Nuevo revés para los autónomos. El Gobierno ha decidido bloquear la tramitación de una proposición de ley que incluía medidas ampliamente reclamadas por buena parte del colectivo.

Entre ellas, la de una mayor facilidad para acceder al cese de actividad, un sistema de exención del IVA para pequeños negocios y nuevas oportunidades en la contratación pública. La decisión implica que el texto ni tan siquiera llegará a debatirse en el Congreso.

Una reforma integral para modificar varios aspectos del RETA

La proposición registrada por Junts iba mucho más allá de una modificación puntual.

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El texto planteaba cambios en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la Seguridad Social, la fiscalidad aplicable a pequeños negocios y la participación de autónomos y microempresas en contratos públicos.

Entre los objetivos: la simplificación administrativa, la reducción de determinadas cargas burocráticas y una mejora de la protección social de quienes desarrollan una actividad económica por cuenta propia.

También buscaba corregir algunos de los problemas detectados tras la implantación del sistema de cotización por ingresos reales.

El veto se apoya en motivos presupuestarios

La paralización de la iniciativa se ha producido mediante el mecanismo previsto en el artículo 134.6 de la Constitución.

Esta herramienta permite al Ejecutivo mostrar su disconformidad con aquellas proposiciones parlamentarias que impliquen un incremento del gasto público o una reducción de los ingresos del Estado.

Cuando el Gobierno ejerce esta facultad, la propuesta queda bloqueada antes de iniciar su recorrido parlamentario. Vamos, que los diputados no llegan a debatir ni votar el contenido del texto.

El cambio más esperado: facilitar el acceso al cese de actividad

Uno de los puntos que más interés había despertado entre los autónomos era la modificación del sistema de acceso al denominado paro de los trabajadores por cuenta propia.

Actualmente, para percibir esta prestación resulta necesario acreditar circunstancias económicas concretas, pérdidas significativas o determinadas situaciones excepcionales mediante documentación contable y fiscal.

Este procedimiento es considerado por muchas organizaciones como excesivamente complejo.

La realidad es desgastante. Una parte importante de las solicitudes presentadas terminan siendo rechazadas. En algunos ejercicios, las denegaciones superan ampliamente la mitad de los expedientes tramitados.

La propuesta pretendía simplificar este proceso. Bastaría con acreditar el cierre definitivo de la actividad y la baja correspondiente para acceder a la protección, acercando el sistema al modelo existente para los trabajadores asalariados.

El IVA franquiciado para pequeños negocios

Otra de las medidas más destacadas era la implantación de un régimen de franquicia del IVA.

Este sistema funciona desde hace años en numerosos países europeos y permite que determinados profesionales y pequeños negocios queden exentos de repercutir y liquidar el impuesto cuando no superan un determinado volumen de facturación anual.

La propuesta fijaba un límite de hasta 85.000 euros anuales para acogerse al régimen. De haberse aprobado, miles de pequeños empresarios, profesionales y autónomos habrían visto reducidas sus obligaciones fiscales y administrativas.

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La medida buscaba especialmente aliviar la carga documental que soportan los negocios de menor tamaño, facilitando además su gestión diaria.

Ajustes en las cotizaciones y más seguridad jurídica

La iniciativa también incorporaba cambios relacionados con el sistema de cotización por ingresos reales.

El objetivo era mejorar los procedimientos de regularización, reducir los tiempos de ajuste y evitar situaciones en las que algunos trabajadores por cuenta propia pudieran cotizar durante largos periodos por encima de los rendimientos finalmente obtenidos.

Asimismo, se contemplaban mecanismos destinados a ofrecer mayor seguridad jurídica cuando se producen modificaciones posteriores en los datos fiscales utilizados para calcular las cuotas.

Más oportunidades en la contratación pública

La proposición también reservaba un espacio importante para la contratación pública.

Entre las medidas incluidas figuraba la posibilidad de destinar al menos un 10% del volumen anual de contratación pública a autónomos y microempresas. El objetivo era facilitar el acceso de los pequeños negocios a licitaciones donde habitualmente compiten con empresas de gran tamaño.

Para lograrlo, se planteaban mecanismos como la división de contratos en lotes más reducidos y procedimientos de adjudicación más accesibles para organizaciones con menor capacidad financiera. Pero no. Tampoco podrá ser.

Imágenes | Mediterráneo Digital, Ibrahim Boran

Se avecina un cambio en lo que a la gestión de las bajas laborales se refiere. Varias comunidades autónomas ya están implantando nuevos sistemas de intercambio de información que permitirán a los médicos conocer con mucho más detalle el trabajo real que desempeña cada empleado antes de decidir si procede o no una incapacidad temporal.

Y es que, la medida llega en un momento en el que el gasto asociado a las bajas laborales se encuentra en niveles récord, siendo uno de los mayores desembolsos del sistema de Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones.

Los médicos tendrán más información sobre cada puesto de trabajo

Hasta ahora, cuando un trabajador acudía a consulta para solicitar una baja médica, el facultativo se apoyaba principalmente en la exploración clínica y en la información que aportaba el propio paciente sobre las tareas que realizaba en su empleo.

