerse a preparar la presentación de modelos e impuestos.

Una función que en la práctica también es útil es la de crear subcuentas para guardar el dinero destinado a impuestos separado de los fondos para gastos. Además, algunas cuentas para autónomos ofrecen remuneración por el saldo depositado en ellas, con lo que el profesional puede sacar un pequeño rendimiento extra a ese capital hasta que tenga que abonarlo a Hacienda.

 Cuenta para autónomos de Vivid

Para facilitar la contabilidad de cara a la declaración de la renta, lo más destacado de la cuenta para autónomos de Vivid es que incluye su herramienta de facturación en todos sus planes, incluido el gratuito, sin restricciones. El titular puede guardar los datos fiscales de sus clientes recurrentes y generar la factura en segundos con tan sólo introducir el monto. El documento se envía desde la propia plataforma, queda registrado en los archivos de ésta para cualquier cálculo contable y permite hacer un seguimiento de importes cobrados y pendientes.

A esta función se añade otra gratuita también de enorme utilidad: la captura de tickets y facturas físicas mediante una fotografía con el móvil y la posibilidad de subirla y asociarla al movimiento bancario correspondiente. De esta forma queda todo registrado en un mismo lugar en el momento exacto en el que se realiza la transacción.

La cuenta para autónomos de Vivid también incluye integraciones de softwares contables, aunque con algunas limitaciones en los planes de coste menor. Con ellas el gestor del profesional puede acceder directamente a movimientos bancarios y facturas y tickets digitalizados en la plataforma para hacer su trabajo automáticamente, sin tener que pedirle nada al autónomo.

Por último, como complemento interesante, la cuenta para autónomos Vivid remunera el saldo medio que se mantenga depositado en ella al 4% TAE durante los cuatro primeros meses, y a partir de ese momento entre el 0,1% y el 1,3%, en función del plan elegido. Una forma interesante de conseguir una pequeña rentabilidad por el dinero que se mantenga ahí, por ejemplo el de los impuestos trimestrales. 

Cuenta para autónomos Qonto

La cuenta para autónomos de Qonto es, probablemente, la más atractiva del mercado en este momento porque, además de incluir herramientas de emisión de facturas y digitalización de tickets, es la única de las entidades analizadas que ya ha confirmado públicamente la integración con Verifactu. Gracias a esta integración, cada factura emitida desde la cuenta para autónomos de Qonto llevará un código QR con el registro inalterable y la firma digital que exige la normativa. De esta forma, quien opte por este instrumento ya sabe que no tendrá que utilizar otro para cumplir con el fisco español cuando llegue julio de 2027.

Por lo demás, Qonto también ofrece remuneración por el saldo depositado en su cuenta para autónomos: un 4% TAE durante los dos primeros meses, y un 1% después para sus planes más avanzados. 

Cuenta para autónomos Wallester

La de Wallester no es exactamente una cuenta para autónomos, sino una plataforma de emisión de tarjetas corporativas y de control de gastos. La incluimos aquí como complemento para aquellos que no quieran cambiar su cuenta profesional de entidad, pero busquen optimizar su contabilidad.

La plataforma de Wallester resultará especialmente interesante para profesionales que cuenten con empleados a los que deban proporcionar tarjetas de débito para sus gastos profesionales. Este instrumento permite emitir un gran número de plásticos y asociarlos a un proyecto o categoría concreta, de tal manera que cada extracto llega ya categorizado al libro de cuentas.

Además, la cuenta de Wallester también incluye herramientas de digitalización de tickets y facturas que se pueden asociar al movimiento bancario. De esta forma, el empleado puede adjuntar esa información apenas realice la transacción para optimizar la contabilidad. Asimismo, tiene integraciones de softwares contables para enviar todos los datos automáticamente a la gestoría.

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Las cuentas para autónomos no son obligatorias por ley. Pero evitan muchos dolores de cabeza con Hacienda

 Cómo elegir una cuenta para autónomos

Para elegir una cuenta para autónomos el profesional tiene que evaluar qué necesita y qué sería interesante tener para revisar las ofertas disponibles, poner en común toda esa información y tomar una decisión. Para quienes quieran mejorar su gestión contable sin grandes esfuerzos y con herramientas gratuitas, tanto Qonto como Vivid son soluciones muy interesantes. Si el profesional independiente, además, quiere adelantarse a la entrada en vigor de Verifactu, en estos momentos Qonto es la única que ya lo integra.

