Con la entrada en vigor de la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece, las multas por no tener un programa de facturación electrónica certificado por Hacienda se elevarán hasta los 50.000 euros.

Facturar electrónicamente ya es obligatorio tanto para autónomos como para las empresas, deberán hacerlo con otras empresas y profesionales, pero no afectará por el momento a las relacionades con los consumidores finales.

Esta normativa entró en vigor en 2022 y se estableció un período aproximado de tres años para su adaptación, ya que la factura electrónica será el único sistema que se podrá usar en relaciones comerciales tanto entre empresas y trabajadores por cuenta propia. Ganaremos una mayor agilidad y control de los pagos.

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Ley de facturación electrónica y Ley Crea y Crece y sus ventajas

La Ley Crea y Crece ha supuesto un cambio en la manera en que las empresas y los autónomos deben gestionar sus facturas. Dentro de las medidas de esta ley nos interesa la obligatoriedad de la utilización de la factura electrónica en las operaciones entre empresarios y profesionales.

¿Qué ventajas implica el uso de la factura electrónica en operaciones entre empresarios y autónomos?

• Digitalizar las relaciones empresariales.
• Reducir los costes de transacción.
• Facilitar la transparencia en el tráfico mercantil.
• Reducir la carga administrativa y mejorar la relación entre proveedores y clientes.

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Cómo debe ser la facturación electrónica según la Ley Crea y Crece

La facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos del software antifraude y garantizar la autenticidad e integridad de las facturas. Esto significa poder rectificar una factura, pero no borrarla o alterarla ni modificar su registro informático, así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

Este software permitirá remitir de manera voluntaria los registros a la Agencia Tributaria de manera automática. Las facturas incorporarán la frase "Factura verificable en la se sede electrónica de la AEAT" o VERI*FACTU lo que implica estar sujeto a ventajas, pero también a condiciones:

• No estarás obligado a firmar electrónicamente los registros de facturación. El sistema deberá calcular la huella de los registros.
• Se facilitará la integración de los registros de facturación en los libros registro del IVA y del IRPF.
• Tus clientes podrán verificar que tus facturas han sido enviadas a la Agencia Tributaria.

Hay una cierta confusión entre la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude. La primera, la que te interesa en esta ocasión, se enfoca en la creación y crecimiento de empresas mediante la digitalización y la facturación electrónica, Antifraude está dirigida a prevenir y combatir el fraude fiscal.

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Ayudas para adaptarse a la facturación electrónica

El programa Kit Digital, del que ya te hemos hablado, ofrece subvenciones para que las empresas adopten soluciones de facturación electrónica de una manera sencilla. El plazo es hasta diciembre de 2024.

A través de un diagnóstico previo del nivel de madurez de tu empresa, se identifican tus necesidades de digitalización, por ejemplo, la de adopción de la factura electrónica.

Recuerda que adaptarse a la facturación electrónica es una obligación legal y una oportunidad para mejorar la eficiencia y transparencia en las operaciones comerciales.

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Multas de hasta 50.000 euros por utilizar un programa de facturación sin certificar por Hacienda

Según recoge y estable la Ley General Tributaria LGT, la Ley Antifraude y el reglamento que la desarrolla, las empresas y los profesionales estarán cometiendo una infracción tributaria si:

• Usan programas de facturación que no garantizan la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación.
• Emplean soluciones que carezcan de certificación.
• Manipulan un producto certificado.

Al incumplir estas obligaciones se estará cometiendo una infracción grave lo que se traduce en una multa de 50.000 euros por usar programas de facturación sin certificar por Hacienda.

Hacienda marca las directrices, desde el Plan de Control Tributario para vigilar a los autónomos y a cualquier contribuyente. Ya os adelantamos el procedimiento y las fases de una investigación. Una vez más, el Supremo a raíz de una sentencia, limita las condiciones para que pueda hacer una investigación sorpresa.

El autónomo tiene una serie de derechos frente a una pesquisa por parte de la Agencia Tributaria, entre ellos destaca el derecho a ser informado previamente a la 'visita', como recogen desde Autónomos y Emprendedores.

La sentencia que sienta jurisprudencia, no prohíbe las inspecciones sorpresa, pero sí que se realicen informando al autónomo unos minutos antes. Será necesario que haya un procedimiento inspector abierto y que el empresario tenga conocimiento de él.

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Según el Supremo estas son las condiciones para que Hacienda haga una visita sorpresa

Desde hace años, las visitas sorpresa de Hacienda han sido cuestionadas. De hecho, el Supremo ya dictó que, para realizar este tipo de registros en los negocios, debía contar con indicios sólidos y una autorización judicial.