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Con los nuevos mecanismos de intercambio de datos, la situación cambia. Los profesionales sanitarios podrán acceder a información más precisa sobre las funciones reales del puesto, los esfuerzos físicos que exige, los movimientos habituales, la necesidad de desplazamientos o las limitaciones funcionales que implica cada actividad.

El objetivo no es otro que la valoración médica se ajuste mejor a la realidad laboral de cada trabajador.

La misma lesión no afecta igual a todos los trabajadores

Hay que tener en cuenta una cosa esencial en todo esto: la misma patología puede tener consecuencias completamente distintas según la profesión que desempeñe la persona afectada.

Por ejemplo, una lesión en el hombro puede impedir desarrollar con normalidad tareas relacionadas con la construcción, la limpieza, la logística o la reparación mecánica. Sin embargo, esa misma dolencia podría permitir que una persona continúe realizando determinadas funciones administrativas o de oficina si no necesita realizar esfuerzos físicos.

Gracias a la nueva información disponible, los médicos van a poder valorar con mayor precisión si una incapacidad temporal está realmente justificada y durante cuánto tiempo resulta necesaria.

Un problema que preocupa cada vez más a la Seguridad Social

La incapacidad temporal se ha convertido en una de las cuestiones que más preocupa a las administraciones públicas debido a su creciente impacto económico.

El número de procesos de baja y su duración media han aumentado de forma significativa durante los últimos años, costando ya más de 18.400 millones de euros a las arcas públicas.

Además, existe una circunstancia que complica la gestión del sistema: quien toma la decisión médica es el profesional de atención primaria, mientras que el impacto económico recae sobre la Seguridad Social.

No se trata de reducir bajas, sino de mejorar las decisiones

El propósito es lograr que las decisiones sean más precisas y estén mejor fundamentadas.

Una baja médica injustificada supone un problema para empresas, autónomos y administraciones públicas. Sin embargo, una reincorporación prematura también puede provocar recaídas, nuevos periodos de incapacidad o incluso riesgos para la salud del empleado.

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Por ello, disponer de información objetiva sobre las características reales de cada puesto puede ayudar a encontrar un equilibrio más adecuado entre la protección de la salud y la continuidad de la actividad laboral.

Los sectores donde el impacto será más visible

Aunque la medida afecta a todos los trabajadores, existen determinadas actividades donde podría tener una incidencia especialmente importante.

Sectores como la hostelería, la construcción, el transporte, la logística, la limpieza o la industria presentan mayores exigencias físicas y funcionales que otros ámbitos económicos.

En estas profesiones son habituales los esfuerzos repetitivos, la manipulación de cargas, las largas jornadas de pie o la necesidad de movilidad constante.

Precisamente son también algunos de los sectores donde las bajas laborales tienen una mayor presencia. Solo la hostelería registró durante 2024 más de 585.000 procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, con una duración media superior a la media nacional.

Imágenes | Adrian Swancar

Montar una empresa en España sigue siendo una opción habitual para miles de emprendedores cada año. Sin embargo, los últimos datos muestran una pérdida de impulso preocupante en nuestro país.

Tras un relativo buen inicio de 2026, la creación de nuevas sociedades mercantiles se ha frenado con fuerza. De hecho, encadena ya varios meses de retrocesos.

Las cifras reflejan una caída cercana al 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto supone que en mayo se constituyeron casi 2.000 empresas menos que hace un año.

La creación de empresas cae casi un 15% en un año

Los datos de la Estadística Mercantil elaborada por el Colegio de Registradores muestran que durante mayo se constituyeron 11.312 nuevas sociedades en España. En el mismo mes de 2025 se habían registrado 13.286.

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La diferencia alcanza las 1.974 empresas menos, lo que representa una caída interanual del 14,9%. Se trata de uno de los descensos más acusados observados durante los últimos meses y rompe con el optimismo que había acompañado al emprendimiento durante buena parte del inicio de año.

La constitución de sociedades es uno de los indicadores más observados para medir la salud del tejido empresarial. Cuando aumenta el número de nuevas empresas suele interpretarse como una señal de confianza económica. Cuando disminuye, refleja como es lógico una mayor prudencia por parte de emprendedores e inversores.

El fuerte arranque de 2026 pierde intensidad

La desaceleración ha llegado después de un comienzo de ejercicio muy positivo. Durante los primeros meses del año, la creación de sociedades mostró un crecimiento muy positivo.

El mejor dato se registró en febrero, cuando las constituciones aumentaron un 40,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar durante la primavera. Abril ya cerró con cifras inferiores a las del año anterior y mayo confirmó la tendencia. O lo que es lo mismo: el emprendimiento encadena dos meses consecutivos de retroceso.

También es verdad que parte de esta caída puede responder a una corrección natural después de los fuertes incrementos registrados durante los primeros compases del año.

La mayoría de comunidades autónomas registran descensos

Este frenazo se ha extendido a buena parte del país. Durante mayo, únicamente tres comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, consiguieron aumentar el número de nuevas sociedades constituidas. El resto cerró el mes con cifras inferiores a las del año pasado.

Especial atención merecen Andalucía, Cataluña y Madrid. Entre las tres concentran cerca del 60% de todas las empresas que nacen en España, por lo que cualquier variación en estas comunidades tiene un impacto directo sobre el resultado nacional.

