La relación entre España y las instituciones comunitarias vuelve a tensarse a cuenta de la fiscalidad. En esta ocasión, el foco se encuentra en el tratamiento del IVA aplicado a los autónomos que realizan ventas intracomunitarias, un ámbito en el que el país se ha quedado rezagado respecto al resto de Estados miembros.

La Comisión Europea ha elevado el tono y advierte de que, si no hay avances inmediatos, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El conflicto se origina en la falta de adaptación del marco normativo español a una directiva comunitaria aprobada en 2020, que establecía un nuevo régimen del IVA para pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia.

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Esta norma debía aplicarse de forma obligatoria en toda la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2025, pero España es, a día de hoy, el único país que no ha completado su transposición al ordenamiento interno.

Un incumplimiento que sitúa a España en solitario

La directiva europea introduce cambios relevantes en la tributación del IVA para autónomos que operan en el mercado comunitario. Entre otros aspectos, obliga a eximir de repercutir este impuesto en las ventas realizadas a clientes de otros países de la UE, eliminando así una carga fiscal y administrativa que dificultaba la actividad transfronteriza de pequeños negocios.

La Comisión Europea ha constatado que España no ha aplicado este régimen, pese a que el plazo legal expiró a finales de 2024.

Desde Bruselas se subraya que no existe constancia de que el país haya cumplido con esta obligación, lo que supone un incumplimiento del derecho comunitario. Ante esta situación, el Ejecutivo comunitario ha advertido de que, si persiste la inacción, el expediente podría acabar en el TJUE.

El proyecto de ley bloqueado en el Congreso

El Gobierno español incluyó la transposición de esta directiva dentro de un proyecto de ley más amplio que introduce modificaciones en distintas normas tributarias. Sin embargo, el texto sigue en tramitación parlamentaria y no ha entrado en vigor, lo que ha generado un vacío legal respecto a la aplicación del nuevo régimen del IVA.

Desde el Ejecutivo se argumenta que el retraso responde a la complejidad del paquete normativo y al calendario legislativo, pero esta explicación no ha convencido a la Comisión Europea.

Para Bruselas, el incumplimiento no es solo formal, sino que tiene efectos directos sobre la competencia y la igualdad de condiciones entre profesionales de distintos países.

La exención opcional hasta 85.000 euros

Además de la exención obligatoria en ventas intracomunitarias, la directiva ofrece a los Estados miembros la posibilidad de aplicar un régimen de exención del IVA a autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros.

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Esta medida, conocida como IVA franquiciado, busca simplificar las obligaciones fiscales de los negocios de menor tamaño.

España ha decidido no acogerse a esta opción, una decisión que ha generado un fuerte rechazo entre las organizaciones representativas del colectivo.

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos ha denunciado esta postura ante la Comisión Europea, al considerar que sitúa a los profesionales españoles en clara desventaja frente a sus homólogos europeos.

La denuncia de ATA y sus argumentos

ATA sostiene que la negativa a aplicar el régimen de exención vulnera principios básicos del derecho comunitario, como la efectividad, la no discriminación, la proporcionalidad y la libertad de establecimiento.

La organización recuerda que el plazo para adaptar esta parte de la directiva finalizaba el 31 de diciembre de 2024, con entrada en vigor al inicio de 2025.

Según la asociación, la falta de transposición impide que los autónomos españoles puedan emitir facturas sin IVA cuando su volumen de negocio no supera los 85.000 euros anuales, una posibilidad de la que sí disfrutan profesionales de otros países de la UE.

Esto no solo incrementa el esfuerzo administrativo, sino que afecta a la competitividad y a la capacidad de expansión internacional.

La posición del Gobierno y el debate fiscal

El Gobierno ha dejado claro que no tiene intención de incorporar esta exención opcional al sistema fiscal español.

En una enmienda incluida en el proyecto de ley actualmente en el Congreso, el Ejecutivo defiende que la directiva comunitaria concede libertad a los Estados para aplicar o no esta medida, y que España ha optado por mantener el actual régimen del IVA.

Y es que, mientras otros países han aprovechado la directiva para reducir cargas y fomentar la actividad empresarial, el modelo español mantiene un nivel de exigencia que muchos consideran desproporcionado para los pequeños negocios.

Imágenes | Pixabay, Pixabay

Las organizaciones de autónomos han dado un paso más en su pulso con el Gobierno y han denunciado ante la Comisión Europea el retraso de España en aplicar el conocido como IVA franquiciado, un régimen que permitiría a pequeños negocios no repercutir IVA si no superan un determinado volumen de facturación.