Hasta el momento, las normas eran esas. Sin embargo, al otros casos llevados al Tribunal, han dado la voz de alarma ante el comportamiento invasivo de esas visitas sorpresa sin previo aviso.

Por esta razón, la solicitud de entrada en una empresa se tiene que hacer durante el transcurso de un procedimiento inspector que esté abierto y, por supuesto, notificar con antelación al propietario del negocio.

Ya no basta que el juez autorice una inspección y se notifique a la entrada del negocio pillando desprevenido al autónomo. Desde el 18 de julio, el Supremo ratifica que, para que se dé una visita legal, es necesario el procedimiento abierto de la Inspección y que, por supuesto, el dueño del negocio lo sepa.

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Hacienda en una visita sorpresa no puede interrogar a los autónomos de un negocio

Ya lo recogimos en Pymes y Autónomos, entre las diversas sentencias del Tribunal Supremo en relación a las visitas sorpresa por Hacienda, aparecía la limitación a la hora de interrogar a los dueños de los negocios y a sus empleados durante una inspección.

Un interrogatorio no puede realizarse mientras se produce un registro domiciliario, pero, sobre todo, no puede llevarse a cabo sin seguir los trámites normales en una comparecencia, es decir, te deben citar y debe haber un preaviso.

La ilegalidad aparece cuando un contribuyente sufre dos actuaciones inspectoras a la vez: registro domiciliario y un interrogatorio. Pensemos que esta situación además de violenta para las personas a las que se le somete a una serie de preguntas, no se ajusta a las exigencias de proporcionalidad.

La entrada y registro de un negocio debe servir para examinar los libros y registros de contabilidad, sin embargo, el interrogatorio sin previo aviso por parte de Hacienda, implica realizar un interrogatorio en un contexto intimidatorio.

Con el final del verano, vuelven las obligaciones fiscales para los autónomos. Se acerca el tercer trimestre y el cierre del ejercicio, llegó el momento de presentar la liquidación trimestral del IVA, pagar el segundo plazo de la declaración anual de la RENTA, el pago del IRPF mensual o el Impuesto de Sociedades trimestral.

Para todos estos impuestos existe la posibilidad de aplazar o fraccionar. Esta decisión es habitual entre los trabajadores por cuenta propia por la cantidad de pagos que han de afrontar.

No olvidemos que casi cualquier deuda o impuesto que puedan tener con Hacienda se puede aplazar. Si se solicita un aplazamiento habrá de pagar intereses por cada mes que aplace la deuda. El interés de demora este 2024 es de un 4,06%.

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Cómo funciona el aplazamiento de impuestos para los autónomos

La Agencia Tributaria permite a las empresas y a los autónomos aplazar el pago de las deudas que generen con Hacienda a través de impuestos, intereses o sanciones.

Los aplazamientos tienen dos modalidades: la primera es a través de un mecanismo automático y sin necesidad de aval si las deudas son por un importe no muy elevado. La segunda es para aplazar las cuantías más elevadas y sólo se puede solicitar aportando garantías.

Cuando hablamos de garantías nos referimos a un aval bancario o una valoración de los bienes ofrecidos en garantía, eso es lo más habitual, así lo recogen desde Autónomos y Emprendedores.

El mecanismo de aplazamiento automático es el más habitual entre los trabajadores por cuenta propia, se permite cuando la deuda no supera los 50.000 euros. Hasta 2023 era de 30.000 euros, por lo que se ha ampliado en 20.000.

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Qué intereses cobra Hacienda por aplazar o fraccionar un pago si eres autónomo

Los llamados intereses de demora, es decir, los costes que se deben pagar si aplazas o fraccionas un pago son del 3, 25%, que es el interés legal del dinero en 2024, con un incremento del 25%, es decir, un total de un 4,06%.

Estos intereses hay que recordar que sólo se aplican al fraccionamiento del IVA y del IRPF trimestrales. Como excepción está la declaración de la renta durante el período voluntario. Hacienda permite fraccionar sin tener que pagar intereses, siempre que se haga dentro del plazo legal.

Si el fraccionamiento se pidiera fuera del plazo de presentación, Hacienda aplica recargos:

• Del 5% si se paga antes de recibir el requerimiento.
• Del 10% si se paga después, pero se ingresa dentro de los plazos que marque el requerimiento.

¿Sale a cuenta aplazar las deudas con Hacienda? En principio, sí porque la falta de liquidez, sobre todo tras el verano, es una buena razón para aliviar la presión de hacer frente a demasiados pagos.

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Plazos máximos de aplazamientos de impuestos

Los plazos están marcados por el importe de la deuda tanto del IVA como del IRPF, como ya hemos visto el IRPF anual tiene su propio sistema de aplazamientos.

