Más trámites, nuevas obligaciones y posibles gastos adicionales. El Plan Anual Normativo 2026 ya ha salido a la luz y pone sobre aviso a miles de autónomos y pequeñas empresas. El documento recoge más de una veintena de futuras normas que podrían afectar a su actividad diaria, desde cambios administrativos hasta nuevas exigencias que impactarán directamente en su bolsillo.

Aunque se trata de una hoja de ruta legislativa, muchas de las medidas previstas y como es lógico, pueden acabar teniendo un efecto directo sobre el día a día y el bolsillo del tejido empresarial.

La situación se repite. Cada año llegan nuevas obligaciones, controles y procedimientos que obligan a destinar más recursos a gestión, cumplimiento y adaptación normativa.

Trabajo concentra algunas de las reformas con mayor impacto

El Ministerio de Trabajo vuelve a situarse entre los departamentos con más capacidad para modificar el escenario de autónomos y pymes.

Wolters Kluwer

Registro horario digital: una obligación legal, pero también una oportunidad para las pymes

Una de las medidas que más atención genera es la futura reforma del despido. El objetivo del Ejecutivo pasa por adaptar la normativa española a criterios europeos reforzando el carácter disuasorio de determinadas indemnizaciones.

O lo que es lo mismo: pequeños negocios y empresas con estructuras reducidas podrían enfrentarse a mayores riesgos jurídicos y a un incremento de gastos asociados a reorganizaciones internas o ajustes de plantilla.

Y junto a ello aparece otra reforma relevante: la regulación de plataformas digitales.

La norma busca aumentar el control sobre determinadas relaciones laborales y reforzar mecanismos destinados a detectar posibles casos de falsos autónomos.

La prevención laboral gana peso y añade nuevas obligaciones

Otra de las áreas que cambiará significativamente es la prevención de riesgos laborales.

El Gobierno prevé actualizar la normativa para incorporar factores relacionados con la salud mental, la desconexión digital o los nuevos riesgos derivados de entornos hiperconectados.

Las empresas podrían verse obligadas a implantar protocolos adicionales, reforzar formación específica y realizar nuevas evaluaciones internas. Dentro de esa estrategia también aparece un futuro reglamento específico centrado en riesgos psicosociales.

Y claro, para muchas pequeñas empresas esto supondrá un aumento de servicios externos, asesoramiento y adaptación documental.

Más exigencias digitales y sostenibilidad empresarial

La transformación digital continúa acelerándose y el Ministerio de Economía mantiene varias iniciativas que pueden afectar directamente a los negocios.

Entre ellas sigue avanzando la implantación de nuevas herramientas vinculadas a digitalización documental y procesos administrativos. También aparecen medidas relacionadas con sostenibilidad empresarial.

Aunque inicialmente las obligaciones recaerán sobre grandes compañías, numerosos pequeños proveedores podrían verse arrastrados por el denominado efecto cadena.

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La necesidad de acreditar información ambiental, políticas ESG o determinados indicadores corporativos puede acabar trasladándose a miles de pequeñas empresas que trabajan con grandes clientes.

El propio Plan Normativo refleja el enorme peso regulatorio previsto para este ejercicio: alrededor del 73% de las iniciativas contempladas serán reales decretos.

La Seguridad Social mantiene cambios para autónomos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no prevé una reforma integral del sistema de autónomos, pero sí prepara desarrollos importantes.

Uno de los asuntos más vigilados sigue siendo el ajuste del modelo de cotización por ingresos reales. La evolución futura de tramos, revisiones y regularizaciones mantiene aún la incertidumbre entre numerosos profesionales que temen nuevos cambios en cuotas y obligaciones.

Paralelamente continúa el despliegue de herramientas digitales como la Tarjeta Social Digital. Su objetivo es el de integrar ayudas, prestaciones y datos administrativos, aunque también incrementará las capacidades de supervisión y cruce automatizado de información.

