En los últimos años, España ha sido testigo de una revolución en el transporte urbano con la llegada de plataformas como Uber y Cabify, desafiando el monopolio y sistema tradicional del sector del taxi, generando una intensa discusión sobre la liberalización del mercado y la restricción de la competencia.
Última sentencia del Tribunal europeo
Hace unos días se conocía el penúltimo paso, - ¿habrá uno final?-, en el ámbito judicial entre la batalla entre taxis, VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) y administraciones.
En resumen, lo que viene a decir esta nueva sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el sector del taxi, que las restricciones establecidas por las autoridades competentes van en contra del derecho comunitario, por lo que eliminan el ratio de licencias de un vehículo con conductor (VTC).
Hasta ahora, las administraciones habían establecido un límite de licencias VTC a conceder como un ratio de un VTC por "tantos" taxis, por lo que ahora, este fallo hace que tengan que dar en igualdad el número.
En cualquier caso, las administraciones, aparte de este ratio limitativo, seguro que tomarán otros caminos para establecer restricciones, muchas de ellas basadas en la sostenibilidad, la masificación de los territorios, aprovechando incluso las restricciones relacionadas con las nuevas zonas de bajas emisiones.
Como no podía ser de otra manera esta medida ha hecho que los taxistas reactiven sus reivindicaciones y se pongan en pie de guerra. Sin duda una situación muy complicada de resolver.
El taxi: un servicio público “mal entendido”
A lo largo de los últimos 30 años, se ha desenfocado mucho lo que es jurídicamente una licencia de taxi, quizá, de forma interesada por los propios taxistas.
Las licencias de taxi, en su origen -y actualmente-, son autorizaciones sujetas a una serie de obligaciones, que dan el derecho a transportar pasajeros en un turismo.
Históricamente, los taxis han estado solos en este segmento del transporte, hasta que nuevos modelos de negocio introducen cambios radicales y entran en un mercado que hasta ahora había sido un monopolio, sin barreras de entrada legales, que ahora se tratan de poner, y que como piensa los tribunales de la unión europea no tienen razón de ser.
La autorización del taxi, a lo largo del tiempo, ha ido consiguiendo hitos, muchos en contra del espíritu inicial de este servicio público, con la mirada hacia otro lado, y cómplice, de la administración.
El desastre de los traspasos y los rescates
Las autorizaciones de taxi, en la mayoría de las normativas municipales restringen su venta. A lo largo del tiempo, en contra de dichas normativas, se ha permitido comerciar con las licencias, obteniéndose un beneficio con un bien público, en ocasiones, por encima de los 100.000 euros. Esto ha generado una “bola nieve” que poco tiene que ver con la propia licencias, sino con que muchas personas que han accedido a la misma lo han hecho pagando a un particular, en muchas casos ilegítimamente, por un derecho a la explotación que la administración no exige.
Por si esto no fuera poco, desde hace unos diez años, la administración, incomprensiblemente, ha entrado al “rescate de licencias”, que simplemente es el pago - de dinero público - a la persona que tiene la autorización del taxi para recuperar la licencia y quitarla del mercado. Para la retirada de licencias, igual que se dan se quitan, las distintas normativas establecen diversos mecanismos, todos ellos impopulares ante un sector que ha adquirido más derechos que los propios de la autorización dada.