El conflicto no es nuevo, pero sí relevante: la Directiva europea que lo regula está en vigor y España sigue sin trasponerla, a diferencia del resto de países de la Unión Europea.

Qué es el IVA franquiciado (y qué no)

El IVA franquiciado es un régimen voluntario pensado para pequeños negocios. Permite que los autónomos que facturen por debajo de un umbral —hasta 85.000 euros anuales, según la normativa europea— no tengan que repercutir IVA en sus facturas.

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Eso sí, tiene una contrapartida clave: tampoco permite deducirse el IVA soportado en gastos y compras. Sin embargo, no es una exención automática ni universal, sino una opción que cada autónomo puede valorar según su tipo de actividad, clientes y estructura de costes.

La denuncia por parte del colectivo

La Directiva europea que regula este régimen debía haberse incorporado al ordenamiento nacional. Sin embargo, España sigue sin hacerlo, lo que ha llevado a asociaciones de autónomos a acudir a Bruselas para denunciar el incumplimiento.

El argumento es claro: la falta de trasposición impide que miles de pequeños negocios accedan a un régimen fiscal más simple, especialmente aquellos que trabajan con clientes finales y no pueden compensar el IVA repercutido.

Por supuesto, el IVA franquiciado no es igual de atractivo para todos, pero sí que representa una opción más que beneficiosa para autónomos que trabajan con consumidores finales, negocios con pocos gastos deducibles y actividades de servicios donde el IVA encarece el precio final.

Por el contrario, aquellos que soportan mucho IVA en compras o inversiones o trabajan mayoritariamente con empresas que sí se deducen el impuesto, no tiene tanta relevancia. Por eso, las organizaciones insisten en que se trata de un régimen opcional, no obligatorio.

El impacto para pymes y pequeños negocios

Más allá del debate fiscal, el retraso tiene consecuencias prácticas:

• Mayor complejidad administrativa para los más pequeños.
• Dificultad para competir en precio frente a otros países donde el régimen ya existe.
• Pérdida de una herramienta de simplificación en un entorno de creciente carga normativa.

Para muchas microempresas, no se trata tanto de pagar más o menos, sino de simplificar la gestión y reducir errores, inspecciones y costes indirectos.

Por ahora, el Gobierno no ha fijado una fecha concreta para implantar el IVA franquiciado, lo que mantiene el conflicto abierto.

Reticencias del Ejecutivo

Desde el punto de vista del Gobierno, la implantación del IVA franquiciado plantea reticencias fiscales y de control. Hacienda ha señalado en distintas ocasiones que un régimen de exención amplia podría suponer una merma recaudatoria relevante, especialmente en un país con un sector empresarial muy dividido, donde una parte importante de la actividad se concentra en microempresas y autónomos. A ello se suma el temor a que el sistema incentive la fragmentación de negocios o el fraccionamiento de actividades para no superar el umbral de facturación.

Además, el Ejecutivo también ha puesto el foco en las dificultades de supervisión y fraude, al tratarse de un régimen que reduce la trazabilidad del IVA en determinados tramos. Desde esta óptica, el IVA franquiciado podría complicar los mecanismos de control fiscal y aumentar la economía sumergida si no va acompañado de sistemas de seguimiento muy precisos. Estas cautelas explican, en parte, por qué España ha optado por retrasar su trasposición, pese a que la directiva europea permite aplicar el régimen de forma voluntaria y con salvaguardas.

Desde el lado empresarial, la patronal y las asociaciones de autónomos han cuestionado este enfoque. Consideran que los argumentos sobre una posible pérdida de control tributario pierden peso en un contexto de pagos bancarios generalizados, digitalización de la facturación y mayor trazabilidad fiscal.

Además, sostienen que el actual sistema ya convierte al pequeño negocio en recaudador indirecto del IVA, obligándolo a adelantar y gestionar un impuesto que no constituye un ingreso propio. En este sentido, entienden que estos factores no justifican frenar la trasposición de una directiva europea que permite aplicar el régimen de forma voluntaria y con salvaguardas.

La denuncia ante Bruselas busca forzar un calendario y reactivar una medida que, sobre el papel, ya forma parte del marco europeo. Mientras tanto, los autónomos siguen operando bajo el régimen general, a la espera de una decisión que podría cambiar de forma significativa la fiscalidad de los negocios más pequeños.

El Banco Central Europeo (BCE) avanza en la creación del euro digital, que será una moneda legal pública a nivel europeo tanto para pagos on-line como para transacciones que no requieran conexión a la red.

