El debate sobre la jornada laboral en España vuelve a ocupar el centro de la agenda política y económica. La propuesta de reducir la semana laboral de 40 a 37,5 horas, liderada por el Ministerio de Trabajo, ha desatado una polémica que involucra a la patronal, los sindicatos y, más sorprendentemente, a miembros del propio Gobierno. 

Mientras tanto, la CEOE ha lanzado unas cifras que parecen ir a contracorriente de las actuales tendencias: para equipararse a la productividad media de la Unión Europea, ha afirmado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en España sería necesario trabajar 41,4 horas semanales.

La batalla de las 37,5 horas

Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, defiende que la reducción de la jornada laboral podría convertirse en un avance histórico para los derechos de los trabajadores.

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Sin embargo, la medida que se había planteado implementar durante este 2025, y que buscará mejor conciliación, menor estrés laboral y fomentar la distribución del empleo, puede tener detractores en todas partes.

Desde los rifirrafes en el Gobierno (donde Díaz ha señalado que el Ministerio de Economía, en concreto, Carlos Cuerpo, está intentando frenar la tramitación de la reducción de jornada) a la CEOE, que vuelve a ser tajante al respecto: así, no es posible.

Igual que se hizo durante el Gobierno de Felipe González, cuando se planteó una rebaja hasta las 40 horas semanales, la CEOE vuelve a negar que exista posibilidad de reducir jornada. Mientras el Ministerio de Trabajo y los sindicatos están de acuerdo en que las 40 horas no reflejan ya "la realidad laboral moderna", la CEOE apunta que España trabaja menos horas efectivas que el promedio europeo (33,5 horas semanales) y que reducir más las horas legales perjudicaría la competitividad empresarial. 

Productividad y realidad laboral

El planteamiento de la CEOE, que señala una menor productividad española en relación con las horas efectivas de trabajo, considera que esto se debe, en parte, a contratos a tiempo parcial y la flexibilidad laboral en ciertos sectores.

Para la patronal, este desfase entre horas legales y efectivas subraya que el foco debería estar en mejorar la eficiencia y no en reducir el tiempo trabajado. Además, Garamendi destacó que, en sectores donde la productividad está directamente relacionada con el tiempo de trabajo, una reducción impuesta generará desajustes organizativos y un mayor incremento de los costes laborales.

Sin embargo, la baja productividad en España tiene una causalidad bastante más amplia: entre otras cuestiones, como la dependencia de sectores de baja cualificación (construcción, hostelería, turismo), la escasa inversión en I+D, el tamaño de las pequeñas empresas, la temporalidad y la focalización en el sector inmobiliario, entre otros factores. En este sentido, señalar la reducción de jornada como el principal problema es tratar de tapar el sol con una mano.

Caídas de la productividad

En cambio, aquellos que defienden la medida han argumentado, en reiteradas ocasiones, que trabajar menos horas no implica necesariamente una caída de la productividad, citando ejemplos como Noruega, Dinamarca o Islandia, donde las jornadas laborales son más cortas, pero la productividad por hora es significativamente mayor.

De igual modo, las pymes y los autónomos, más preocupados por la posible reducción, temen ver cómo los incrementos de costes operativos propios de las cotizaciones mayores por el Salario Mínimo Interprofesional se suman a un menor tiempo de trabajo por el mismo sueldo.

A grandes rasgos, la CEOE sigue defendiendo que es el aumento de la productividad lo que permite reducir las jornadas laborales y aumentar los salarios, y advierte que una reducción impuesta podría generar desajustes organizativos y mayores costes laborales, disminuyendo todavía más la productividad.

Por el contrario, reducir las jornadas sin memoria económica (señalando las concesiones anteriores entre patronal, sindicatos y Gobierno) puede suponer una reducción de horas laborales sin compensación adecuada para las empresas, lo que temen que se traduzca en menor rentabilidad y, en algunos casos, ceses de negocio o despidos.

