Con el inicio de la campaña de la declaración de la renta y el cierre contable del ejercicio, miles de autónomos y pequeñas empresas se enfrentan a una de las etapas más delicadas de su actividad económica.

El cumplimiento de las obligaciones tributarias se ha convertido en un proceso cada vez más complejo debido al incremento de la normativa fiscal, la acumulación de cambios regulatorios y la creciente carga administrativa.

Esta situación genera presión financiera y preocupación entre los profesionales. Según datos del barómetro elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), una parte importante de los trabajadores por cuenta propia reconoce que la gestión fiscal representa uno de los factores que más estrés provoca en la gestión de sus negocios.

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Las modificaciones normativas, los plazos administrativos y la necesidad de revisar documentos contables obligan a realizar un cierre fiscal detallado que, en muchos casos, se aborda de forma apresurada.

Esa falta de planificación previa suele traducirse en errores o en la pérdida de deducciones fiscales que la legislación permite aplicar.

Falta de planificación y errores que elevan los impuestos

Uno de los principales problemas detectados por expertos fiscales es que muchas pequeñas empresas y profesionales autónomos gestionan su fiscalidad de forma reactiva. Es decir, revisan su situación tributaria únicamente cuando se acerca el cierre del ejercicio o cuando llega el momento de presentar declaraciones.

Este enfoque provoca que no se analicen correctamente gastos deducibles, incentivos fiscales o ajustes contables que podrían reducir la carga impositiva. En muchos casos, las deducciones disponibles no se aplican porque no se identifican correctamente o porque existe temor a cometer errores frente a la administración tributaria.

Según datos internos recopilados por Quantax, esta situación puede provocar que numerosos profesionales paguen más impuestos de los que corresponderían si se aplicaran de forma adecuada todas las deducciones contempladas en la normativa.

El papel de la inteligencia artificial en la gestión tributaria

En los últimos años, la inteligencia artificial ha comenzado a integrarse en diferentes ámbitos de la gestión empresarial, incluido el análisis fiscal. Estas tecnologías permiten revisar grandes volúmenes de datos contables de manera automatizada y detectar patrones que podrían pasar desapercibidos en una revisión manual.

En el ámbito tributario, este tipo de herramientas facilita el análisis continuo de ingresos, gastos y deducciones. Gracias a ello, las empresas pueden anticipar posibles ajustes fiscales antes de que llegue el cierre del ejercicio y corregir desviaciones en tiempo real.

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De acuerdo con estimaciones basadas en análisis internos de plataformas especializadas, el uso de inteligencia artificial en la revisión de facturación y deducciones podría permitir reducir el IVA anual de los autónomos entre un 8% y un 15%.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, la optimización conjunta del IVA y del Impuesto de Sociedades podría reducir la carga fiscal total entre un 5% y un 12%. El margen de mejora depende del volumen de actividad, del nivel de organización documental y del seguimiento que se haga de la contabilidad durante el año.

Facturas mal clasificadas y deducciones no aplicadas

Gran parte de estos ajustes potenciales se explican por problemas habituales en la gestión contable. Muchas empresas no revisan todas las facturas con el mismo nivel de detalle o no clasifican correctamente determinados gastos.

En otros casos, las gestorías pueden no identificar algunas deducciones aplicables o no estar completamente actualizadas respecto a los cambios normativos que introduce la administración tributaria con frecuencia.

Además, algunos profesionales optan por no deducir determinados gastos por prudencia o por miedo a posibles inspecciones fiscales, lo que termina aumentando el importe total de impuestos que pagan.

La automatización del análisis contable permite identificar estos errores con mayor precisión. Al revisar la información financiera de forma sistemática durante todo el año, resulta más sencillo detectar facturas mal registradas o gastos que podrían deducirse legalmente.

La adopción de herramientas tecnológicas también está impulsando un cambio en la forma de entender la gestión tributaria. En lugar de revisar las cuentas únicamente al final del ejercicio, cada vez más empresas comienzan a aplicar sistemas de seguimiento fiscal continuo.

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La realidad de los freelance tecnológicos va más allá de la imagen de los jóvenes nómadas digitales trabajando conectados desde cualquier lugar del mundo. El mundo freelance es mucho más diverso.

De hecho, un número creciente de profesionales mayores de 50 años ha decidido apostar por el modelo autónomo, especialmente en áreas vinculadas a dicho sector, la tecnología.

Según el informe Seniors Trends 2025, elaborado por Malt, un 33,6 % de los freelancers sénior trabaja en el sector de tecnología y datos, situándolo como el principal ámbito de actividad para este colectivo.

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Por detrás se encuentran la comunicación y el marketing con un 27,3% y la consultoría empresarial con un 22,3%. O lo que es lo mismo: lejos de quedarse rezagados, los mayores de 50 años se sitúan en el corazón de la transformación digital.

Una elección consciente, no una salida forzada

Existe la percepción de que muchos profesionales sénior recurren al trabajo independiente tras perder su empleo. Aunque este factor influye en algunos casos, no es la motivación predominante.