Pese a las polémicas de los últimos meses, todavía está en fase de preparación, no pretende sustituir al dinero en efectivo (por lo menos, a priori) y, aunque todavía no se ha lanzado, ya plantea desafíos importantes para empresas y emprendedores.

Qué es el euro digital

El euro digital será una versión electrónica del dinero de curso legal en la Unión Europea (el euro), emitida directamente por el BCE y accesible para todos los ciudadanos y empresas de la eurozona.

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La institución monetaria ha insistido en que no pretende sustituir el efectivo, sino ofrecer una alternativa complementaria, especialmente en un contexto cada vez más digitalizado.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de preparación, que durará hasta octubre de 2025. Durante este periodo, se definen los estándares operativos, se seleccionan los proveedores tecnológicos y se llevarán a cabo pruebas piloto.

La decisión definitiva sobre su emisión no se tomará hasta después de esta fase, por lo que su disponibilidad real podría llegar entre 2026 y 2028, dependiendo del desarrollo normativo en la Unión Europea.

Ventajas potenciales para las pequeñas empresas

El euro digital está diseñado para ser seguro, instantáneo y de acceso universal, lo que lo convierte en una herramienta con múltiples ventajas para negocios de pequeño tamaño.

Entre ellas:

• Pagos instantáneos, incluso sin conexión a internet
• Reducción de costes al eliminar intermediarios en algunas transacciones
• Mayor inclusión financiera, favoreciendo a zonas rurales o sectores con escaso acceso a los bancos
• Estímulo a la innovación, especialmente en ecommerce y servicios financieros digitales
• Trazabilidad y transparencia, lo que podría facilitar auditorías y el cumplimiento normativo

Además, al tratarse de dinero público respaldado por el BCE, no está sujeto a riesgos de quiebra bancaria y podrá utilizarse directamente desde monederos digitales gestionados por bancos o proveedores autorizados.

Los retos, que no son pocos

A pesar de sus posibles ventajas, la adopción del euro digital plantea interrogantes importantes entre los autónomos y las pymes, tal y como han reflejado distintos medios.

En primer lugar, está el temor a una necesaria inversión tecnológica inicial para la actualización de terminales de punto de venta (TPVs), software de contabilidad o apps de cobro, que puede suponer un coste significativo para las pequeñas empresas y aquellos negocios que no se han digitalizado completamente.

También preocupa la incertidumbre normativa y fiscal: a día de hoy, no está claro cómo se integrará el euro digital en las declaraciones fiscales, si conllevará nuevas obligaciones o si implicará una supervisión más estrecha por parte de la Administración.

A esto se suma el hecho de que, al menos durante los primeros años, las empresas deberán gestionar una doble infraestructura de cobro: con efectivo y con euro digital. Esta coexistencia puede dificultar la contabilidad diaria y aumentar la complejidad operativa.

Algunos negocios más tradicionales ven además con inquietud el posible fin de la flexibilidad que permite el uso del efectivo, temiendo que la trazabilidad total pueda derivar en un mayor control fiscal.

Qué piensan los autónomos

Desde el colectivo de autónomos, muchos trabajadores por cuenta propia han apuntado que el euro digital parece un cambio impuesto desde las instituciones, sin suficiente información o garantías. 

Más allá de la incertidumbre sobre su utilidad real (si consigue eliminar intermediarios, como Bizum o las tarjetas bancarias, podría reducir los costes por transacción), las dudas se orientan hacia los posibles sobrecostes.

Se ha afirmado que los usuarios no pagarán comisiones, pero sí lo harán los comercios, sin saber si esas tarifas estarán por encima o por debajo de las que están presentes, hoy, en los mercados.

En cambio, los procesos y costes asociados de la digitalización, como apuntaba Javier Rivas, profesor de EAE Business School, para AyE, son menos preocupantes que la obligación de compensar el gasto energético de las redes blockchain: ¿quién pagará esos costes extra? ¿Y cómo lo compensarán las cajas de muchos negocios, si le toca a pymes y autónomos?

Sin embargo, el punto clave que ha despertado más suspicacias no es la trazabilidad total, que puede puede generar cierto escepticismo por la promesa de privacidad. El BCE ha asegurado un nivel de anonimato similar al efectivo, pero las transacciones sí serán trazables, lo que genera mayor inquietud.

