derecho

Hace días os comentamos la aprobación del nuevo procedimiento de mediación de conflictos, este nuevo sistema abre la puerta al desarrollo de una nueva actividad profesional como mediador de conflictos civiles y mercatiles. Para acceder al desempeño de esta actividad hay que cumplir una serie de requisitos y ejercer unas funciones que caracterizan la actividad del mediador.

Podrán ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Para poder ejercer deberán contar con formación específica para ello, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones acreditadas. La formación específica proporcionará a los mediadores unos conocimientos jurídicos, psicológicos, de técnicas de comunicación, de resolución de conflictos y negociación, así como de ética de la mediación, a nivel tanto teórico como práctico.

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Como ya os informamos, el pasado viernes se aprobó el Real Decreto-ley de Mediación Civil y Mercantil. El BOE publica hoy el texto (PDF) en el que se regula este nuevo procedimiento para la mediación de conflictos.

Se podrá aplicar este sistema en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable y se podrá llevar a cabo cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación se realice en territorio español.

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Tras los cambios introducidos en la última reforma del mercado laboral parece haberse reactivado del movimiento sindical y ya suenan ecos de huelga general. En esta tesitura, el presidente de la CEOE Juan Rosell parece no estar muy dispuesto a enfriar la situación, y ha reabierto el debate sobre el derecho a huelga.

Para políticos como Llamazares, esta propuesta atenta contra la propia constitución española, aunque otros como Duran i Lleida parecen favorables a una regulación que anteponga el interés general al derecho a huelga.

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En muchas ocasiones, una empresa tiene que enfrentarse a un embargo de sus propiedades por deudas contraídas a las que resulta imposible hacer frente. A la hora de ejecutar un embargo se tienen en cuenta en primer lugar los bienes que pueden venderse con más facilidad y que tengan menos valor para el ejecutado.

Además hay un criterio determinado que determina el orden en que esos bienes pueden ser embargados para satisfacer total o parcialmente las deudas contraidas y una calificación de bienes inembargables.

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Otra de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre es la asistencia mutua. De este modo Hacienda podrá participar en las investigaciones sobre deudas tributarias en otros países de la UE.

Con la aprobación de esta medida se adapta a la legislación española una directiva comunitaria que impulsa la presencia o participación de funcionarios de la Administración tributaria de un Estado miembro en las investigaciones administrativas realizadas en otro Estado comunitario.

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La Ley de Protección de Datos regula en su artículo 11 la cesión de datos a terceros. Como regla general, sólo será posible para fines directamente relacionados para los cuales fueron recabados, pero siempre con el consentimiento previo del interesado, que puede revocar dicho consentimiento.

Además hay que tener en cuenta que ese consentimiento será nulo si no se informa al mismo sobre la finalidad a la que van a ser destinados.

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Tratamos hace semanas el derecho de separación de los socios de una sociedad mercantil. También comentamos la nueva normativa que otorga ese derecho de separación en caso de que no se repartan dividendos, siempre que se den unas determinadas condiciones. Además de todo esto, una sentencia del Tribunal Supremo otorga el derecho de separación en caso de sustitución del objeto social de la empresa.

La sentencia se refiere al caso de una sociedad cuyo objeto social era “la explotación directa del negocio de distribución eléctrica” y se cambió por la actividad de “la explotación indirecta del negocio de distribución eléctrica”. En primera instancia se desestimó la demanda interpuesta por uno de los socios ya que se entendía que “el ejercicio directo o indirecto de la distribución de energía, no supone una sustitución del objeto social, sino una mera modificación de la forma de perseguirlo”. Sin embargo, ahora se falla a favor del demandante por entender que la modificación sí es determinante.

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Para la Ley de Protección de Datos, los datos sensibles son aquellos que tienen una especial influencia en los derechos fundamentales, la intimidad y las libertades públicas de los individuos.

Esos datos han de ser especialmente protegidos. Los datos sensibles se refieren a la ideología, afiliación sindical, creencias religiosas, origen racial, salud, vida sexual o a la comisión de infracciones penales o administrativas.

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El artículo 42 del Código de Comercio establece la definición de grupo de empresas. Según la redacción de dicho artículo, existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras.

La legislación define en qué situaciones se presumirá que existe control por parte de una empresa, que se calificará como dominante, en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente. Concretándose que esas situaciones serán las siguientes:

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