En cualquier caso, hoy por hoy, todo indica que la reducción de la jornada laboral es una realidad que está costando mucho trabajo. Y plantea un dilema complejo en el que se entrelazan los derechos laborales, la productividad y la competitividad empresarial.

Si bien el objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, su puesta en funcionamiento requerirá de un consenso amplio y medidas complementarias que minimicen el impacto negativo y, sobre todo, aseguren la colaboración de las pymes españolas.

En esta tesitura, un Gobierno dividido y una patronal en contra, parecen estar llenando de piedras el camino de una semana laboral más corta, y todo indica que (el trayecto) se va a hacer largo, muy largo.

Foto 1: FMT

El debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue marcando la agenda española. Con un incremento acumulado del 54 % desde 2018, pasando de 736 euros a 1.134 euros brutos mensuales, la subida del SMI se ha convertido en un tema polémico tanto para el Gobierno como para los agentes sociales.

Según las últimas declaraciones de Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), esto se centra en dos problemas fundamentales que complican nuevas subidas del SMI: la adaptación al modelo de jornada laboral de 37,5 horas y el esfuerzo económico que implica para autónomos y pymes soportar estos incrementos.

El impacto en las pymes

Mientras que los sindicatos defienden el aumento como esencial para la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, empresarios y patronal  han advertido de los riesgos que estas medidas suponen para la viabilidad de pequeñas y medianas empresas.

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Amor (CEOE/ATA) comentaba que la oposición de los colectivos de empresarios no está tan vinculada al qué (es decir, a aumentar el SMI o a reducir jornadas laborales) tanto como al hecho de cómo hacerlo: "Creemos posible poder llegar en la negociación colectiva a las 37,5 horas. El problema está en cómo adaptarse a esta jornada", explicó para RNE.

Al margen de los sueldos, Amor explicaba que la medida resulta poco viable para pequeñas y medianas empresas con menor flexibilidad en sus organizaciones, ya que dependen de plantillas ajustadas y presupuestos limitados, por lo que reorganizar horarios y adaptar producción es complejo sin un incremento de los costes.

Una opción realista sería contratar a más personal, o exigir mayor productividad a los trabajadores para mantener el equilibrio financiero, pero que se entrecruza con otra serie de necesidades complejas para pequeños negocios (por ejemplo, la productividad ligada a tecnología, formación o nuevos perfiles profesionales: lo que se traduce en inversión, de nuevo)

"Nadie gana un 54 % más"

En paralelo, el presidente de la ATA ha afirmado que la carga financiera extra que puede ser, a menudo, difícil de soportar en empresas cuyos ingresos no han aumentado en la misma línea.

En sus propias palabras: "¿El salario mínimo tiene que subir? Pues claro que tiene que subir. El problema que tenemos es que en los últimos cinco años ha subido un 54%. La actividad de ningún autónomo ha subido un 54 % en los últimos cinco años". Una brecha evidente entre el incremento del SMI y el ritmo de ingresos de las pymes, que se alinea con los planteamientos del actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha advertido que los salarios deben subir al ritmo de la economía.

Por último, se ha visto que el SMI no se ha distribuido de forma homogénea entre los distintos sectores, siendo el régimen del hogar y el sector agrícola aquellos más castigados, con 176.000 empleos destruidos desde que los sueldos mínimos empezaron a aumentar. A medida que los costes laborales aumentan, el empleo de baja calidad puede estar condenado a desaparecer, pero, en cualquier caso, requiere de medidas compensatorias.

En conclusión, la subida del SMI ha supuesto mejoras sustanciales para muchos trabajadores, pero también ha puesto de manifiesto las limitaciones estructurales que enfrentan autónomos y pymes en España. Para Amor, el desafío no es solo económico, sino también de equilibrio: ¿cómo continuar mejorando las condiciones laborales sin poner en peligro la viabilidad de las pymes del país?