Como alternativa, para quienes quieran optimizar su contabilidad, tengan varios empleados y no deseen cambiar de entidad, Wallester ofrece una solución complementaria a sus demandas.

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La noticia La declaración de la renta sigue siendo un quebradero de cabeza para muchos autónomos. Estas cuentas ayudan a que deje de serlo fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Pablo Rodríguez .

La subida del SMI no solo afectará a los salarios: en 2026 también cambiará las reglas que determinan qué parte de las pensiones de autónomos jubilados puede quedar protegida.

Se trata de un cambio que afecta directamente a miles de trabajadores por cuenta propia jubilados que mantienen deudas pendientes con Hacienda, la Seguridad Social o acreedores privados.

La actualización del salario mínimo tiene, como no, una consecuencia inmediata: aumenta también la parte de la pensión que queda protegida frente a embargos. Cuanto mayor es el SMI, mayor es el umbral de ingresos que no puede ser retenido por la Administración.

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Desde este año, el salario mínimo queda fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.184 euros anteriores. Esto implica que todas las pensiones inferiores a esa cuantía pasan a estar completamente blindadas frente a embargos ordinarios.

El nuevo límite protegido para autónomos jubilados

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece un sistema progresivo para calcular cuánto dinero puede retenerse de salarios y pensiones cuando existen deudas pendientes.

La norma fija como referencia el SMI vigente en cada ejercicio. En consecuencia, durante 2026 ningún autónomo jubilado que cobre menos de 1.221 euros mensuales podrá sufrir embargos sobre su pensión, salvo en casos excepcionales previstos por la legislación.

Esto afecta especialmente a un colectivo como el de los autónomos, cuyas prestaciones siguen situándose por debajo de las pensiones medias del Régimen General. Actualmente, buena parte de los pensionistas del RETA cobran cantidades próximas o incluso inferiores al nuevo límite inembargable.

El objetivo de este sistema es garantizar unos ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas, incluso cuando el pensionista mantiene obligaciones económicas pendientes.

Cómo funcionan ahora los tramos de embargo

La normativa no permite embargar automáticamente toda la pensión cuando se supera el salario mínimo. El sistema funciona mediante porcentajes progresivos aplicados únicamente sobre la parte que excede de cada tramo.

Con las nuevas cifras de 2026, los límites quedan establecidos de la siguiente manera:

• Hasta 1.221 euros mensuales: totalmente inembargable.
• Entre 1.221 y 2.442 euros: puede retenerse el 30% del exceso.
• Entre 2.442 y 3.663 euros: se embarga el 50% de ese tramo.
• Entre 3.663 y 4.884 euros: la retención alcanza el 60%.
• Entre 4.884 y 6.105 euros: el porcentaje sube hasta el 75%.
• A partir de 6.105 euros mensuales: puede embargarse hasta el 90% del importe que supere esa cifra.

En la práctica, esto significa que la Administración nunca aplica el porcentaje sobre el total de la pensión, sino únicamente sobre la parte que supera cada umbral.

Por ejemplo, un autónomo jubilado que cobre 1.500 euros al mes sólo tendría expuestos a embargo 279 euros, es decir, la diferencia entre su pensión y el nuevo SMI. Sobre esa cantidad se aplicaría el porcentaje correspondiente.

La subida del SMI amplía la protección

El incremento del salario mínimo aprobado para 2026 eleva en 37 euros mensuales la cuantía protegida frente a embargos respecto al ejercicio anterior.

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Aunque la diferencia pueda parecer reducida, en el caso de los autónomos jubilados puede resultar una cantidad importante. Hay que tener en cuenta que muchos trabajadores por cuenta propia han cotizado históricamente por bases reducidas durante décadas, lo que se traduce ahora en prestaciones más ajustadas y una mayor vulnerabilidad económica durante la jubilación.

Hacienda y Seguridad Social revisan automáticamente los límites

Tanto la Agencia Tributaria como la Tesorería General de la Seguridad Social aplican automáticamente los nuevos umbrales tras cada actualización del salario mínimo.

Esto significa que los procedimientos de embargo iniciados anteriormente también deben adaptarse a las nuevas cuantías protegidas. En muchos casos, las retenciones pueden reducirse directamente al entrar en vigor el nuevo SMI.

No obstante, es recomendable revisar cuidadosamente cualquier diligencia de embargo recibida, especialmente cuando existen varias fuentes de ingresos o prestaciones complementarias.

