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Deshacerse de facturas y justificantes de gasto, Hacienda lo pone más difícil

Deshacerse de facturas y justificantes de gasto, Hacienda lo pone más difícil
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Una de las medidas que ha impulsado la reforma de la nueva Ley General Tributaria es la ampliación de las potestades de comprobación e investigación, regulando el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de ejercicios prescritos, siempre que sea preciso en relación con obligaciones de ejercicios no prescritos. Esto implica que deshacerse de facturas y justificantes de gasto de ejercicios prescritos es un poco más complicado para las empresas.

O al menos no tan rápido como se podía hacer hasta ahora. De esta forma se fija un plazo de 10 años para la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicar, siempre que tengan que ver con obligaciones de ejercicios no prescritos.

Esto además del esfuerzo de conservación de documentos y justificantes, contabilidad, etc. que obliga a las empresas, también tiene una segunda lectura a la hora de someternos o no a los criterios de la administración. Si por un lado nos hacen una paralela y nos proponen una liquidación con la que no estamos de acuerdo, la revisión de años atrás se puede extender más.

Por un lado vamos a tener que discutir más con los inspectores, dedicar mucho más tiempo a preparar documentación y justificantes. Algo que no es complicado si lo tenemos todo bien organizado y al día, pero esto no siempre ocurre. Además se cuenta con el factor de inseguridad de no tener del todo claro si todo estará o no correcto según el criterio de la Agencia Tributaria.

Al final el resultado en muchos casos es que el administrado acaba por acatar la liquidación de la declaración paralela con tal de no meterse en una inspección más a fondo que implique a los ejercicios anteriores, que ahora no sólo se limitarán en algunos casos a los cinco precedentes.

Y esto afecta especialmente a las empresas más pequeñas, las que están más indefensas a la hora de poder contar con abogados, expertos fiscales, etc. que defiendan ante los inspectores sus derechos y la aplicación de su criterio conforme a la Ley.

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Imagen | iglobal3d

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