En el centro de este debate se encuentra una cuestión fundamental: el modelo económico que España necesita para garantizar empleo estable y crecimiento sostenible. El problema es que los propios socios del Gobierno no siempre están de acuerdo: PSOE y Sumar siguen sin ponerse todavía de acuerdo en su aplicación.

A veces un simple dato da un poco de contexto a la crisis económica. Quizás el sector más afectado por esta pandemia es el del turismo, fundamentalmente porque necesita de la movilidad de las personas, precisamente una de las cuestiones que más se han limitado en el último año. Según un estudio de la CEOE, el PIB generado por el turismo este año será la mitad que en 2019.

Según las estimaciones de CEOE el sector turístico en 2021 seguirá teniendo un nivel de actividad muy inferior al del año 2019, con unas pérdidas de producción en relación a dicho ejercicio de entre un 50% a un 60%. Mientras que en 2019 el turismo suponía el 12,4% del PIB, en 2020 este porcentaje se desplomó por debajo del 5%. Y 2021 se espera que sea el inicio de la recuperación incluso con las ayudas.

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Según el estudio de la CEOE, para el resto del año, en comparación con 2019, el escenario más adverso augura una caída de la aportación al PIB por parte del turismo del 65% en el segundo trimestre, del 50% en el tercero y del 40% en el cuarto. El escenario más optimista prevé caídas del 60% entre abril y junio, del 40% entre julio y septiembre y del 30% en los tres últimos meses de 2021.

En términos empresariales y analizando la cifra de negocios, las ramas vinculadas al turismo han perdido más del 50% de su facturación. Así, sobresalen las agencias de viajes, con un 75% de retroceso en su cifra de negocios, seguidas por el alojamiento (68%) y el transporte aéreo (60,1%) que, entre los tres, suman la cifra de pérdidas aproximada de 45.000 millones de euros.

También vinculado con el turismo, los servicios de comidas y bebidas registraron un retroceso de facturación que supera los 23.000 millones de euros. Y todo esto tiene un impacto a su vez decisivo sobre el empleo, tanto en cantidad como en calidad. En este sentido, supone menos empleo y contratos más cortos para muchos trabajadores.

La esperanza del sector está en tener un buen otoño. Pero a la vez supone menores márgenes, puesto que es en temporada alta cuando se consiguen los máximos beneficios. Tener un buen otoño será un alivio, pero no tendrá el nivel de rentabilidad como si hubiera sido un buen verano. La única esperanza es alargar el máximo posible dichas temporada otoñal.

Ayer se anunció un plan de ayudas de 11.000 millones para los sectores del turismo, hostelería y pequeño comercio especialmente golpeados por la crisis económica y las restricciones en la movilidad o su propia actividad. No está claro como se va a ejecutar y por eso sindicatos y asociaciones de autónomos reclaman consenso y concreción en el destino de los 11.000 millones del plan de ayudas.

El objetivo es que sean las propias asociaciones de autónomos, uno de los sectores más débiles y también los sindicatos, pero también habría que incluir a los representantes de las empresas, los que ayuden con su conocimiento del sector a guiar estas ayudas para que lleguen a los más necesitados y a la vez sirvan para mantener en marcha a las empresas.

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¿En qué consiste el plan de choque para hostelería y comercio que aprueba hoy el Gobierno?

El presidente @sanchezcastejon anuncia en el Congreso de los Diputados la puesta en marcha de ayudas a nuestro colectivo por valor de 11.000 millones de €.
Pedimos concreción y diálogo para el desarrollo de las líneas de actuación.@upta_es pic.twitter.com/B4Jrlvltxk

— Eduardo Abad Sabaris (@EDUARDOABADSABA) February 24, 2021

En la Mesa de Diálogo Social sobre el Plan de recuperación, donde están representados sindicatos y empresarios, pero no están directamente los autónomos, CCOO y UGT han reclamado a la vicepresidenta Nadia Calviño concreción para saber cómo se van a utilizar estos fondos y sobre todo celeridad a la hora de hacer llegar este dinero a las pequeñas empresas.