La incertidumbre económica pesa sobre los nuevos proyectos

Y es que, claro, la creación de una empresa suele implicar inversiones, contratación de servicios, búsqueda de financiación y planificación a medio plazo. Por ese motivo, los periodos de incertidumbre suelen afectar directamente a la decisión de emprender.

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El contexto actual presenta numerosos factores que invitan a la cautela. Entre ellos destacan las diferentes tensiones geopolíticas internacionales que estamos viviendo, aranceles, la evolución de los tipos de interés y las dudas sobre el crecimiento económico mundial durante los próximos trimestres.

Y ante este escenario, muchos emprendedores prefieren esperar antes de lanzar un nuevo negocio o realizar inversiones importantes.

Las ampliaciones de capital siguen creciendo

Pero ojo, no todos los indicadores empresariales muestran señales negativas. Mientras disminuye la creación de nuevas sociedades, las empresas ya existentes continúan reforzando su estructura financiera.

Durante mayo se registraron 606 ampliaciones de capital en Madrid y otras 492 en Cataluña. En conjunto, las ampliaciones crecieron un 1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Aunque el avance es más moderado que el observado en abril, cuando el incremento alcanzó el 8,1%, la evolución sigue siendo positiva.

Este comportamiento hace pensar que muchas compañías ya consolidadas mantienen sus planes de crecimiento, expansión e inversión, incluso en un contexto más incierto para quienes están valorando iniciar una nueva actividad empresarial.

Imágenes | Pexels, Zanyar Ibrahim

Es algo desconocido por muchos trabajadores por cuenta propia. Pero hay determinados periodos en los que dejaron de cotizar por motivos familiares y que pueden seguir teniendo valor de cara a su futura jubilación.

Aunque dichas interrupciones no aparecen reflejadas como tiempo trabajado en la vida laboral, la Seguridad Social las tiene en cuenta en determinadas circunstancias para calcular la pensión.

Esta medida resulta especialmente importante para autónomos y autónomas que interrumpieron su actividad tras el nacimiento, adopción o acogimiento de un menor.

Cotizaciones reconocidas por nacimiento y cuidado de hijos

La normativa contempla varios supuestos en los que la Seguridad Social añade periodos de cotización a efectos del cálculo de la pensión de jubilación o de incapacidad permanente.

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Por un lado, se reconocen 112 días de cotización por cada parto de un solo hijo. En los casos de parto múltiple, se añaden además 14 días por cada hijo adicional a partir del segundo. Esta medida está dirigida principalmente a las madres que dejaron de cotizar durante las semanas posteriores al nacimiento.

Estos días se incorporan al historial utilizado para calcular la pensión, aunque no figuren como cotizados en la vida laboral ordinaria.

Hasta 270 días adicionales por interrupción de la actividad

Existe además un segundo mecanismo destinado a compensar los periodos en los que padres o madres dejaron de trabajar para dedicarse al cuidado de sus hijos.

En este caso, la Seguridad Social puede reconocer hasta 270 días de cotización por cada hijo cuando se haya producido una interrupción de la actividad dentro del periodo comprendido entre los nueve meses posteriores al nacimiento o adopción y los seis años siguientes.

Este beneficio puede solicitarlo cualquiera de los progenitores, aunque la normativa establece preferencia para la madre salvo renuncia expresa.

Un aspecto importante es que estos días computan para mejorar la cuantía de la futura pensión, pero no sirven para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación contributiva, que actualmente se sitúa en 15 años.

Se pueden acumular ambos beneficios

Las dos fórmulas de reconocimiento de cotización, eso sí, son compatibles entre sí. Esto significa que una misma persona puede beneficiarse tanto de los días asociados al parto como de los derivados de la interrupción de la actividad para el cuidado de los hijos.

La suma de estos periodos tiene, no obstante, un límite máximo fijado por la Seguridad Social. En total, pueden llegar a reconocerse hasta 1.825 días, equivalentes a cinco años completos de cotización.

Para muchos autónomos, esta compensación puede marcar una diferencia significativa en el importe final de la pensión, especialmente si durante su trayectoria profesional atravesaron etapas prolongadas sin actividad económica.

Cómo influyen estas cotizaciones en la pensión

La principal ventaja de estos periodos reconocidos es que permiten rellenar vacíos en la carrera de cotización.

Por ejemplo, si una autónoma dejó de cotizar durante nueve meses tras cerrar temporalmente su negocio para cuidar de un hijo, esos meses podrían computarse como cotizados siempre que se encuentren dentro de los límites temporales establecidos por la normativa.

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A efectos del cálculo de la base reguladora, esos días tienen el mismo valor que si se hubiera mantenido la actividad profesional. Esto contribuye a evitar que determinadas lagunas reduzcan la cuantía final de la jubilación.

Requisitos para acceder a esta compensación

Para beneficiarse de estas cotizaciones adicionales es necesario cumplir una serie de condiciones.

Hijos correctamente inscritos

El nacimiento, adopción o acogimiento debe estar debidamente acreditado mediante la correspondiente inscripción en el Registro Civil o documentación equivalente.

Interrupción real de la actividad

Es necesario haber cesado o suspendido la actividad profesional y no haber cotizado durante el periodo que se pretende compensar.

