Cuando un autónomo empieza a consolidar su actividad, llega un momento importante: la necesidad de ampliar el personal contratado.

Son buenas noticias.  Es una señal de que el negocio funciona. Pero claro, también implica asumir nuevos compromisos económicos.

Y es que incorporar a un trabajador no solo supone un nuevo salario, sino también cotizaciones, gestión y otros riesgos asociados. Para ello, los autónomos disponen de subvenciones que pueden alcanzar hasta los 15.000 euros por cada empleado contratado.

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Ojo, esto responde a una cifra única estatal. Sino a un sistema de bonificaciones y subvenciones recogidas en el Boletín Oficial del Estado, como el Real Decreto-ley 1/2023, que en combinación con programas autonómicos puede alcanzar importes cercanos a esos 15.000 euros por trabajador en determinados casos.

Cómo funcionan las ayudas a la contratación

El planteamiento de estas ayudas es relativamente sencillo: compensar parte del esfuerzo económico inicial que implica contratar. La cuantía máxima puede situarse en torno a los 15.000 euros, aunque todo depende de varios elementos que condicionan el importe final.

Uno de los factores principales es el tipo de contrato. Las administraciones buscan fomentar relaciones laborales estables, por lo que los contratos indefinidos son los que reciben un mayor respaldo económico. En cambio, las fórmulas temporales o de corta duración suelen tener una ayuda más limitada.

También influyen la duración del contrato y las características del trabajador. No es lo mismo una incorporación puntual que una apuesta a largo plazo, y eso se refleja en el nivel de subvención que se concede.

La importancia de contratar perfiles prioritarios

Otro de los ejes clave del sistema de incentivos es el enfoque social. Las ayudas aumentan cuando la contratación se dirige a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo.

Esto incluye a jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años o personas con discapacidad.

En estos casos, las cuantías pueden acercarse al máximo previsto. La lógica es doble: facilitar la inserción laboral de estos perfiles y, al mismo tiempo, apoyar a los autónomos que apuestan por ellos.

Condiciones para acceder a las subvenciones

Para acceder a ellas, los autónomos deben cumplir una serie de condiciones básicas.

1. Estar dados de alta en la Seguridad Social

2. Estar al corriente de pagos con Hacienda y la propia Seguridad Social

3. Formalizar contratos que se ajusten a los criterios establecidos en cada convocatoria.

4. Que no se hayan producido despidos improcedentes en periodos recientes, lo que busca evitar prácticas abusivas.

5. Compromiso de mantenimiento del empleo. Es decir, que el trabajador contratado debe permanecer en la empresa durante un tiempo mínimo. En caso contrario, el beneficiario podría verse obligado a devolver la ayuda recibida.

Diferencias entre comunidades autónomas

Uno de los aspectos más relevantes de este sistema es su descentralización. Aunque existe una estrategia general impulsada a nivel estatal, muchas de estas ayudas están gestionadas por las comunidades autónomas. Esto significa que los plazos, requisitos y cuantías pueden variar según el territorio.

Por ejemplo, regiones como Andalucía, Madrid o Cataluña han desarrollado programas propios que complementan las líneas estatales.

En algunos casos, estas iniciativas amplían las cuantías disponibles o introducen incentivos adicionales para determinados sectores o perfiles.

En Andalucía, por ejemplo, el plazo de solicitud se ha activado recientemente y permite acceder a importes que pueden llegar incluso a los 18.000 euros en determinados supuestos.

En términos medios, cada contrato puede contar con una ayuda cercana a los 5.700 euros, aunque la cifra final depende de las condiciones específicas.

Tramitación y acceso a las ayudas

El proceso para solicitar estas subvenciones se realiza, en la mayoría de los casos, de forma telemática. Las administraciones han habilitado plataformas digitales donde se deben presentar las solicitudes junto con la documentación requerida.

Otras ayudas que complementan la contratación

Estas subvenciones no son la única herramienta disponible para los autónomos. Existen otras líneas de apoyo que pueden combinarse para reducir el esfuerzo económico asociado al crecimiento del negocio.

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Entre ellas destacan las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, que permiten reducir el impacto de las cotizaciones durante los primeros meses de contratación.

Esta es la  Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Empleado Autónomo modificada por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad 

También hay programas orientados a la digitalización, que facilitan la modernización de los negocios, o ayudas específicas para fomentar el autoempleo.