El 17,37% de los encuestados reconoce que dio el paso tras quedarse sin trabajo al final de su carrera profesional, pero la mayoría señala razones muy distintas.

Casi un tercio, el 31,65%, afirma que eligió esta vía para ganar flexibilidad en su vida personal y en la gestión de su tiempo. El 26,05% buscaba independencia y evitar un puesto interno a tiempo completo, mientras que un 21% aspiraba a mejorar la compensación económica por su experiencia y conocimientos.

Incluso un 3,92% decidió iniciar esta etapa tras jubilarse, prolongando su actividad profesional en un formato más adaptable.

El estudio subraya además que la trayectoria independiente no tiene fecha de caducidad. Más del 26,5% de los profesionales encuestados asegura que continuará trabajando por su cuenta después de la jubilación.

Un 6,3% ya lo hace y un 60,9% contempla seriamente esta posibilidad en el futuro. La prolongación de la vida laboral ya no responde únicamente a una necesidad económica, sino a una búsqueda de propósito y autonomía.

Como señalan los autores del informe, “Más que por una necesidad forzosa, la flexibilidad es la principal motivación de los freelancers a partir de los 50 años, seguida de la autonomía y la aspiración de conseguir una mejor compensación económica. De manera más profunda, al hablar de autogestión y flexibilidad, los encuestados se refieren a asuntos como la conciliación familiar y la posibilidad de acceder y seleccionar proyectos más diversos en los que involucrarse”.

Experiencia acumulada y valor estratégico

Los datos muestran que estos profesionales no llegan al mercado freelance como principiantes. El 63,1% ha trabajado más de quince años como asalariado y el 42,4% supera las dos décadas de experiencia en empresas.

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Esta trayectoria les otorga un conocimiento profundo de procesos, liderazgo y gestión que resulta altamente valorado en proyectos tecnológicos complejos.

Además, el trabajo independiente no es una aventura improvisada. El 45,4% lleva más de diez años ejerciendo como freelance y un 25,2% acumula entre tres y diez años en esta modalidad.

Esto indica que el fenómeno no es coyuntural, sino estructural. Los freelances sénior han consolidado una posición estable en el ecosistema digital.

En un contexto donde la transformación tecnológica exige perfiles híbridos que combinen visión estratégica y dominio técnico, la experiencia se convierte en un activo diferencial.

Las empresas buscan profesionales capaces de aportar criterio, anticipar riesgos y liderar proyectos de alto impacto, cualidades que suelen desarrollarse tras años de práctica.

Formación continua como garantía de competitividad

Lejos de acomodarse, los freelances sénior destacan por su compromiso con el aprendizaje constante. El 95,2% dedica al menos una hora semanal a actualizar sus conocimientos y el 75,5% invierte entre dos y seis horas cada semana en formación.

Este esfuerzo refleja una clara conciencia de que el sector tecnológico evoluciona con rapidez y exige actualización permanente.

El reciclaje profesional abarca desde nuevas herramientas de análisis de datos hasta metodologías ágiles, ciberseguridad o inteligencia artificial. La combinación de experiencia acumulada y actualización técnica constante explica por qué este colectivo mantiene su relevancia en un entorno competitivo.

La capacidad de adaptación es, precisamente, uno de los rasgos más valorados en el mercado digital actual.

La transformación no distingue por edad, sino por competencias. Y los datos indican que los profesionales mayores de 50 años no solo compiten, sino que lideran en áreas clave.

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Los ciberataques han dejado de ser un problema asociado a grandes corporaciones o infraestructuras críticas. En España, la empresa privada concentra ya una parte notable (y creciente) de los incidentes de ciberseguridad, y dentro de ese grupo, las pymes se han convertido en uno de los objetivos más vulnerables.

La combinación de digitalización acelerada, menor inversión en seguridad y una falsa sensación de “no ser interesantes” para los ciberdelincuentes explica por qué cada vez más ataques se dirigen contra pequeñas y medianas empresas, con consecuencias que van mucho más allá de un fallo informático puntual.

Un cambio de patrón

Los datos oficiales del INCIBE confirman una tendencia clara: los incidentes de ciberseguridad con impacto empresarial no solo aumentan, sino que ganan peso dentro del total de ataques registrados en España. El ransomware, el phishing dirigido y el robo de credenciales figuran entre las tipologías más frecuentes.

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Este cambio de patrón coincide con el avance de la digitalización: facturación electrónica, trabajo en la nube, comercio online o gestión remota de datos han ampliado la superficie de ataque, especialmente en empresas que no han acompañado ese salto digital con medidas básicas de protección.

Asimismo, a diferencia de las grandes compañías, las pymes suelen operar con recursos limitados y sin equipos especializados en ciberseguridad. En muchos casos, la gestión tecnológica recae en proveedores externos o en personal interno sin formación específica, lo que aumenta el riesgo de errores humanos, que es uno de los principales vectores de entrada de los ataques.

Además, persiste la percepción de que una pequeña empresa “no es un objetivo atractivo”, lo que hace que muchas marcas se relajen y no presten atención a este apartado fundamental para la seguridad de las firmas.

