La Dirección General de Tributos ha publicado una nota aclaratoria sobre cómo realizar el procedimiento de declaración de rentas ocultas, la llamada amnistía fiscal. De entre todos los puntos sobresale uno en concreto que manifiesta que sólo se pagará el 10% por la regularización de las rentas obtenidas en ejercicio no prescritos, quedando libre las de los ya prescritos.
Eso supone que no se pagará por la totalidad de los activos no declarados sino que sólo sobre los obtenidos en los ejercicios que no hayan prescrito y tampoco serán exigibles ni recargos, ni sanciones, ni intereses.
Por ejemplo, imaginemos que una persona tiene 250.000 euros en una cuenta en un paraiso fiscal y quiere regularizar su situación. De esos 250.000 sólo 50.000 se han ingresado durante los últimos cuatro ejercicios, el resto ya se habían obtenido con anterioridad.
Según esta acalaración, esa persona podría repatriar los 250.000 euros y pagaría sólo el 10% de esos últimos 50.000 (o sea 5.000 euros).
Esta interpretación parece que intenta incentivar a los defraudadores para que se acojan a la amnistía, teniendo en cuenta que ya sobrevuela en el ambiente que ésta puede ser un fracaso por la desconfianza sobre futuras acciones que se podrían tomar posteriormente contra los que se acojan a la misma.
Esta laxitud con la prescripción en la declaración de estas rentas choca también con la rigidez que ha mostrado el Gobierno aprobando la norma que obligará a declarar los bienes en el extranjero y la no prescipción del hecho de no presentar esta declaración.
Si ya había lenvantado mucha polémica la aprobación de la amnistía, esta nueva interpretación añade más leña al fuego ya que rebaja todavía más el peaje a pagar por haber defraudado y contrasta con el nuevo camino que emprende el Gobierno que prepara una nueva subida de impuestos.
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