A pesar de que España es uno de los países que más y mejor están vacunando del mundo, lo cierto es que el debate jurídico sobre si debe ser obligatorio o no vacunarse (o, al menos, si se pueden establecer ciertas restricciones para quien decide no vacunarse) sigue encima de la mesa.
La figura del empresario se ha presentado como una pieza clave que tendrá que tomar decisiones sobre la posible obligación para que las personas de su empresa se vacunen. Pero, ¿podría un empresario decidir despedir a una persona si no se vacuna?
Para Teresa Ezquerra, abogada de Abencys, atendiendo a la legislación actualmente vigente en España en materia de salud y seguridad en el trabajo, no cabría concluir que un empresario pueda obligar a un trabajador a vacunarse, sino al contrario.
Es decir, el empresario puede, si lo desea, ofrecer a sus empleados la vacunación frente a enfermedades no asociadas al puesto de trabajo, siendo estos quienes acepten dicho ofrecimiento de manera voluntaria. Ello se deduce de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Una nueva legislación que ampare a las empresas
No obstante, desde que dio comienzo la pandemia en marzo del año pasado, hemos sido testigos de un escenario jurídico histórico, caracterizado por constantes cambios legislativos, especialmente en materia laboral. Por ello, para Ezquerra, no es del todo descartable una modificación legislativa con el objetivo de establecer la obligatoriedad de la vacuna, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estado de alarma, excepción y sitio.
Por ello, desde Abencys aseguran que la cuestión se centra en un posible conflicto entre bienes jurídicos igualmente protegidos como son, por un lado, la Salud Pública y, por otro lado, determinados derechos individuales constitucionalmente reconocidos como puedan ser el Derecho a la Libertad, el Derecho a la Intimidad o el Derecho a la Objeción de Conciencia.
En cualquier caso, parece que serán los jueces quienes finalmente deberán dictaminar si un empresario puede obligar a sus empleados vacunarse.