La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) lleva meses construyendo una agenda muy ambiciosa para transformar las condiciones laborales de los autónomos en España.

Mientras su “Bus del Emprendimiento” recorre municipios de menos de 30.000 habitantes de la Comunidad de Madrid ofreciendo asesoramiento gratuito, la organización ha puesto sobre la mesa un paquete de 60 propuestas que busca aliviar la carga administrativa, reforzar la protección social y adaptar la fiscalidad a la realidad de más de 3,4 millones de profesionales.

El objetivo declarado es claro: que emprender y mantenerse como autónomo no dependa de superar una carrera de obstáculos burocráticos, sino de la viabilidad del proyecto.

La federación quiere que estas reformas se conviertan en una hoja de ruta para los partidos políticos y para el diálogo social, de forma que el empleo por cuenta propia gane estabilidad, flexibilidad y un entorno regulatorio menos hostil.

Redefinir quién es autónomo y cómo se le exige cotizar

Una de las líneas centrales del documento es la redefinición de la habitualidad. ATA propone que solo tengan obligación de alta en el régimen de autónomos quienes superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional en rendimientos netos anuales, y que la actividad tenga una duración mínima en el tiempo, ya sea de varios meses seguidos o repartidos en el año.

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Con ello se pretende evitar que pequeños encargos ocasionales acaben obligando a asumir cuotas y trámites desproporcionados.

En paralelo, la federación quiere consolidar el sistema de cotización por ingresos reales, poniendo fin al carácter transitorio del modelo actual.

Las bases mínimas y máximas se fijarían anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y se revisarían cada tres años, vinculando este seguimiento a la Comisión del Pacto de Toledo.

Para garantizar seguridad jurídica, se plantea que sea la Agencia Tributaria quien comunique de forma oficial los rendimientos computables antes de que la Tesorería regularice la cotización, y que se acorten los plazos para devolver el exceso cuando se ha pagado de más.

Otra pieza clave es el ajuste de las bases de quienes decidieron mantener su nivel de cotización previo a 2022. La propuesta incluye actualizar automáticamente esas bases con el Índice de Precios de Consumo y permitir aportaciones voluntarias que eviten pérdidas de poder adquisitivo en las pensiones futuras.

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También se defiende ampliar el porcentaje de gastos deducibles presuntos a efectos de cotización, de forma que el cálculo de rendimientos tenga más en cuenta la estructura real del negocio.

Tarifa plana, bonificaciones y protección frente a los riesgos

El bloque de medidas sobre Tarifa Plana busca un impulso decidido al emprendimiento. La federación propone una cuota cero durante dos años, ampliable a tres para menores de 30 años, mujeres que regresan a la actividad tras la maternidad y personas con ingresos por debajo del SMI en los primeros ejercicios.

También sugiere un régimen especial para quienes compatibilizan trabajo por cuenta propia con un empleo asalariado con alta cotización, de forma que en determinados supuestos solo sea necesario el alta a efectos fiscales, sin tener que abonar cuota adicional.

En materia de protección social, las propuestas son muy concretas. Se plantea que los autónomos con enfermedad grave vean bonificada el cien por cien de su cuota desde el primer día de baja, y no a partir del segundo mes como ocurre ahora.

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Igualmente, se quiere elevar al cien por cien la bonificación para quienes deben dejar temporalmente la actividad para cuidar a menores con patologías graves. En el ámbito del cese de actividad, la organización propone que el cierre definitivo del negocio, acreditado mediante baja censal o traspaso de licencia, suponga un reconocimiento automático del derecho a prestación.

El documento reclama también que el subsidio para mayores de 52 años se extienda al colectivo, de manera que quienes agotan la protección por cese de actividad no queden sin red en la recta final de su vida laboral.

Para ATA, si existe obligación de cotizar durante años, debe existir también el derecho a acceder a mecanismos de apoyo similares a los de los trabajadores asalariados.

Conciliación, relevo generacional y vejez activa

Las reformas propuestas ponen un fuerte acento en la conciliación. La federación plantea ampliar en quince días el descanso por nacimiento y cuidado de menor para las autónomas, con el fin de que el permiso por lactancia tenga el mismo tratamiento efectivo que en el régimen general.

