La familia ha llevado ante los tribunales un contrato de arrendamiento de 2013. Es necesario saber que el edificio fue adquirido por una empresa en febrero de 2022 y esta solicitó el desalojo de la vivienda.
En la sentencia se falla a favor de la propiedad y se ordena el desalojo. El resumen rápido es que el contrato de arrendamiento no está registrado en el Registro de la Propiedad y, por ello, no es oponible contra la adquirente. Además, aun siendo oponible, está caducado.
Para comprender bien el alcance del fallo, debemos remontarnos a la reforma del alquiler de 2013. Esta entró en vigor el 6 de junio de dicho año. En ella se modificó el artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Así, en las fincas registradas, los compradores que cumplan los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria solo asumen los derechos y obligaciones del arrendador si el contrato de arrendamiento estaba inscrito antes de la transmisión.
Entre los requisitos de la protección que otorga el artículo 34 de la Ley Hipotecaria están la adquisición de buena fe y a título oneroso de quien consta en el Registro (con potestad de transmitir). También es importante la inscripción del derecho adquirido. Por ello, en el caso de que el contrato no esté inscrito, tiene problemas de eficacia frente a este tipo de comprador. Sin embargo, esto no implica que el contrato de arrendamiento resulte inexistente entre las partes que lo han suscrito.
En este caso concreto ha sido presentado un contrato de 27 de diciembre de 2013. Tiene una duración de 5 años (prorrogable). La Audiencia entiende que, aun teniendo en cuenta estas prórrogas, el contrato caducó antes de la compra de 2022. Además, el demandado no ha acreditado pago de renta posterior a marzo de 2016.
El plazo de desalojo y el cambio de 2019
Se concede un mes de plazo (contado desde el requerimiento) para el desalojo voluntario. Se advierte de que, de no ser así, se procederá al lanzamiento. Los ocupantes podrían solicitar la suspensión siempre que acrediten alguno de los supuestos de vulnerabilidad previstos en la normativa citada en la sentencia.
En el caso de venta de fincas no registradas (con ejercicio de la potestad de terminación por parte del comprador), el plazo es de tres meses (artículo 14.2 con redacción de 2013) y se mantiene el pago de la renta. Se pueden reclamar daños y perjuicios al vendedor. Sin embargo, en este caso no existe una indemnización automática para esta familia.
Con el Real Decreto-ley 7/2019 cambia el sistema de protección frente a la venta. Ahora el comprador tendrá que respetar los primeros cinco años (siete si el anterior arrendador es una persona jurídica) de vigencia del contrato (independientemente de que no esté inscrito). El hecho de que haya una venta no resetea este plazo.
Los contratos anteriores siguen sometidos al régimen que les corresponda (salvo acuerdo de adaptación conforme a los términos de la ley). Por ello, en este caso se aplica la redacción de 2013. En la sentencia se señala que cabe recurso de casación. Además, la orden de desalojo no es prueba de que ya haya habido entrega.
Foto | Pexels (Lucas Andrade)
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