Porque la cuestión es que estas ayudas, que serán seguramente insuficientes, lleguen al mayor número de empresas posibles, preferentemente pymes y autónomos, que son los que tienen mayores dificultades a la hora de hacer frente a sus pagos y han pasado de un problema de liquidez a problemas de solvencia.

Lo que si reclaman los sindicatos es que las empresas que se beneficien de estas ayudas estén obligadas a mantener el empleo y no sirva para financiar ajustes de plantillas, que más tarde que pronto muchas organizaciones se verán obligadas a acometer como consecuencia de una crisis que les hará perder volumen de facturación en muchos casos durante unos cuantos años. Eso por no hablar de la deuda generada a la que tendrán que hacer frente a medio plazo.

El pasado miércoles saltó la sorpresa. En una carta firmada por responsables del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, estas tres agrupaciones políticas acordaban la derogación completa de la reforma laboral. Y aunque pocas horas después, el Gobierno rectificaba de manera parcial esta información, las reacciones de las principales asociaciones empresariales no se hicieron esperar.

CEOE, Cepyme, AEFA y el Consejo de Cámaras rechazaron de forma rotunda el acuerdo, alegando no solo los efectos negativos que podría tener esta derogación, sino también su falta de congruencia, ya que no ha sido negociado por los principales agentes sociales, ni con la patronal ni con los sindicatos, y dinamita el diálogo social.

Los comunicados emitidos por las diferentes asociaciones han sido realmente duros y ponen en entredicho la actual gestión del Gobierno. Califican el pacto alcanzado de una irresponsabilidad mayúscula, al tiempo que anticipan que tendrá unas consecuencias negativas incalculables para la economía española.

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Nuevas medidas contra el coronavirus: el Gobierno aprueba una moratoria de tres meses en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social

La CEOE ha ido un paso más allá, rompiendo cualquier diálogo bilateral con el Ejecutivo, al ser un desprecio indignante para el diálogo social, el cual ha quedado dinamitado. Y han recordado al Gobierno que la derogación de la reforma laboral echaría por tierra todos los esfuerzos realizados, especialmente porque la figura de los ERTE está desarrollada en esta legislación.

El acuerdo, además, llega en un momento en el cual la propia Comisión Europea, en sus recomendaciones a España, insta a nuestro país a interponer medidas para preservar el empleo en el marco del diálogo social.

Las previsiones de la economía española, según el último informe elaborado por la CEOE, apuntan a un crecimiento del 1,5% en 2020 y el 1,4 % para 2021. Si nos fijamos, estas tasas son más bajas que las de 2014. Año en el que supuestamente se inició la recuperación de la economía en España.

La noticia positiva es que no se aprecia una recesión con vistas a 2022. Este escenario influirá en el mercado laboral, que seguirá creando empleo, pero a tasas menos positivas que en 2019. Por otro lado, El Ministerio de Trabajo ha propuesto la modificación inminente de algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos el que regula la subcontratación de obras y servicios (artículo 42), pese a que este punto no fue objeto de la última reforma laboral.

La CEOE deja claro que la nueva regulación de las subcontratas serán un escollo en el diálogo social

Los representantes de los empresarios están en desacuerdo con la propuesta presentada por el equipo de Yolanda Díaz. La CEOE aseguró a través de un comunicado que Trabajo defiende cambios en la subcontratación de obras y servicios que “pueden incidir de forma directa y grave en el propio funcionamiento de la economía”.

En concreto, indicaron que la propuesta del Ministerio fija que los trabajadores de las subcontratas adopten las condiciones laborales de la empresa principal.

De aplicarse, la CEOE alerta de que “muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo”.

Además, subrayan que “no sería posible desde la empresa principal absorber todo el empleo que generan estas empresas, máxime en el actual contexto de desaceleración”.