Sin embargo, los expertos subrayan que las pymes resultan especialmente interesantes para los atacantes porque suelen presentar defensas más débiles y pueden actuar como puerta de entrada a otras organizaciones con las que trabajan.

Este es el coste real de un ciberataque para una pyme

El impacto de un ciberataque en una pyme rara vez se limita al plano técnico. Un incidente grave puede provocar paradas de actividad, pérdida de información crítica, bloqueo de sistemas durante días y, en algunos casos, el pago de rescates para recuperar el acceso a los datos.

De media, estamos hablando de un coste que asciende hasta los 35.000 euros. Algunos datos que deberían ponernos sobre aviso son el aumento de los incidentes de ciberseguridad gestionados por el INCIBE (97.000 en 2024, un 16 % más que en el año anterior) y el cierre de negocio de más de la mitad de las afectadas en medio año.

A ello se suman las posibles sanciones derivadas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) si se ven comprometidos datos personales de clientes o empleados, así como el daño reputacional. Para una empresa pequeña, perder la confianza de sus clientes puede tener efectos duraderos y difíciles de revertir.

Medios como El País han recogido en los últimos meses cómo muchas pymes descubren la gravedad del problema solo cuando el ataque ya se ha producido, y cómo la recuperación puede alargarse semanas, con un coste económico difícil de asumir.

Si bien el riesgo es real, los expertos coinciden en que no todo pasa por grandes inversiones tecnológicas. Medidas básicas como la formación del personal, el uso de contraseñas robustas, las copias de seguridad periódicas o la actualización regular de sistemas reducen de forma significativa la exposición al riesgo.

De igual modo, organismos públicos como el INCIBE recuerdan que la prevención y la concienciación siguen siendo las herramientas más eficaces para el tejido empresarial. En el caso de las pymes, anticiparse a un incidente resulta mucho más barato que gestionar sus consecuencias una vez producido.

Todo apunta a que los ciberataques seguirán creciendo a medida que la economía avance hacia modelos más digitales. Para las pymes, el reto no es convertirse en expertas en ciberseguridad, sino asumir que el riesgo existe y forma parte del entorno empresarial actual.

La clave pasa por integrar la seguridad digital en la gestión cotidiana del negocio, del mismo modo que se asumen otros riesgos operativos. Ignorar el problema ya no es una opción: en un contexto en el que las empresas concentran una parte creciente de los ataques, la ciberseguridad se ha convertido en una cuestión estratégica también para las más pequeñas.

La Agencia Tributaria prepara un cambio relevante en el control fiscal sobre pagos electrónicos de autónomos y pequeñas empresas.

A partir de 2026, una vez aprobada la orden ministerial, las entidades financieras deberán informar a Hacienda de todos los cobros con tarjeta y Bizum, sin importar su cuantía. Desaparece así el histórico límite de 3.000 euros por operación, que hasta ahora marcaba el umbral mínimo para que los bancos estuvieran obligados a comunicar estas transacciones.

Un nuevo nivel de control digital

La medida supone un refuerzo del sistema de trazabilidad digital que afectará especialmente a quienes trabajan con TPV, pasarelas de pago, aplicaciones móviles y servicios digitales.

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Según han adelantado distintos medios, como El HuffPost, el objetivo es aumentar la transparencia e impedir discrepancias entre ingresos declarados y operaciones registradas en sistemas bancarios.

De este modo, se da un nuevo paso en el control fiscal: hasta el momento, las entidades tenían la obligación de informar a la Agencia Tributaria solo de movimientos que superasen los 3.000 euros, un límite que desaparece desde el próximo año.

A partir de ahora, cualquier cobro, desde una factura de 40 euros hasta un pago puntual de 500, pasará a formar parte del reporte mensual que los bancos enviarán a Hacienda.

Según la información publicada el 1 de diciembre, la medida incluirá:

• Cobros con tarjeta (TPV físicos y TPV virtuales).
• Bizum profesionales registrados a nombre de autónomos o empresas.
• Pagos digitales procesados por entidades financieras o plataformas conectadas a ellas.

El nuevo modelo obligará a las entidades financieras a realizar una comunicación mensual, no anual, lo que permitirá a la Administración Fiscal identificar desajustes de manera casi inmediata.

El impacto para los autónomos

La mayoría de los autónomos que operan con medios digitales, no percibirán un cambio en su día a día, pero sí de volumen de información fiscal que manejará la AEAT.

La trazabilidad completa reduce márgenes de error y elimina la posibilidad de discrepancias entre ingresos reales y declarados, especialmente en actividades con muchos pagos de pequeño importe.

En sectores como el comercio, la hostelería, los servicios personales o el transporte, por ejemplo, donde las operaciones digitales representan un porcentaje notable de la facturación mensual, el cambio se traducirá en un nivel de supervisión más exhaustivo.

Qué ocurre con Bizum

Uno de los elementos clave es la diferenciación entre Bizum personal y Bizum profesional. Hacienda solo recibirá información de los movimientos vinculados a cuentas de actividad económica.