Además, algunos planes incluyen incentivos relacionados con la conciliación o la mejora de las condiciones laborales.

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El sistema de ayudas para la retirada anticipada de transportistas autónomos no convence. El Ministerio de Transportes ha anunciado una nueva convocatoria destinada a facilitar el abandono de la actividad de empresarios individuales del transporte público, pero las organizaciones profesionales consideran que el presupuesto asignado resulta claramente insuficiente.

La convocatoria contempla una dotación máxima de 9,6 millones de euros para este programa. 

Según el propio Ministerio, el objetivo de estas ayudas es facilitar la retirada de profesionales de edad avanzada que gestionan pequeñas empresas de transporte y que carecen de recursos suficientes para abandonar la actividad antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

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Sin embargo, las asociaciones empresariales denuncian que la cantidad prevista no se corresponde con la demanda real del sector. 

El envejecimiento de los transportistas autónomos y la dificultad para transmitir licencias o vender vehículos han convertido estas ayudas en una herramienta esencial para muchos profesionales que buscan cerrar su etapa laboral.

Solo una minoría de solicitudes logra acceder a la ayuda

Uno de los aspectos más criticados por las organizaciones del sector es el limitado alcance del programa. Según los cálculos de las asociaciones profesionales, el presupuesto actual solo permite cubrir una pequeña parte de las solicitudes que se presentan cada año.

Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías han advertido de que la dotación actual apenas alcanza para atender una fracción de las peticiones. La organización señala que “esta línea cuenta con una partida presupuestaria muy exigua, claramente insuficiente para cubrir la demanda”.

Las estimaciones del sector indican que el dinero disponible no llega a cubrir ni el 20% de las solicitudes que presentan los transportistas cada ejercicio. 

Esta situación genera una fuerte competencia entre los solicitantes y deja fuera a numerosos profesionales que cumplen los requisitos establecidos por la normativa.

El problema se agrava porque la partida destinada a este programa se mantiene prácticamente congelada desde hace varios años. Para las asociaciones empresariales, la falta de actualización presupuestaria no tiene en cuenta el aumento de los costes operativos del transporte ni el envejecimiento progresivo de los titulares de licencias.

Cómo funcionan las ayudas a la retirada de transportistas

El sistema de subvenciones para el abandono de la actividad está dirigido a transportistas autónomos titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías o viajeros. 

Estas ayudas pretenden facilitar una salida anticipada del sector a profesionales que se encuentran cerca de la jubilación.

La normativa establece que los beneficiarios pueden recibir hasta 30.000 euros por cada autorización de transporte que entreguen al abandonar la actividad. Esta cantidad pretende compensar parcialmente la pérdida del valor económico de la licencia.

Además, el programa incluye un complemento adicional para los profesionales que todavía no han alcanzado la edad de jubilación. 

En estos casos, los beneficiarios pueden percibir 5.300 euros por cada periodo de seis meses completos que les falten para cumplir los 65 años.

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La convocatoria también contempla una partida adicional de 150.000 euros destinada a cubrir posibles recursos administrativos derivados de solicitudes denegadas.

Requisitos para poder acceder al programa

Los transportistas interesados en acogerse a estas ayudas deben cumplir una serie de condiciones establecidas en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Uno de los requisitos principales es tener al menos 63 años o contar con una declaración oficial de incapacidad permanente absoluta o total para ejercer la actividad de transporte. 

Esta condición busca priorizar a profesionales que ya se encuentran en la fase final de su carrera laboral o que no pueden continuar trabajando por motivos de salud.

Además, los solicitantes deben ser titulares de una autorización vigente de transporte público y comprometerse a abandonar definitivamente la actividad. Esto implica renunciar a todas las licencias y autorizaciones de transporte de las que sean titulares.

El sistema de adjudicación establece un orden de prioridad entre los solicitantes. En primer lugar, se da preferencia a quienes disponen de una resolución de incapacidad permanente. Posteriormente, las ayudas se asignan según un criterio de edad, comenzando por los transportistas de mayor edad hasta agotar el presupuesto disponible.

Un sector envejecido y con dificultades para el relevo generacional

El transporte por carretera en España presenta un problema estructural de envejecimiento entre los profesionales autónomos. La edad media de los titulares de pequeñas empresas de transporte supera ya los 50 años.