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La subida de la cuota de autónomos se aplicará próximamente y se hará con carácter retroactivo

Partidarios de vincular salario y jornada al convenio de sector de la actividad

Desde la patronal se apuestan por acotar los cambios a la reforma del artículo 84, apostando sólo por que el salario y la jornada de los trabajadores subcontratados tomen como referencia el convenio sectorial volviendo a la superioridad del convenio de sector sobre el de empresa.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendió en la Cámara de Comercio de España que esta fórmula quiere poner coto a “ciertos abusos que ha podido haber”. Colectivos como las kellys (camareras de piso) han puesto cara a las desigualdades que padecen los subcontratados, ya que cobran por un mismo trabajo hasta un 40% menos de sueldo que si pertenecieran a la plantilla del hotel.

Los empresarios critican los nuevos impuestos aprobados por el Gobierno

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha avisado en varias ocasiones de que, si no llegan a un entendimiento en un plazo de tiempo razonable, el Ejecutivo legislará por su cuenta.

CEOE y Cepyme están en contra los dos nuevos impuestos aprobados en Consejo de Ministros. Sobre la tasa Google, afirmaron que es necesario evitar que “acabe afectando a empresas españolas que ya pagan impuestos”.

Y en cuanto al impuesto sobre transacciones financieras, consideran que “castiga de forma clara a las empresas españolas que operan en mercados regulados dentro del país” y puede acabar “expulsando muchas inversiones hacia otros países”.

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Preocupación en Cepyme y la CEOE por el programa de Gobierno presentado por el PSOE y Unidas Podemos

A la conclusión que llega una es que lo ideal sería que los representantes de las empresas y el Gobierno llegaran a un acuerdo, por el bien de los trabajadores, un deseo un tanto naïf. Por lo pronto, la Tasa Google no entrará en vigor hasta el mes de diciembre. Pero las reacciones por parte de EEUU no se han hecho esperar.

"Si algún país [incluido España] impone unilateralmente un impuesto sobre servicios digitales , EEUU tomará todas las medidas apropiadas para defender nuestros intereses", aseguró a EL MUNDO un portavoz oficial de la Embajada de EEUU en Madrid. ¿Se avecina un horizonte gris para las exportaciones y otro 'castigo' más por parte de Trump como lo hizo con Francia?

La idea de Díaz es que toda la cadena de subcontratación adopte las mismas condiciones laborales de la empresa principal, lo que provocaría, que «muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo», según la Patronal.

Mala noticia es siempre que no se sienten a dialogar las dos partes que representan el futuro de los trabajadores, como así parece a 20 de febrero.

Los presupuestos que se destinan a la formación de trabajadores siempre han generado polémicas. Tanto por la cantidad, como por su gestión o el tipo de cursos a los que se destinan. Ayer Joan Rosell, el presidente de la CEOE manifestó que 1.000 millones para la formación de parados le parecían excesivos.

Lo cierto es que teniendo en cuenta que los trabajadores que actualmente están en desempleo se incorporarán a las empresas con una mejor formación parece que está echando piedras sobre su propio tejado. Pero lo cierto es que lo que plantean es dejar de invertir en un empleado futuro que se pueda incorporar desde el INEM y hacerlo en la plantilla actual de la empresa.

Pero hay que tener en cuenta que muchos de los que actualmente no encuentran trabajo se debe precisamente a una falta de formación, a necesidades de reciclaje, etc. De otra forma si no salen de las listas del paro simplemente se va a generar una bolsa de desempleados crónica que prácticamente tendrán imposible acceder al mercado de trabajo.

En lo que si estoy bastante de acuerdo es en las necesidades de reformar cómo las empresas tienen que acceder y estructurar su formación. Especialmente las más pequeñas que son las que más necesitan reciclar a sus empleados y mejorar sus capacidades para lograr ser más competitivas.