Sin embargo, fuentes financieras han recordado que los bancos están obligados a vigilar usos indebidos y podrían solicitar a sus clientes migrar a Bizum profesional si detectan un patrón de cobros propios de actividad económica. De este modo, aunque la medida no afecta directamente al Bizum personal, sí refuerza la frontera entre usos privados y profesionales de la plataforma.

Posibles riesgos

A falta de orden ministerial definitiva, algunos asesores fiscales señalan varios puntos críticos que deben tomarse muy en cuenta:

• Errores en la asignación de cobros, especialmente en autónomos que mezclan cuentas personales y profesionales.
• Necesidad de mantener una contabilidad más ordenada, separando pagos por concepto.
• Riesgo de recibir requerimientos automáticos si los ingresos declarados no coinciden con los cobros informados por bancos.
• Mayor presión para quienes todavía combinan cobro digital y efectivo, ya que ambos deberán cuadrar de forma precisa en los libros contables.

La medida encaja, además, en un contexto de digitalización obligatoria de la facturación, trazabilidad avanzada y controles automáticos cada vez más frecuentes.

Así, todo apunta a que la eliminación del límite de 3.000 euros será uno de los temas fiscales del próximo año. Por ahora, las entidades financieras ya se preparan para adaptar sus sistemas de reporte, pero no existe todavía un calendario oficial que determine la fecha exacta de entrada en vigor ni los detalles de la futura orden ministerial que desarrollará la medida.

Por el momento, Hacienda solo ha dado el primer paso, pero apunta a un escenario en el que la mayoría de las operaciones digitales quedarán automatizadas y vigiladas por defecto.

En un entorno donde el uso de efectivo es cada vez menor y la digitalización se acelera, el nuevo sistema elevará la transparencia, pero también obligará a autónomos y microempresas a llevar la contabilidad con mayor precisión.

El Gobierno ha confirmado el aplazamiento de Verifactu, el sistema de verificación de facturas electrónicas, que pasa a ser obligatorio en 2027:

• Para empresas que tributan por Impuesto de Sociedades, el 1 de enero de 2027.
• Para pymes y autónomos, el 1 de julio de 2027.

La noticia modifica el calendario anunciado para 2026, que parecía definitivo, y llega cuando muchas compañías ya habían completado o iniciado la adaptación. El resultado ha sido una oleada de reacciones cruzadas, que ven en este giro una mezcla de alivio operativo y preocupación por la creciente inseguridad jurídica.

Qué es Verifactu (explicación breve)

Verifactu es el nuevo sistema de facturación que obligará a empresas y autónomos a utilizar software certificado capaz de garantizar la integridad, trazabilidad y envío automático de datos relevantes a la Agencia Tributaria. El objetivo es combatir el fraude y modernizar los procesos contables.

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• Qué es Verifactu y cómo funciona
• Qué software cumple con los estándares exigidos por Hacienda

La medida ha sido recibida por muchos como un “respiro”, especialmente para pequeñas empresas que pedían más tiempo para adaptarse. Sin embargo, una parte significativa de los empresarios muestra desconcierto ante un cambio anunciado apenas un mes antes de la primera fecha obligatoria.

De igual modo, voces del sector apuntan a un problema más profundo: la falta de estabilidad normativa. Ayer, LinkedIn ardía entre publicaciones que apuntaban al daño técnico y reputacional de la decisión.

Javier Meizoso, director de Legalpin, señalaba señala que muchas compañías habían invertido recursos siguiendo un calendario “presentado como firme”. Meizoso alerta de que decisiones así erosionan la confianza, especialmente en un país donde la inversión extranjera ha caído más de un 60 % en la primera mitad de 2025.

Entre los muchos análisis, se sumaba el de Andrés Karp, quien se atreve a poner cifras aproximadas sobre el impacto: alrededor de un millón de pymes ya estaban en proceso de implantación, con un coste medio que sitúa entre 1.000 y 2.000 euros por empresa. Eso supondría entre 1.000 y 2.030 millones de euros ya desembolsados, ahora en el aire. Su mensaje es claro: la digitalización es imprescindible, pero sin un calendario estable, el coste siempre recae en quienes menos margen tienen para absorberlo.

No seguir posponiendo

Destaca la reflexión del gestor fiscal Marc Domínguez que advierte del “efecto arrastre” de cada retraso: más procrastinación dentro de las empresas, menor percepción de riesgo ante el incumplimiento y un escenario donde el día de la implantación real podría convertirse en un colapso técnico.

Además, recuerda que la obligación sigue vigente y que la postergación no supone una amnistía: las sanciones continúan.

En pocas palabras, este nuevo aplazamiento ofrece margen, pero también un riesgo evidente: que muchas pymes vuelvan a posponer la adaptación. Sin embargo, el consenso entre asesorías y especialistas es que conviene no deshacer lo ya avanzado y mantener un ritmo razonable de implantación tecnológica.

Según El Economista, Hacienda seguirá desarrollando el sistema y ajustará las pruebas técnicas para evitar un colapso cuando llegue el momento de obligatoriedad. Las empresas que iban retrasadas tienen una nueva oportunidad de ponerse al día; para el resto, la mayoría de los medios y analistas están de acuerdo: que sigan adelante y no lo pospongan.