También defiende un modelo más flexible de baja por maternidad, que permita compatibilizar parte del periodo de prestación con ciertas tareas profesionales tras las primeras semanas obligatorias, evitando el cierre total de la actividad en momentos críticos del negocio.

En la misma línea, se propone que las autónomas sin plantilla puedan contratar a una persona con bonificaciones específicas en el último tramo del embarazo, compartir con ella el trabajo y asegurar un relevo temporal que no perjudique ni al negocio ni a la salud de la futura madre.

Este enfoque se complementa con la figura del autónomo colaborador ampliada a no familiares en el marco del relevo generacional, para facilitar que un aprendiz se incorpore años antes de la jubilación y pueda acabar asumiendo el testigo del negocio.

Respecto al envejecimiento activo, el plan sugiere reforzar la jubilación activa, eliminando el año obligatorio de espera y permitiendo compatibilizar pensión y actividad con porcentajes crecientes, hasta llegar al cien por cien cuando se mantenga empleo o colaboración con otras personas trabajadoras.

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Además, se aboga por mejorar la previsión complementaria mediante planes de pensiones específicos para autónomos, con límites de aportación y deducción más amplios que los actuales.

Menos burocracia y una fiscalidad adaptada al autónomo

El capítulo de simplificación administrativa y fiscal es uno de los más potentes. La organización propone implantar un régimen de IVA franquiciado que exima de ingresar el impuesto hasta 85.000 euros de ingresos anuales, con un umbral mayor para operaciones internacionales.

Para quienes se acojan, la liquidación pasaría a ser anual, reduciendo de forma notable la carga administrativa. En paralelo, se plantea una transición ordenada desde el sistema de módulos hacia una estimación directa especial que reconozca de forma objetiva un porcentaje amplio de gastos deducibles habituales sin exigir tanta justificación documental.

La facturación electrónica obligatoria y el sistema Verifactu, previstos para 2027, se aceptan como inevitables, pero ATA exige incentivos fiscales y un periodo de lanzamiento sin sanciones por errores, además de la digitalización completa de tickets y facturas simplificadas.

Asimismo, se sugiere que la presentación de declaraciones informativas pase de periodicidad trimestral a semestral para liberar tiempo y recursos.

En el terreno de la relación con la Administración, la federación propone un auténtico cambio cultural: test de impacto específico para micronegocios en cada nueva norma, creación de una “carpeta pyme y autónomo” que centralice toda la documentación pública del contribuyente, consolidación del silencio administrativo positivo como regla general y reconocimiento del derecho al error con un primer aviso sin sanción.

También se plantea limitar las notificaciones a días laborables y horario comercial y evitar que los autónomos con ingresos modestos sean condenados en costas en un contencioso frente a la Administración, además de garantizar que el pronto pago de una sanción no impida recurrirla.

El conjunto de estas 60 reformas perfila un modelo en el que el trabajo autónomo tendría menos trabas, más protección y una fiscalidad alineada con la realidad diaria de millones de pequeños negocios.

Ahora la clave está en la capacidad de los partidos para convertir este documento en acuerdos concretos. En realidad, lo más complicado.

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España ha superado el número de autónomos que tenía antes de la pandemia, pero no la precariedad de sus ingresos. Ese podría ser, en pocas palabras, el resumen del escenario actual para los trabajadores por cuenta propia.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, el país cerró octubre con 3,37 millones de trabajadores por cuenta propia, la cifra más alta desde 2008. No obstante, detrás del récord de afiliación se esconde una realidad menos optimista: la renta media cae y los márgenes se estrechan, especialmente para los pequeños negocios y los autónomos con menos recursos.

El “nuevo” trabajo autónomo

La combinación de una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la inflación persistente y el sistema de cotización por ingresos reales ha modificado el mapa del autoempleo.

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Hay más autónomos que nunca, pero una gran parte gana menos que hace un año y apenas logra compensar el aumento de los costes laborales y energéticos.

El crecimiento del colectivo se apoya, principalmente, en el sector servicios, el comercio y, en gran medida, en las actividades de hostelería, a menudo vinculadas al turismo y la estacionalidad, así como en actividades digitales y profesionales.