Por el contrario, se trata de los límites de 3.000 euros por usuario (el límite en cartera digital, del cual se ha hablado), una cifra que pretende evitar fugas de capital de los depósitos bancarios, pero que puede verse como una barrera para negocios con mayores flujos de caja.

Además, será necesaria una infraestructura digital y educativa en consonancia y una resolución ágil de problemas propios del día a día: compras no reconocidas, devoluciones...

Buena parte del sector coincide en que el éxito del euro digital dependerá, principalmente, de la posibilidad de adaptarse a las formas de pago aceptadas y validadas por millones de personas a diario.

¿Cómo puede prepararse una pyme?

Frente a este panorama, los expertos recomiendan no esperar a que el euro digital llegue para comenzar a adaptarse. En esta primera fase, los negocios pueden comenzar a informarse sobre las implicaciones para su negocio, revisar sus sistemas tecnológicos actuales y buscar asesoría especializada, sobre todo, en cuestiones legales, fiscales y de digitalización.

El euro digital no va a transformar el tejido empresarial de un día para otro, ni tampoco será un medio de pagos y cobros obligatorio. Pero su llegada marcará un cambio estructural en la forma de entender y operar los pagos en Europa. Las pymes que mejor se preparen estarán en disposición de aprovechar sus ventajas, reducir costes y ofrecer mejores experiencias de cobro a sus clientes.

Después de unas semanas de pactos complicados, que permitieron el pasado mes de noviembre sacar adelante el impuesto extraordinario a la banca, es posible que el Gobierno español se enfrenta a un riesgo de suspensión.

Puede parecer sorprendente, pero desde Europa se ha notificado de un fallo clave en el procedimiento, el cual podría vulnerar la normativa europea: no consultar al Banco Central Europeo (BCE) antes de dar los primeros pasos, sino después.

¿Adiós, impuesto?

El impuesto a la banca salió adelante con pactos cruzados de izquierda y derecha. Primero, en el Congreso, donde fue votado el 21 de noviembre y, ahora, en su tramitación en el Senado, donde los partidos tienen que incorporar qué enmiendas se incorporan antes de este miércoles, 18 de diciembre. Sin embargo, el plazo de presentación de enmiendas quedó cerrado durante el mes de noviembre.

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De este modo, desde Europa se señala que, ante cualquier normativa financiera, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, existe el requisito obligatorio de consultar al BCE. El porqué es simple: desde la UE, se espera que los estados miembros permitan al organismo emitir una opinión favorable o desfavorable antes de que las propuestas legislativas avancen.

En este caso, el Gobierno solicitó el informe tras la aprobación del texto en el Congreso y la realización de una primera votación. Por ello, aunque el Senado aún puede debatir enmiendas, los partidos no podrán incorporar cambios técnicos derivados del dictamen del BCE, que podría llegar fuera de plazo.

Precedentes del TJUE

Según Francisco de la Torre, expresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, e inspector de Hacienda, para El Economista: es algo "sorprendente, puesto que la consulta debería haberse realizado desde el inicio del trámite parlamentario, dado que el impuesto estaba incluido en las previsiones enviadas a Bruselas." A su vez, el Banco Central Europeo ha ratificado que la petición se hizo tan pronto como se publicó el proyecto de ley, dentro de plazo y de acuerdo con el funcionamiento que se podía esperar.

Por lo tanto, el BCE considera como único responsable al Gobierno español (o el Parlamento). Si se confirma un incumplimiento, las instituciones europeas podrían iniciar un proceso de infracción contra España. Este primer paso abriría la puerta a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) suspenda o incluso anule la norma.

¿Resulta impensable? Lo cierto es que no. El mismo TJUE ya suspendió, en 2023, el tramo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos aprobado por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En este caso, las razones fueron muy distintas, pues se calificó este apartado como ilegal y señaló que la legislación comunitaria se oponía a que la legislación nacional diera libertad a a las regiones para establecer tipos diferentes para un mismo producto y función, lo que obligó a devolver 6.500 millones de euros.

Qué puede ocurrir

Lo cierto es que no está claro. Por un lado, el BCE ha expresado con anterioridad su preocupación sobre el impacto de este tipo de impuestos en la estabilidad financiera.

La falta de precedentes ante procesos similares en la Unión Europea añade incertidumbre. Si bien el derecho comunitario reserva al BCE la capacidad de impulsar recursos de incumplimiento contra los estados miembros, sería la Comisión Europea quien debería liderar esta acción. Esto abre la posibilidad de una larga disputa legal que podría retrasar la aplicación del impuesto o exigir modificaciones significativas.

