El parlamento catalán está tramitando el proyecto de ley del código de consumo en el que pretende recoger la obligatoriedad de emitir cualquier tipo de comunicación comercial en lengua catalana. El alcance de esta norma legal se basa en el respeto de los “derechos lingüisticos” de los consumidores catalanes dado que tienen el derecho a ser atendidos por las empresas, tanto públicas como privadas, en el idioma que ellos deseen.
A efectos prácticos, esta norma se traduce en la emisión de facturas, presupuestos, comunicaciones comerciales, manuales de uso o cualquier otro tipo de documento en catalán. En el caso de no cumplir con esta norma, se articula un mecanismo sancionador para aquellas empresas que no cumplan con esta obligación pudiendo sancionarlas con un máximo de 10.000 euros.