El número de mujeres autónomas ha aumentado un 2,1 % interanual, mientras que el de jóvenes menores de 30 años crece un 3,4 %, según el informe trimestral de ATA. De nuevo, una tendencia preocupante se oculta detrás: más autoempleo por necesidad y menos por oportunidad.

Lorenzo Amor, presidente de la ATA, lo ha señalado sin paños calientes: “Nunca hubo tantos autónomos con ingresos tan bajos”. Los datos del INE lo confirman: el ingreso medio anual de los trabajadores por cuenta propia ronda los 20.900 euros, con una pérdida real de poder adquisitivo del 2 % entre 2023 y 2025.

El efecto del SMI y la cotización por ingresos reales

El SMI alcanzó los 1.134 € al mes en 2025, lo que ha impactado directamente en el coste laboral de quienes tienen empleados o colaboradores. A todo ello, se suma la aplicación del Real Decreto-ley 13/2022, que ajusta las cuotas de cotización según los ingresos declarados.

El resultado es que muchos autónomos pagan más, incluso sin haber incrementado sus ingresos. Según los cálculos de la patronal, un autónomo que factura 1.800 € al mes paga ahora 325 € de cuota, frente a los 294 € que abonaba en 2023.

UPTA, por su parte, señala que el aumento de las bases mínimas “ha reducido el beneficio neto mensual de miles de pequeños negocios, especialmente en hostelería y servicios personales”.
El Banco de España advierte además que los autónomos soportan la mayor presión de costes laborales desde 2019, algo que limita su capacidad de inversión y contratación.

En este contexto, la rentabilidad del trabajo por cuenta propia está en mínimos de la última década. El 62 % de los autónomos declara ganar menos que hace un año. Los principales motivos que se señalan son los ya mencionados: cuotas más altas, inflación acumulada, alquileres comerciales elevados y encarecimiento de suministros.

El consumo interno, además, no acompaña. Con el gasto de los hogares estancado y la subida de precios todavía elevada, muchos profesionales no pueden repercutir el incremento de costes a sus clientes.

“El autoempleo ha dejado de ser sinónimo de independencia; ahora es una red de supervivencia económica”, resume Eduardo Abad, presidente de UPTA.
La consecuencia es una creciente polarización: más altas de autónomos, pero también más rotación y menor estabilidad.

En paralelo, persiste el fenómeno de los falsos autónomos, que continúa siendo un foco de precariedad en sectores como logística, servicios o limpieza.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé revisar los tramos de cotización a lo largo de 2026, en busca de un equilibrio que alivie la carga de quienes declaran ingresos bajos. Hasta hace pocas semanas, se barajaba un aumento notable de las cuotas, que finalmente se ha frenado tras la presión de las asociaciones de autónomos.

Mientras tanto, la tendencia parece consolidarse: más autónomos, pero con rentas más ajustadas y una incertidumbre que se ha convertido, para muchos, en parte estructural del autoempleo en España.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en el marco de los proyectos sociales de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo servicio itinerante de asesoramiento gratuito para autónomos y emprendedores que residen en municipios de menos de 30.000 habitantes.

Esta actividad, que se encuentra dentro del proyecto +Autónomos+Crecimiento pretende moverse por 22 localidades madrileñas hasta finales de diciembre en esta prueba piloto, con el objetivo de acercar información, formación y apoyo técnico a los trabajadores por cuenta propia que desarrollan su actividad fuera de los grandes núcleos urbanos.

Asesoría gratuita para pequeños negocios

La iniciativa combina oficinas móviles y puntos de atención presencial con un programa de webinars gratuitos, en los que expertos en fiscalidad, digitalización y gestión empresarial resolverán las dudas más comunes del colectivo.

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Lorenzo Amor afirma que más de la mitad de lo recaudado sale de las cotizaciones de los autónomos. Esto es lo que hemos podido calcular con los datos oficiales

El “autobús del emprendedor” actuará como una oficina móvil de atención personalizada, donde los técnicos ofrecerán orientación sobre trámites administrativos, ayudas públicas, fiscalidad, digitalización, sostenibilidad y economía verde, entre otras acciones.