Esta es la principal razón por la que el Gobierno incluyó una deducción fiscal en el caso de que las entidades viesen reducida su rentabilidad. Además, se puede considerar que la posibilidad de que existan problemas técnicos en el diseño de esta tributación es más evidente ahora, debido a este fallo.

La anulación es posible

El impuesto a la banca, pensado para recaudar fondos en un contexto de ajuste fiscal, podría enfrentarse a un bloqueo si el BCE o el TJUE dictaminan que su tramitación vulneró las reglas de consulta europea. Según los expertos, esto podría llevar a procesos de anulación o suspensión del impuesto, así como pueden requerirse cambios significativos.

Aunque el proceso legislativo sigue avanzando, el informe del BCE —y la interpretación jurídica que se haga de los tiempos— será crucial para el futuro de esta medida. Por ahora, con la banca manteniendo la existencia de problemas de rentabilidad y algunos de los principales partidos llegando al Senado entre polémicas, este tema está en el aire.

La creciente digitalización, el imparable avance de los pagos electrónicos y la amenaza de la descentralización que ofrecen algunas criptomonedas, hacen que la Unión Europea se haya embarcado en la tarea de lanzar un Euro Digital.

Posiblemente no estemos ante ninguna nueva criptomoneda, sino simplemente ante un medio de pago, con una billetera puesta en marcha por el Banco de España, que sirva para pagar y almacenar euros digitales y complementario al euro en papel, en lo que sería un comienzo poco ambicioso y temeroso, considerando el potencial.

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Claves del Euro digital según el Banco de España

Todavía se sabe bien poco del Euro Digital, por lo que la intervención de Margarita Delgado, Subgobernadora del Banco de España, en una conferencia en el marco de los Cursos Europeos de Verano de la Fundación Diario de Navarra y Equipo Europa ha dado algunas pistas sobre la nueva moneda.

Algunas de las ideas clave que ha lanzado sobre la futura configuración del Euro Digital son:

Sólo se podrán tener 3.000 euros digitales

Tal y como anticipó Margarita Delgado, para garantizar la estabilidad del Eurosistema financiero, los estudios preliminares consideran necesario establecer un límite para la cantidad de euros digitales que los usuarios pueden mantener.

Por tanto, de momento se considera que poner “un límite de 3.000 euros sería acorde con las necesidades de los usuarios minoristas y evitaría efectos negativos en el sistema financiero”. Pero sin duda, esta será una decisión muy vinculada al contexto económico que se dé en el momento de la emisión de la moneda.

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El Euro Digital será similar al efectivo

Según el Banco de España “el Euro Digital se diseñaría de modo similar al efectivo”, lo que implica algunos aspectos importantes como la privacidad o el respaldo con garantías.

El euro digital no estaría cubierto por un sistema de garantía de depósitos común.

En cuanto a la privacidad, se tratarán los datos personales necesarios para poder cumplir determinadas obligaciones de interés público como la prevención del fraude, la lucha contra el blanqueo de capitales y la elusión fiscal y los necesarios para cumplir distintos requerimientos de seguridad y operativos. Bueno, parece que algo más de control que el dinero realmente efectivo.

En este sentido,  la subgobernadora del Banco de España, afirmó que “nuestros ciudadanos deben estar seguros de que su privacidad estará garantizada. No existe intención ni motivos para examinar a fondo en qué gastan las personas su dinero ni cuánto gastan”.

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Interacción y coexistencia entre soluciones de pago privadas y el Euro Digital

Si bien, parece que el euro digital viene a competir con otros medios de pago electrónico de cualquier entidad financiera, lo que supone una amenaza para los ingresos del sistema bancario actual, la subgobernadora del Banco de España sostiene que “creemos que hay espacio suficiente para que coexistan un euro digital y las soluciones de pago privadas”.

Es más, comenta, que el Euro Digital permitiría competir mejor con soluciones no europeas, impulsando la innovación, fomentando la competencia y mejorando la resiliencia en el mercado europeo de pagos.

Por supuesto, el Euro Digital sería un bien público de uso gratuito, pero también sería el punto de partida para que los intermediarios desarrollaran sus propias plataformas o soluciones sobre las que cobrar por sus servicios a los usuarios.

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¿En qué punto se encuentra el Euro Digital?

Ahora mismo la implantación del Euro digital está en una fase de estudio e investigación que ha durado dos años y que llegará hasta octubre de 2023.

Será entonces cuando el Banco Central Europeo decida pasar a la siguiente fase, donde, se empezaría el desarrollo y la prueba de soluciones técnicas y mecanismos operativos para el funcionamiento del euro digital, así como los cambios normativos necesarios.