Para las deudas por debajo de 50.000 euros:

• 24 meses para las personas físicas.
• 12 meses para las personas jurídicas.

Para las deudas por encima de 50.000 euros el plazo máximo es de 60 meses sin distinguir entre persona física o jurídica.

Al presentar la solicitud de aplazamiento se deberá incluir una propuesta de calendario de pagos que Hacienda puede aprobar o desestimar y proponer otro calendario alternativo.

Los autónomos y pequeños negocios están de enhorabuena, Red.es se ha hecho eco de nuevas ayudas de hasta 3.000 euros para mejorar el acceso a Internet. El Bono de Conectividad busca mejorar la conexión a la red de este colectivo.

El Bono de Conectividad sigue la línea del Kit Digital y persigue el mismo objetivo, mejorar la relación de las pequeñas empresas en el plano digital.

Los solicitantes deberán elegir una solución o servicio entre un grupo de opciones ofertadas. Se trata de una herramienta similar al Kit Digital y las solicitudes podrán enviarse el próximo 10 de septiembre.

Bono de conectividad para mejorar el acceso a la red de autónomos y pequeños negocios

Esta convocatoria tiene como finalidad la mejora de la conectividad de las pequeñas empresas, microempresas entre 0 y 50 trabajadores y, personas en situación de autoempleo.

Estas ayudas consistirán en una cantidad de dinero destinado a financiar la contratación por las pequeñas y medianas empresas beneficiarias de las soluciones de acceso a Internet y servicios asociados que deseen.

Las soluciones deben estar disponibles en el mercado y aparecer en el Catálogo de Servicios de Bono Pyme. Se pueden consultar desde la plataforma Acelera Pyme.

El beneficiario de esta ayuda deberá emplear la subvención en la contratación de una o varias soluciones de acceso a Internet y servicios asociados a través de un Contrato de prestación de Soluciones o Servicios con los Prestadores de Servicios, previo a la solicitud.

Es decir, este Bono de Conectividad se hará efectivo para el autónomo o pyme, cuando en su nombre, el prestador de servicios presente una cuenta justificativa de la actividad para que así se le conceda la ayuda, como recogen en Autónomos y Emprendedores.

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Dos tipos de ayudas para mejorar la conectividad

Las soluciones financiadas por el Bono de Conectividad abarcarán dos tipos:

• Un acceso a Intern en redes de banda ancha, con una velocidad de descargar de 100 Mbps o superior, en las sedes de autónomos o empresas que no tengan un acceso en el momento de enviar la solicitud ni en los tres meses anteriores.
• Uno, varios o un conjunto de servicios asociados.

Autónomos y empresas podrás solicitar la ayuda para mejorar su acceso a Internet de manera individual o de forma conjunta con las ayudas para uno, varios o todos los servicios asociados. Sólo deberá presentarse una solicitud.

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La ayuda será de 3.000 euros por beneficiario

El importe máximo que podrá recibir tanto el autónomo como la empresa será de 3.000 euros. El Bono de Conectividad ofrece seis soluciones diferentes para mejorar la conectividad de los negocios.

• Acceso a Internet: acceso a Internet de Banda Ancha, 100 Mbps de velocidad en sentido descendente. período de prestación: 12 meses. Importe total: 400 euros por sede. La intensidad de la ayuda será del 50%.
• Servicios asociados: IP fija. Período de prestación: 12 meses. Importe total: 180 euros por IP, máximo 3 IPs por empresa.
• Telefonía móvil Corporativa: Período de prestación: 12 meses. Importe total: 300 euros por usuario.
• WiFi Profesional: Período de prestación: 12 meses. Importe total: 150 euros por sede. 200 euros con un punto de acceso.
• Almacenamiento y Backup en la nube en modalidad avanzada. Período de prestación: 12 meses. Importe total: 2.000 euros por empresa.

Tanto autónomos como pequeñas empresas tendrán que tramitar estas ayudas por medio de un agente intermediario y abonar la diferencia de la parte no subvencionada.

A principios de año el Parlamento Europeo aprobó un reglamento que permitía a los autónomos y negocios, realizar transferencias bancarias en menos de diez segundos sin tener que pagar una comisión.

El objetivo era acabar con los tiempos de espera entre las pequeñas y medianas empresas y mejorar la seguridad en las transferencias. Las entidades bancarias tienen como plazo para adaptarse a este nuevo servicio hasta octubre de 2025, así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

Esta normativa estará disponible para los ciudadanos, negocios y empresas con una cuenta bancaria en la Unión Europea. La nueva norma entró en vigor después de su publicación en febrero de este año, las entidades de la zona euro tienen nueve meses para estar listas y ofrecer transferencias inmediatas, la obligación estará al cien por cien vigente a finales de 2025.