El servicio también incluye acompañamiento online a través de una plataforma creada junto con la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), para facilitar la continuidad del asesoramiento una vez finalizada la visita del vehículo. 

Asimismo, la campaña está financiada por los medios europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).

De este modo, el programa está dirigido tanto a autónomos consolidados como a emprendedores que buscan iniciar su actividad. El objetivo es reducir la brecha informativa y tecnológica que afecta a los profesionales de zonas rurales o periurbanas.

Según fuentes del Gobierno, se pretende “impulsar la competitividad de los autónomos madrileños y fomentar la creación de empleo estable en todo el territorio”.

22 municipios hasta diciembre

Durante los meses de noviembre y diciembre, el autobús y las oficinas itinerantes visitarán 22 municipios de la Comunidad, priorizando aquellos con menor densidad de población, como Algete, Paracuellos de Jarama, San Lorenzo del Escorial o Guadarrama, entre otros.

Las primeras paradas confirmadas son localidades como Villaviciosa de Odón, San Martín de Valdeiglesias o Navalcarnero, según la información difundida por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

El horario general de atención es de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h, aunque se recomienda consultar los detalles actualizados de cada jornada en el portal oficial de la Comunidad de Madrid. Además, hasta final de año se celebrarán diez seminarios online gratuitos, donde se abordarán temas como las subvenciones disponibles, la transición digital o las obligaciones fiscales más recientes.

El “bus del emprendedor” pretende servir como un punto de encuentro para divulgar herramientas de eficiencia energética, gestión sostenible y acceso a fondos europeos, con especial atención a los sectores más dependientes del autoempleo: comercio, hostelería y servicios locales.

El programa +Autónomos +Crecimiento forma parte de la estrategia regional para impulsar la digitalización y la sostenibilidad de las pequeñas empresas madrileñas.

A diferencia de programas centrados en la capital, como Madrid Emprende o Barcelona Activa, este proyecto prioriza municipios pequeños y medianos, donde el acceso a asesoramiento técnico y fiscal suele ser limitado.

Con este programa, el Ejecutivo regional busca fortalecer el tejido emprendedor y autónomo en toda la región, reforzando su papel en la generación de empleo y cohesión económica.

Foto: ATA/CEAJE/Ayuntamiento de Aranjuez (montaje).

Lorenzo Amor, presidente de la ATA, ha vuelto a ser noticia tras poner el foco en la carga fiscal del colectivo. 

En una reciente aparición relacionada con la edición XXIV de los Premios Autónomo del Año, afirmó que los autónomos “pagan más de la mitad de todo lo recaudado en España”, en un contexto de críticas al Gobierno por el aumento de cotizaciones y la presión fiscal sobre los pequeños negocios.

Qué dijo Amor y por qué genera debate

La declaración ha tenido amplia repercusión en redes y medios, reavivando un debate clásico: ¿pagan realmente los autónomos más que nadie? Los datos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social muestran un escenario muy diferente al descrito por el presidente de ATA.

Amor y buena parte del colectivo de trabajadores por cuenta propia sostienen que el peso contributivo de los autónomos es desproporcionado respecto a los servicios y coberturas que reciben: el acceso limitado al paro o cese de actividad es solo la última de una larga lista de batallas con la Administración.

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Sin embargo, hablar de que los autónomos aportan “más de la mitad de todo lo recaudado” no se sostiene con los datos disponibles. 

Según el Informe Anual de Recaudación Tributaria 2023 de la Agencia Tributaria, los ingresos tributarios ascendieron a 271.935 millones de euros, impulsados sobre todo por el IRPF (42 %), el IVA (33 %) y el Impuesto de Sociedades (10 %), además de los tributos especiales y otras figuras menores. El Ministerio de Hacienda aún no ha publicado el cierre de 2024, aunque los informes mensuales de recaudación de 2025 apuntan a un crecimiento sostenido.

Por su parte, los registros de la Seguridad Social muestran que en mayo de 2025 había 3,4 millones de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), frente a más de 21,9 millones de afiliados totales al sistema. 

No obstante, los informes públicos no desglosan la recaudación del IRPF o del IVA por tipo de contribuyente, por lo que no es posible conocer con precisión qué porcentaje corresponde a autónomos y cuál a asalariados.