Hacienda y Consumo elevan el nivel de control

El Ministerio de Hacienda mantiene su estrategia de digitalización y refuerzo de mecanismos de fiscalización.

Entre las normas previstas figura una actualización de contratación pública que podría introducir nuevas exigencias administrativas para miles de pequeñas empresas proveedoras de administraciones.

También aparece una futura Ley de Integridad Pública orientada a reforzar mecanismos de transparencia y cumplimiento.

Por su parte, Consumo prepara una futura Ley de Consumo Sostenible que afectará a sectores muy diversos. Uno de los objetivos será combatir mensajes publicitarios potencialmente engañosos relacionados con sostenibilidad o medio ambiente.

Agricultura y Sanidad también preparan cambios

El Ministerio de Agricultura prevé desarrollar nuevas obligaciones relacionadas con bienestar animal, requisitos sanitarios y producción ecológica. En determinados sectores agrarios esto podría traducirse en nuevas certificaciones y mayores gastos de adaptación.

Sanidad, por su parte, trabaja en cambios vinculados al tabaco, vapeadores y regulación de determinados productos relacionados con salud.

En resumen, este Plan Anual de 2026 anticipa que el próximo ejercicio volverá a exigir un importante esfuerzo de adaptación para miles de autónomos y pequeñas empresas. Otro más.

Imágenes | Gianfranco Grenar

Mal arranque de 2026 para el trabajo por cuenta propia en España. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ha sufrido en enero una caída de afiliación que no se veía desde hacía más de una década.

Aunque el primer mes del año suele ser desfavorable para el empleo, este descenso ha superado con creces los registros habituales. ATA lo tiene claro: la presión fiscal creciente y el aumento sostenido de los gastos asociados a la actividad empresarial son asfixiantes.

Un enero histórico por la intensidad de la caída

Los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman que el RETA perdió 19.022 afiliados en enero, el peor resultado para este mes desde 2012.

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La cifra no solo empeora la registrada un año antes, sino que refleja una aceleración del deterioro del empleo autónomo. Traducido al día a día, el sistema ha visto desaparecer una media de 614 trabajadores por cuenta propia cada jornada del mes.

El impacto no se ha limitado al colectivo autónomo. En paralelo, el conjunto del mercado laboral ha registrado una pérdida de 270.782 empleos, lo que equivale a la destrucción de 8.735 puestos de trabajo diarios.

El paro registrado aumentó en más de 30.000 personas respecto a diciembre, mientras que la afiliación media a la Seguridad Social retrocedió un 1,2%, consolidando el peor arranque de año en términos laborales desde la crisis de la pasada década.

La evolución interanual no compensa el deterioro reciente

A pesar de la dureza de los datos mensuales, el balance interanual del RETA sigue mostrando un saldo positivo, con 37.796 autónomos más que en enero del año anterior.

Sin embargo, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos se advierte de que este crecimiento acumulado no logra neutralizar el fuerte golpe sufrido en el inicio de 2026.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado que el mes de enero suele ser negativo, pero subraya que la intensidad de la caída registrada este año resulta excepcional.

A su juicio, el desplome de afiliación y la destrucción de empleo reflejan la vulnerabilidad de autónomos y pequeñas empresas frente al actual marco económico y regulatorio, que limita su capacidad de adaptación.

Un impacto desigual según el tamaño empresarial

Uno de los aspectos más relevantes que se desprende de los datos es la disparidad en la evolución del empleo según el tamaño de las empresas. Mientras que las medianas y grandes compañías mantienen un crecimiento interanual de sus plantillas, el empleo sigue cayendo entre los autónomos y las microempresas.

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Desde ATA se insiste en que los incrementos de gastos laborales, el endurecimiento de los trámites administrativos y el aumento de la carga impositiva afectan con mayor dureza a los negocios de menor dimensión.

