Supongamos que somos médicos de un hospital privado y el director del hospital nos da la siguiente orden:

“Al paciente fulanito tenemos que dejarlo morir porque es más rentable para el hospital. El hospital quiere ganar más dinero como sea.”

Obviamente todos pondríamos el grito en el cielo, porque dicha orden va contra todos los valores humanos, contra el juramento hipocrático, rompe cualquier ética y moral. Ahora supongamos que somos los responsables del departamento contable y fiscal de cualquier empresa, y recibimos la siguiente orden:

“Haz lo que sea necesario para disminuir la factura fiscal, o mejor dicho no pagar un euro a Hacienda. La empresa quiere ganar más dinero como sea.”

No vamos a entrar en los mecanismos propios para ejecutar dicha orden de “ingenieria contable y fiscal”, pero si en el transfondo de la misma. Supongamos que el trabajador que ostenta dicho cargo en la empresa es un buen profesional, motivado, bien cualificado y que le gusta hacer bien su trabajo, al igual que el médico del ejemplo de la primera orden. Para llevar a cabo dicha orden, tiene que realizar mal su trabajo a propósito. Supongamos que la ética de este trabajador equipara el fraude fiscal a perpetrar un robo a mano armada con un bolígrafo y un ordenador.

Este trabajador tiene un grave problema; O va contra su propia ética y acata la orden sin problemas o no lo realiza e ipso-facto se encuentra despedido. Además no vamos a entrar a valorar las hipotéticas responsabilidades jurídicas que conlleve su actuación fraudulenta, que se pueden originar si dicho trabajador tiene reconocida capacidad de firma.

El origen básico del problema, proviene de la propia permisibilidad que presenta el fraude en nuestra sociedad. Defraudar es bueno, pagar impuestos es malo y todo el mundo engaña a Hacienda, con lo cual la desprotección social que el trabajador tiene en estos casos es máxima.  

Y este mal endémico, tendría que articularse por algún medio externo en las pymes. A día de hoy las grandes empresas tienen la obligación de certificar su contabilidad mediante un auditor externo, y dicho informe es inscrito en el Registro Mercantil. En la pyme, esto es otro cantar. Nadie independiente a la empresa comprueba las cuentas, ni las obligaciones fiscales. Se debería articular un mecanismo obligatorio para todas las empresas, de tal forma que se realice un informe de auditoria anual y elimine la componente de presión que ejerce la empresa sobre sus propios departamentos contables y fiscales.

Así, al igual que la empresa produce bien sus productos y quiere lograr cierta excelencia y calidad con sus productos, tambien se debe primar la ética fiscal a todos los niveles. La competencia desleal que se origina con las empresas fraudulentas pasaría a un segundo plano, y se mejoraría la competitividad entre los sectores.

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