Ya que estamos constantemente a vueltas con la digitalización y lo que representa en nuestra vida cotidiana, tanto como ciudadanos como para la gestión diaria de empresas y autónomos, es importante conocer que la Comisión Europea acaba de establecer 15 indicadores clave para medir los avances en digitalización.

Estos indicadores y las cifras medibles que llevan asociadas, proporcionan una visión más clara de las metas que Europa pretende alcanzar en su transformación digital durante la Década Digital de Europa (decisión UE 2022/2481), que es la estrategia europea definida recientemente y para la que España deberá plantea una hoja de ruta clara hacia la digitalización en los próximos meses.

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15 KPI para medir la transformación digital

Estos indicadores abarcan áreas como la conectividad, las habilidades digitales, la digitalización de la industria, los servicios públicos digitales y la ciberseguridad estableciendo KPI para medir el avance hacia las metas digitales propuestas. Estos indicadores son los siguientes:

1) Capacidades digitales de nivel básico

Que un mínimo del 80% de las personas de entre 16 y 74 años tenga al menos, capacidades digitales básicas.

2) Especialistas en TIC

Conseguir un mínimo de 20 millones de especialistas en TIC estén empleados en la Unión, al tiempo que se facilita el acceso de las mujeres a este ámbito y se aumenta el número de titulados en TIC

3) Conectividad de Gigabit

El 100% de los usuarios finales en una ubicación fija estén cubiertos por una red de gigabit hasta el punto de terminación de la red.

4) Cobertura de 5G

Que todas de las zonas pobladas estén cubiertas con cobertura 100% por redes inalámbricas de alta velocidad de próxima generación con un rendimiento equivalente, como mínimo, al de la 5G, de conformidad con el principio de neutralidad tecnológica.

5) Semiconductores

La producción en la Unión Europea de semiconductores de vanguardia, de conformidad con el Derecho de la Unión sobre sostenibilidad medioambiental, suponga, al menos, el 20 % de la producción mundial en valor

6) Nodos de proximidad

Que, al menos, 10.000 “nodos de proximidad” de alta seguridad y climáticamente neutros estén implantados en la Unión, distribuidos de manera que se garantice el acceso a los servicios de datos de baja latencia (es decir, unos milisegundos) dondequiera que se encuentren las empresas.

7) Informática cuántica

La Unión Europea disponga, a más tardar en 2025, del primer ordenador con una aceleración cuántica, que allane el camino para que la Unión esté en la vanguardia de las capacidades cuánticas de aquí a 2030.

8, 9 y 10) Computación en la nube, macrodatos e inteligencia artificial

Al menos el 75 % de las empresas de la Unión Europea hayan adoptado servicios de computación en nube, macrodatos o inteligencia artificial.

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11) Pymes con al menos un nivel básico de intensidad digital

Más del 90 % de las pymes de la Unión hayan alcanzado al menos un nivel básico de intensidad digital.

12) Unicornios

La Unión Europea facilite el crecimiento de sus empresas innovadoras en expansión y mejore su acceso a la financiación, como mínimo duplicando el número de unicornios.

13) Prestación en línea de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos y las empresas

Se dé una prestación 100 % accesible on line de los servicios públicos esenciales y, cuando proceda, sea posible que los ciudadanos y las empresas de la Unión interactúen en línea con las administraciones públicas.

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14) Acceso al historial médico electrónico

El 100 % de los ciudadanos de la Unión tenga acceso a sus historiales médicos electrónicos.

15) Acceso a la identificación electrónica (eID)

El 100 % de los ciudadanos de la Unión tenga acceso a un medio de identificación electrónica (eID) seguro y reconocido en toda la Unión, que permita a los usuarios tener el control absoluto de las transacciones relativas a su identidad y de los datos personales que se comparten.

En cualquier caso, las empresas y los autónomos deben entender que la fijación de estas metas, influyen directamente en lo que pueda pasar en los próximos años en cuanto hacia que ámbitos habrá oportunidades de negocio, hacia dónde se dirigirá las compras públicas y las licitaciones, así como por dónde irán las líneas de ayudas y subvenciones en el medio plazo.

Puede darse el caso de que una empresa o un autónomo cobre por un trabajo y no emita la correspondiente factura. A veces es posible que la Agencia Tributaria inspeccione, descubra y sancione estas prácticas. La cuestión en estos casos que ha aclarado ahora la justicia europea es cómo tiene que considerarse el IVA repercutido en esa operación. Y en estos casos Hacienda no podrá descontar el IVA al calcular fraudes y sancionar según el TJUE, tanto para IRPF como para el caso de Sociedades.