La inteligencia artificial ya ha entrado en las pymes españolas, aunque no de la forma en la que muchos se esperaban. Su adopción se concentra en la automatización de tareas concretas (marketing, análisis de datos, atención al cliente), más que en la sustitución masiva de trabajadores.

Según el Barómetro de adopción de la IA en las pymes españolas, las empresas que ya usan herramientas basadas en inteligencia artificial esperan un impacto neto positivo en productividad y empleo, pese al escepticismo generalizado sobre su alcance real.

Transformación silenciosa

La IA no está destruyendo empleo, sino reorganizándolo, se advierte. Las pymes que logran integrar herramientas digitales en su día a día no eliminan puestos, sino que liberan horas de trabajo rutinario y las redirigen hacia tareas de mayor valor añadido.

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No obstante, hay retos importantes delante: está en la brecha de tamaño y de talento; mientras las empresas medianas avanzan rápido, las microempresas aún ven la IA como un coste más que como una oportunidad.

Los principales usos de la IA en la empresa española son operativos. Según IndesIA y el Banco de España, casi la mitad de las pymes que la han incorporado la utilizan para mejorar la eficiencia interna: análisis de datos, campañas de marketing automatizadas o atención básica al cliente. Hoy, solo una minoría aplica IA en procesos de I+D, fabricación o gestión avanzada.

Entre las mayores preocupaciones está la brecha por tamaño: apenas el 8 % de las microempresas usa herramientas de inteligencia artificial de forma habitual, frente al 31 % de las medianas, según el INE.

La clave está en el uso ligero: soluciones accesibles, sin grandes inversiones— que permite empezar a ganar productividad sin alterar estructuras.

El impacto de la IA en el empleo no se mide en despidos, sino en cambio de funciones. Según Randstad Research, más del 90 % de las empresas que ya usan IA no han reducido plantilla y cerca del 8 % la han aumentado, sobre todo en soporte tecnológico y análisis de datos.

El estudio Future of Work de la OCDE estima que en España la automatización afectará sobre todo a tareas administrativas y de soporte, pero que el saldo neto será positivo en empleo cualificado.

Así, sectores como el desarrollo (programación) y la consultoría, por cada 80.000 puestos susceptibles de automatización, podrían crearse más de 150.000 nuevos empleos relacionados con IA, datos o mantenimiento de sistemas.

El cambio ya es visible: uno de cada tres trabajadores usa herramientas de inteligencia artificial en su jornada habitual, especialmente en microtareas (gestión documental, redacción o planificación).

El reto, advierten los analistas, es que la adopción desigual puede ampliar una doble brecha, por tamaño de empresa y por territorio, si no se acompaña de formación y apoyo a las pymes de entornos rurales o con menor infraestructura digital.

Dentro de la pyme

La organización interna sí está viviendo una evolución gracias a la IA. Aquellas tareas repetitivas, como la gestión de correos o la elaboración de presupuestos, pueden automatizarse cada vez con mayor eficiencia.

Como contrapartida, las pymes ganan más control y previsión: mejoran sus sistemas de reporting, el seguimiento de ventas y la planificación de campañas. En este sentido, el uso de IA en procesos comerciales y contables aumenta la productividad por empleado entre un 4 % y un 9 %, según el sector.

No obstante, el Banco de España ha señalado algunos cuellos de botella peligrosos: falta de talento, costes de integración y problemas de compatibilidad entre software, cuyas fricciones querían reducirse al máximo con el Kit Digital y los fondos europeos, aunque los resultados siguen siendo desiguales.

Los perfiles y habilidades que vienen

El mercado laboral ya refleja esta transición y una tensión creciente frente a la ausencia de perfiles profesionales que serán necesarios en los próximos años.

La demanda de profesionales en IA, ciencia de datos y ciberseguridad crece de forma sostenida: solo en 2025 se prevé un déficit de más de 150.000 profesionales en estos ámbitos, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI). A la vez, las empresas buscan trabajadores híbridos, capaces de combinar competencias técnicas con conocimiento de negocio.

Sin embargo, la pyme española no puede competir en salarios con las grandes tecnológicas, y cada vez se vuelve más evidente la necesidad de formar talento propio, desde usos simples con un retorno de la inversión más rápido a reforzar habilidades digitales y automatizar tareas.

En este sentido, la inteligencia artificial no ha traído (ni traerá) el “fin del empleo” a las pymes, sino una transformación más discreta: menos repetición, más control, nuevas exigencias.

Las empresas que la integran con estrategia y formación logran ganar eficiencia y retener talento; las que no, corren el riesgo de quedarse fuera de un mercado que se digitaliza a toda velocidad.

De cómo gestionen las pymes los próximos dos años dependerá si la IA se convierte en un aliado real para su competitividad o en una herramienta que solo amplía la distancia con las grandes compañías.

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el último año se han creado más de 65.000 puestos de trabajo en el sector del transporte y almacenamiento, convirtiendo esta actividad en aquella con mayor crecimiento interanual de todo el mercado laboral.

