Redacción Pymes y Autónomos
EditorEl empresario y creador de contenido David Canales ha respondido en un vídeo de TikTok a un reportaje que el programa “En el punto de mira” emitió el 14 de septiembre desde la Ciudad de la Justicia de Valencia.
Las cámaras grabaron a funcionarios que pasaron más de una hora fuera de su puesto, parte de ese tiempo de compras en un centro comercial a unos 300 metros, y a otros que salían del edificio a los pocos minutos de entrar, lo justo para fichar.
El episodio, titulado “Funcionarios sin control”, incluyó también oficinas de empleo de varias comunidades. Canales lo resume así: “Muchas inspecciones a los autónomos, muchas inspecciones que queréis para las empresas porque parece ser que somos unos malvados todos. ¿Y a los funcionarios cuándo?”.
Su argumento no se queda en Valencia. Se pregunta qué pasaría si esos reportajes se hicieran “en muchísimas administraciones públicas, ayuntamientos y diputaciones” y niega que se trate de un caso aislado: “El hecho aislado es que lo hayan investigado”. Después lo remata con una comparación de cifras: “En España hay más funcionarios que autónomos”, es decir, “más personas que no generan nada de empleo y de dudosa productividad, que personas que generamos empleo”.
Ocho años después del primer reportaje: ¿qué había cambiado en Valencia?
No es la primera vez que el programa graba en ese edificio. En 2018 mostró a empleados que fichaban a primera hora y volvían a salir, y la Conselleria de Justicia, que ya llevaba unos seis meses implantando Cronos, un sistema por el que cada funcionario ficha desde su ordenador al abrir la sesión de trabajo, anunció que lo extendería a la Ciudad de la Justicia; hasta entonces había un registro por huella digital, vigente desde 2011.
En 2022, Cronos cubría en torno al 99 % de los unos 4.800 empleados de la Administración de Justicia valenciana, y fuentes del departamento aseguraban que el sistema eliminaba el riesgo de fraude. Si alguien salía por un asunto personal, debía recuperar después las horas.
David Canales
Fichar desde el ordenador registra cuándo empieza la jornada; lo que cuestiona el programa es lo que ocurre después. Ocho años más tarde, sostiene que las salidas durante el turno continúan, y una de las empleadas grabadas alegó ante las cámaras que estaba en su pausa para comer, cuando la pausa habitual es de media hora.
Las reacciones también se parecen. En 2018, UGT puso en duda las imágenes (a las ocho de la mañana, argumentaba, las tiendas están cerradas) y la Conselleria aseguraba que los letrados de la Administración de Justicia no le habían remitido ni un solo expediente por absentismo en algo más de dos años; los letrados replicaron que la decisión de abrir expedientes disciplinarios corresponde a la propia Conselleria, también de oficio.
Esta vez, el sindicato SPJ-USO ha contestado al programa que seguir a unas pocas personas “no constituye una muestra representativa ni permite extraer conclusiones sobre miles de trabajadores”, sin justificar los incumplimientos individuales, y recuerda que existen controles de presencia y régimen disciplinario. De la Conselleria no hay respuesta alguna.
Lo que dice la ley si un funcionario ficha y se va de compras
El reglamento de régimen disciplinario de la Administración de Justicia, un real decreto de 2005, se aplica a los funcionarios de carrera y a los interinos que hacen sus funciones, de siete cuerpos, entre ellos Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial, que son los cuerpos generales de los juzgados; jueces, fiscales y letrados tienen régimen propio.
Para esos funcionarios, ausentarse un día sin justificación o incumplir el horario sin causa son faltas leves, que solo se corrigen con apercibimiento. El incumplimiento reiterado del horario, la tercera falta de asistencia injustificada en tres meses y las acciones para eludir los sistemas de control horario son faltas graves, con suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años o traslado forzoso fuera del municipio, y el abandono del servicio es falta muy grave. Las graves y las muy graves exigen un expediente disciplinario.
Aparte de la sanción, la regla general del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 30.1 es que la parte de jornada no realizada da lugar a la deducción proporcional de haberes, un descuento que no tiene carácter sancionador.
En una empresa, la vía es otra: las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad son causa de despido disciplinario según el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, y, si el trabajador recurre, es un juez quien decide si estaba justificado.
Dos sanciones en diez años: lo poco que se sabe de los expedientes
Entre 2015 y 2024, el Ministerio de Justicia sancionó a dos empleados públicos por ausencia injustificada del puesto, una en 2015 y otra en 2017, según datos obtenidos por transparencia. El dato tiene un límite: el ministerio solo sanciona donde gestiona directamente los juzgados (por ejemplo, Castilla-La Mancha o Castilla y León), y la Comunitat Valenciana gestiona los suyos desde la Generalitat, así que esas dos sanciones no hablan de Valencia.
Quizás suene a poco, pero sin saber cuántos expedientes se abrieron, no hay forma de decir si es mucho o poco: la cifra solo cuenta cuántos terminaron en sanción. Para Valencia no consta una estadística pública de expedientes por absentismo.
¿A quién inspecciona de verdad la Inspección de Trabajo?
La Inspección de Trabajo hizo en 2025 unos 1,2 millones de actuaciones, entre ellas 281.614 visitas a empresas, y detectó 47.143 falsos autónomos, según los datos que dio la ministra Yolanda Díaz el 12 de marzo de 2026. Para dimensionarlo, el Directorio Central de Empresas contaba con 1.510.381 empresas con asalariados a 1 de enero de 2025.
Hay un dato que el vídeo no recoge: de los 3.490.048 autónomos afiliados en junio, solo 489.396 tenían asalariados, el 14,0 %. Los 3.000.652 restantes no tienen a nadie en nómina. Quien sí contrata debe llevar un registro diario de la jornada de cada trabajador (artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores), y la ley de infracciones del orden social considera infracción grave incumplir las normas sobre jornada, descansos y registro de jornada. El plan de la Inspección para 2025-2027 pone el foco en las horas extra, los falsos autónomos y el teletrabajo transnacional.
Más empleados públicos que autónomos con empleados: la cuenta
Sobre el papel, sí. La EPA del segundo trimestre cifra el empleo público en 3.646.900 personas, el 16,0 % de los 22.779.000 ocupados: unas 157.000 más que los 3.490.048 autónomos afiliados en junio. Son 15.600 menos que en el primer trimestre, cuando marcó su máximo histórico, con unos 3,66 millones. Frente a los 489.396 autónomos con asalariados, los empleados públicos son 7,5 veces más.
Eso sí, la comparación mezcla magnitudes. Se pone una encuesta (la EPA) junto a un registro de afiliados. Y “funcionarios” no es “empleados públicos”: la estadística del personal de las administraciones contó 3.071.725 efectivos en enero de 2026, con las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad incluidos, y solo el 55 % eran funcionarios de carrera, unos 1,7 millones.
Además, un empleador puede dar trabajo a una persona o a miles: esos 489.396 autónomos mantenían en junio 1.155.338 empleos asalariados, unos 2,4 por autónomo, y el sector privado en su conjunto reúne 19.132.100 ocupados, el 84 % del total, más de cinco por cada empleado público.
Queda la “dudosa productividad”, que es una valoración y no una cifra. El Estatuto obliga a las administraciones a establecer sistemas de evaluación del desempeño de sus empleados, pero no consta un dato público agregado de cuántos se evalúan ni con qué resultado. En Valencia, la pregunta de Canales dependerá de cuántos expedientes abra la Generalitat tras un reportaje que ya va por su segunda entrega.
Imágenes | TikTok y GPT Image con edición
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