Respeto de los plazos establecidos

Los periodos sin cotización deben encontrarse dentro de los márgenes temporales previstos por la normativa, tanto para los supuestos vinculados al parto como para los relacionados con el cuidado de hijos.

La aplicación se realiza durante la solicitud de la jubilación

Una de las ventajas de este sistema es que no requiere realizar un trámite específico años antes de la jubilación.

Cuando el autónomo solicita su pensión, debe indicar los hijos que ha tenido, así como los procesos de adopción o acogimiento que correspondan.

A partir de esa información y de la documentación aportada, la Seguridad Social analiza si existen periodos susceptibles de ser reconocidos. Si se cumplen los requisitos, esos días se incorporan automáticamente al cálculo de la prestación.

Imágenes | Marjonhorn, Marcinjozwiak

No cabe duda de que la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral, pero su implantación entre los trabajadores autónomos españoles todavía se encuentra en una fase muy inicial.

Según un análisis elaborado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), únicamente el 20% de los autónomos utiliza actualmente herramientas de IA de manera habitual en su actividad profesional.

Pero ojo, que dicho dato refleja una realidad muy desigual. Mientras algunas profesiones ya están incorporando estas tecnologías para automatizar tareas y mejorar la productividad, otras continúan desarrollando su actividad prácticamente al margen de esta revolución tecnológica.

Los oficios manuales resisten mejor el avance de la IA

Desde UPTA, al igual que el informe publicado por Funcas, consideran que la inteligencia artificial no tendrá el mismo impacto en todas las actividades económicas. Los trabajos vinculados a la presencia física, la destreza manual y la intervención técnica especializada cuentan con una protección natural frente a la automatización.

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Fontaneros, electricistas, mecánicos, carpinteros, albañiles, pintores, instaladores o profesionales del mantenimiento siguen y seguirán desarrollando tareas que requieren desplazamiento, adaptación a situaciones concretas y capacidad de actuación en entornos cambiantes.

Lo mismo ocurre con agricultores, ganaderos, transportistas, peluqueros, profesionales de la estética, hosteleros o trabajadores sanitarios, prácticamente imposibles de sustituir mediante sistemas automatizados.

Profesiones administrativas y de oficina, más expuestas

La situación es diferente en aquellas actividades donde una parte importante del trabajo se desarrolla mediante procesos repetitivos o gestión documental.

La IA ya es capaz de redactar documentos, generar presupuestos, organizar agendas, clasificar información o responder consultas básicas de clientes.

Por este motivo, determinados perfiles administrativos, profesionales de oficina o actividades relacionadas con la gestión de información podrían experimentar una transformación mucho más profunda durante los próximos años.

Las herramientas actuales también permiten optimizar procesos de compra, mejorar campañas de marketing, reforzar la atención al cliente y automatizar numerosas tareas de gestión empresarial. Sin embargo, el ritmo de adopción entre los pequeños negocios sigue siendo aún reducido.

Una adopción todavía muy limitada

Pese a la enorme atención mediática que recibe la IA, la mayoría de los autónomos todavía no la utiliza de forma habitual. Entre los principales obstáculos aparecen la falta de formación específica, el desconocimiento sobre sus aplicaciones prácticas y las dificultades para incorporar nuevas tecnologías en negocios de pequeño tamaño.

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Desde UPTA consideran que esta situación puede generar una nueva brecha tecnológica dentro del colectivo si no se toman medidas a corto plazo. Muchos profesionales desconocen cómo integrar estas herramientas en su actividad diaria o qué beneficios concretos pueden obtener de ellas.

La formación, la gran asignatura pendiente

Ante esta situación, UPTA reclama un impulso decidido a la capacitación tecnológica de los trabajadores por cuenta propia.

La organización propone la puesta en marcha de programas específicos de formación, ayudas para la digitalización y servicios de asesoramiento que faciliten la incorporación de estas herramientas.

También considera necesario adaptar los contenidos de la Formación Profesional y de los estudios universitarios a un entorno laboral donde la Inteligencia Artificial tendrá cada vez más presencia.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, advierte de que "la verdadera amenaza no es la Inteligencia Artificial, sino que miles de autónomos no dispongan de las herramientas y la formación necesarias para aprovechar su potencial y hacerlo conforme a la normativa. Necesitamos actuar de forma inmediata para que esta transformación tecnológica sirva para mejorar la productividad y la competitividad de los pequeños negocios, y no para generar una nueva brecha entre quienes pueden adaptarse y quienes se quedan atrás".

Imágenes | ClassicAireCare

La inteligencia artificial forma parte de la actividad diaria de miles de autónomos y pequeñas empresas que la utilizan para casi absolutamente todo. Pero ojo, esta “libertad” tiene los días contados.

La aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de Ley Orgánica para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, es un paso decisivo para adaptar la normativa española al Reglamento Europeo de IA.

La gran cantidad de obligaciones se dirige a desarrolladores y proveedores de sistemas avanzados. Pero también autónomos y pymes deberán revisar cómo utilizan estas herramientas en su actividad cotidiana.