En un reciente sentencia del Tribunal Europeo en la que da respuesta a una cuestión planteada por el TSJ de Galicia en un caso de imposición de sanciones por falta de factura, se considera que el IVA debe considerarse incluido en el precio de los servicios prestados. Es decir, si se han cobrado 1.000 euros por un trabajo, esta cantidad ya incluye el IVA, que no se podrá reclamar como hasta ahora hacía la Agencia Tributaria que se ingrese el 21% de la cantidad cobrada.

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Es un duro golpe para la Agencia Tributaria, ya que en estos casos las sanciones y el monto total a pagar por los defraudadores cambia de forma radical. Lo que no puede hacer, en ningún caso, la empresa que ha cometido el fraude es deducirse dicho IVA aunque les hayan sancionado, ya que es condición necesaria para que se pueda deducir, que exista factura y en esta caso no tenemos.

Según el TJUE cuando procede de una reconstitución efectuada en el marco de una inspección relativa a los impuestos directos, el resultado de una operación que ha sido ocultada a la Administración tributaria incluye el IVA soportado por dicha operación. Según el propio Tribunal, cualquier otra interpretación sería contraria al principio de neutralidad del IVA y haría recaer una parte de la carga de dicho impuesto sobre un sujeto pasivo, cuando el IVA solo debe ser soportado por el consumidor final.

Lo cierto es que son ya demasiadas ocasiones en las que los criterios de la Agencia Tributaria no son los más ortodoxos, por decirlo de alguna manera. De esta manera se explica que casi la mitad de las sanciones recurridas sean estimadas total o parcialmente o que se intente premiar con reducciones importantes por acatar las sanciones sin interponer recursos, una práctica por otra parte habitual en otras administraciones.

Además saben que sobre todo los más pequeños no van a recurrir, ni van a intentar llegar tan lejos como el TJUE. En muchos casos no tienen capacidad económica para sostenerlo, ni conocen a la persona adecuada que sea capaz de discutir dichos criterio de tú a tú frente a la inspección.

El próximo 1 de julio entrarán en vigor nuevas normas que aplicarán al IVA del comercio electrónico. Su objetivo es facilitar la actividad a las empresas que tienen su actividad online, al tiempo que ponen en marcha una serie de reglas de juego equilibradas con respecto a empresas que operan online fuera de la Unión Europea.

La nueva normativa establece un nuevo régimen uniforme para el comercio de bienes y servicios online, asegurando que el IVA se paguen el país donde se prestan los servicios o consumen los bienes. Hasta ahora, las empresas estaban obligadas a registrarse en cada país de la UE antes de poder vender allí a los consumidores.

Además, la Unión Europea ofrece un sistema más sencillo para declarar y pagar sus obligaciones de IVA a través de la ventanilla única de importación. Este sistema permitirá que se pueda declarar y pagar el IVA con todas las ventas intracomunitarias desde la propia administración tributaria del país donde la empresa tenga su actividad, y en su idioma.

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Según la propia Comisión Europea, esta posibilidad equilibra el juego entre empresas comunitarias y vendedores de fuera de la Unión Europea y, al mismo tiempo, incrementará la protección de los consumidores del viejo continente. Por último, también se derogará la exención actual del IVA para paquetes que entren en la UE cuyo valor no exceda de 22 euros.

Este sistema permitirá ahorrar a las empresas en torno a 2.300 millones de euros en costes de cumplimiento, que se reducen en un 95 por ciento, además de simplificar los trámites burocráticos, ya que todas las ventas intracomunitarias se presentan en una única declaración trimestral.

La crisis del coronavirus ha hecho que todo salte por los aires. También los planes económicos y políticos que el Gobierno tenía en su agenda. No solo se trata del plan de subida del SMI o la aplicación de determinados impuestos a empresas y grandes multinacionales. Ahora la contrarreforma laboral en el aire por las exigencias de Bruselas.

Porque el dinero que España espera que se aporte desde la Unión Europea, ya sea en forma de créditos que se tienen que devolver o subsidios, parece que tendrá como contrapartida una política económica que no era la que este Gobierno tenía en su agenda. Y la flexibilidad para despedir, pero también el abaratamiento de los costes de hacerlo es uno de los aspectos que no quieren que se toque.