En los años de bonanza los cursos formativos proliferaban, pero el sistema distaba mucho de ser perfecto. Hoy en día el grifo se ha cortado, pero el sistema formativo dista mucho de ser el más adecuado. En todo caso que el sistema quede en manos de sindicatos y empresas no sería por la experiencia que tenemos el modelo ideal.

Lo ideal es evaluar las necesidades de formación de empresas de cada sector y a partir de aquí proponer y programar cursos con un objetivo muy concreto. Después dar a conocer dicha formación a empresas y trabajadores y por último, que la formación sea una inversión tanto de empleados como de organizaciones, y no se tenga que realizar al final de la jornada de trabajo.

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A estas alturas de la película nadie se sorprende de que los ánimos colectivos cada vez se encuentren más crispados, intranquilos, e indagados, lo que les está llevando a buscar los culpables de esta situación colectiva, señalando a organismos que hace tan solo unos años eran todo unos 'abanderados' de la actividad económica, como por ejemplo la patronal empresarial CEOE.

En este sentido cada vez son más los que bien no sintiéndose representados con su gestión social, con las demandas que realizan, o con su gestión en las empresas que dirigen, se han decidido a herir sus intereses privados con reivindicaciones del tipo de no consumir los bienes y servicios de estos empresarios, y hasta boicotearlos.

En mi opinión, y sin ánimo de querer generalizar porque bien es cierto que no todos sus asociados manifiestan la misma actitud, esta organización ha de depurarse, porque actualmente no está sabiendo llevar de manera ejemplar el lugar que le corresponde en la sociedad, ahora que tantos ciertos aspectos son mucho más visibles y sensibles al sentir de nuestro tejido empresarial y de la sociedad en su conjunto.

Dicho esto, y a mi juicio, a la CEOE solo le quedan dos opciones, renovarse o morir, porque de repetir ciertos errores a futuro se convertiría en un destructor de confianza de guía para nuestras empresas, justo lo contrario de lo que es su finalidad natural.

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Imagen | cejhoy

En los últimos años, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), institución española encargada de representar a los empresarios españoles en todas sus ramas de actividad, se ha caracterizado por protagonizar frases realmente polémicas.

La última de ellas ha sido la propuesta de reducir el permiso de trabajo por defunción de un familiar aduciendo que los viajes ya no se hacen en diligencia y, por tanto, no es necesario pernoctar. Pero ésta solo es una más de las muchas frases que ha protagonizado esta institución y que permanecerán en la memoria colectiva de los ciudadanos durante mucho tiempo. Recordamos algunas de ellas.

Hay que trabajar más y ganar menos para salir de la crisis

El ex-presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que posteriormente fue imputado por su gestión al frente de la empresa de viajes Marsans, pronunció una de las frases más polémicas que haya podido decir un representante de esta institución el 15 de Octubre de 2010, después de ser preguntado por unos periodistas sobre la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Quien se apunte al paro porque sí, habrá que decirle que no

El actual presidente de la CEOE, Juan Rossell, expuso en Julio de 2011 sus recetas para salir de la crisis señalando, entre otras cosas, la necesidad de acabar con los funcionarios incumplidores y con aquellas personas que se apuntan al paro porque sí.

Hay que aceptar trabajos aunque sea en Laponia

El presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito, planteó en Febrero de 2012 la posibilidad de que los parados pudiesen dejar de cobrar la prestación por desempleo en el momento que rechazaran la primera oferta de trabajo, independientemente de la situación geográfica de ese empleo.

Además, el día siguiente, el propio José Luis Feito volvió a referirse a Laponia diciendo que allí había nacido Papá Noel, según la tradición, y que es un sitio muy bonito, con trabajos intensos de temporada y muy bien remunerados.

Como aquí el subsidio dura hasta 24 meses, la gente encuentra trabajo milagrosamente cuando falta un mes o dos para agotar el subsidio

Poco después de que José Luis Feito dijese la frase anterior, de nuevo Juan Rosell insinuó que los desempleados agotaban toda la prestación por desempleo y esperaban hasta los últimos días para buscar un nuevo empleo.