El uso cotidiano de la IA ya no será una cuestión menor

Cada vez es más habitual que un pequeño negocio recurra a ChatGPT para redactar textos, a Gemini para generar propuestas comerciales o a plataformas de diseño capaces de crear imágenes automáticamente.

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En la mayoría de los casos, estas aplicaciones se consideran de riesgo limitado o mínimo, especialmente cuando funcionan como apoyo a tareas de productividad y no toman decisiones importantes y menos sobre terceros.

No obstante, el hecho de que una herramienta sea fácil de utilizar no significa que esté exenta de responsabilidades legales.

Qué actividades pueden generar más riesgos legales

La normativa distingue diferentes niveles de riesgo según la función que desempeñe la inteligencia artificial.

Los problemas suelen aparecer cuando estos sistemas intervienen en procesos que afectan directamente a personas. Un software que selecciona candidatos para una oferta de empleo, una aplicación que analiza la solvencia de un cliente o una herramienta que determina quién puede acceder a determinados servicios puede quedar sometida a exigencias mucho más estrictas.

O lo que es lo mismo: la importancia radica, sobre todo, en si la herramienta influye en decisiones que afectan a clientes, empleados, proveedores o terceros.

Las sanciones pueden alcanzar cifras millonarias

El proyecto legislativo incorpora un régimen sancionador alineado con la normativa europea.

Las infracciones más graves podrían alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior.

Aunque estas cantidades están pensadas para incumplimientos especialmente relevantes o sistemas de alto riesgo, también existen sanciones para situaciones menos graves.

Las infracciones graves podrían situarse entre 500.001 y 7,5 millones de euros, mientras que las leves oscilarían entre 6.000 y 500.000 euros.

La cuantía final, según la ley, dependerá de factores como la intencionalidad, la reincidencia, el daño causado o el tamaño de la empresa.

Los chatbots deberán identificar claramente que son inteligencia artificial

Uno de los cambios que más afectará a pequeños negocios será la obligación de transparencia.

Muchas empresas utilizan asistentes virtuales en sus páginas web, sistemas automáticos de atención al cliente o chatbots integrados en WhatsApp y otras plataformas.

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La futura regulación exigirá que el usuario sepa de forma clara que está interactuando con una máquina y no con una persona física.

Esta obligación también puede extenderse a determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial, especialmente cuando exista riesgo de confusión sobre su origen.

La protección de datos gana protagonismo

Otro de los aspectos más sensibles afecta al tratamiento de la información que se introduce en estas herramientas.

Muchos autónomos utilizan sistemas de inteligencia artificial para analizar documentos, redactar contratos, preparar informes o responder consultas de clientes. Sin embargo, no siempre conocen dónde se almacenan esos datos ni qué uso posterior puede hacerse de ellos.

La nueva normativa obligará a prestar mucha más atención a las políticas de privacidad, condiciones de uso y mecanismos de protección de la información.

Antes de incorporar una nueva aplicación a la actividad diaria será recomendable comprobar qué garantías ofrece respecto al tratamiento de datos personales y empresariales.

Las empresas deberán saber exactamente qué herramientas utilizan

Uno de los primeros pasos para adaptarse a la nueva regulación será elaborar un inventario interno de herramientas de inteligencia artificial.

Esto implica identificar qué aplicaciones utilizan empleados y colaboradores, para qué finalidades se emplean y qué impacto pueden tener sobre clientes, trabajadores o proveedores.

Ese control permitirá demostrar que existe una supervisión adecuada y que la organización conoce los límites y responsabilidades asociados al uso de estas tecnologías.

En otras palabras, la futura regulación insiste en la necesidad de mantener siempre una revisión humana en los procesos más sensibles. Al final el criterio de la persona es y debe ser el más importante.

Imágenes | Igor Omilaev, Tingey Injury Law Firm

¿Estás de baja? A partir del próximo 1 de septiembre, tú y miles de trabajadores por cuenta propia deberéis prestar mucha más atención a vuestro buzón electrónico de la Seguridad Social.

La entrada en vigor de la Orden ISM/541/2026 supone un cambio en la forma en la que la Administración se comunicará con quienes estén cobrando determinadas prestaciones o tengan procedimientos abiertos relacionados con incapacidades.

La nueva regulación amplía los colectivos obligados a relacionarse electrónicamente con la Seguridad Social y afecta especialmente a autónomos que se encuentren de baja médica por incapacidad temporal o que estén tramitando expedientes vinculados a incapacidades permanentes.

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El objetivo, asegura el Gobierno, es acelerar la transformación digital de la Administración, reducir la dependencia del correo postal y agilizar la gestión de millones de comunicaciones que cada año intercambian ciudadanos y organismos públicos.

Qué cambia a partir de septiembre

Hasta ahora, la obligación de recibir determinadas notificaciones electrónicas estaba limitada principalmente a beneficiarios de prestaciones concretas, como las relacionadas con el nacimiento y cuidado de menores o situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia.

Con la modificación normativa, la Seguridad Social amplía significativamente el alcance de este sistema.

Desde septiembre, también quedarán incluidos los solicitantes y perceptores de prestaciones por incapacidad temporal, así como las personas inmersas en procedimientos relacionados con incapacidades permanentes o lesiones permanentes no incapacitantes.

Esto significa que una gran parte de las comunicaciones que tradicionalmente llegaban por correo ordinario pasarán a estar disponibles en la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS).

Las comunicaciones que podrán recibirse por vía electrónica

El cambio afecta a numerosos trámites habituales durante una situación de baja médica o incapacidad.

A través de la sede electrónica podrán notificarse resoluciones sobre prestaciones económicas, solicitudes de documentación adicional, comunicaciones relacionadas con revisiones médicas, cambios en el estado del expediente o decisiones vinculadas al reconocimiento de una incapacidad permanente.

También podrán recibirse avisos sobre incidencias detectadas durante la tramitación, requerimientos de subsanación o comunicaciones relacionadas con lesiones permanentes derivadas de accidentes o enfermedades.

El riesgo de no consultar el buzón electrónico

La principal consecuencia para los autónomos no va a ser la pérdida automática de una prestación, sino la posibilidad de ignorar comunicaciones importantes que exijan una actuación dentro de un plazo determinado.

Cuando la Administración pone una notificación a disposición del interesado, este debe consultarla y responder, si procede, dentro de los periodos legalmente establecidos.

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No revisar regularmente el buzón electrónico puede provocar que se pase por alto una petición de documentación, una convocatoria para una revisión médica o una resolución relacionada con la prestación que se está percibiendo.

También podrían perderse oportunidades para presentar alegaciones, formular recursos administrativos o completar procedimientos necesarios para mantener determinados derechos.

Más digitalización en un sistema que gestiona millones de trámites

La Seguridad Social lleva años avanzando en la digitalización de sus procedimientos. Actualmente, gran parte de las gestiones relacionadas con afiliación, cotización, altas, bajas o prestaciones pueden realizarse sin acudir presencialmente a una oficina.

La ampliación de las notificaciones electrónicas busca reforzar esta estrategia y reducir los problemas asociados a los envíos postales, como retrasos, devoluciones o incidencias derivadas de cambios de domicilio.

Además, la utilización de medios digitales permite que las comunicaciones lleguen de forma prácticamente inmediata, reduciendo los tiempos de gestión y facilitando el seguimiento de los expedientes.

La Administración considera que este sistema aporta una mayor seguridad jurídica, ya que permite acreditar con precisión cuándo una comunicación ha sido puesta a disposición del interesado.

Habrá excepciones y mecanismos de apoyo

Aunque la regla general será el uso de las notificaciones electrónicas, la normativa contempla algunas excepciones.

La Seguridad Social podrá seguir utilizando medios tradicionales cuando no disponga de información electrónica suficiente para contactar con el ciudadano o cuando existan circunstancias que aconsejen una comunicación por vías no digitales.

También se mantendrá la posibilidad de recibir determinadas notificaciones de forma presencial cuando el interesado comparezca voluntariamente en una oficina y solicite acceder a la comunicación en ese momento.

Asimismo, la Administración podrá utilizar otros canales cuando resulte necesario para garantizar una actuación más eficaz o rápida. Los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) podrán prestar asistencia presencial para facilitar el acceso a las comunicaciones electrónicas.

Imágenes | BLACK17BG, Andres Siimon

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha presentado una propuesta de modificación del Estatuto del Trabajo Autónomo con el objetivo de adaptar la legislación actual a las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que se han producido en las últimas dos décadas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 150 asociaciones de autónomos de toda España y plantea una revisión profunda de una norma que fue aprobada hace demasiado tiempo, allá por 2007.

Y claro, desde entonces, todo ha cambiado mucho. La digitalización, la aparición de nuevas formas de trabajo, la expansión de las plataformas tecnológicas y la evolución de los modelos de negocio han sido constante.

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Durante los últimos meses, la organización ha desarrollado un proceso de consulta con entidades sectoriales e intersectoriales de todo el país para recoger las principales demandas de los profesionales por cuenta propia. Y este ha sido el resultado.

Más protección ante enfermedad, jubilación y cese de actividad

Uno de los pilares de la propuesta se centra en ampliar la cobertura social de los autónomos. El objetivo es acercar sus garantías a las que disfrutan los trabajadores asalariados, especialmente en situaciones que pueden comprometer la continuidad de un negocio o los ingresos personales.

Entre las medidas planteadas figura la mejora de las prestaciones por cese de actividad, una herramienta que durante años ha sido objeto de debate dentro del colectivo por las dificultades de acceso y las limitaciones existentes en determinados supuestos.

La reforma también propone revisar las condiciones relacionadas con la jubilación, la incapacidad temporal y las contingencias profesionales. Además, se contemplan mecanismos de apoyo extraordinario para situaciones excepcionales que puedan afectar gravemente a la actividad económica de los trabajadores autónomos.

La organización considera que el actual sistema necesita adaptarse mejor a la realidad de millones de profesionales que desarrollan su actividad sin la cobertura que existe en otros regímenes laborales.

El trabajo digital gana protagonismo

Otro de los grandes cambios incluidos en la propuesta afecta a las nuevas modalidades de trabajo que han surgido en los últimos años.

La expansión de las plataformas digitales, los servicios desarrollados a través de internet y las actividades económicas vinculadas a entornos virtuales han generado situaciones que no siempre encuentran un encaje claro dentro de la normativa actual.