Muchos de estos profesionales gestionan microempresas familiares con uno o dos vehículos y afrontan dificultades para encontrar relevo generacional. La elevada inversión necesaria para acceder a la actividad y las condiciones laborales exigentes han reducido el interés de los jóvenes por incorporarse al sector.

En este contexto, las ayudas a la retirada anticipada se han convertido en un instrumento clave para facilitar la salida ordenada de transportistas veteranos.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías considera que el programa actual debería ampliarse para responder mejor a las necesidades reales del sector. Desde la organización subrayan que “se trata de una herramienta fundamental para el sector, ya que es la única vía que permite a los transportistas autónomos poner fin a su actividad antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación”.

Plazos y procedimiento para solicitar la subvención

Los transportistas interesados en acceder a estas ayudas deben presentar su solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes. El plazo establecido para esta convocatoria permanecerá abierto hasta el próximo 13 de abril.

Durante este periodo, los solicitantes deberán aportar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos, incluyendo la titularidad de las licencias de transporte y la edad mínima requerida.

Una vez finalizado el plazo de presentación, el Ministerio elaborará la lista de beneficiarios siguiendo los criterios de prioridad establecidos. Las ayudas se concederán hasta que se agote el presupuesto disponible para la convocatoria.

Miles de trabajadores por cuenta propia descubren demasiado tarde que sus décadas de esfuerzo no siempre garantizan protección cuando llega el desempleo.

Autónomos que han cotizado durante 25 o 30 años se encuentran con una realidad inesperada al intentar acceder al subsidio para mayores de 52 años: la respuesta suele ser negativa. Y no por falta de trayectoria laboral, sino por el tipo de cotización realizada.

El problema no está en el número de años trabajados, sino en cómo se ha cotizado. El régimen especial de trabajadores autónomos funciona con reglas distintas al régimen general, al que pertenecen la mayoría de asalariados. 

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Esa diferencia técnica acaba convirtiéndose en una barrera decisiva cuando se solicita una prestación por desempleo a partir de los 52 años.

El requisito que deja fuera a la mayoría

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas más solicitadas y concedidas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Está diseñado para personas que han agotado otras prestaciones y que cumplen determinadas condiciones de cotización y acceso a la jubilación. Sin embargo, para los autónomos la puerta suele cerrarse antes de empezar.

María José Gómez, asesora de la subdirección de Prestaciones del SEPE, explicó en el programa Madrid Trabaja de Onda Madrid que el organismo rechaza la mayoría de solicitudes presentadas por profesionales por cuenta propia porque no cumplen un requisito esencial: haber cotizado por desempleo al menos seis años a lo largo de su vida laboral.

La experta señaló que un trabajador que haya desarrollado su actividad como autónomo durante tres décadas, pero que no haya cotizado por la contingencia de desempleo, no podrá acceder al subsidio. “Tiene necesariamente que cumplir el requisito de cotizar en España seis años por desempleo”, afirmó, recordando que los autónomos, con carácter general, no cotizan por esta cobertura.

Treinta años trabajando y sin derecho al subsidio

La situación genera frustración entre quienes han contribuido al sistema durante buena parte de su vida profesional.

El SEPE recoge en su propia página web que uno de los requisitos imprescindibles para acceder a esta ayuda es “haber cotizado efectivamente en España por la contingencia de desempleo durante, al menos, seis años a lo largo de tu vida laboral”. Sin ese requisito, la solicitud queda descartada.

Muchos autónomos que en los últimos años han pasado a trabajar como asalariados creen que pueden acogerse al subsidio si cumplen la edad exigida.

Sin embargo, si no alcanzan ese mínimo de seis años cotizados específicamente por desempleo, la respuesta seguirá siendo negativa. El cambio de régimen en la etapa final de la carrera profesional no compensa las décadas anteriores sin esa cobertura.

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El subsidio para mayores de 52 años no solo exige esta condición. También requiere cumplir los requisitos, salvo la edad, para acceder a una pensión contributiva de jubilación.

Según la Ley General de la Seguridad Social, es necesario acreditar al menos 15 años cotizados, de los cuales dos deben situarse dentro de los últimos 15 años previos a la solicitud.

Un sistema con reglas diferentes

El régimen de autónomos ha estado históricamente configurado con una estructura de cotización distinta a la del régimen general.

Durante años, la cotización por desempleo no formaba parte de las coberturas obligatorias para este colectivo, lo que ahora se traduce en limitaciones de acceso a determinadas prestaciones.

Esta diferencia normativa coloca a muchos profesionales en una posición complicada cuando atraviesan una situación de falta de ingresos a partir de los 52 años. Aunque hayan contribuido durante décadas al sistema, la ausencia de cotización por desempleo actúa como filtro excluyente.

La consecuencia práctica es que el subsidio para mayores de 52 años, concebido como red de seguridad antes de la jubilación, resulta inaccesible para una parte significativa de los autónomos.

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El año pasado desde Pymes y Autónomos os hablamos de las dificultades que estaban sufriendo muchos autónomos a los que se les reclamaba la devolución de las ayudas por el COVID.

La causa principal que esgrime el Gobierno para que estos trabajadores por cuenta propia devuelvan ese dinero es la de no cumplir con los requisitos previos que se solicitaban.

Desde hace meses, las mutualidades envían cartas a los autónomos para que demuestren que sí cumplían los requisitos. En el caso de que no pudieran hacerlo, se verían obligadas a exigirles el reembolso de las cantidades que recibieron. Muchos autónomos no se conforman y ya están poniendo su caso en manos de un abogado tal y como recogen en Autónomos y Emprendedores.

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Las ayudas que se concedieron en el estado de alarma por parte del Gobierno, estaban destinadas a todos aquellos negocios físicos que tuvieron que echar la persiana y dejaron de ingresar dinero al no poder facturar.

Esa ayuda supuso un desembolso de 3.700 millones de euros y benefició a 1,4 millones de trabajadores, de los que el 3,3 cotizaban en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.

¿Por qué se reclaman ahora estas ayudas? Porque desde el Tribunal de Cuentas de diciembre de 2023 se muestran beneficiarios que incumplían los requisitos legales, se cometieron muchas incidencias en el procedimiento del reconocimiento, gestión y control de las ayudas.

Hay un dato que no puede pasarse por alto: los requisitos y la gestión de prestaciones a causa del COVID cambiaron hasta en siete ocasiones, eso se tradujo en una situación discriminatoria, ya que a todos los autónomos no se les exigieron los mismos requisitos.

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Como ya hemos comentado, el primer paso sería demostrar a la mutualidad que corresponda al autónomos que sí cumplía con todos los requisitos en aquel momento cuando la ayuda le fue concedida. La gran duda es ¿qué ocurre con aquellos que no los cumplían? La única salida es recurrir a la vía judicial.

Curiosamente, en ambos casos, la solución pasa por llevar su caso a los Tribunales para defenderse. ¿Es posible ganar en esta situación? Según los expertos sí, siempre que los afectados demuestren que actuaron de buena fe y que esa reclamación por parte de las mutuas sea una cantidad exagerada

Los autónomos que contraten o hayan contratado a un empleado menor de 30 años o un parado de 50 antes de que acabe septiembre de 2024, pueden optar a ayudas directas de hasta 4.635 euros.

Esta ayuda viene de la mano de Accedemos, un proyecto impulsado por la Fundación Mapfre que busca fomentar el empleo a través del apoyo a las pequeñas empresas, autónomos y entidades sociales con necesidad de contratar y con falta de recursos.

El plazo para solicitar esta subvención es hasta el 30 de septiembre o hasta que la concesión total de estas cien ayudas se acabe. En esta edición, se amplía la posibilidad de contratar a personas que acaben de terminar sus estudios y se incorporen al mercado laboral.

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4.635 euros por contratar a un empleado de manera indefinida

La cantidad a recibir por contratar a jornada completa a una persona que cumpla los requisitos será de 4.635 euros. Y en el caso de que el contrato sea de media jornada no inferior a 20 horas semanales, la ayuda será de 2.790 euros.

La ayuda por cada mes en el que haya estado suscrito el contrato indefinido, con un máximo de nueve meses es:

• Jornada parcial, mínimo 20 horas: 310 euros.
• Jornada completa: 515 euros.

Estas ayudas se concederán por orden de llegada de la solicitud y serán de una ayuda máximo por empleador y empleado.

Es importante saber que este año todos los trámites de solicitud y firma del Convenio será digital, por lo que tanto el empleador como el empleado deben tener el certificado de firma digital.

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Estos son los requisitos que deben cumplir los autónomos para pedir la ayuda

Si quieres solicitar una de las ayudas debes seguir estos pasos:

• Crear un usuario para acceder a la aplicación de Fundación Mapfre de Premios, Becas y Ayudas.
• Seleccionar la convocatorio Accedemos dependiendo de la jornada laboral.
• Rellenar los datos que se piden y adjuntar los archivos para pulsar 'finalizar'.

En cuanto a los documentos a aportar, hablamos de:

• Copia del NIF NIE del solicitante autónomo o del representante de la entidad.
• Documentación que demuestre que el empleador tiene personalidad jurídica y está inscrito en el registro público. Si es autónomo deberá aportar copia del alta como trabajador por cuenta propia en la Seguridad Social.
• El certificado de vida laboral del empleador.
• Informe de plantilla media de trabajadores en alta emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
• Modelo de declaración responsable firmado por el empleador donde acredite la vigencia de todos los datos aportados para la solicitud, y no estar en proceso de suspensión de pagos.
• Cuenta de pérdidas y ganancias.
• Copia del contrato de trabajo.

En cuanto a solicitar una de las ayudas disponibles por parte de un autónomo, los pasos serán los mismos, sin olvidar que cada trabajador por cuenta propia podrá solicitar una única ayuda.

Se acaba de abrir el plazo para una nueva ayuda para empresas y autónomos que quieran desarrollar un plan de crecimiento para su negocio.

Mediante esta ayuda cada empresa recibirá el asesoramiento necesario para cerrar un plan con acciones concretas y poder aprovechar el potencial de crecimiento que tienen.

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¿En qué consiste la ayuda?

La ayuda es en especie, valorada en 6.150 euros y consistente en un itinerario de unos cuatro meses de duración que tiene como objetivo obtener un plan de crecimiento para cada empresa participante.

Se trata de una subvención en modalidad de concurrencia no competitiva, es decir, se otorgan por orden de presentación de solicitudes, una vez revisado que cumplan y hasta el final del presupuesto.

El plazo se encuentra abierto desde el 5 de septiembre de 2023 y el número de empresas beneficiarias estimadas es de 2.600 empresas.

Características del Programa Activa crecimiento

Esta ayuda está dirigida preferentemente a pequeñas empresas con capacidad de crecimiento empresarial, y está regulada en en la Orden de Bases ICT/819/2022, de 12 de agosto.

Las empresas beneficiarias tendrán un programa de asesoramiento especializado y personalizado consistente en:

• Elaboración de un diagnóstico y análisis de la empresa para detectar sus áreas potenciales de crecimiento.
• Elaboración de un Plan de Crecimiento con propuesta de acciones de mejora concretas en innovación, recursos humanos, operaciones, digitalización, marketing y comercialización y finanzas. Este plan definirá la hoja de ruta para poner en marcha cada una de las acciones propuestas.

El servicio a las empresas será prestado por unas entidades colaboradoras adscritas al programa Activa Crecimiento, pudiendo, en la solicitud expresar la preferencia por alguna de ellas.

Este asesoramiento, estipulado en 50 horas, se prestará a través de reuniones individualizadas con las empresas en la sede de las mismas, trabajo remoto de la entidad especializada y la realización de talleres temáticos.

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Pocos beneficiarios son autónomos

Analizando las bases y cómo se desarrolló la concesión de la anterior convocatoria de esta ayuda allá por el 2019, destaca la poca presencia de autónomos.

Si bien, esta ayuda está abierta a ellos, en 2019 sólo el 2% de los beneficiarios de esta ayuda eran autónomos.

Además, es conveniente señalar que la ayuda ha pasado de estar valorada en 5.522,70 euros en 2019 a los 6.150 euros actuales lo que supone en un incremento del 11% debido a la inflación y la subida de costes laborales.

Otras ayudas para industria, ciberseguridad o startups

Esta ayuda forma parte del programa “Activa” impulsado por la Secretaría General de Industria y de la PYME (SGIPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el desarrollo de su Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0.

Además de esta ayuda Activa Crecimiento, también te podrían interesar alguna de las otras Activa Industria 4.0, para apoyar en la transformación digital de pymes industriales, Activa Ciberseguridad, para fomentar las auditorías de ciberseguridad para pymes y Activa Startups, destinada a apoyar en innovación abierta al ecosistema pyme español a través de la conexión de pymes con startups.

El Gobierno aprobó hace unos días un (otro) decreto ley en el que, debido a la gran mezcla de temas que lleva dentro, algunos de sus contenidos han pasado desapercibidos.

En el conglomerado de aspectos tratados, como por ejemplo, Ucrania, La Palma, ayudas a la vivienda, la transposición de directivas que afectan a la modificación de hasta 50 leyes, hace que unas nuevas deducciones para la compra de vehículos eléctricos y para instalar sistemas de recarga se hayan perdido entre tanto texto.

Las normativa que recoge todo esto es el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, donde se establecen incentivos fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y la instalación de infraestructuras de recarga.

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Deducción en el IRPF para la compra de un vehículo eléctrico

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se ha establecido una deducción por adquisición de un vehículo eléctrico nuevo.

Los contribuyentes podrán deducir como máximo el 15% o una base máxima de 20.000 euros del valor de adquisición, incluidos los gastos e impuestos, de un vehículo eléctrico nuevo o del anticipo hecho a cuenta de la adquisición del mismo, siempre que este importe sea de al menos el 25% de su valor y se termine de pagar antes de dos años desde el primer pago.

Los vehículos tendrán que ser adquiridos entre la fecha de entrada en vigor de esta normativa, es decir,  desde el 30 de junio de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024, debiéndose practicar la deducción en la declaración de la renta correspondiente al año de matriculación.

Debes tener en cuenta que para aplicarte la deducción existe un límite al precio del vehículo, ya que no se permiten aquellos que superen el precio de adquisición ya fijado para el Plan Moves III (ver precios en el anexo III del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril). Esto quiere decir que sin entrar motos eléctricas de valor superior a 10.000 euros o coches de más de 45.000 euros.

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Deducción en el IRPF por instalar un sistema de recarga

También se establece, en el mismo IRPF, otra deducción, pero en este caso por la instalación de sistemas de recarga para vehículos eléctricos en un inmueble que sea de propiedad del contribuyente, siempre y cuando se finalice la instalación antes del 31 de diciembre de 2024.

En este sentido, se permite deducir el 15% de las cantidades pagadas para la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos, con una base máxima de hasta 4.000 euros.

Para poder practicar la deducción, la normativa aclara que se debe haber realizado el pago por transferencia o cheque, en ningún caso en efectivo, y que sólo se podrán aplicar aquellas cantidades que no hayan sido subvencionadas a través de otro programa de ayudas públicas.

En cualquier caso, los autónomos deben tener cuidado, porque estas dos deducciones del IRPF no pueden estar vinculadas a ninguna actividad económica. Se trata de una ayuda personal, no empresarial.

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Deducción en el IS para infraestructura de recarga para vehículos eléctricos

Con este decreto también se introduce un incentivo fiscal en el Impuesto sobre Sociedades (IS). Se trata de la posibilidad de realizar una amortización acelerada de las inversiones en nuevas infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

Se permite amortizar este tipo de inversiones multiplicando por 2 el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas de amortización oficiales, durante los períodos impositivos de 2023, 2024 y 2025.

El cheque de 200 euros es una ayuda que consiste en un pago único de 200 euros, para las personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio, que sean asalariados, autónomos o desempleados.

Las solicitudes podrán presentarse entre el 15 de febrero y el 31 de marzo de 2023 a través de un formulario electrónico habilitado por la Agencia Tributaria 

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¿Por qué se concede esta ayuda de 200 euros?

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, es una de las razones que esgrime el Gobierno para conceder el cheque ayuda de 200 euros. Igual que  que se estableció un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, conocido como «solución ibérica».

Esta ayuda de 200 euros no deja de ser un parche para las familias españolas que peor lo están pasando en estos últimos años desde que apareció la crisis sanitaria.

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Cuándo se empezará a abonar la ayuda de 200 euros

En un plazo de tres meses se estima que podrá cobrarse la ayuda de 200 euros. De hecho, la página para solicitar el dinero se mantendrá activa hasta el 31 de marzo, y será a partir de ese momento cuando podría comenzar a abonarse, es decir, a partir de mayo.

Desde el Ejecutivo se ha fijado como máximo el 30 de junio de 2023 para recibir esta cuantía. Sin embargo, tal y como ocurrió con el primer cheque de 200 euros el año pasado, está previsto que la mayoría de beneficiarios perciban el pago en unas semanas después de enviar la solicitud.

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El cheque de 200 euros se debe declarar a Hacienda

Un dato a tener en cuenta, la ayuda de 200 euros deberá incluirse en la próxima declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2023. Tributarán por estos 200 euros aquellos contribuyentes que superen el mínimo para hacer la declaración.

¿A qué se debe esta singularidad? A que la ayuda viene regulada en el artículo 74 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, y en el punto 8 se deja claro que "las ayudas reguladas en este capítulo no estarán sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre", la Ley General de Subvenciones.

¿Y qué implica entonces? Que las ayudas de 200 euros se computan como una ganancia patrimonial, por lo que se deberán sumar en este apartado en la Declaración de la Renta de 2023.

Antes de llevarnos las manos a la cabeza, hay que destacar que la cantidad a abonar dependerá de los ingresos que tenga cada contribuyente, siempre se puede realizar una simulación y sumar esos 200 euros en las ganancias patrimoniales para saber cómo afectará a la Declaración del IRPF.

La velocidad a la que se suceden los cambios en mundo del autónomo es tal que es muy fácil perderse.

Las modificaciones llegadas con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales o todas las medidas que entraron y salieron esporádicamente para ayudar a los autónomos durante el COVID, hacen que sea necesario ordenar el esquema mental de las bonificaciones que permiten pagar una cuota menor de autónomo.

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15 dudas que los autónomos tienen con la llegada de la cotización por ingresos reales

• Tarifa plana de autónomo para altas a partir del 1 de enero de 2023
• Tarifa plana de autónomo para altas hasta el 31 de diciembre de 2022

Tarifa plana de autónomo para nuevas altas a partir del 1 de enero de 2023

Se trata de la tarifa plana correspondiente al nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales.

El requisito para poder acceder a ella es no haber estado dado de alta como autónomo en los últimos 2 años y son beneficiarios todos los trabajadores por cuenta propia que se den de alta a partir del 1 de enero de 2023.

Esta tarifa plana para los nuevos autónomos, supone pagar una cuota mensual a la Seguridad Social de 80 euros mensuales durante los 12 primeros meses de actividad.

Esta cuota de autónomo de 80 euros al mes se puede disfrutar otros 12 meses más en el caso de que los rendimientos netos del autónomo no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Tarifa plana de autónomo para nuevas altas hasta el 31 de diciembre de 2022

En realidad, a día de hoy no es posible que un nuevo autónomo acceda a esta tarifa plana. Pero, si están están disfrutando de ella los autónomos que la tuvieran reconocida antes del 1 de enero de 2023 y hasta que se les acabe.

En cualquier caso, esta tarifa plana implica pagar 60 euros mensuales durante los 12 primeros meses de actividad, una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los de 6 meses siguientes y una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los últimos 6 meses.

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Otros colectivos que ven mejorada la tarifa plana vigente

Además existen varias bonificaciones a algunos colectivos que también abaratan la cuota de autónomo mensual a pagar:

Tarifa plana para autónomo en situación de pluriactividad

A los trabajadores por cuenta ajena a jornada completa que con su alta de autónomo entren en situación de pluriactividad les dejan elegir entre la tarifa plana normal de 80 euros al mes o aplicarse una reducción de la base de cotización del 50% durante 18 meses y una reducción del 25% durante los siguientes 18 meses, lo que hace un total de 3 años.

Tarifa plana para autónomos de municipios de menos de 5000 habitantes

En este caso, para las personas que se estén empadronados y tengan la dirección fiscal en un municipio con población menor a 5000 personas, se pueden beneficiar de la tarifa plana actual pero con alguna especificidad.

La cuota de autónomo a pagar es de es de 80 euros mensuales, pero durante 24 meses, sin importar si en el segundo año los rendimientos netos superan o no el SMI.

Tarifa plana para mujeres menores de 30 años y hombre menores de 35 años

Si los autónomos que se den de alta son mujeres menores de 35 años u hombres menores de 30 años, éstos se pueden beneficiar de la tarifa plana normal de 80 euros mensuales pero ampliándose un año más, hasta un total de 3 anualidades.

En este caso, pagarán una cuota mensual de autónomo de 80 euros durante los 12 primeros meses, para los siguientes 24 meses, pueden seguir beneficiándose de esa cuota de 80 euros si el rendimiento neto de su actividad no supera el SMI.

Tarifa plana para autónomos con una discapacidad igual o superior al 33% o víctima de violencia de género.

Las personas que al darse de alta de autónomos estén en alguna de estas situaciones, podrán pagar la tarifa plana de 80 euros mensuales pero durante 24 meses.

Además, después de ese periodo, durante los siguientes 24 meses, pasarán a pagar 160 euros mensuales siempre y cuando los rendimientos netos de su negocio no superen el SMI.

Estaban previstas para finales de julio. Pero será ahora cuando las ayudas del Kit Digital para empresas de entre 3 y 10 trabajadores se podrán solicitar desde el próximo 2 de septiembre, que está dotado con 500 millones de euros ampliables.

El importe para este tipo de empresas que se podrá solicitar será de 6.000 euros, una cantidad importante con la que muchas de ellas podrán afrontar retos pendientes para ser más eficientes y ganar en agilidad gracias a la digitalización.

En Pymes y Autonomos

Me han dado la subvención del Kit Digital, qué pasos tengo que seguir y cómo puedo gastarla

Cómo realizar la solicitud del Kit Digital

Lo cierto es que es importante que las pequeñas empresas tengan muy claro en qué áreas es más rentable para ellas mejorar y cómo invertir las ayudas que puedan recibir. El primer paso es realizar la solicitud.

Para ello es necesario realizar un test previo que nos dará una idea del estado de digitalización de nuestra empresa. Tenemos que registrarnos en el programa Acelera Pyme y realizar el test de autodiagnóstico.

A partir de aquí, si cumplimos todos los requisitos, es decir, ser empresas de entre tres y menos de diez empleados, estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, aportando los correspondientes certificados,  o no tener la consideración de empresa en crisis, entre las más importantes.

Para acceder a la tramitación vamos a necesitar disponer de certificado digital o estar de alta en el sistema Cl@ve. Si no estamos de alta en Red.es, tendremos que completar la información del formulario para posteriormente comenzar con la solicitud.

También es posible que la solicitud del Kit Digital la realice por nosotros un representante voluntario, para lo cual tendremos que realizar una autorización para que lo haga en nuestro nombre.

En Pymes y Autonomos

Estos son los cambios introducidos kit digital y así afectan a las pequeñas empresas y autónomos que lo soliciten

A partir de aquí se elige agente digitalizador y se realiza la solicitud. Hay que tener en cuenta que la empresa no recibe el dinero, sino que el pago se realiza al agente digitalizador que se encarga de ejecutar el trabajo o prestar el servicio.

La empresa tendrá que hacerse cargo del pago del IVA de la factura que presente el Agente Digitalizador, ya que dichos impuestos no se cubren por la ayuda.

Kit Digital para empresas de entre 3 y 9 trabajadores, ¿cuánto dinero puedo gastar?

Las empresas pueden realizar solicitudes en las siguientes categorías:

• Sitio web y Presencia en internet, cuenta con una ayuda de hasta 2.000 euros.
• Comercio electrónico, también con una ayuda de hasta 2.000 euros.
• Gestión de redes sociales con hasta 2.500
• Gestión de clientes con hasta 2.000 euros.
• BI y analítica, con hasta 2.000 si la empresa está entre 3 y 9 empleados.
• Servicios de oficina virtual está dotada con 250 euros por empleado.
• Gestión de procesos, con hasta 2.000 si la empresa está entre 3 y 9 empleados.
• Factura electrónica, con hasta 1.000 euros.
• Comunicaciones seguras están dotadas con 125 euros por empleado.
• Ciberseguridad bonificada con 125 euros por empleado.
• Presencia avanzada en Internet, con una ayuda máxima de 2.000 euros
• Marketplace, con hasta 2.000 euros

Hay que recordar que tras los cambios introducidos, en caso de necesitar hardware para la prestación del servicio y solo en este caso sí sería bonificada al ser parte de una solución contratada como servicio.