Nació como una de las principales medidas de calado del Ejecutivo para paliar los terribles efectos que el coronavirus había tenido sobre la población más vulnerable. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ya estaba contemplada ya en el pacto de Gobierno, fue adelantada por la emergencia social que la pandemia había dejado, ya que se calculaba que 2,3 millones de familias se beneficiarían de esta medida.
Sin embargo, por el momento, esta prestación está lejos de ser el salvavidas que reclamaban muchas familias. Según datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Servicios Sociales a raíz de una petición de información de la Asociación Víctimas del Paro y recogida por El Confidencial, hasta el 7 de agosto solo se han aprobado 3.966 solicitudes, a las que hay que sumar las 74.100 que se otorgaron de oficio.
Es decir, tan solo se han aprobado el 0,7 por ciento de las solicitudes, teniendo en cuenta que, a cierre de julio, las solicitudes eran unas 510.000. Un problema que está dilatando la emergencia de muchas familias, que ya no pueden soportar más estar sin ingresos durante mucho más tiempo.
Una cifra que está muy por encima de la que anticipaba el ministro de Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que estimaba que poco más de la mitad de las solicitudes serían denegadas.
Pero no acaba aquí la cosa, porque la aprobación del IMV está retrasando otras prestaciones sociales hasta comprobar que estas son realmente compatibles con ella. De hecho, en muchos casos, muchas prestaciones se han quitado de forma cautelar a sus beneficiarios hasta comprobar que efectivamente son compatibles.
A todo ello hay que añadir los retrasos que están ocurriendo en los ERTE, ya que más de 150.000 trabajadores siguen sin cobrar en ERTE por fuerza mayor, tal y como recoge el diario Expansión con datos de gestores administrativos