Los casos en los que sí puede embargarse por debajo del mínimo

Existen algunas excepciones importantes donde el límite inembargable no se aplica de la misma forma. La situación más habitual corresponde a las pensiones alimenticias derivadas de separaciones o divorcios.

En estos casos, los jueces pueden autorizar embargos incluso sobre cantidades inferiores al salario mínimo al priorizar la manutención de hijos o personas dependientes.

También pueden existir particularidades cuando concurren varias pensiones, ingresos adicionales o determinadas resoluciones judiciales específicas.

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La noticia Los embargos cambian en 2026 y afectan a los autónomos jubilados: esto es lo que ya no podrán tocar fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

Más de tres millones de autónomos afrontan ya una nueva campaña de la Renta y, con cuotas más altas y gastos disparados, cada euro que se pueda ahorrar gana importancia.

Sin embargo, existe una ventaja tributaria que todavía muchos trabajadores por cuenta propia desconocen o no aplican correctamente: la posibilidad de deducir el seguro médico privado familiar.

Una medida que puede suponer un ahorro relevante para miles de profesionales, especialmente para aquellos que incluyen en la póliza a su pareja y a sus hijos. En algunos casos y según el artículo 30.2.5ª de la Ley 35/2006 del IRPF, el importe deducible puede alcanzar los 2.000 euros anuales.

Quién puede aplicarse esta deducción

La deducción del seguro médico no está disponible para todos los contribuyentes. Solo pueden beneficiarse los autónomos que tributan mediante el sistema de estimación directa, tanto simplificada como normal. Esto deja fuera a quienes trabajan bajo el régimen de módulos.

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El funcionamiento es sencillo. Las primas abonadas al seguro de salud pueden computarse como gasto deducible vinculado a la actividad económica. Esto reduce el rendimiento neto declarado y, por tanto, también disminuye la base imponible sobre la que se calcula el IRPF.

La medida está recogida en la normativa fiscal española y lleva años vigente, aunque sigue siendo una de las deducciones menos aprovechadas por parte del colectivo autónomo.

Cuánto dinero puede deducirse un autónomo

El límite general se sitúa en 500 euros anuales por cada persona incluida en la póliza. No obstante, el autónomo no solo puede incluirse a sí mismo.

También pueden entrar dentro de la deducción:

• El cónyuge
• Los hijos menores de 25 años
• Familiares que convivan en el mismo domicilio bajo determinadas circunstancias

Esto permite elevar el ahorro fiscal. Por ejemplo, un autónomo que tenga contratado un seguro médico privado para él, su pareja y dos hijos podría deducir hasta 2.000 euros anuales en total.

Además, cuando alguno de los asegurados tiene reconocida una discapacidad, el límite deducible aumenta hasta los 1.500 euros por persona, triplicando prácticamente la cantidad habitual.

Qué ocurre con los trabajadores asalariados

La situación es distinta para quienes trabajan por cuenta ajena. En esos casos, Hacienda no permite deducir libremente el seguro médico privado contratado de forma individual.

La única excepción aparece cuando el seguro forma parte de un sistema de retribución flexible ofrecido por la empresa.

Es decir, cuando la compañía incluye el seguro médico dentro del paquete salarial, el trabajador puede obtener ciertas ventajas fiscales. Pero si el empleado contrata el seguro por su cuenta, se considera un gasto personal no deducible.

Qué requisitos debe cumplir el seguro médico

Para poder aplicar correctamente la deducción, el seguro debe estar vinculado al ejercicio de la actividad económica y figurar adecuadamente contabilizado dentro de los gastos profesionales.

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Además, conviene conservar:

• Facturas
• Recibos bancarios
• Justificantes de pago
• Documentación de la póliza

En caso de revisión por parte de la Agencia Tributaria, estos documentos servirán para acreditar la deducción aplicada. También es importante revisar los límites establecidos y comprobar que todos los beneficiarios cumplen las condiciones exigidas por la normativa, claro está.

Y es que, como hemos comentado anteriormente, a pesar de que esta ventaja fiscal lleva años recogida en la legislación, muchos autónomos continúan sin aplicarla por desconocimiento.

En algunos casos, el problema aparece porque las primas no se registran correctamente como gasto deducible. En otros, simplemente se desconoce que también pueden incluirse familiares dentro de la póliza.

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La noticia Muchos autónomos dejan escapar hasta 2.000 euros cada año por no revisar esta deducción fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .