La nueva Directiva Europea de Insolvencia 2026/799 publicada el pasado 1 de abril, introduce importantes mejoras para que autónomos y pymes tengan margen de actuación antes de llegar al concurso de acreedores.

Esta nueva norma refuerza herramientas que permiten vender total o parcialmente el negocio en fases tempranas. El objetivo es que estos profesionales puedan mantener la actividad y reducir el impacto económico en sus cuentas.

Una norma que, además, llega en un momento importante. En 2025 se produjo un fuerte aumento de las insolvencias, con un crecimiento superior al 40% y un cambio claro: más del 90% de los concursos ya corresponden a personas físicas.

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Solo en el último trimestre del pasado año se registraron 17.632 deudores concursados, consolidando una tendencia al alza en todo el ejercicio, muy por encima del peso de las sociedades, que apenas representan en torno al 9% del total.

El prepack gana protagonismo como alternativa al concurso

Uno de los elementos clave de esta normativa es el impulso definitivo a los denominados procedimientos de venta prenegociada, conocidos como prepack. Se trata de una fórmula que permite al autónomo encontrar un comprador para su negocio, o para una parte de él, antes de iniciar un concurso de acreedores.

La directiva establece dos fases claramente diferenciadas que buscan dar mayor transparencia y seguridad al proceso.

En la primera etapa, previa al concurso, se prepara la operación. Aquí entra en juego un supervisor independiente, cuya función es coordinar la búsqueda de ofertas y garantizar que exista competencia real entre posibles compradores.

El objetivo es conseguir la mejor propuesta posible en términos económicos y de continuidad.

En la segunda fase, ya dentro del procedimiento concursal, se formaliza la venta. Esta estructura permite que la operación esté prácticamente cerrada antes de que se active el concurso, lo que reduce tiempos y evita la pérdida de valor del negocio.

Protección de acreedores y continuidad empresarial

Uno de los pilares de la directiva es asegurar que cualquier decisión beneficie, en la medida de lo posible, a los acreedores. Para ello se introduce el denominado test de mejor interés, un mecanismo que obliga a comparar el resultado de la venta con el escenario de liquidación.

En la práctica, esto significa que la transmisión del negocio solo se aprobará si ofrece un resultado más favorable que el cierre y reparto de activos. De esta forma, se busca un equilibrio entre salvar la actividad económica y proteger los derechos de quienes tienen créditos pendientes.

Además, este modelo permite mantener contratos esenciales y preservar puestos de trabajo, algo especialmente relevante en el caso de pymes con estructura operativa activa.

Encaje con la legislación española

El ordenamiento jurídico español ya recoge algunos elementos de este sistema desde la reforma concursal introducida por la Ley 16/2022. Sin embargo, la nueva directiva obliga a ajustar determinados aspectos para alinearlos con el modelo europeo.

Entre las adaptaciones previstas destaca la regulación más detallada del papel del supervisor, la separación de fases y los criterios de validación de las ofertas.

También se espera una mayor estandarización de los informes de viabilidad que deben acompañar estas operaciones.

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Venta de unidades productivas

El prepack no implica necesariamente vender toda la empresa. De hecho, uno de sus principales atractivos es la posibilidad de transmitir unidades productivas concretas. Esto incluye activos materiales, plantilla, contratos o incluso elementos intangibles como marca o cartera de clientes.

Esta flexibilidad permite reestructurar el negocio de forma selectiva. Por ejemplo, una empresa puede desprenderse de una línea de actividad no rentable o vender una parte viable para garantizar su continuidad bajo otra gestión.

Además, al preparar la operación antes del concurso, se evita el deterioro de los activos, algo habitual cuando la empresa entra en una fase de incertidumbre prolongada.

Rastreo de activos para mejorar la recuperación de deuda

La directiva incorpora también herramientas para mejorar la localización de activos dentro de la Unión Europea. 

Las autoridades podrán acceder a registros de cuentas bancarias a petición de los administradores concursales, lo que facilita identificar recursos disponibles de empresas insolventes.

Este mecanismo busca maximizar la recuperación de deuda y reducir la opacidad en situaciones de insolvencia transfronteriza, donde tradicionalmente ha sido más complicado localizar patrimonio.

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A finales del mes de junio la moratoria concursal que se había decretado para ayudar a las empresas en dificultades a mantenerse después de la crisis del COVID llegó a su fin. Muchas no habían podido recuperarse del todo. Otras esperaban tener un buen verano para solucionar sus problemas. Pero lo cierto es que la inflación, la subida de tipos y un escenario económico incierto forman el cóctel explosivo perfecto para que se disparen los concursos de acreedores.

Para muchos sin un horizonte despejado lo más sensato será hacer un cierre ordenado y tratar de no acumular más deuda. Más todavía con las dificultades para la financiación, y una subida de tipos que la encarece, para poder pagar o refinanciar sus deudas a corto plazo.

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Y es posible que sea todavía peor. Porque muchas pueden haber aguantado en verano, un momento del año donde algunas facturan la mayor parte de sus ingresos anuales, para ver si lograban equilibrar sus cuentas. Aunque haya sido un buen año y una buena temporada, saben que 2023 no será igual y esto lo complica todo.

A todo esto hay que sumar el encarecimiento de la energía que ha mermado el beneficio de muchas actividades y negocios. Han tenido una buena facturación, pero sin embargo esto no se traduce en los beneficios, con lo cual no se puede amortizar deuda.

Según los The Objective con los datos acumulados durante este año se han contabilizado un total de 718 insolvencias, un 90,5% más que en el mismo periodo de 2021. Si nos fijamos en los concursos presentados son 4.237 en lo que va de 2022.

Hay sectores como el primario donde se han multiplicado este tipo de problemas por 2,5, algo que no debe sorprender a nadie, ya que es uno donde más han aumentado los costes de producción, no solo por el aumento del coste de la energía sino también de los fertilizantes.

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Si a esto le sumamos que el aumento de precios que sufren los consumidores no les repercute en igual medida a ellos, pone a muchas explotaciones en una situación muy difícil.

Pero lo peor está por llegar. El aumento de tipos, los salarios que no alcanzan cuando suben ni de lejos la recuperación del poder adquisitivo perdido o un mayor coste de la cesta de la compra hacen que el consumo, inevitablemente se retraiga. Y esto supone menor actividad económica y para muchos negocios una bajada de facturación.

El próximo 30 de septiembre finaliza el periodo en el cual las empresas pueden acogerse a los ERTE, y su prórroga se atasca. Tal y como han denunciado sindicatos y patronal, la ausencia del Ministerio de la Seguridad Social en la mesa de diálogo social imposibilita que progrese la negociación.

A menos de cinco días para que finalice el plazo, y pendientes todavía de que se acepte la propuesta de Trabajo de extender la ayuda de forma automática y con las mismas condiciones hasta el próximo 31 de octubre, muchas empresas temen que no se prorrogue la ayuda.

Esto podría hacer que tengan que las empresas afectadas tengan que hacer frente a diversas dificultades, entre las cuales se encuentra la imposibilidad de hacer frente a los compromisos de pago, lo que puede abocar a numerosos concursos de acreedores.

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La insolvencia y el retraso en la petición de concurso de acreedores, el principal riesgo

La previsión del despacho de abogados Abencys, especializado en insolvencias y reestructuraciones, apunta a consecuencias negativas para los administradores sociales, en tanto pueda entenderse que ha existido un retraso en la solicitud del concurso y/o una agravación de la insolvencia.

Al fin y al cabo, los ERTE han contribuido a aliviar la situación de muchas pequeñas empresas, que en ocasiones han disfrazado una situación de insolvencia que, en condiciones normales, hubiese terminado en un concurso de acreedores. Dicho de otro modo, ha retrasado la toma de decisiones empresariales para evitar situaciones de quiebra empresarial.

De hecho, podría entenderse que ha existido un retraso en la solicitud del concurso, lo que podría conducir a un agravamiento de la insolvencia. En consecuencia, en un contexto de control de la pandemia y de fin de las restricciones, la prórroga injustificada de los ERTES podría tener efectos contraproducentes, al enmascarar una situación de insolvencia agravada que podría provocar la quiebra de miles de empresas.

Cuando toda esta crisis estalló en muchos negocios se apostó por intentar ayudar, a otros negocios, a la competencia, a socios y colaboradores. Pero parece que como todo en este año y medio, esta solidaridad ha quedado atrás y en muchos casos nos movemos en un sálvese quien pueda. Y muchos apuestan por mantenerse abiertos por encima de todo y de todos.

Aunque esto signifique regatear, intentar recibir el máximo servicio o los mejores productos, a un precio mucho más bajo. Y en algunos casos ni siquiera se paga a tiempo. En los peores, ni siquiera se llega a pagar. Pero se exige y se aprieta como si fueran el mejor de los clientes para otras empresas que les prestan servicios o les venden productos.

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Y todo tiene un límite. Porque una cosa es que muchos negocios que prestan servicio, dan soluciones y venden a otras empresas sean comprensivos con la situación, traten de ayudar y de, en la medida de lo posible, hacer que estos clientes se mantengan en pie. Es la mejor fórmula para recuperarse ellos mismos a medio plazo.

Otra cuestión diferente es que por la gestión de otros, ellos se vean arrastrados y tengan más problemas de los que ya sufren por las caídas en su facturación. La caída de un negocio no puede tener un efecto dominó sobre otros con los que arrastra deudas. Siempre va a afectar en menor o mayor medida, pero hay que poner algún cortafuegos para evitar que los incendios se propaguen.

Veremos cuando acabe el fin de la moratoria de la obligación de presentar concursos a final de año que es lo que ocurre. Eso si no se prorroga, que tal y como están las cosas y los bandazos que vamos dando la verdad es que no me extrañaría en absoluto. Me parecería un error. Y un problema porque la bola de nieve de la insolvencia sería cada vez mayor y arrastraría a más negocios implicados.

Los datos del registro indican que aumenta el número de empresas con problemas que van a concurso de acreedores. La estadística respecto a 2020 puede estar muy distorsionada por efecto de la moratoria concursal que fue declarada por el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19. A través de ella se estableció la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020. Posteriormente, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo dispuso una nueva ampliación de la moratoria concursal hasta el 31 de diciembre de 2021 (inclusive). Será en ese momento, en el primer trimestre de 2022 cuando realmente podamos calibrar la magnitud del daño en las empresas de la crisis del COVID.

A partir de esta fecha se iniciará el cómputo del plazo legal de dos meses para solicitar la declaración de concurso. Y muchas no van a tener más remedio que solicitarlo, puesto que las que fían todo su impulso a una última carta de un buen verano y un largo otoño, lo tienen complicado.

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Hay sectores que no van a tener una facturación normal ni siquiera en verano. Donde las ayudas que necesitaban todavía no han llegado y a los que el nivel de deuda les ahoga. Muchas de ellas han ido a concurso voluntario para salir de una forma ordenada. Otras jugarán la última mano hasta el final esperando que la recuperación del turismo o la llegada de los fondos europeos para reactivar la economía les ayuden.

Alguna habrá que recurrirá al procedimiento del si te he visto no me acuerdo, que siempre pasa, despareciendo del mapa y dejando a muchos acreedores con cara de tontos y deudas que no podrán cobrar. El problema es que si excede de una determinada magnitud o cuantía se produce una espiral de deuda que frenará la recuperación.

El concurso no tiene que acabar necesariamente en cierre, pero la estadística dice que más del 92% de los concursos de acreedores terminan en liquidación. Por lo tanto la realidad es que tenemos a las empresas apurando hasta el final, cuando no tienen más remedio para presentar concurso.

Y esto, con la moratoria de por medio, no implica más que mucha deuda debajo de la alfombra. Veremos que pasa cuando se empiece a ventilar y se pase de concurso voluntario a obligatorio, con casi un 30% de empresas de hostelería y ocio insolventes según el Banco de España. Será el momento de ver si todo lo que se ha hecho a servido o no de algo.

Con esta crisis primero sanitaria y luego económica hemos oído desde el primer momento que no se quería dejar a nadie atrás. Quizás no se pensaba en una crisis tan profunda como la actual, se pensaba en unos meses, un año como mucho. La realidad es otra y ya se habla de empresas no viables y de ERTES convertidos en ERE como los que inevitablemente quedarán atrás.

Se estima por parte del presidente del Consejo General de Graduados Sociales que un 20% de los ERTE se convertirán de forma irremediable en ERE. Será imposible que las empresas recuperen su volumen de negocio, o al menos el suficiente a corto y medio plazo como para permitir que sus empresas sean solventes.

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Los ERTES y la alfombra para guardar debajo el problema

La cuestión es que los ERTE parecen haber servido para ocultar el problema, al menos en parte, pero la prolongación de la crisis acaban por mostrar que no será una solución adecuada para muchas organizaciones. Se convierte de esta manera más en una alfombra donde guardar debajo aquella "suciedad" que no queremos que se vea.

Porque muchos sectores asumen que van a tener que reestructurar y ajustar sus plantillas. Y eso en el mejor de los casos. Porque otras asumen que lo van a tener muy complicado o que si no se producen quitas en los créditos, tienen un futuro con muchas deudas por liquidar. Y esto compromete su inversión y sus posibilidades de competir con otras empresas, especialmente del entorno europeo que han sufrido menos o han tenido más ayudas.

La solicitud de concurso de acreedores y la liquidación están en el horizonte de muchas de ellas. Más todavía si como todo apunta, las ayudas directas no van a llegar de forma indiscriminada, sino que solo se inyectará dinero en las que se consideren viables. Esto supone el último clavo en el ataúd de muchas de ellas.

Según estimaciones del Banco de España un aumento de las empresas insolventes, entre un 4 y un 8%, pero en el caso de las Pymes el porcentaje se dispara hasta el 18%. Sin duda, la crisis económica, pero también las restricciones y la falta de ingresos se ceba con aquellos que tienen menos capacidad financiera para resistir.

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Todo ahora mismo lo hemos fiado a los efectos de la vacunación que permitan recuperar cierta normalidad, que no será completa ni mucho menos al menos en 2021. También en los fondos de la UE, también para las pymes, como una forma de reactivar la economía y que sirvan de motor para el cambio.

Imagen | Trinity Kubassek en Pexel

Una de las causas principales de la crisis económica que con tanta virulencia ha salpicado a todos los ciudadanos ha sido el elevado nivel de endeudamiento en mano tanto de familias como de empresas, que ha provocado un elevado riesgo de insolvencia entre ambos agentes económicos. En los últimos años, sin embargo, este riesgo se ha mitigado, en parte por la mejora de las expectativas y las probabilidades de caer en quiebra del empresario español experimentaron un ligero descenso durante el último ejercicio.

No obstante, el proceso de desapalancamiento sigue su curso, y esto quiere decir que la incertidumbre por una posible quiebra está todavía latente. El último estudio publicado por la firma de servicios de consultoría y asesoría SFAI Spain revela que el 40% de las compañías españolas tiene un elevado riesgo de insolvencia, de acuerdo con las cuentas anuales de las firmas depositadas en 2013.

Un riesgo que decrece conforme crece el tamaño de la empresa. Tanto es así que de entre las empresas de 0 a 10 empleados, el 41,75% tiene un alto riesgo; un porcentaje que se reduce al 28,60% en el caso de empresas de entre 11 a 50 empleados y al 27,60% para empresas de entre 51 y 200 empleados. Es decir, cuanto mayor es el tamaño de la empresa, más bajo es el riesgo de quiebra.

Se dan, no obstante, otras circunstancias que determinan este riesgo de insolvencia, entre las que cabe destacar la reforma laboral, que ha flexibilizado el mercado de trabajo y las mejores condiciones y perspectivas de la economía española, que han reducido las solicitudes de concursos de acreedores de forma significativa.

En cualquier caso, todavía quedan muchos pasos por dar para reducir el riesgo de insolvencia al mínimo posible. Entre ellas, una modificación de la Ley Concursal que haga viables a las empresas con problemas financieros o un mayor apoyo a la inversión que aumente la capitalización de las empresas, su tamaño y su solvencia; un reto difícil de conseguir pero por el que deberíamos apostar para prevenir futuras crisis.

Imagen | jprohaszka

Las recuperación económica está teniendo, por el momento, un efecto limitado sobre las insolvencias empresariales. Según el último estudio llevado a cabo por Crédito y Caución, los niveles de quiebras empresariales caerán en torno al 7% en 2015, aunque todavía serán un 70% mayores que los niveles de 2007.

En un entorno caracterizado por una débil recuperación del consumo, una baja inversión y unos criterios muy estrictos de concesión de préstamos por parte de los bancos, las empresas siguen teniendo muchas dificultades para obtener refinanciación por sus préstamos y poder expandir sus negocios.

Pese a los esfuerzos del Banco Central Europeo por frenar la deflación, a la reducción en el coste de la energía y a que el proceso de desapalancamiento sigue adelante, la incertidumbre todavía domina las perspectivas económicas de la zona euro.

