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Dentro del cuerpo del Plan del Gobierno para la lucha contra el fraude fiscal, se contempla una nueva medida consistente en la exculpación de la parte (compradora o vendedora) que informe en un plazo de hasta tres meses respecto al incumplimiento de la obligación de tributar por las transacciones mercantiles.

Esta medida, aunque inusual, se viene practicando desde hace muchos años en los países del norte de Europa. Dónde cualquier sociedad o particular puede denunciar las irregularidades que a través de su conocimiento puedan detectar sobre terceros. Una herramienta que a la postre se ha mostrado como muy eficaz para reforzar tanto la detección de irregularidades así como el potencial efecto disuasorio ante el no cumplimiento de la normativa fiscal que se pudiera producir.

Bien es cierto que este asunto resulta muy complejo y peliagudo, pero en un entorno en el que necesariamente ha de aumentar la eficiencia de la administración (en el que la actividad inspectora de los tributos se integra) y cuidar al máximo los ingresos del Estado, quedaría plenamente justificada de tan ‘inusual’ herramienta.

En los próximos años, el aumento de la participación ciudadana entrará en juego con mucha fuerza. No solo para aumentar el control de las irregularidades, sino para que también se pueda conseguir un segundo objetivo, y no por ello menos importante, el cambio de mentalidad respecto a lo ‘público’, para dejar de apreciarse como algo ajeno y general, como un ecosistema en el que todos los integrantes debemos tomar parte.

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