Según el artículo 305 del Código Penal, comete delito de defraudación quien por acción u omisión dolosa defrauda a la Hacienda Pública, siendo el importe de lo defraudado superior a 120.000 euros. Los hechos que pueden dar lugar a la defraudación pueden ser eludir el pago de tributos, eludir el ingreso de retenciones practicadas o que se debían haber practicado, eludir el ingreso a cuenta de retribuciones en especie, obtener indebidamente devoluciones o disfrutar de beneficios fiscales de forma indebida.
Para que estos hechos sean constitutivos de delito la cantidad de 120.000 euros ha de sobrepasarse por cada tributo y periodo impositivo individualmente.
Las sanciones que podrán aplicarse a este tipo de delitos son:
- Penas de prisión de 1 a 4 años. – Multa del 100% al 600% de la cantidad defraudada. – Pérdida del derecho a obtener beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 3 a 6 años. – Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayuda públicas durante un periodo de 3 a 6 años.
Estas penas se aplicarán en la mitad superior del rango cuando se demuestre que se han utilizado personas interpuestas para ocultar la identidad del defraudador o cuando esa defraudación se considere extremadamente grave por el importe de los defraudado o por la existencia de una organización estructurada para la comisión del delito.
Los sujetos que cometan este tipo de delitos pueden quedar exentos de su responsabilidad penal si regularizan esa situación antes de la notificación, por parte de la Administración Tributaria, del inicio de las actuaciones necesarias para determinar la deuda tributaria.
También se podrá obtener la exención si se regulariza la situación antes de la interposición de la querella por parte del Ministerio Fiscal, del abogado del Estado o del representante procesal de la Administración o antes de que se ponga en conocimiento del contribuyente el inicio de diligencias contra él.
En Pymes y Autónomos | Conceptos sobre las infracciones tributarias
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