Detrás de este impulso está el boom del comercio electrónico y el auge de la entrega rápida, con millones de paquetes moviéndose cada día desde plataformas logísticas hasta el cliente final, y convirtiéndose en el gran motor del empleo en España.

Aumento de las contrataciones

Como recoge Emilio Sánchez para El País, el fenómeno de la precariedad laboral afecta especialmente a la conocida como “última milla”, donde pequeñas empresas y autónomos compiten por contratos con gigantes como Amazon, Seur, DHL o Glovo.

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“Cada paquete genera empleo, pero también presión”, resume un representante sindical del sector. La demanda no deja de aumentar, pero los márgenes se estrechan y las condiciones laborales se vuelven más y más exigentes.

En algunos segmentos, los salarios apenas superan el salario mínimo interprofesional, pese al aumento de la carga de trabajo y los costes logísticos. Mientras tanto, los periodos de ofertas como el Black Friday reflejan escasa rentabilidad para la mayoría de las compañías implicadas.

Un crecimiento desigual

De este modo, los empleos vinculados al transporte por carretera y mensajería han duplicado su ritmo de contratación respecto a la media nacional, mientras otros subsectores como el marítimo o ferroviario apenas varían.

El INE sitúa la tasa de ocupación del transporte en máximos históricos, con un 6,2 % del total de afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, la cara B de este fenómeno es que gran parte del empleo generado no es estable ni de calidad.

Según el Observatorio de Logística y Transporte, la rotación de los puestos de trabajo y el uso de subcontratas son elevados, especialmente en el reparto urbano: muchas empresas pequeñas actúan como intermediarias entre grandes plataformas y los repartidores, lo que fragmenta la cadena y reduce los márgenes.

“En algunos casos, el modelo de subcontratación encadena tres o cuatro niveles”, explican desde la patronal UNO Logística, “y eso encarece la operación sin mejorar las condiciones del trabajador”.

El papel de las pymes

Pese a los retos, el sector sigue ofreciendo oportunidades claras para pymes y autónomos, donde se ha comprobado un crecimiento sostenido del e-commerce (+18 % en el primer semestre, según la CNMC), la expansión de los centros de micro-fulfillment en entornos urbanos (almacenes o “hubs” cercanos al cliente), la demanda de servicios de transporte sostenible y de cercanía (motos eléctricas, triciclos, furgonetas de bajas emisiones) y el auge de la externalización logística por parte del retail y la restauración.

El problema es que las pequeñas empresas asumen gran parte del riesgo operativo: combustible, mantenimiento, seguros, contratación y penalizaciones por retrasos. En este sentido, la digitalización del transporte no ha reducido la presión sobre el pequeño operador; al contrario, la ha multiplicado.

Lo que se viene

Dentro de la Agenda 2030, el Ministerio de Transportes trabaja en una Estrategia Nacional de Reparto Urbano Sostenible (2026-2030), que incluirá zonas de bajas emisiones, límites horarios y posibles incentivos fiscales a vehículos eléctricos.

Mientras tanto, los expertos recomiendan a las pymes del sector diversificar clientes, profesionalizar la gestión y apostar por tecnología de optimización de rutas para ganar margen en un entorno de competencia feroz.

En el contexto actual, el transporte y la logística se consolidan como el corazón del empleo en España, pero también como uno de los sectores más vulnerables a la precariedad.

El desafío está en transformar ese crecimiento en estabilidad: más productividad, mejores condiciones y sostenibilidad real. La otra cara de la moneda es la prevalencia del modelo de subcontratas y la dificultad de llevar a cabo estos cambios de abajo hacia arriba: dicho de otro modo, desde las pymes hacia los grandes colosos del sector, algo que parece poco plausible. Por lo menos, sin intervención estatal y buena voluntad de los grandes grupos multinacionales dedicados.

El debate sobre el futuro del dinero en Europa ha dado un giro con el proyecto del euro digital. Mientras países como Rusia han tenido que volver al efectivo tras los ciberataques de la guerra ruso-ucraniana, en la Unión Europea la preocupación es distinta: ¿se puede garantizar un sistema de pagos no dependa únicamente de gigantes tecnológicos o entidades privadas?

Hay más dudas. ¿Qué papel supondrá en las transacciones? ¿Hay gastos extra que deberán imputar las pymes? ¿Es realmente ventajoso frente al efectivo?

El efectivo, todavía protagonista

El uso de efectivo ha ido decreciendo en los últimos años frente al pago con tarjeta y otros medios electrónicos, pero no tanto como podríamos imaginar. Si bien su uso es menor a hace una década, el efectivo sigue siendo esencial: en 2024, el 52 % de las transacciones en la eurozona se hicieron en billetes y monedas.

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En España, micropagos y pequeños negocios siguen dependiendo de él porque no genera comisiones y es más accesible para clientes sin banca digital.

El proyecto del Banco Central Europeo busca ofrecer una forma electrónica de dinero público, con el mismo valor que el euro físico. Entre los principales objetivos del BCE están asegurar la soberanía monetaria europeafrente a las grandes tecnológicasy las criptomonedas, facilitar pagos más rápidos y seguros, incluso offline, y garantizar que, al igual que el efectivo, sea gratuito para los ciudadanos.