Estos actores cuentan con menos margen financiero y organizativo para absorber nuevas obligaciones, lo que se traduce en cierres, reducción de actividad o abandono del trabajo por cuenta propia.

Todas las comunidades pierden autónomos en enero

El retroceso del RETA ha sido generalizado en todo el territorio. Durante el mes de enero, todas las comunidades autónomas registraron pérdidas de afiliación, un comportamiento habitual en este periodo, pero especialmente acusado en 2026.

En términos relativos, Aragón y Baleares lideraron los descensos, con una contracción cercana al 0,8% de su colectivo de autónomos.

En cifras absolutas, las mayores caídas se concentraron en Cataluña, que perdió 3.577 afiliados, seguida de Andalucía con 2.921 y la Comunidad de Madrid con 2.452.

Aunque el comportamiento mensual ha sido negativo de forma unánime, el análisis interanual ofrece un panorama más matizado.

Algunas comunidades comienzan a mostrar ligeros signos de recuperación respecto al año anterior. Galicia suma 347 autónomos más y Asturias registra un incremento de 158 cotizantes, lo que apunta a una cierta estabilidad en estos territorios.

Sin embargo, otras regiones continúan perdiendo afiliados en el último año. Castilla y León encabeza este grupo con 1.352 autónomos menos, seguida de Euskadi con 578, Aragón con 573 y La Rioja con 199.

Regulación, fiscalidad y sostenibilidad del autoempleo

Para las organizaciones de autónomos, el diagnóstico es claro. El exceso de regulación, el incremento de los gastos laborales y la presión fiscal están lastrando la actividad de quienes sostienen buena parte del empleo en España.

Lorenzo Amor recuerda que autónomos y pymes continúan siendo el núcleo central de la economía nacional, tanto en generación de puestos de trabajo como en dinamización del tejido productivo.

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Quedan en ERTE menos de un millón de trabajadores según los datos de la Seguridad Social. Además se está incentivando que las empresas recuperen a estos empleados en expediente de regulación. Pero la realidad es que en muchos casos la vuelta al ERTE es la solución para las empresas si no salen las cuentas.

Porque muchas han abierto con unas expectativas de negocio que luego no se han cumplido. Los clientes no han vuelto, al menos en la cantidad que inicialmente pensaban o simplemente después de un inicio prometedor, los rebrotes acabaron por arruinar estos meses de verano. Especialmente en el sector turístico que depende de la visita de extranjeros.

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La realidad es que se puede devolver a un trabajador al ERTE y muchas empresas no tardarán en hacerlo en cuanto acabe el verano. Actualmente los ERTE por causa mayor están prorrogados hasta el 30 de septiembre, pero se espera que se amplíen hasta final de año como mínimo, aunque ya hay voces que piden que sigan al menos durante el primer trimestre de 2021.

También están los ERTES ETOP o por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que serían los que tendrían que aplicar en este caso muchas empresas. Las condiciones son menos ventajosas para las compañías, ya que tienen que hacerse cargo del pago de toda la seguridad social de sus empleados, no así de su salario.

Hay que tener en cuenta que es necesario informar a la Seguridad Social mes a mes de la situación de los trabajadores en ERTE y si se vuelven a incluir justificar debidamente esta decisión. De otra forma podemos encontrarnos con problemas que pueden generar no haber justificado debidamente el expediente de regulación temporal de empleo.

Lo cierto es que el paréntesis que parecía de unos pocos meses se está convirtiendo en un año y la mayoría de las pymes no tienen capacidad para aguantar tanto tiempo si no tienen financiación, ayudas y moratoria en el pago de sus obligaciones, tanto con impuestos como con Seguridad Social. Y eso las que son rentables y funcionan, porque las que ya tenían dificultades habrán cerrado.

El teletrabajo ha llegado para quedarse. Este nuevo paradigma está siendo muy aplaudido por trabajadores y empresarios, que ven en este modelo una forma de reducir costes y garantizar la conciliación de la vida profesional y personal. Pero el teletrabajo deberá estar regulado de una forma especial para favorecer su implementación en todas las empresas donde se pueda realizar.

