En unas circunstancias como las actuales, en la que la gran mayoría de la opinión pública está preocupada (o, para ser más exactos, escandalizada) por los continuos casos de corrupción y evasión fiscal que continúan proliferando desde todos los frentes de nuestro espectro político, conviene conocer cuáles son los criterios por los que se determina la residencia fiscal de las sociedades.
La diferencia entre el domicilio social y el fiscal es algo que afecta a las sociedades de capital y que muchas veces no se percibe con suficiente claridad. Cuando se constituye una sociedad mercantil se fija un domicilio social que figura en la escritura otorgada ante notario. Una vez inscrita en el Registro Mercantil el domicilio social será público, de modo que cualquier interesado puede localizar la empresa.
El domicilio social no es aleatorio. La Ley de Sociedades de Capital lo define como "
el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación”. Las sociedades de capital cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España".