Sin embargo, el impacto para los pequeños negocios puede ser más peliagudo, ya que plantea tantas dudas como oportunidades. Por ejemplo:

• Más costes si desaparece el efectivo: hoy, pagar en metálico evita comisiones bancarias.
• Brecha digital: muchos comercios rurales y clientes mayores aún dependen del efectivo.
• Ventajas posibles: pagos instantáneos, trazabilidad y reducción de fraude.
• Competencia: un euro digital fuerte podría presionar a las tarjetas y abaratar servicios financieros para empresas.

Para las pymes y los autónomos, la desaparición del efectivo supondría nuevos costes y vulnerabilidades. Si todo pasa por circuitos digitales, cada transacción implicaría comisiones o dependencia de intermediarios financieros. Además, la privacidad del cliente y del comerciante quedaría limitada, ya que cada operación sería trazable por bancos y autoridades. A esto se suma un riesgo más: la dependencia total de la infraestructura tecnológica. Un apagón, un ciberataque o una caída de sistemas podrían bloquear la actividad económica de golpe, sin margen de maniobra para los pequeños negocios.

Los retos del BCE

Asimismo, el BCE insiste en que el euro digital no sustituirá al efectivo, sino que lo complementará. Sin embargo, experiencias como la rusa recuerdan que los billetes son un respaldo en momentos de crisis.

Además, la realidad muestra una tendencia distinta: el cierre de oficinas y cajeros, unido a las comisiones bancarias crecientes, ha reducido de forma real el acceso al efectivo en muchos municipios.

En países como Suecia, el proceso de digitalización casi ha hecho desaparecer los billetes, hasta el punto de que el propio Banco Central tuvo que intervenir para asegurar que el efectivo siguiera circulando. El riesgo para España es que la promesa de coexistencia acabe convirtiéndose en una sustitución de facto.

De este modo, el euro digital puede ser una oportunidad para modernizar pagos y dar más seguridad a pymes y autónomos. Pero la clave estará en el equilibrio real entre lo digital y lo físico: sin efectivo, muchos pequeños negocios quedarían en desventaja.

Por todo ello, el euro digital solo será un avance real si se mantiene un equilibrio sólido entre pagos digitales y en metálico. El efectivo no es solo un método de pago tradicional: es una red de seguridad en crisis y una herramienta de inclusión financiera para millones de personas. Sustituirlo sería un error; complementarlo, una oportunidad.

En el sector de la ciberseguridad se repite siempre el mismo mantra: la parte más vulnerable de cualquier sistema es el ser humano. El porqué es simple: un clic equivocado puede abrir la puerta a un ataque.

Un trabajador descontento puede convertirse en un riesgo interno, pero, aunque parezca difícil de creer, los propios profesionales encargados de proteger a empresas y administraciones siguen trabajando en condiciones precarias: según IBM, mientras el coste medio de una filtración de datos se sitúa ya en 4,5 millones de euros por incidente a nivel global, los especialistas españoles cobran sueldos muy por debajo de la media europea.

Riesgo extremo, recompensa mínima

En 2024, el mercado español de ciberseguridad movió más de 2.400 millones de euros y el Gobierno ha anunciado una inversión adicional de 1.157 millones para blindar la economía digital frente a cibercriminales y ataques de Estados rivales.

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Recientemente, El País compartía la retribución media en consultoría, que ronda apenas los 28.000 euros anuales, mientras que países como Alemania están pagando sueldos superiores a los 80.000 euros anuales. Datos más actualizados apuntan a que incluso los perfiles medios en España deberían estar entre 40.000 y 60.000 euros, pero no es así.

La realidad es que hay talento, pero se va. El diagnóstico empresarial en España repite, una y otra vez, que “falta talento”, sin embargo, sindicatos como UGTinsisten en que los expertos formados en universidades españolas prefieren marcharse a trabajar para empresas extranjeras. Allí encuentran mejores sueldos, derecho real a la desconexión digital y formación pagada por la empresa.

Según estimaciones sindicales, un tercio de cada promoción acaba en el extranjero. En consecuencia, hablamos de una rotación superior al 50 % en muchos equipos, especialmente en empresas pequeñas dedicadas en exclusiva a la ciberseguridad.

Guardias, horas extra y falta de convenio

El trabajo en los centros de operaciones (SOC) exige guardias permanentes, 24/7. Y, según denuncian profesionales del sector, las horas extras y la nocturnidad rara vez se pagan. A ello se suma un problema legal: no existe un convenio estatal específico de ciberseguridad, y en muchos casos los empleados son encuadrados en convenios menos favorables como “Despachos y oficinas”.

El INCIBE también ha reconocido que la alta rotación y el desajuste entre oferta y demanda son factores críticos que amenazan la sostenibilidad del sector.