En la actualidad, el teletrabajo tiene una regulación muy ambigua y limitada en nuestro país. Tan solo los trabajadores autónomos pueden acceder a una pequeña deducción en su IRPF, del 30% de la parte proporcional de la vivienda que se afecte a la actividad cuando se produce el alta en el epígrafe correspondiente.

La deducción es irrisoria y muy alejada de la realidad, especialmente si tenemos en cuenta que la mayoría de autónomos utilizan una parte de su vivienda de manera íntegra para teletrabajar, y no solo ese 30%. Sin embargo, esta regulación surgió como respuesta a uno de los graves problemas que planteaba la justificación de algunos gastos, como disponer de contadores separados para la vivienda y para la parte que se utiliza para trabajar, una opción difícil de implementar para la mayoría de los trabajadores.

El teletrabajo tras la COVID-19, un camino lleno de obstáculos

La COVID-19 ha acelerado el proceso de transformación del teletrabajo. Por eso, los países ya están preparando regulaciones específicas para favorecer este nuevo modelo de trabajo. Sin embargo, el Gobierno de España parece no entender sus ventajas o la realidad hacia la que nos dirigimos de manera vertiginosa, al menos atendiendo a las declaraciones de alguna de sus ministras.

En una reciente entrevista a El Periódico, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondió con un grandilocuente "a las empresas no les va a salir gratis el teletrabajo". El objetivo del Gobierno es que los gastos que ahora mismo abona el trabajador de forma íntegra se repartan con el empresario. Con esta nueva regulación, es probable que la empresa tenga que asumir partes proporcionales de los suministros y la totalidad de las facturas.

En Pymes y Autonomos

Nueva ley del teletrabajo, ¿qué ahorramos y qué gastos asumimos trabajando en casa?

Unas declaraciones que van en contra del espíritu del teletrabajo, y que hay que sumar a las que recientemente realizó la ministra de Igualdad, Irene Montero, que anunció su intención de garantizar el derecho a la conciliación y al trabajo en condiciones de igualdad. Una declaración de intenciones que podrían parecer lógicas, pero con un argumento retorcido, afirmando que las mujeres se verían perjudicadas con el teletrabajo por la salida de las mujeres del espacio físico del trabajo.

Estas afirmaciones van en contra de otros modelos legislativos que ya se están preparando en el resto de Europa, y que garantizan incentivos fiscales y otras bonificaciones a las empresas que permitan el teletrabajo. Una realidad que, en España, todo hace prever que será un camino lleno de obstáculos gracias a una regulación que irá en contra del espíritu de este modelo de trabajo.

El Ministerio de Trabajo ha creado una guía (PDF) para que empresas y empleados sepan como actuar por el SARS-CoV-2. El objetivo es aportar la información necesaria en materia de normativa laboral para afrontar diferentes situaciones provocadas por el virus y en ella recomienda a las empresas paralizar su actividad en caso de riesgo grave de contagio por coronavirus.

Pero antes de llegar a este extremo Trabajo conmina a las empresas a tomar medidas preventivas y organizativas que de forma temporal eviten situaciones de contacto social sin necesidad de paralizar la actividad. Se está hablando mucho sobre teletrabajo, pero también hay muchas reuniones y viajes que se podrían evitar con el uso de las videoconferencias.

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Con la pandemia del coronavirus muchas empresas ya miran al teletrabajo de otra manera

Pero también hay que tener en cuenta las medidas de prevención de riesgos laborales, que además de las inherentes a su actividad se pueden ver complementadas por aquellas medidas de salud pública que en cada momento sean aconsejadas o prescritas por el Ministerio de Sanidad en función del nivel de alerta pública (medidas higiénicas, de comportamiento, limpieza, etc).

