Actualización de balances por un 5%: ¿oportunidad o amenaza?

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Se ha adelantado a hoy jueves el tradicional Consejo de Ministros de los viernes, y su consecuente paquete de ajustes (menos gastos, más impuestos). Entre las medidas que se han ido desgranando, y dentro del mundo de las pymes, destacaría la actualización de balances a cambio de un impuesto de un 5%.

Como suele ocurrir la información concreta sobre esta nueva medida fiscal es mínima, y se nos amontonan las preguntas. Así que nada mejor que dedicarle un post para saber qué es eso de la actualización de balances, cuáles son sus ventajas e inconvenientes, algunos antecedentes históricos y qué se puede esperar del desarrollo legal de ésta noticia. Ya adelanto que pueden haber colado de rondón una bomba de relojería fiscal.

¿Qué es la actualización de balances?

Cuando uno adquiere un bien para su empresa entran en juego dos fuerzas. Por un lado el desgaste, el deterioro de dicho bien. En atención a a dicho proceso se establece la amortización fiscal, el reconocimiento como gastos deducible, para determinados bienes y con determinados límites, de dicho devenir económico-financiero.

Pero también ocurre que determinados bienes se revalorizan con el tiempo. A veces es una revalorización nominal, fruto de la inflación, y a veces es una revalorización efectiva, algo que ha sido por ejemplo habitual en España si hablamos de inmuebles.

Esto significa que los activos de la empresa figuran con su valor histórico de adquisición, minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas. Pues bien, la actualización de balances supone la actualización del valor de determinados activos de la empresa, según las reglas que marque la Ley (en España sólo cabe hacerlo con cobertura legal)

Dicha subida del activo se contabiliza en el pasivo a través de reservas especificas.

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes para la empresa?

La principal ventaja es que permite incrementar en el futuro los gastos deducibles por la amortización de los activos que han sido actualizados. Es decir, permite pagar menos impuestos mañana, claro que para eso hay que tener beneficios.

Por otro lado acerca la información contable a la realidad de las cosas, los balances crecen, especialmente se refuerzan los fondos propios, solvencia y capacidad de endeudamiento desde un punto de vista teórico. Evitará que determinadas empresas entren en supuestos de quiebra, y que tengan que hacer aportaciones de capital adicionales.

¿Inconvenientes? Este incremento del valor, esta actualización, tiene un coste fiscal generalmente. En el caso que nos ocupa será de un 5%, y eso habrá que pagarlo a tocateja cuando vayamos a modificar nuestras cuentas en el Registro Mercantil.

Otro inconveniente es que esta subidas de nuestros activos pueden conllevar mayores obligaciones fiscales, legales, de tipo social, así como una perdida de determinados privilegios si dejamos de ser considerados pymes. ¿Nos interesa figurar como una empresa de mayor tamaño? Esa es una pregunta a la que deberemos responder.

Un tercer inconveniente se deriva de que puede suponer para el empresario un mayor coste fiscal, pensemos por ejemplo en el Impuesto de Patrimonio.

Por último, hemos de ser conscientes de que dicho proceso de actualización va a conllevar una importante carga burocrática, y eso significa más costes añadido.

Regreso al pasado, 1996

El principio general en España es que no se actualizan los balances, salvo que la ley lo habilite u obligue a a ello. Es decir, ha habido actualizaciones forzosas, especialmente de carácter sectorial (pensemos por ejemplo en empresas financieras).

Por otro lado están las actualizaciones voluntarias, que como en la última de 1996, fue de carácter general, para todas las empresas. Fue una de las primeras medidas del Gobierno Aznar, aplicando una tasa del 3,5%. Estamos hablando de un momento histórico similar al que estamos viviendo, de crisis económica, lo que nos indica por donde van los tiros.

Os recomiendo la lectura de este artículo y de este otro para conocer cómo funcionó dicho proceso de actualización de balances. Mañana saldremos de dudas en parte, ya que seguramente requiera desarrollo reglamentario. Viendo los antecedentes podremos hacernos una idea de cómo se acabará concretando.

¿Qué busca el Gobierno y cómo nos puede afectar?

La respuesta a qué busca el Gobierno es muy fácil: busca dinero, recaudar concretamente 300 millones de euros, lo que implica una actualización de valores por 6.000 millones de euros. Si os habéis fijado en las pegas, esto significa un incremento en otros ingresos fiscales de aquí en adelante.

La recaudación puntual de los 300 millones, y de los venideros, se realiza a cambio de un caramelo, el poder aplicarse una mayor amortización en el futuro, y así reducir el pago de impuestos. respecto a esto, dos consideraciones:

  • ¿Quién nos dice que el día de mañana no se modifica o limitan las deducciones fiscales por amortizaciones? Teniendo en cuenta el historial fiscal de los políticos españoles es algo de temer.
  • Para que las amortizaciones supongan un ahorro hay que tener beneficios fiscales, cosa difícil en estos tiempos. Alguno pensará que siempre podrá trasladar al futuro esas perdidas acumuladas. ¿Y si restringen aún más dicha posibilidad?

Hay que tener en cuenta que esta medida, si no se introducen esas limitaciones, supone más ingresos públicos hoy a cambio de menos ingresos públicos mañana. Si la crisis persiste, no parece descartable que las preguntas que nos hacemos obtengan respuestas inquietantes.

Si os habeis dado cuenta, estamos valorando si nos interesa o no acogernos a esta medida, pero cabe la posibilidad de que no sea necesario comernos el coco, y que para determinadas empresas, o para todos sea una actualización forzosa, sí o sí. En el avance mencionan que se permitirá, lo que parece indicar que será voluntario. Si no es así, habrá que pensárselo muy mucho.

Seguiremos informando.

Via | La Moncloa
En Pymes y Autónomos | ¿Qué importancia tiene la correcta valoración de la amortización?, Crisis contables: aproximación y soluciones
Imagen | La Moncloa

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