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Tiempos de espera menores para pymes y autónomos al realizar una transferencia bancaria

La inmediatez de las transferencias deberá garantizar con independencia del día o la hora en que se hagan, que el dinero llegará a la cuenta del destinatario en un plazo de diez segundos. El ordenante, debe ser informado en un plazo de también diez segundos de si ese dinero transferido ha llegado a la cuenta del receptor.

Para garantizar la seguridad, los bancos deben aplicar medidas sólidas de prevención del fraude para evitar que el dinero transferido acabe por error o por fraude en la cuenta equivocada. ¿Cómo lo hacen? a través de un servicio de identidad del destinatario, sin coste adicional.

De hecho, con las nuevas reglas, si una entidad bancaria no cumple con sus obligaciones de prevención del fraude y esto provoca un problema financiero, el cliente podrá solicitar una compensación.

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Ventajas del nuevo reglamento sobre las transferencias inmediatas para pymes y autónomos

Y cómo afecta este nuevo reglamento a los autónomos y pymes a la hora de gestionar su negocio, estas son algunas de las ventajas que ofrecen las transferencias bancarias inmediatas:

• Para empezar, el hecho de poder enviar dinero cualquier día y a cualquier hora de la semana. Algo que beneficia clientes y proveedores, y a la vez, a la hora de liquidar una factura, puesto que se la podrán abonar con mayor rapidez.
• A la hora de pagar las nóminas a los trabajadores. Es una buena manera de hacer una gran cantidad de pagos a la vez sin tener que afrontar cargos añadidos.
• Mejora la transparencia y seguridad de las operaciones. Tanto los bancos y proveedores de pago deben informar sobre la disponibilidad real del dinero enviado, con lo que se reduce la incertidumbre que se genera cuando se realiza una transferencia o se espera.

A partir del 1 de julio de 2025, las empresas con ingresos menores a seis millones de euros deberán proporcionar su facturación a la Agencia Tributaria. Esta medida no está relacionada con la obligación de emitir las facturas que impuso la Ley Crea y Crece.

El organismo implementará una aplicación gratuita para que tanto pymes como autónomos remitan de inmediato sus facturas. Hablamos de una herramienta que permitirá expedir hasta 100 facturas anuales y ahorrar costes.

El uso de la factura electrónica ya es obligatorio para algunos autónomos y empresas desde el año 2015, pero ha pasado desapercibido para muchos. Hoy te explicamos cómo emitir tus facturas y revisaremos el Reglamento que regula los requisitos de los sistemas informáticos y electrónicos de facturación.

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Emplear programas de facturación certificados por la Agencia Tributaria será obligatorio en 2025

Fue en 2023 cuando se publicó el reglamento con los requisitos que deben cumplir los programas que emplean los empresarios y autónomos para realizar su facturación. Este cambio tenía como objetivo estandarizar el proceso de facturación y así luchar contra el fraude fiscal.

La norma estableció que las empresas que desarrollaban y comercializaban este tipo de software tenían nueve meses para adaptar sus productos a la ley. Y los empresarios y profesionales tenían como fecha límite el 1 de julio de 2025 para disponer de programas de facturación certificados por la Agencia Tributaria AEAT.

Como comentábamos el fin es emplear sólo programas de facturación certificados por la Agencia Tributaria y que cumplan con los requisitos establecidos por Hacienda.

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Prevenir el fraude fiscal entre pymes y autónomos gracias a la facturación online

El fraude fiscal es uno de los mayores problemas en nuestro país, por lo que la creación de este sistema gratuito para autónomos y pymes para realizar su facturación y compartirla de manera inmediata con el fisco será de gran ayuda para todos.

Hasta el 1 de julio de 2025 cuando el programa entre en vigor habrá un período de adaptación donde las empresas podrán usar sistemas de facturación que ya cumplan con lo que aparece en la normativa.

El fin de Hacienda es que todos los autónomos y pymes utilicen el sistema Verifactu para la emisión de sus facturas.

VERIFACTU es la denominación genérica que se utiliza para referirse a cualquier sistema de emisión de facturas que sean verificables y que pueda realizar su envío a la Agencia Tributaria.

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Ventajas para los autónomos por usar la facturación electrónica y la morosidad

No sólo gana Hacienda, la principal ventaja de la facturación electrónica permitirá a los autónomos luchar contra la morosidad. Será más fácil llevar un control de los pagos pendientes, ya que resultará más fácil el acceso a la información sobre los plazos de pago entre empresas.

