La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (más conocida como AIReF), ha dado luz verde al escenario presupuestario que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas para 2019. Y aunque no es ninguna novedad, ha avanzado una de las de las medidas en las que más había incidido en los últimos meses: el progresivo destope de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social.
En concreto, se espera que las bases máximas de cotización aumenten en un rango de entre el 10 y el 12% para 2019, lo que según sus cálculos servirá para recaudar una cantidad que varía entre los 1.000 y los 1.100 millones de euros a las arcas públicas.
Aunque el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, afirmó que la medida aparecía recogida en términos genéricos en el plan remitido a Bruselas, el incremento de las bases máximas supondrá a los trabajadores un desembolso de entre 110 y 115 euros adicionales por contingencias comunes, en función del régimen en el que coticen. En el RETA, por ejemplo, la base de cotización pasará de los 3.803,70 a los 4.184,07 euros mensuales, que se traduce en una cuota mensual adicional de 1.246 euros, casi 113 euros más que este año.
Parece evidente que se trata de una medida eficiente para conseguir aumentar la recaudación a la Seguridad Social, al menos a corto plazo, aunque por otro lado supone lanzar la pelota hacia delante. Sería injusto que este incremento no llevase aparejado un incremento de las coberturas a la Seguridad Social en términos económicos, algo que no siempre ha sido así.
De hecho, desde 2011, y mientras las bases máximas de cotización han crecido un 17,75%, la pensión máxima de jubilación apenas se ha incrementado un 3,3%, en un lento y silencioso destope de las bases máximas de cotización. Esta brecha podría incrementarse aún más si finalmente se materializa esta medida, aunque cabe esperar que los actuales cotizantes terminen por recibir una pensión mayor cuando les toque jubilarse.