El pasado 12 de junio, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley omnibus para la liberalización de los servicios, transponiendo de esta forma la normativa europea en esta materia (pendiente de su aprobación en el parlamento). Esta norma elimina trabas burocráticas y restricciones en este sector, con medidas como la eliminación de una parte de las profesiones reguladas y la desaparición de algunos colegios profesionales. Asimismo, la norma está dirigida a mejorar la competitividad de nuestras empresas, al favorecer una mayor competencia. Esto, en principio, supone una ventaja para los consumidores (y digo en principio porque ya hemos visto lo que ha sucedido con la liberalización del sector eléctrico).
Sin embargo, no todos lo ven así. Las autoescuelas han declarado la guerra a esta reforma, después de saberse que las enseñanzas del examen teórico para obtener el permiso de conducción podrán ser impartidas por centros de formación que no sean autoescuelas. Erigiéndose en protectores de peatones y conductores, afirman que tal medida supondrá una disminución de los conocimientos sobre seguridad vial de los usuarios.
Aviso para navegantes, y nunca mejor dicho: las autoescuelas, uno de los negocios PYME por excelencia, también pueden funcionar como un cártel. Así lo ha establecido el Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC) que ha impuesto una multa de casi 600.000 euros a la Asociación Provincial de Autoescolas de Pontevedra y a cincuenta autoescuelas del sur de la provincia por pactar precios y socavar la libre competencia.