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No es el único porque la subida del IVA también está en la agenda. Quizás no se trata de subir el tipo impositivo, sino de que haya más sectores que tributen por el tipo general y no por tipos reducidos. Así que si en vuestra empresa se aplica uno de estos tipos reducidos podéis temblar.

Pero además otro de los aspectos que están en los rumores son las pensiones. Aligerar el coste de las pensiones puede venir por diferentes soluciones:

• Aumentar la cotización, donde lo más probable es que sea el porcentaje que aporta el trabajador el que suba.
• Subir el número de años que se utilizan para el cálculo de la pensión, incluyendo más años al tener en el inicio de la vida laboral salarios más bajos da como resultado una pensión de menor cuantía.
• Retrasar la edad de efectiva de jubilación, teniendo en cuenta que la edad de jubilación va aumentando cada año y dentro de poco se situará en 67 años, la cuestión es evitar en la medida de lo posible las prejubilaciones.

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Veremos hasta donde llegan la exigencias y sobre todo cuánto dinero llega para la reactivación económica y cómo se utiliza. Porque esta es la clave para poder hacer frente a la deuda, recuperar los niveles de PIB de antes del coronavirus lo antes posible. Luego ya podemos plantear otras cuestiones como un modelo económico menos dependiente del turismo para estar preparados ante la próxima pandemia que nos llegue en los próximos años.

No todo son malas noticias para la pyme. El programa marco Horizonte Europa el conocido como "Instrumento Pyme" tras el éxito de su convocatoria en el anterior programa marco –Horizonte 2020-, ha sido de nuevo aprobado en el Parlamento Europeo, a pesar de algunas negativas por parte de una parte de los grupos políticos.

No obstante, 41 pymes españolas han sido beneficiadas lo cual les vendrá muy bien para seguir trabajando en sus proyectos innovadores y sobre todo, de utilidad para los países miembros de la Unión Europea.

¿Qué normas hay que cumplir para acceder a estas ayudas?

• Aportar valor añadido a nivel europeo. Respondiendo a una necesidad en la UE.

• Ser de aplicación exclusivamente civil.

• Desarrollarse en consorcio internacional, con una participación mínima de tres entidades independientes entre sí. A excepción de determinados tipos de proyectos en los que se puede participar de forma individual.

• Ajustarse a las líneas específicas de investigación e innovación detalladas en los programas de trabajo y convocatorias correspondientes.

• Respetar los principios éticos y la legislación nacional de la UE, e internacional aplicable.

Empresas que ya han sido premiadas con las ayudas de 'Instrumento Pyme'

En cuanto a la Región de Murcia: las firmas murcianas seleccionadas son:

• Sistema Eólico Morcillo, con su proyecto de producción de energía alternativa.

• Useful Wastes, con una iniciativa dedicada al aprovechamiento hídrico en la industria agroalimentaria.

• Bolaseca, que propone una idea para retrasar la maduración de la fruta y verdura durante su traslado.

• Grapheano, que ofrece un proyecto dedicado a aplicar el nanomaterial de grafeno en los platos de ducha.

• Nido Robotics, con su dron submarino Saeco, con un nuevo producto de embalajes de cartón destinado a prolongar la vida de frutas y verduras.

Este proyecto de colaboración, se enmarca en el programa europeo Horizonte 2020, una iniciativa de la Unión Europea que tiene como finalidad el impulso a la I+D+i, particularmente entre las pymes, para todos los países de la zona Euro para el periodo 2014-2020.

Fases para formar parte del 'Instrumento Pyme'

• Fase 1: Concepto y evaluación de la viabilidad. En esta primera fase, el programa financia el “Business Plan” o estudio de viabilidad científica o técnica y el potencial comercial de la nueva idea, con el objetivo de desarrollar un proyecto innovador. Se trata de una subvención a fondo perdido de 50.000 Euros.

• Fase 2: Demostración y replicación comercial Financiación destinada al desarrollo del proyecto presentado en la fase 1. Esta fase financia las actividades de Investigación, Desarrollo y Demostración (Prototipos, pruebas, diseño de procesos innovadores, verificaciones de rendimiento, entre otros), así como la replicación comercial.

• Fase 3: Comercialización En esta tercera fase las empresas no recibirán financiación directa. La Unión Europea pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos facilitadores, con el fin de establecer vínculos y acceso a financiación de riesgo.

Se ofrecerá a las PyMEs beneficiarias medidas de apoyo alternativo como formaciones, asesoramiento, coaching y medidas para promover la contratación precomercial y de soluciones innovadoras.

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