Por este motivo, la reforma incorpora nuevas figuras jurídicas destinadas a ofrecer mayor seguridad tanto a los profesionales como a las empresas que operan en estos ámbitos.

El objetivo es reducir la incertidumbre legal y facilitar el desarrollo de actividades emergentes que tienen un peso creciente en la economía española.

Cambios en la figura del autónomo dependiente

La propuesta también presta especial atención a los trabajadores autónomos económicamente dependientes, conocidos como TRADE.

UPTA plantea una actualización de esta figura para adaptarla a los nuevos modelos productivos y reforzar los mecanismos de control frente a posibles usos indebidos. La intención es evitar situaciones en las que determinados profesionales trabajan en condiciones de dependencia económica sin disponer de una protección adecuada.

Incentivos para emprender y facilitar el relevo generacional

La reforma dedica un apartado importante a los incentivos económicos y al apoyo al emprendimiento.

Entre las medidas planteadas figura la revisión del sistema de bonificaciones, ayudas y reducciones de cuotas para hacerlo más eficaz y ajustado a las circunstancias actuales. También se proponen actuaciones específicas destinadas a impulsar el emprendimiento juvenil y favorecer la continuidad de negocios viables.

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Una vez más, Hacienda usará las devoluciones de la Renta para cobrarse deudas de 2025

El relevo generacional aparece como otra de las prioridades. Numerosos negocios gestionados por autónomos afrontan dificultades para encontrar continuidad cuando sus propietarios alcanzan la edad de jubilación.

La propuesta busca facilitar la transmisión de actividades económicas y evitar la desaparición de empresas que siguen siendo rentables.

Asimismo, se plantean medidas para fortalecer el tejido productivo en zonas rurales y contribuir a combatir la despoblación mediante incentivos específicos para quienes desarrollan su actividad fuera de los grandes núcleos urbanos.

Menos presión fiscal y un marco preparado para las próximas décadas

La organización considera imprescindible abordar cambios tributarios que permitan aliviar la carga económica que soportan numerosos autónomos. La propuesta defiende un modelo fiscal más equilibrado y vinculado a la capacidad económica real de cada profesional.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha destacado la necesidad de que las decisiones sobre el futuro del colectivo se adopten con la participación directa de sus representantes.

Según señaló, "es el momento de los autónomos" y de situar sus necesidades reales en el centro del debate político y social para impulsar una normativa adaptada a la realidad actual del trabajo por cuenta propia.

Imágenes |  Brooke Cagle, Vitaly Gariev

La campaña de la Renta entra en su recta final. El plazo para presentarla finalizará el martes 30 de junio. De hecho, aquellos contribuyentes cuyo resultado sea “a ingresar” y quieran domiciliar el pago deberán realizar el trámite antes del 25 de este mismo mes.

Sin embargo, ya son millones los contribuyentes que han recibido el ingreso correspondiente a su devolución. Y entre ellos, cómo no, miles de autónomos.

Más de ocho millones de contribuyentes ya han recibido su devolución

Los datos disponibles muestran que la Agencia Tributaria ha acelerado el ritmo de las devoluciones durante las últimas semanas. Hasta el momento, ya se ha abonado aproximadamente el 75% de las solicitudes con derecho a devolución presentadas durante esta campaña.

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Hacienda revisará las declaraciones de todos los autónomos este año, incluso si ya han recibido la devolución

En términos económicos, Hacienda ha transferido más de 5.700 millones de euros a cerca de 8,3 millones de contribuyentes. La Administración estima tramitar alrededor de 25,25 millones de declaraciones, lo que supone un 2% más respecto al ejercicio anterior.

La devolución media ronda los 690 euros

Pero, ¿cuál es la cantidad media que están recibiendo los autónomos que tienen derecho a devolución? Tomando como referencia los importes ya abonados y el número de contribuyentes beneficiados, la devolución media se sitúa actualmente en torno a los 690 euros.

Esta cifra, claro está, sirve únicamente como orientación, ya que la cantidad final depende de numerosos factores individuales.

En el caso de los autónomos, la existencia de gastos deducibles, las retenciones practicadas durante el ejercicio, las aportaciones a sistemas de previsión social o determinadas deducciones autonómicas pueden provocar lógicas diferencias muy importantes entre unas declaraciones y otras.

Hacienda prevé devolver más de 13.000 millones de euros

Las previsiones oficiales apuntan a que el importe total de las devoluciones durante esta campaña alcanzará los 13.271 millones de euros.

Y paralelamente, la Administración calcula que las declaraciones con resultado a ingresar generarán una recaudación superior a los 24.600 millones de euros.

A medida que se aproxima el cierre del plazo, la Agencia Tributaria mantiene además diversos mecanismos para reducir errores y facilitar la corrección voluntaria de posibles incidencias detectadas en las declaraciones ya presentadas.

Ojo con las cartas que están llegando a miles de autónomos

Junto a las devoluciones, Hacienda también ha intensificado el envío de comunicaciones informativas destinadas a aquellos contribuyentes en cuya declaración se han detectado discrepancias respecto a los datos fiscales disponibles.

Miles de autónomos están recibiendo estas notificaciones tanto por correo postal como a través de los canales electrónicos habilitados por la Administración.