Otra ventaja es el ahorro de espacio y la seguridad puesto que, en vez de estar guardadas en papel en una oficina, lo harán en un lugar más seguro en la nube.

Al promover la digitalización en las relaciones empresariales se minimizan los costes de transacciones.

Si eres autónomo y tienes un pequeño negocio, contar con un Terminal de Punto de venta TPV será lo más lógico. Es una herramienta habitual puesto que casi todos pagamos con tarjeta. Sin embargo, para Hacienda es un activo a confiscar, junto con el datáfono cuando un trabajador por cuenta propia tenga deudas.

La Ley 11/ 21 nació para mejorar la lucha contra el fraude y su prevención, Hacienda añadió que se debía mejorar la vigilancia de las operaciones realizadas con tarjetas de crédito, débito y otros medios digitales. Ahora se entiende que los datáfonos o TPV sean objeto de investigación.

Si te preguntas el motivo por el que podrían cancelar tus dispositivos, la razón principal está en que no tienen ningún tipo de restricción ni han de cumplir ningún requisito por parte de la Administración así lo recoge Autónomos y Emprendedores. De hecho, esta herramienta depende de la relación entre el trabajador por cuenta propia y su entidad bancaria.

Datáfonos en el punto de mira por la lucha contra el fraude entre algunos autónomos

Ya hemos hablado de la lucha contra el fraude por parte de la Agencia Tributaria, pero al parecer Hacienda quiere ir un paso más allá al aumentar la vigilancia sobre los movimientos de las tarjetas, y eso implicaría el endurecimiento del uso de los TPV en los negocios, con el fin de mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Desde la Administración se valora modificar el Reglamento General de las actuaciones de la inspección para incluir diferentes obligaciones de cara a los pagos y cobros con tarjetas bancarias haciendo hincapié en la información que deben facilitar las entidades financieras.

¿Y cómo afectarían esas obligaciones a los autónomos? No mantener ningún tipo de deuda con la Agencia Tributaria si quieren seguir trabajando con un datáfono o TPV.

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¿Servirá de algo prohibir el uso del TPV o del datáfono para mejorar las obligaciones fiscales de los autónomos?

Los técnicos de Hacienda consideran que no. Y es lógico puesto que si un pequeño negocio no afronta el pago de sus impuestos es por falta de liquidez. Si a esta situación añadimos una traba como prohibir a estos trabajadores que hagan uso de su datáfono se estará eliminando una fuente de ingresos que necesita.

Otro dato a tener en cuenta es que una de las vías que tiene Hacienda para cobrar deudas fiscales a los autónomos, es el embargo de los ingresos que provienen del cobro con tarjetas, es decir, al embargar el TPV puede cobrar la deuda que mantenga.

Hacienda está decidida a aumentar la vigilancia entre pymes y autónomos, y así lo ha hecho llegar a Bruselas con una propuesta en la que pretende modificar el Reglamente General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección para obligar a los bancos a enviar más información sobre el movimiento con las tarjetas.

Con el fin de fortalecer la liquidez empresarial y combatir la morosidad, la Unión Europea presentó ante el Parlamento un reglamento destinado a reemplazar la Directiva Europea sobre Morosidad, pero la aprobación se ha pospuesto por la falta de consenso.

Desde España, Cepyme no oculta su preocupación debido a que varios países miembros no parecen convencidos de la necesidad de aprobar esta normativa. Pymes y autónomos son los que más sufren la morosidad entre algunos de sus clientes o proveedores.

La aprobación por parte del Consejo de la Unión Europea es necesaria para finalizar la tramitación de la norma porque es el último paso pendiente. El pasado 20 de marzo el Parlamento Europeo ya dio el visto bueno, así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

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La novedad será multar a las empresas morosas

Para un autónomo la morosidad implica dos serios problemas. El primero es no contar con un dinero que le pertenece, el segundo, cómo le afecta a la hora de hacer frente a sus pagos como la autoliquidación del IVA trimestral. 

Como novedad, cada Estado de la Unión Europea elegirá a una o varias autoridades para aplicar el nuevo reglamento, de esta forma, se adoptarán las medidas oportunas para asegurar que se cumplen con los plazos de pago.

Y ahí es donde entran las multas y sanciones y otras medidas a todo aquel que no pague. ¿Cómo se llevará a cabo este procedimiento? A través de inspecciones sin previo aviso para exigir al deudor que afronte su infracción y le ponga fin.

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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad celebra este avance que beneficia a pymes y autónomos

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), es un organismo privado que representa a 1,5 millones de pymes y autónomos, y es una de las creadoras de esta nueva norma. Conocedores de los abusos que soportan tanto los autónomos como las pymes, con plazos eternos, consideran que se trataría de un logro extraordinario.