Unas perspectivas nada halagüeñas que, además, se agravan debido a que nuestro sistema concursal no es capaz de frenar la sangría de quiebras empresariales. Casi el 90% de los concursos de acreedores acaba en quiebra y solo el 10% en convenio y existe poca información y apoyo institucional para evitar que las empresas y autónomos acudan demasiado tarde al procedimiento concursal.

Las perspectivas económicas sobre España son muy positivas. El Banco de España revisó sus previsiones, estableciendo un crecimiento del 2,8% durante 2015, y esto se nota en la cantidad de quiebras empresariales. Sin embargo, los niveles de insolvencia empresarial son todavía demasiado altas para consolidar el crecimiento.

Imagen | Chapuisat

En contabilidad, una situación de suspensión de pagos se produce cuando la empresa no puede hacer frente a una parte importante de sus pagos a vencimiento, bien sea con proveedores, nóminas, cuotas, etc. y por cualquier motivo, como por ejemplo un desajuste en sus plazos de cobro o pago.

Sin embargo, una situación de quiebra se produce cuando el valor en libros del activo es inferior al valor de las deudas contraídas con terceros, dando como resultado una cifra de patrimonio neto negativa motivado por pérdidas reiteradas a lo largo de los diferentes ejercicios.

La diferencia fundamental radica, por tanto, en la naturaleza del problema. Mientras la suspensión de pagos se debe a un desajuste en la tesorería de la empresa y constituye, por tanto, un problema de liquidez, la quiebra va mucho más allá y puede dar lugar a una causa de disolución de la entidad, siendo un problema, por tanto, de solvencia.

Una empresa puede estar en suspensión de pagos si maneja fondos de maniobra negativos y su tesorería no es suficiente para satisfacer los préstamos a corto plazo o el pago a proveedores, por ejemplo, pero esto no significa que la empresa se encuentre en quiebra técnica.

Del mismo modo, es posible que una situación de quiebra técnica no esté acompañada de una situación de suspensión de pagos puesto que, aunque el fondo de maniobra fuese positivo, el valor de los activos es inferior al valor de la totalidad de los pasivos.

Se trata, por tanto, de situaciones financieras diferentes que requieren soluciones diferentes. Mientras que la suspensión de pagos es un problema de liquidez que podría solucionarse, por ejemplo, con una refinanciación de las deudas o una modificación en el período de pago a proveedores, la situación de quiebra técnica es un problema de solvencia que se podría solucionar mediante un aumento de capital.

En Pymes y Autónomos | ¿Cuál es la diferencia entre liquidez y solvencia? Imagen | SupportBiz

Un estudio realizado por axesor refleja que el 96% de las empresas que entran en concurso de acreedores se acaban liquidando. El procedimiento concursal, que se diseñó como una vía que ayudara a las empresas en dificultades a buscar una alternativa viable a su situación se convierte, por tanto, en la última vía que desemboca en la desaparición de la empresa.

Según el estudio, el motivo principal de esta conclusión es que las empresas recurren a este procedimiento cuando prácticamente no tienen posibilidad de salida y ya es demasiado tarde, pero además el propio procedimiento tampoco ayuda a que la conclusión del mismo sea positiva.

También podemos pensar que detrás de esta situación pueda estar la configuración empresarial española. Recordemos que más del 90% de las emrpesas en España son micropymes, muchas de ellas con una precaria estructura que ante cualquier dificultad financiera no tienen capacidad de reacción.

Generalmente una empresa puede verse abocada a solicitar el concurso, debido a estar en situación de insolvencia, por causas internas a la empresa, propias de esa estructura empresarial o de problemas en su modelo de negocio, o externas, la situación de su mercado, morosidad de sus clientes, etc.

Tanto en un caso como en el otro las posibilidades de salida se reducen cuando la empresa tiene un tamaño menor, una estructura financiera que depende más de terceros (financiación o inversión) que del propio negocio y su mercado está limitado, excesiva dependencia del mercado interno y poca capacidad de internacionalización.

Respecto al propio desarrollo del procedimiento concursal, éste ha sufrido ya tres reformas desde su creación y no parece que hayan servido de mucho. Lógicamente si las empresas acuden al concurso cuando la situación es insostenible las posibilidades de éxito se reducen considerablemente, pero el desarrollo del mismo tampoco ayuda a que los empresarios lo consideren como útil para recurrir antes al mismo.

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