No obstante, a diferencia de otros sectores, la ciberseguridad parece tener mejores perspectivas que otros sectores en nuestro país. España está avanzando hacia convertirse en un hub europeo de ciberseguridad, con crecimiento proyectado del 43 % hasta 2027. Además, el preacuerdo del nuevo convenio de consultoría y TIC incluye por primera vez una categoría específica para ciberseguridad, con subidas salariales de hasta el 15 % a lo largo de los próximos tres años. Un paso pequeño que allana un poco el camino hacia estándares europeos e internacionales.

En cualquier caso, como ocurre en muchos otros sectores técnicos e industriales en España, la ciberseguridad no puede construirse sobre empleos precarios. La inversión en tecnología es inútil si las personas que deben operarla están mal pagadas, agotadas o las opciones de buscar un empleo fuera de las fronteras es mucho más tentadora. La prensa generalista lo resumía así: “no puedes pedir un arquitecto y pagarle como a un albañil”.

El verdadero flanco débil no es el fallo humano por desconocimiento, sino el descontento de profesionales clave. Retener talento pasa por mejorar salarios, garantizar derechos básicos y permitir que el éxito de un técnico no sea invisible, sino reconocido como lo que es: la base de la seguridad digital del país.

El malestar en el sector cultural crece a medida que la inteligencia artificial generativa se extiende. Desde escritores hasta fotógrafos, ilustradores o guionistas denuncian que sus trabajos están siendo utilizados para entrenar algoritmos sin autorización ni compensación.

Un escenario similar al que las vistas de Google habían anticipado (utilizando contenido de las páginas de resultados, o SERPs y reduciendo el tráfico web en un altísimo porcentaje desde inicios de 2025). La práctica ha sido tildada de “expolio” por parte de autónomos y empresas, señalando que supone un grave riesgo de precarización laboral.

Una hoja de ruta: el Libro Blanco

En este contexto, la ACE (Asociación Colegial de Escritoras y Escritores) ha publicado el Libro Blanco del Escrito: escribir y traducir en tiempos de IAG, que recoge la posición del sector frente a la inteligencia artificial generativa.

En Pymes y Autonomos

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En el documento se subraya la necesidad de garantizar tres pilares básicos:

• autorización previa del autor,
• remuneración justa por el uso de sus obras
• y transparencia en la trazabilidad de los contenidos empleados por las plataformas de IA

Las cifras son para llevarse las manos a la cabeza: 8 de cada 10 escritores ya ven la IA como una amenaza directa que impactará en el sector, según Safe Creative. Dicho de otro modo, traductores, correctores o guionistas están viendo cómo su trabajo se reduce a revisar lo que genera la máquina. Para los fotógrafos, la situación es similar: cada imagen producida imitando un estilo afecta al valor de su oficio.

Sin embargo, la preocupación traspasa fronteras. En Estados Unidos, autores de reconocido prestigio como George R.R. Martin (cuyas obras más reconocidas son las de la saga literaria Canción de hielo y fuego) han demandado a empresas de IA por utilizar sus textos sin permiso.

En el Reino Unido, la Sociedad de Autores ha pedido una moratoria hasta que exista un sistema claro de licencias. En Europa, apunta The Guardian, las asociaciones culturales critican que la normativa comunitaria contiene lagunas que permiten a las tecnológicas aprovechar obras bajo la figura del “uso legítimo”.

En general, Europa reclama (y esto no es distinto para los creadores españoles) que Los estados miembro impulsen una regulación propia que refuerce la protección de la propiedad intelectual y siente un precedente en la UE.

El principal problema no es solo el uso indebido de obras, sino que la IA avanza mucho más rápido que la legislación, dejando a los creadores sin protección efectiva mientras esperan a que lleguen los cambios normativos.

Riesgos para los autónomos creativos

El efecto más inmediato es la precarización: menos encargos, tarifas más bajas y pérdida de oportunidades. No obstante, también existe un riesgo cultural: si la IA inunda el mercado con obras derivadas, la autoría puede diluirse y el público confundir lo humano con lo generado por máquina.

Además, hay una cara más en este debate. ¿Si la IA deja a los creadores fuera de su propio mercado de qué obras se nutrirá para seguir produciendo arte? Sin el aporte constante de la creatividad humana, la máquina acabaría alimentándose de sí misma, con el riesgo de uniformizar y empobrecer el arte.

Para las pymes y autónomos del sector cultural esto no es un debate abstracto, sino un asunto de supervivencia profesional. En estos momentos, entre las propuestas a debate están la posibilidad de crear un registro específico que permita reclamar compensaciones por el uso de obras en el entrenamiento de IA, establecer un sistema de licencias similar al que ya existe en la música, formar una entidad de gestión colectiva que negocie de forma unificada con las tecnológicas y obligar a un etiquetado visible en todo contenido generado por IA.

De hecho, el reto no está en frenar la innovación tecnológica (algo casi imposible), sino en garantizar que respete el trabajo de quienes crean. La “tríada” de la que hablan los colectivos (autorización, remuneración y transparencia) será clave para que el avance de la IA no se convierta en una amenaza existencial para miles de autónomos y pequeñas empresas culturales.

¿Se llegará a tiempo? No está claro.