En materia de cotizaciones, el Presupuesto de la Seguridad Social para 2024 cifra los ingresos previstos por cotizaciones en 152.075 millones de euros, de los cuales 12.038 millones proceden del RETA y 116.329 millones del Régimen General, además de otras partidas (como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional o las contingencias profesionales). En ejecución, hasta agosto de 2025, las cotizaciones acumulan 117.248 millones, según La Moncloa.

En conjunto, los datos disponibles no permiten calcular con exactitud qué parte del total recaudado corresponde al colectivo de autónomos. Lo que sí reflejan es que su esfuerzo fiscal medio —en proporción a los ingresos netos y con menos deducciones o protección social— es elevado. Parte de la recaudación empresarial (como el Impuesto de Sociedades, el IVA o los tributos especiales) también sale, indirectamente, de los bolsillos de autónomos societarios y pequeños negocios, lo que alimenta la sensación de que el peso contributivo recae en exceso sobre ellos.

Se percibe que el autónomo “paga más”

Si bien los datos no respaldan la magnitud de la afirmación de Lorenzo Amor, el malestar del colectivo tiene una base clara en la carga relativa que soportan.

Los autónomos asumen costes fijos mensuales, independientemente de su facturación, como la cuota de cotización al RETA, las liquidaciones trimestrales de IVA o los pagos fraccionados de IRPF, sin el margen de maniobra fiscal que disfrutan muchas sociedades.

Además, pese a contribuir de forma obligatoria, disponen de menos protección social, especialmente en bajas médicas, cese de actividad o pensiones, según los propios informes de la Seguridad Social. Esta combinación alimenta la sensación de “pagar mucho y recibir poco”, una percepción que se intensifica con cada revisión del sistema de cotización.

El incremento de ingresos fiscales en 2025 (explicado por el crecimiento del empleo y las bases de cotización, según El País) ha coincidido con la regularización de las bases mínimas en el RETA y la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), dos medidas que muchos profesionales interpretan como una nueva subida indirecta de cuotas.

El impacto real de los autónomos en las arcas públicas va, no obstante, más allá de lo que declaran en impuestos personales. Parte del IVA recaudado por el Estado procede de operaciones entre autónomos y consumidores finales, y muchos profesionales actúan como retenedores y transmisores de tributos en nombre de otros (empleados, clientes o proveedores).

Esta función de intermediación fiscal, esencial en cualquier economía de mercado, no implica que sean quienes soportan la carga final, pero sí que contribuyen al funcionamiento del sistema tributario. No existen estimaciones oficiales sobre el valor exacto de esa aportación indirecta —ni la Agencia Tributaria ni el Banco de España publican un cálculo de este tipo—, aunque diversos analistas reconocen que su peso económico supera con creces su volumen demográfico.

En términos estrictos, por lo tanto, los autónomos no pagan la mitad de los impuestos del país, pero sí sostienen una parte fundamental de la actividad económica que permite que esa recaudación exista: son quienes facturan, emplean y generan consumo en una amplia red de pequeñas empresas y profesionales.

Una presión fiscal alta (y mal repartida)

El debate sobre “quién paga más” seguirá abierto mientras la diferencia entre cifras absolutas y esfuerzo relativo no se resuelva. Un debate recurrente en España.

Los autónomos no son el principal sostén fiscal del Estado, pero sí uno de los colectivos con mayor carga proporcional respecto a sus ingresos reales y menor margen de deducción.

En plena negociación de los nuevos tramos de cotización 2026-2028, las cifras oficiales dejan claro que la clave no está solo en cuánto aportan en volumen, sino en cómo se distribuye la carga fiscal y social entre trabajadores, empresas y pequeños negocios. Y aquí los autónomos reclaman lo mismo de siempre: un sistema más justo, estable y predecible, que no penalice al que emprende o sostiene su propio empleo.

Las asociaciones de autónomos han vuelto a poner sobre la mesa la reforma del cese de actividad para que el acceso a la prestación sea mucho más ágil y cercano a un reconocimiento “automático” cuando se acredita el cierre del negocio o la baja en el RETA.