Sin embargo, para países como Alemania, Francia y Holanda, la morosidad no es un problema, de hecho, esta normativa es hasta innecesaria. Es lógico que se tema que la aprobación se alargue en el tiempo, cuando esta ley supondría más burocracia y ningún beneficio para sus ciudadanos. Desde PMcM confían en que sí se ponga en marcha puesto que son millones de pymes y autónomos en Europa los que más sufren la morosidad.

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Actualizar la ley contra la morosidad a nivel europeo es una necesidad para pymes y autónomos

Desde Cepyme llevan diez años luchando contra la morosidad, y ven necesario unificar las normas en el contexto europeo y asegurar así que todas las empresas trabajen bajo las mismas reglas para proteger la libre competencia.

La morosidad supone un aumento de los gastos de financiación de las empresas, lo que se traduce en costes elevados e inasumibles en muchas ocasiones, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.

Pero la morosidad no afecta por igual al tejido empresarial de los países de la UE, de hecho, en Dinamarca es del 10%, en Rumanía alcanza el 86%. En España, la morosidad representa el 56%, en Francia el 58% y en Alemania el 35%. Estos datos lo recogen la Encuesta de Pagos D&B.

En la actualidad, la morosidad está regulada por la Ley de morosidad de 2004 y la Directiva Europea de Morosidad de 2011. Ambas son insuficientes para luchar contra el crecimiento de la morosidad, de hecho, los pagos se producen a partir de los 80 días, nada que ver con los 30 días que promete la nueva normativa europea que por ahora está bloqueada.

Las pequeñas y medianas empresas tienen un papel relevante en el tejido empresarial de España, con un total de 2.917.389 (0-249 asalariados) según recoge el Informe Cifras Pyme de enero de 2024. Sin embargo, sólo el 20,8% de las personas trabajadoras por cuenta propia tiene asalariados a su cargo.

Para un autónomo contratar a una persona supone tomar una decisión complicada, por esta razón, desde las comunidades autónomas surgen cada cierto tiempo nuevas ayudas para que les resulte rentable contratar a trabajadores indefinidos.

Acceder a este tipo de subvenciones sólo depende del tipo de jornada laboral, la preparación o formación de la persona que sea contratada, así como que forme parte de algún colectivo vulnerable así lo recoge Autónomos y Emprendedores. Vamos a repasar las ayudas que existen dependiendo de la comunidad autónoma.

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Lista de ayudas para los autónomos que necesiten contratar a un trabajador

Vamos a revisar las diferentes ayudas por comunidad, para animar a pymes y autónomos a contratar, algo que repercutirá en la producción de su negocio, y a la vez, no supondrá un gasto extra difícil de asumir.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ofrece ayudas para autónomos y pequeños negocios que deseen contratar a personas desempleadas de especial atención.

El importe del crédito presupuestario disponible para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de la concesión de estas ayudas durante el año 2024 asciende a 22.500.000,00 €.

La concesión se realizará mediante concesión directa por orden riguroso de incoación de las solicitudes válidamente presentadas, en función de la fecha y hora de presentación en el Registro electrónico de la Comunidad de Madrid.

La Orden por la que se resuelva la concesión o denegación de la subvención será notificada a los solicitantes de forma individual y por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid.

Ayudas para la contratación en Andalucía

Desde la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, se anunciaron nuevos incentivos a la contratación dirigidos a trabajadores autónomos y negocios. El paquete de ayudas cuenta con una importante cantidad, 145 millones de euros.

Destaca una ayuda concreta para que los trabajadores por cuenta propia contraten indefinidos a menores de 29 años. Esta opción cuenta con una partida de 80 millones de euros y un dato a tener en cuenta porque la cuantía se incrementará en aquellos casos en los que el autónomo contrate a su primer asalariado.

Con esta acción se busca beneficiar a los contratos que pymes y autónomos hayan formalizado a partir del 1 de marzo.

Incentivos para la contratación de Canarias

Desde el Gobierno de Canarias ofrecen incentivos a la Contratación Laboral de jóvenes desempleados. Estas subvenciones tienen como objeto incentivar la contratación de personas jóvenes inscritas en situación de beneficiarias en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil SNGJ y en el Servicio Canario de Empleo SCE en la condición de demandantes de empleo desempleadas.

Las subvenciones incluyen a jóvenes desde 16 años porque también contemplan las prácticas profesionales.

La cuantía de subvención a conceder a las entidades que resulten beneficiarias de subvención será establecida en función de los siguientes criterios:

Contrataciones formalizadas por los siguientes períodos de suscripción, considerando los mínimos y máximos establecidos a continuación:

1. Contrato de formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena:

• Entre 6 y 12 meses: 3.000 euros.
• Entre 12 y 24 meses: 4.000 euros.
• 24 meses: 5.000 euros.

2. Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional:

• Entre 6 y 12 meses: 3.500 euros.
• 12 meses: 4.000 euros.
• El importe de subvención que corresponda se incrementará 500 euros más, para ambas modalidades de contratación, si la persona contratada tiene una discapacidad, es o fue víctima de violencia de género o si se trata de jóvenes que no tengan más de tres meses de experiencia laboral.

Ayudas para la contratación desde Cataluña

Desde Cataluña se fijan en otro segmento de la población que son los mayores de 30 años, a través del Programa 30 Plus.

El Programa 30 Plus ofrece subvenciones a entidades para realizar proyectos de actuaciones ocupacionales para favorecer la inserción laboral de personas en situación de paro a partir de 30 años y con bajo nivel formativo

Este modelo de incentivos, tiene la solicitud abierta hasta el 1 de junio de 2024. Estas ayudas nacen para que mejoren su situación las personas en desempleo de larga duración, riesgo de exclusión o que pertenecen al colectivo de jóvenes, mujeres o personas con diversidad funcional.

Por otro lado, también se proporcionará formación y competencias necesarias para ocupar el puesto de trabajo. Estas medidas también serán subvencionables en las ayudas. Estas son algunas de las acciones:

• Fomento de la contratación.
• Prospección y asesoramiento de empresas.
• Acompañamiento en el proceso de contratación y formación.
• Formación vinculada al contrato de trabajo y a las necesidades de la persona participante.

Además, subvencionará la contratación de este perfil de edad en desempleo proporcionándole también la formación y competencias necesarias para ocupar el puesto de trabajo, medidas que también serán subvencionables en las ayudas. Concretamente, las acciones que pueden optar a las ayudas son las siguientes:

En cuanto a las cuantías, los baremos que recoge el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña son:

• Para las actuaciones de acompañamiento en el proceso de contratación y formación, un importe máximo calculado sobre la base del coste de personal orientador ajustado al periodo de ejecución del programa, incrementando en un 10% para otros gastos directos y un 1505 para gastos indirectos.
• Para las actuaciones de formación vinculada al contrato de trabajo, un importe máximo calculado sobre la base del precio hora de formación, multiplicado por el número de horas de formación por participante.

Ayudas para la contratación desde Galicia

Desde la Xunta de Galicia pretenden fomentar la contratación de personas desempleadas pertenecientes a sectores vulnerables.

Incluye cuatro tipo de ayudas compatibles:

• Incentivos a la contratación indefinida inicial.
• Incentivos al incremento de jornada de las contrataciones indefinidas, de tiempo parcial a tiempo completo
• Incentivos al incremento de la duración anual de los contratos fijo-discontinuos a un mínimo de 9 meses.
• Ayudas para la adaptación de puestos de trabajo de personas con discapacidad

El único contrato subvencionable será el de duración indefinida a jornada completa.

Las contrataciones de las personas desempleadas que encajan en alguno de los grupos anteriores tienen que haberse realizado entre el 30 de septiembre de 2023 y el 26 de septiembre de 2024.

Cuantías

Las contrataciones indefinidas iniciales se incentivarán con una ayuda de:

• 6.000 € cuando la persona trabajadora contratada sea una persona desempleada joven menor de 30 años.
• 9.000 € cuando la persona trabajadora contratada sea desempleada parada de larga duración.
• 9.000 € cuando la persona contratada sea mayor de 52 años.
• 9.000 € si la persona contratada es emigrante retornado o persona extranjera.
• 10.000 € cuando el contrato se realice con una mujer desempleada.
• 14.000 € si el contrato se celebra con una persona con discapacidad o en riesgo de exclusión social. En este supuesto, si el contrato es a tiempo parcial la cuantía del incentivo será la parte proporcional a la jornada de trabajo. A esta cantidad se añadirán 4.000 € de Bono Formación.

Las cuantías se incrementarán en un 15 % en los siguientes casos, que son acumulables entre sí:

• En el supuesto de que el centro de trabajo (o domicilio fiscal, en el caso de carecer de este) esté situado en un ayuntamiento rural.
• Personas trans.
• Si la contratación se realiza con mujeres en profesiones y oficios en los que la mujer esté subrepresentada.
• Si la persona contratada es mayor de 45 años (no aplicable a solicitudes por contrataciones de mayores de 52 años).
• Si la persona contratada es mujer (no aplicable a solicitudes por contrataciones de mujeres).
• Incremento de jornada de las contrataciones indefinidas iniciales (de jornada parcial a jornada completa): incentivo de 2.000 € . Si el incremento de jornada se realiza en personas con discapacidad, el incentivo será de 3.000 €.