Las empresas pueden:

• Organizar el trabajo para reducir el número de trabajadores expuestas.
• Adoptar medidas para las personas especialmente sensibles
• Poner a disposición de sus trabajadores material higiénico necesario y reforzar los protocolos de limpieza.

También pone sobre la mesa la posibilidad de suspender su actividad de forma total o parcial por escasez o falta de aprovisionamiento. También cabe la posibilidad de que sea debido a una disminución de la demanda o un exceso de productos fabricados. En este sentido

se entiende como fuerza mayor, a efectos de la regulación temporal de empleo, con carácter general, aquella generada por hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo de la empresa y que imposibilitan la actividad laboral

En Pymes y Autonomos

¿Está de baja un trabajador obligado a llevar a cabo una cuarentena por coronavirus?

En caso de que la empresa suspendiese total o parcialmente su actividad sin tramitar el expediente de regulación de empleo, los trabajadores conservarán su derecho al salario. En todo caso no está de más tener diversos escenarios previstos por si se tiene que actuar según alguno de ellos.

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El desarrollo del teletrabajo es una fórmula que muchas empresas adoptan para facilitar a los empleados la conciliación de vida personal y laboral. El trabajador desarrolla sus obligaciones de forma habitual o esporádica desde su casa, sin tener que acudir a la oficina. Normalmente se llega a un acuerdo entre empresa y empleado o se atienen a lo regulado en el convenio. Por eso es necesaria una regulación del teletrabajo.

Existe muy poca reglamentación vigente, y la que tenemos está obsoleta. El Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo es de 2005 y el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, donde se define el concepto de Teletrabajo y en apenas cinco párrafos se definen derechos y obligaciones.

Una regulación muy escueta y obsoleta

Entre ellas destacan la obligación de que el acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito o asegurar que los trabajadores a distancia tendrán acceso a la formación profesional para el empleo, a fin de favorecer su promoción profesional. También se menciona que tienen que cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales y poco más.

Lo primero que debería ser urgente es una regulación de horarios. Parece que cuando se trabaja en casa la jornada dura hasta que se acaban las tareas asignadas para ese día, pero que cuando se está en la oficina tenemos un horario regulado. En casa se miden los resultados por productividad, pero en la oficina no.

También es necesario una regulación del acceso al smartphone o tablet para responder correos, mensajes, etc. Hoy en día trabajar a distancia no significa necesariamente hacerlo desde casa. Podemos estar en cualquier lugar y responder un correo desde el teléfono. Esto no significa que tengamos que estar todo el día enganchados a dichos medios para dar respuesta a los mensajes recibidos.

También es muy interesante regular todo aquello que afecta a la protección de datos. ¿Dónde se guardan los datos de los teletrabajadores? ¿En un portátil que se utiliza solo para trabajar, en la nube, en el servidor de la empresa? Es interesante ver cómo se accede a la información y como la utilizan estos trabajadores a distancia. ¿De quién es la responsabilidad en caso de una fuga de datos?

Por último más allá de que se dice en el Acuerdo Marco del Teletrabajo, el empresario debe proporcionar los medios necesarios para que el trabajador desarrolle sus tareas es imprescindible regular las compensaciones necesarias. Si el trabajador prefiere ir a un coworking cercano, ¿lo pagará el empresario? ¿Quién se hace cargo de la línea de comunicaciones hoy imprescindible, tanto móvil como de fibra? ¿Qué ocurre con los gastos de impresión, mensajería? ¿Y climatización, electricidad, etc. ? Esos gastos afectos a la actividad que muchas veces corren por cuenta del trabajador a distancia.