El objetivo: corregir un sistema que deniega alrededor del 60 % de solicitudes por requisitos difíciles de probar. La Seguridad Social admite que el cese de actividad presenta problemas de acceso y ha abierto la puerta a ajustes en la prestación dentro del calendario de reformas vinculado a las cotizaciones por ingresos reales. La discusión se cruza, además, con el giro del Gobierno sobre las cuotas 2026, lo que da margen para “paquetes” de negociación que incluyan mejoras de protección social.

Qué significaría “automático”

El núcleo de la propuesta es acercar el cese de actividad a un derecho efectivo, con requisitos objetivos y verificación simple (por ejemplo, la baja en el RETA y en Hacienda, o la constatación de cierre de negocio), evitando pruebas complejas de pérdidas o caídas de ingresos difíciles de acreditar ante mutuas.

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No es un “botón mágico”. Seguirían existiendo condiciones de cotización mínima y controles a posteriori para evitar fraude, pero el reconocimiento inicial sería más rápido. En paralelo, varias organizaciones reclaman mejorar cuantías y supuestos del cese de actividad para alinearlo con el desempleo del Régimen General, y ampliar coberturas donde hoy el autónomo no llega (subsidios, permisos, etc.).

Por qué urge la reforma del cese de actividad

En 2025 se ha documentado que seis de cada diez solicitudes de cese de actividad son rechazadas, en gran medida por la dificultad de cumplir los requisitos probatorios (causas económicas, técnicas u organizativas).

Esto genera una paradoja: se cotiza obligatoriamente por la contingencia (desde 2019), pero la tasa de acceso efectivo sigue siendo baja. Incluso la prensa económica y los titulares de medios generalistas han recogido el problema: tasa de denegación cercana al 60 % y un desajuste entre recaudación y prestaciones abonadas, lo que tensiona la legitimidad del sistema entre los autónomos.

Para el autónomo, un modelo de reconocimiento inicial ágil supondría seguridad de ingresos en caso de cierre o suspensión, y menos incertidumbre en el peor momento del negocio. Para las microempresas, reduciría la presión personal del titular al facilitar un colchón temporal mientras se decide reabrir, reorientar o liquidar.

La contrapartida: la administración tendría que adaptar procedimientos y sistemas (mutuas, SEPE, TGSS) para tramitar de oficio más resoluciones en menos tiempo, con controles y herramientas antifraude. Esto exige un equilibrio financiero: mejorar acceso sin comprometer la sostenibilidad del sistema.

¿Es un calendario realista?

Políticamente, 2026 es el horizonte que se maneja para introducir mejoras en el cese de actividad. En paralelo al aterrizaje de la nueva tabla de cuotas (congelación en tramos bajos y subidas moderadas en el resto).

 Aun así, no hay un texto oficial de “paro automático” ni una fecha cerrada: dependerá del diálogo social y de la capacidad técnica para cambiar procedimientos y bases reguladoras. No obstante, sí parece existir una conciencia social que ha alcanzado las bases del Ejecutivo en los últimos meses, lo que augura nuevos movimientos que podrían beneficiar los derechos de más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia.

Mientras tanto, conviene recordar el marco vigente: quién puede pedir el cese, plazos, documentación y cómo nace el derecho: cualquier reforma deberá modificar estas reglas para que el reconocimiento inicial sea más rápido y menos litigioso.

La petición de cuentas claras y verificables ha colocado (por enésima vez) a los autónomos en el centro del debate fiscal.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) exige evidencias numéricas, metodología y acceso a la información que permita evaluar si el sistema de cotizaciones por ingresos reales está cumpliendo lo prometido en términos de equidad y sostenibilidad financiera.

El contexto es decisivo: desde 2023 se despliega por fases un modelo con tramos vinculados a rendimientos netos y regularizaciones anuales. Para 2025, las cuotas se mueven entre 200 y 590 euros al mes según ingresos, en la última etapa de la primera implantación trienal. Este marco, anclado en el Real Decreto-ley 13/2022, ha reordenado incentivos y expectativas en todo el colectivo.