Incremento de la duración anual de los contratos fijo discontinuos a un mínimo de 9 meses y a jornada completa: incentivo de 4.000 €.

Las cuantías de la subvención por la contratación indefinida de las personas con discapacidad, se incrementarán en 1.000 € por la adaptación de los puestos de trabajo o por la dotación de equipaciones de protección personal necesarios para evitar accidentes laborales a la persona trabajadora con discapacidad contratada, o por eliminar barreras u obstáculos.

La Cámara de Comercio de España ha abierto una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a pymes exportadoras que quieran consolidar y reforzar su presencia internacional a través del programa Mentoring y Apoyo a la Internacionalización.

Las empresas interesadas podrán solicitar las ayudas hasta el próximo 31 de marzo, según recoge Autónomos y Emprendedores.

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¿En qué consiste el programa para ayudar a pymes y autónomos exportadores?

El programa pretende impulsar la expansión y consolidación de pymes exportadoras, así como facilitarles la apertura de nuevos mercados o mejorar posicionamiento en sus mercados foráneos habituales.

El programa ofrece a las empresas dos líneas de ayuda: Mentoring Internacional, a través de la cual pueden obtener hasta 27.000 euros, y Certificación, que ofrece un máximo de 20.000 euros.

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En qué consiste la ayuda Mentoring Internacional para autónomos y pymes

La línea de ayudas de Mentoring Internacional busca promover la colaboración entre grandes empresas y pymes, a través de la figura del mentor internacional. Los mentores son perfiles directivos de grandes empresas con actividad exterior, que acompañan a la pyme en la redefinición de su estrategia internacional y la elaboración de una Plan de Acción.

La duración máxima del servicio de mentorización es de dos meses, y durante ese tiempo, mentor y pyme revisan el proceso de internacionalización de la empresa, sus mercados y clientes prioritarios, así como la situación actual, perspectivas y necesidades.

A continuación, se definirá de manera conjunta la estrategia y el análisis de las posibles inversiones en acciones de internacionalización, de acuerdo con los cinco bloques de gasto del programa. Finalmente, la empresa presentará al mentor el Plan de Acción y procederán a realizar un análisis conjunto antes de su validación.

Al llegar a la segunda fase, las pymes podrán recibir una ayuda de 27.000 euros, sobre un presupuesto máximo elegible de 33.750, para ejecutar actuaciones del Plan de Acción Internacional definido con el mentor en cinco posibles ámbitos:

• Capacitación directiva o formación especializada de los departamentos implicados en la internacionalización.
• Consultoría especializada para el desarrollo del plan de acción.
• Promoción internacional que abarca los gastos de promoción, difusión y publicidad en los mercados objeto del plan de acción.
• Implantación comercial, contemplando la realización de estudios de viabilidad, gastos de asesoramiento jurídico y fiscal necesarios para la implantación en destino.

Las empresas beneficiarias deben tener consideración de pyme; ser exportadoras; disponer de producto, servicio o marca propia; y facturar más de 10 millones de euros.

Por otro lado, las empresas que deseen colaborar en el programa como mentoras, deberán enviar su solicitud de adhesión al Catálogo de Mentores a través del anuncio de “Adhesión al catálogo de Mentores” publicado por la Cámara de España en su sede electrónica.

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Línea de Certificación para autónomos y pymes

La línea de “Certificación Internacional” pretende apoyar a las pymes en la obtención de las certificaciones para la comercialización internacional de sus productos o servicios fuera de la Unión Europea, reduciendo el riesgo regulatorio.

La ayuda por empresa es de 20.000 euros, sobre un presupuesto máximo de 25.000, y los gastos financiables son:

• Consultoría asociada a la certificación.
• Costes de envío, devolución y/o destrucción de muestras.
• Coste de los ensayos de laboratorio (en España o en destino)
• Emisión de la certificación/homologación.
• Coste de realización de auditorías.
• Coste de renovación/mantenimiento de certificados, si bien tendrán carácter prioritario en lo que a apoyo se refiere, certificaciones de primer año.
• Traducción y legalización de documentos.

Para solicitar la financiación, la empresa debe tener la consideración de pyme; superar el millón de euros en facturación; disponer de un producto, servicio o marca propia y, en el caso de solicitar una certificación voluntaria fuera de la UE, ser empresa exportadora

Las ayudas son compatibles entre sí, siempre que las pymes cumplan con todos los requisitos pueden optar y ser receptoras de ambas. La Cámara de España ha habilitado una web desde la que se puede obtener toda la información y solicitar las ayudas.