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Estas cartas no significan automáticamente el inicio de una inspección ni implican la imposición de una sanción. Su finalidad es ofrecer al contribuyente la posibilidad de revisar la información presentada y corregir posibles errores antes de que se inicie un procedimiento formal de comprobación.

Durante esta campaña ya se ha remitido una primera tanda de decenas de miles de comunicaciones, aunque la previsión es alcanzar alrededor de 130.000 avisos antes de que finalice el proceso.

Cómo revisar las diferencias detectadas por la Agencia Tributaria

Las comunicaciones enviadas incluyen indicaciones precisas para que el contribuyente pueda consultar las discrepancias observadas por la Administración.

A través de los servicios habilitados en la sede electrónica, los autónomos pueden acceder a los apartados correspondientes de Renta Web y comprobar qué información no coincide con los datos fiscales que maneja Hacienda.

Desde esa misma plataforma es posible presentar una declaración rectificativa cuando se confirme la existencia de errores u omisiones.

En campañas anteriores, muchos contribuyentes optaron por corregir voluntariamente sus declaraciones tras recibir estos avisos, evitando posteriores requerimientos, intereses de demora o posibles sanciones derivadas de una regularización posterior.

Imágenes | mahdi rezaei, Priscilla Du Preez

El perfil del trabajador por cuenta propia en España ya no es el que era. Y hay tres factores que han sido imprescindibles para este cambio: el aumento de profesionales extranjeros, el avance del emprendimiento femenino y el auge de la pluriactividad.

Según el último informe de la Federación Española de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y que analiza el perfil del autónomo en nuestro país, en apenas diez años, el número de autónomos extranjeros prácticamente se ha duplicado.

La afiliación de autónomos extranjeros ha aumentado un 93,6%, lo que supone la incorporación de 165.781 nuevos profesionales. Y como resultado, este colectivo representa ya cerca del 17% de los autónomos en España.

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En 2016, los autónomos extranjeros suponían apenas el 9% del total. Un dato que pone de manifiesto el importante papel que desempeña la inmigración en la actividad económica y en la creación de nuevos negocios.

Además, son una parte importante del incremento de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que ha incrementado su volumen de afiliados un 7,2% entre junio de 2016 y abril de 2026. O lo que es lo mismo, España ha pasado de contar con alrededor de 3,2 millones de autónomos a superar los 3,4 millones.

El emprendimiento femenino sigue avanzando

Otro de los cambios más significativos es el protagonismo creciente de las mujeres dentro del colectivo autónomo.

Durante la última década, el número de mujeres autónomas aumentó un 10,4%, con 71.746 nuevas afiliadas al régimen especial. Una evolución que contrasta con la registrada entre los hombres, cuyo número descendió un 2,4%, equivalente a una pérdida de más de 30.000 afiliados.

Como consecuencia, la participación femenina dentro del conjunto de autónomos persona física ha aumentado de forma constante. Si en 2016 las mujeres representaban el 34,7% del colectivo, actualmente alcanzan el 37,5%.

Cada vez menos autónomos generan empleo

A pesar del crecimiento general del colectivo, existe una tendencia que preocupa especialmente: la reducción de autónomos con trabajadores contratados.

Los datos muestran que los profesionales sin asalariados aumentaron un 4,4% en la última década, mientras que aquellos que cuentan con empleados a su cargo disminuyeron un 6,2%.

El caso más llamativo es el de quienes hace diez años mantenían al menos un trabajador en plantilla y actualmente han dejado de hacerlo. Este grupo se redujo un 8,6%, evidenciando las dificultades que afrontan los pequeños negocios para sostener puestos de trabajo.

¿Las causas? Pueden ser muchas: el incremento de los gastos operativos, las obligaciones administrativas, la presión fiscal o la complejidad normativa, entre otras.

La pluriactividad se dispara

La combinación de empleo asalariado y actividad por cuenta propia también se ha convertido en una tendencia cada vez más frecuente.

Los trabajadores en situación de pluriactividad crecieron un 83,4% durante los últimos diez años. Esto supone que casi 80.000 personas más compatibilizan actualmente ambos regímenes de cotización.

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En cifras absolutas, se ha pasado de poco más de 95.000 pluriactivos en 2016 a cerca de 174.400 en 2026.

En algunos casos, esto permite complementar ingresos. En otros, sirve como vía para poner en marcha proyectos empresariales sin renunciar inicialmente a la estabilidad de un empleo por cuenta ajena.

Los servicios siguen liderando el emprendimiento

Por sectores de actividad, los servicios continúan siendo el principal destino para quienes deciden emprender en España. Actualmente concentran cerca del 75% de los autónomos.

La construcción destaca como el sector con mejor evolución, registrando un incremento del 11,5% donde la recuperación de la actividad inmobiliaria, la rehabilitación de edificios y el crecimiento de determinadas especialidades técnicas están marcando tendencia.

En el lado opuesto se encuentran la agricultura y la industria. El sector agrario perdió más de 31.000 autónomos en diez años, lo que equivale a una caída del 13,2%. La industria también retrocedió, con un descenso del 12,4%.

Imágenes | alex starnes, Greg Trowman