Por qué pide transparencia ATA

ATA ha solicitado una evaluación exhaustiva con proyecciones de ingresos consolidadas hasta 2025 antes de sentarse a pactar nuevas tablas a partir de 2026.

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La Seguridad Social empieza a negociar las cuotas de 2026 con la intención de subir los tramos de cotización y mejorar el paro de los autónomos

La organización reclama, además, soluciones inmediatas para los errores detectados en la regularización, que afectan a la liquidación de cuotas del ejercicio 2024.

La prioridad declarada es garantizar que los datos oficiales permitan comprobar, con evidencia, el desempeño del sistema.

Cómo está funcionando el sistema

El Ministerio informó a finales de la pasada primavera, de la finalización del primer gran proceso de regularización, presentado como todo un hito de la reforma estructural.

En dicho ajuste, millones de cuotas se revisaron contra los rendimientos declarados, confirmando (según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y migraciones) la lógica del modelo. Y dejando aprendizajes operativos para las siguientes oleadas de verificación.

El objetivo declarado por la reforma es que la aportación sea coherente con la capacidad económica efectiva del trabajador por cuenta propia.

Impacto en la pluriactividad y casos sensibles

Uno de los puntos más controvertidos ha sido la pluriactividad, donde profesionales que combinan actividad por cuenta propia y ajena han denunciado sobrecotización sin mejora correlativa de prestaciones.

ATA ha canalizado quejas y recursos, y ha condicionado su posición negociadora a correcciones tangibles en estos supuestos. La experiencia de 2023 y 2024 sugiere que la casuística es compleja y que el ajuste fino requerirá criterios más homogéneos y comunicación temprana de resultados.

Qué datos deberían publicarse

Para valorar con rigor el sistema de cotizaciones por ingresos reales, ATA pide series históricas y metodología reproducible sobre recaudación por tramos, distribución de devoluciones y suplementos abonados, tasas de error en las regularizaciones y efecto real en protección social.

En paralelo, el Gobierno ha reabierto la negociación de las cuotas 2026-2028 con asociaciones y agentes sociales, mientras algunas entidades reclaman mantener las bases actuales hasta que se publiquen resultados completos y auditables.

Qué deben hacer los autónomos

En el terreno operativo, conviene anticiparse a la regularización con una contabilidad alineada con Hacienda, previsiones trimestrales realistas y revisión de los rendimientos netos esperados para ajustar el tramo con margen.

La combinación de asesoría especializada y control de tesorería ayuda a evitar tensiones de liquidez en el cierre anual.

Quien haya tenido variaciones fuertes de ingresos a lo largo del año debería aprovechar las ventanas para modificar la base, y quien esté en pluriactividad necesita verificar sus bases y topes para no incurrir en pagos que luego no se traducen en derechos.

Pendientes en comunicación y seguridad jurídica

ATA insiste en que el éxito del modelo exige campañas de información claras, simuladores oficiales actualizados y criterios estables entre Seguridad Social y Agencia Tributaria.

El sistema de cotizaciones por ingresos reales reduce discrecionalidad, pero su complejidad técnica puede generar percepciones de injusticia si faltan guías didácticas y un calendario de regularización acompañado de recordatorios, plazos y vías de reclamación bien señalizadas.

El refuerzo de la seguridad jurídica es, por tanto, tan importante como la cifra de recaudación.

Qué queda por delante en 2026-2028

La mesa para fijar el siguiente ciclo de cuotas avanza con el compromiso gubernamental de corregir disfunciones detectadas y mejorar la experiencia de regularización.

 La discusión se centra en afinar tramos, proteger a rentas volátiles y clarificar los supuestos especiales.

Para ATA, el paso previo es cerrar el balance 2023-2025 con datos de rendimiento recaudatorio y de equidad que permitan demostrar que el sistema de cotizaciones por ingresos reales funciona para el conjunto del colectivo, y no solo sobre el papel.

El resultado de esa evaluación marcará, qué duda cabe, la credibilidad del nuevo acuerdo.

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La negociación para fijar las nuevas tablas de cotización por ingresos reales de los autónomos para 2026 arranca con un obstáculo evidente: la ausencia de la ATA. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, quiere abrir la mesa en septiembre con sindicatos y asociaciones como UPTA o UATAE, pero no contará con el respaldo de la patronal de Lorenzo Amor, que mantiene su palabra.