La desconexión con la empresa y los compañeros

Además no es lo mismo un teletrabajador ocasional, que una parte de su jornada, un par de días por semana se queda en casa, que aquel que lo hace de forma habitual. En este segundo caso se suele dar una desconexión entre la empresa y trabajador, que ha hecho que grandes defensores del teletrabajo como IBM o Yahoo den marcha atrás. En ambos casos los teletrabajadores se incorporan a la oficina. IBM apuesta por equipos de trabajo pequeños más cohesiondados y manteniendo el trabajo flexible, pero no de forma diaria el trabajo en casa.

Lo mismo que cuando nos cambian de centro de trabajo tenemos una serie de derechos, al obligar a alguien que tiene como lugar de trabajo su casa a incorporarse a la oficina, se tiene que justificar dicho traslado y en su caso compensar al empleado. Esta situación debería quedar regulada más allá del pacto al que llegan entre las partes.

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Imagen | fancycrave1

La UE ha aprobado recientemente una regulación (PDF) de los derechos a la privacidad en los empleos que obliga a las empresas a requerir el consentimiento de los empleados a la hora de revisar sus redes sociales. Y esto afecta también a los procesos de selección cuando se están buscando candidatos para cubrir una vacante.

En este caso si se quiere revisar las redes sociales para obtener más información sobre los candidatos es necesario requerir el consentimiento previo de los mismos. Igual ocurre si para asegurarnos del cumplimiento de determinadas cláusulas contractuales, como la no competencia, revisan su actividad en las redes sociales, incluso aunque sean profesionales tipo Linkedin.

Tampoco se puede requerir a los empleados que permitan el acceso si no lo desean, si tienen sus redes privadas, ni tampoco que acepten a alguien como amigo para que pueda acceder a dichos datos. Además siempre se tienen que utilizar medios en proporción al fin que se pretende conseguir. En este caso, no se puede estar monitorizando permanentemente, sino que el control tiene que ser más aleatorio o cuando existen ya ciertas sospechas.

Lo mismo se podría decir del tráfico de datos que se realiza desde el puesto de trabajo y las comunicaciones en las empresas, como puede ser correo electrónico o mensajería instantánea. En el caso del BYOD, donde el dispositivo pertenece al empleado, las empresas podrán incorporar sistemas para prevenir el robo de datos o que la transferencia entre dicho dispositivo y la empresa se realiza con las debidas garantías, como una VPN.

Aquí también entran en juego la recogida de datos cuando tenemos un smartphone de la empresa o un vehículo, como podría ser el caso de la localización o el uso que se hace del mismo. Las empresas están obligadas a informar que existe dicho localizador y que se están recogiendo datos del mismo.

La legislación entrará en vigor en mayo de 2018 y aunque parece muy garantista con los trabajadores, lo cierto es que luego no es tan sencillo cumplirla. ¿Estarías dispuesto a perder la oportunidad de un trabajo por no dejar acceso a que el reclutador revise tu actividad en las redes sociales? ¿Hasta que punto se puede negar el acceso a alguien de tu empresa sin que haya consecuecias? Una cosa es lo que diga la ley y otra diferente la práctica real.

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Imagen | joffi

Uno de los indicadores más fiables de los problemas por los que atraviesan las empresas es el número que se acogen a diversas medidas de regulación de empleo. Y este ha descendido un 26% según los datos a Diciembre de 2016 respecto al mismo periódo del año anterior.

Según los datos aportados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se presentaron un total de 5.397 procedimientos. La mayoría de ellos, un 92,5% acabaron en acuerdo, con escasa conflictividad. En total se vieron afectados de enero a diciembre de 2016 un total de 86.576 trabajadores, un descenso del 13,9%.

Del total de los que se vieron afectados por la regulación de empleo, 8.570 vieron como su jornada se reducía. Los trabajadores que se vieron afectados por suspensiones de contrato fueron un total de 53.658, un descenso del 13,9%. Donde no se ha notado este descenso es en los despidos colectivos, apenas un 0,9% con 24.348 trabajadores afectados.