Nosotros no queremos reducir los sueldos, queremos controlar los salarios

El número dos de la CEOE apostó, el 11 de Agosto de 2012, por endurecer las condiciones laborales en la lucha contra el desempleo y por recortar los gastos sociales, adelgazar la Administración pública, subir el transporte público, que es muy barato, así como impulsar la colaboración de lo público privado. El café gratis para todos y gratis total es complicado.

El Estatuto de los Trabajadores se hizo pensando que los viajes se hacen en diligencia, pues se dan cuatro días para un permiso por defunción que, evidentemente con los vehículos que hay ahora, se trata de horas de desplazamiento, o a veces de una hora

La última polémica de un representante de la CEOE ha sido la de reducir el permiso por defunción, al no ver necesidad de pernoctar porque los viajes ya no se hacen en diligencia.

Estas han sido las frases más llamativas, pero no son las únicas. Como es evidente, la mayoría de ellas han estado centradas en el ámbito laboral y en el enfrentamiento contra los sindicatos: desde desconfianza hacia la cifra de paro a la crítica más feroz hacia los funcionarios, pasando por la necesidad de flexibilización del mercado laboral.

Podemos estar de acuerdo o no con sus afirmaciones, pero lo que no podemos negar es que la CEOE no haya dado titulares.

En Pymes y Autónomos | Díaz Ferrán: ejemplo de lo que nunca debe decir un empresario, Hay alternativas a la mejora de competitividad más allá de reducir el salario Imagen | Petits Detectius

Parece ser que la probabilidad de llegar a un acuerdo entre los agentes sociales, sindicatos y patronal, ha quedado en el enésimo intento nulo. En esta ocasión parace ser que la postura intransigente que CEIM ha impuesto a la CEOE ha dado al traste con las buenas intenciones de atisbar un acuerdo.

Sin defender ni a unos ni a otros, la verdad es que con agentes sociales tan poco comprometidos con la realidad social que intenten concluir soluciones es difícil cuanto menos, por no decir, utópico. A esto se une que por mucho que no lo quieran reconocer la parte que representa a los trabajadores está cada vez más desligitimada, básicamente porque los sindicatos anteponen sus propios intereses a los del interés general.

De esta forma, una propuesta como la de la CEOE de simplificación de la contratación, reduciéndolo a uno indefinido con una indemnización de 20 días por año trabajado y la creación de un contrato de formación de hasta tres años con el salario mínimo interprofesional. Unido a la propuesta de derogar los convenios colectivos no firmados en el plazo de seis meses debilitaría en exceso a unos sindicatos cada vez más mermados en sus capacidades.

Siendo objetivos tampoco existe una gran diferencia entre la propuesta de la CEOE y la situación actual en que la mayoría de los convenios colectivos que existen están sin firmar y se basan en prórrogas de anteriores. Con estos mimbres las organizaciones sindicales deberían cada vez plantearse su papel en la sociedad porque es manifiesta que su capacidad de interlocución cada vez es menor, su habilidad negociadora nula y su poder de convocatoria inexistente.

De este modo volvemos a estar con el mismo panorama de hace unos meses, cuando tanta negociación no sirvió para nada con la última reforma laboral, obligando al Ejecutivo a legislar en solitario. Y no hablemos del Parlamento, donde parecen mostrar tan buenas dotes negociadoras como los agentes sociales, después de más de un año de negociar en lel marco del Pacto de Toledo al final hubo reforma del sistema de pensiones sin consenso y sin avalar.

Es lamentable ver como prevalecen los interes personales y partidistas a los generales revelando una falta de compromiso social en todas los ámbitos de la sociedad que se puede calificar de alarmante. Muchos lo achacan a la falta de liderazgo, yo más bien creo que es una cuestión de egoismo irracional.

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