Por lo que respecta al reparto por autonomías, los mayores descensos se registraron en Extremadura con un 69,6%, Castilla y León un 51,9%, Canarias en 35,1%. Por el contrario aumentaron este tipo de medidas en Baleares en un 29,8% o Cantabria en un 21,8%.

Lo cierto es que sería interesante también que en este tipo de estadísiticas se pudiera ver la antigüedad de dichas empresas, si son de nueva creación o llevaban años trabajando. Siempre hay proyectos que no llegan a buen puerto, y que acaban de forma inevitable en despidos. Un mayor ímpetu emprendedor, supondrá un mayor número de empresas que no superan el umbral necesario para ser rentables y tienen que cerar inevitablemente.

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Imagen | RyanMcGuire

La tecnología avanza siempre mucho más rápido que la regulación de las industrias. Uno de los ejemplos más paradigmáticos ha sido el de la llamada economía colaborativa: empresas que ponen en contacto a usuarios que tienen recursos infrautilizados con otros que los reclaman, reduciendo de manera significativa los costes finales. Ya sea una habitación o un sitio en un vehículo. Este avance ha encendido el debate sobre la necesidad de unas 'reglas del juego' y pone de manifiesto cuál ha sido la estrategia empresarial seguida por algunos de los 'grandes'.

Quizás el caso más claro a escala mundial es Uber. Una compañía norteamericana que ofrece servicios de transporte privado en numerosos países en los que esto requiere licencias, autorizaciones y tasas (los taxistas españoles, por ejemplo, se han mostrado muy beligerantes con ellos desde el principio). La última inversión de fondos de capital riesgo en la firma la valoraron en 18.000 millones de dólares gracias, fundamentalmente, a un crecimiento exponencial con cifras estratosféricas: duplica sus ingresos cada seis meses, ya están presentes en 37 países y 128 ciudades y con un millar de trabajadores.

Dos casos

Uber, cuyo CEO y fundador ilustra este artículo, ejemplifica bien la estrategia que han seguido algunas de las empresas de este nuevo segmento: explotar un segmento a través de un vacío legal. Hacerse lo más grande posible a través de costes operativos mucho menores que 'industrias tradicionales' con el fin de tener fuerza suficiente con la que negociar un 'marco legal' o una posible regulación futura (incluso, abrir el debate sobre si ésta es necesaria). Así lo describía la revista Wired hace unos días en un reportaje.

Otro caso es Airbnb. Pone en contacto a usuarios con habitaciones disponibles y otros que quieren ahorrar dinero para su alojamiento. Mientras la oposición de los empresarios hoteleros continúa, hay ciudades como Portland, en Estados Unidos, que ya han dado 'luz verde' a estos alquileres express.

La difícil regulación

Regular cuando cientos de miles de personas ya están usando ese servicio no es lo mismo que hacerlo sin esa presión. En el caso del Gobierno español, pese a mostrarse muy crítico en un principio, ha rechazado una normativa express para compañías como Uber o la francesa BlaBlaCar y abre el debate sobre las "ventajas indudables" que tiene este tipo de economía.

Es una estrategia empresarial arriesgada y que tiene sus consecuencias. Por un lado, económicas: Uber se gastará una parte fundamental de la última ronda de financiación recibida en 'lobbies' o grupos de presión para conseguir los acuerdos con responsables públicos de ciudades y países donde aterrizan. También, de imagen: las protestas por parte de sectores tradicionales, que se sienten atacados, han llegado a ser muy duras.

Que este tipo de iniciativas han llegado para quedarse, es evidente. Lo es también que el marco legal que las englobe debe abordarse para evitar situaciones de competencia desleal con otros 'actores'. Pero entretanto, los grandes de este segmento se hacen cada vez más grandes con su estrategia.

En Pymes y Autónomos | Economía colaborativa para construir ventajas competitivas, ¿Se puede frenar a la marea? Ahora es el caso de Uber el que nos dice que no Imagen | Adam Tinworth

Yo pensaba que el tráfico era una actividad ilícita y que como tal, como es obvio, no tributaba, ¡error u horror!, parece ser que proliferan locales para fumar y traficar con el único requisito de hacerse socio. Debe ser algo así como una cooperativa del tomate donde se plantan para el local y se los comen los socios, pero en este caso no se trata de tomates sino de marihuana.

No voy a decir cómo hacerse socio de estos locales, ni a hablar de marihuana, ni tan siquiera voy a hablar de los empleados de los locales que reparten publicidad por la calle y que se encargan de acompañar al interesado hasta el local para hacerle socio y venderle la marihuana, perdón la cuota de socio. De lo que vamos a hablar es de cómo tributa y de la contribución al PIB.

¿Qué impuestos paga el cannabis?

Actualmente hay asociaciones que facturan el 21% de IVA sobre las cuotas (no todas lo hacen). Estas asociaciones deben cumplir con unos requisitos, entre los que figuran no tener ánimo de lucro y dispensar solo a un círculo cerrado de personas (los socios fijos), no a los turistas. Ahora bien que si venden refrescos, se arriesgan a ser cerrados, o sea que el refresco mejor comprarlo fuera y pagar el IVA correspondiente.

Se calcula que solo en Cataluña estos clubes sin ánimo de lucro pueden estar facturando cinco millones de euros al mes, ya que cuentan con 165.000 socios, 60.000 de los cuales gastan cerca de 75 euros mensuales, según cifras de la Fedcac. Por lo que si todos pagaran IVA nos saldría una recaudación de cerca de 30 millones de euros al año solo en Cataluña.

Según cálculo de la Amec(Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis), con datos sobre un ejercicio de 2003, situaba en 2.500 millones de euros los beneficios económicos para el Estado español si despenalizara todas las drogas, dividido en 1.500 en impuestos y otros 1.000 millones en ahorro de gastos, incluyendo lucha policial, juicios y gastos de los presos en la cárcel.

El Gobierno que trabaja incansablemente por apuntalar el crecimiento económico y que ya intento convertir España en la meca del juego para sacarnos del pozo de la crisis (sin importar el pozo moral), arrancará antes de que acabe el año el segundo intento para reformar la Ley de Adicciones, y acaba de presentar las líneas generales de un anteproyecto de ley en el que se que recogen la definición y las características de las asociaciones de consumo de cannabis para que estas tengan cobertura legal de la que hoy carecen.

Lo que me pregunto es, si tributará la venta directamente, ¿le pondrán el IVA súper reducido?. Ahora bien que con la conflictividad social existente, el paro desorbitado que tenemos quizás, si la televisión ya no nos adormece y las redes sociales y las noticias de corrupción nos soliviantan quizás y debamos relajarnos. Ya hace unos años en un documento de Philip Morris, sin firma del que se hace eco El País, se lee: “Estamos en el negocio de relajar a la gente que está tensa y proporcionar un subidón a la que está aburrida o deprimida. La única amenaza a este negocio es que la sociedad encuentre otras maneras de satisfacer estas necesidades”.

La contribución al PIB

Ahora que parece ser que las actividades ilegales son una "realidad económica" que hay que valorar para incluir en el PIB en función de una normativa comunitaria de obligado cumplimiento para todos los países de la UE, el problema es si metemos el consumo de marihuana como actividad legal o ilegal. Por lo tanto si se fuma en la calle o en un local público entraran en el PIB “B”, pero si se hace en un club entrarían en el PIB “A”.

Según Bateta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, "no todas (las normativas comunitarias) son fáciles ni sencillas, ni tenemos la posibilidad de negarnos. Lo que pretende Eurostat es que se refleje en las cuentas una realidad económica de modo estimativo y que tenga su reflejo en la contabilidad de todos los países", ha explicado. A lo que añade que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ya está trabajando en esta cuestión para hacer los cálculos y estimaciones que estas "realidades económicas" suponen para el PIB español.