La ATA ya había advertido que no participaría en ninguna negociación mientras no se resolvieran los problemas detectados en la regularización de las cuotas de 2023, especialmente en casos de pluriactividad, societarios y colaboradores, ni se abordara el acceso a la prestación por cese de actividad, el conocido "paro de los autónomos".

"Sin soluciones, no hay negociación"

La ministra ha insistido en que habrá contactos "en las próximas semanas" para avanzar en la aplicación de la reforma de cotización por ingresos reales aprobada en 2022.

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Sin embargo, la ATA se mantiene firme: según su presidente, seis de cada diez trabajadores por cuenta propia que cierran el negocio ven denegada la prestación por cese de actividad, una situación "inadmisible" en comparación con la protección de los asalariados.

Además, Lorenzo Amor ha apuntado en reiteradas ocasiones que se garantice un subsidio para mayores de 52 años en las mismas condiciones que los asalariados.

Hoy, este colectivo queda excluido pese a su vulnerabilidad en el mercado laboral. Tampoco se han resuelto los fallos en la interpretación de la norma sobre pluriactividad, que llevó a que muchos autónomos fueran incluidos en los tramos más altos, aunque ya cotizaran en el régimen general.

La vicepresidenta de la ATA, Celia Ferrero, también ha criticado la falta de tiempo para negociar. Con la regularización de 2023 todavía pendiente y otros problemas abiertos, considera imposible alcanzar un acuerdo antes de final de año. De ahí que la federación dé por probable que las tablas de 2025 se prorroguen en 2026, lo que mantendría las cuotas actuales.

¿Y si no hay acuerdo?

Si el Gobierno no consigue consensuar una nueva tabla con el resto de las asociaciones y sindicatos, la prórroga automática sería la salida más factible.

En pocas palabras, esto significaría que los autónomos seguirían pagando lo mismo que este ejercicio, con las mismas bases mínimas y máximas en función de sus rendimientos netos.

El problema es que esta parálisis podría tener consecuencias más allá del bolsillo de los autónomos. Según algunos analistas, España se arriesga a incumplir los compromisos adquiridos con Bruselas, ya que el despliegue completo del sistema de cotización por ingresos reales es una de las reformas vinculadas a los fondos europeos.

A su vez, el Ministerio ha recordado que existe un observatorio de autónomos para escuchar demandas y aportaciones, pero también ha evitado concretar si habrá cambios inmediatos en la prestación por cese de actividad. De igual modo, está sobre la mesa una mejora de esta cobertura, que podría incluir nuevas condiciones de acceso a partir de 2026.

Negociación abierta, sin consenso

La situación refleja la tensión permanente entre el Gobierno y la ATA. Mientras UPTA y UATAE han mostrado mayor disposición a participar en el diálogo, la federación de Lorenzo Amor insiste en que "primero se arreglan los problemas y luego se habla de nuevas cuotas". El riesgo, en la práctica, es que los autónomos entren en 2026 con la misma regulación vigente, sin avances en protección ni cambios en las cargas.

Además, la falta de acuerdo en esta materia se suma a otros problemas pendientes: la reforma fiscal (con la posible introducción del régimen de IVA franquiciado para autónomos que facturen menos de 85.000 euros), la revisión de deducciones como la del vehículo o la transición del sistema de módulos. Ninguno de estos cambios ha logrado todavía desbloquearse en la mesa de diálogo social.

En este contexto, la ausencia de la ATA en la negociación añade presión a un Gobierno que necesita mostrar avances antes de final de año. El desenlace podría ser, simplemente, más tiempo con las mismas cuotas y menos avances en derechos, prolongando una incertidumbre que los autónomos ven insostenible.

Foto: Cepyme/Moncloa

Una de las principales asociaciones de autónomos en España, la ATA, y su presidente, Lorenzo Amor, han lanzado una advertencia clara al Gobierno:no participarán en la negociación de las nuevas cuotas del RETA hasta que no se corrijan los fallos del actual sistema de cese de actividad.

La decisión abre un nuevo frente en el diálogo social y pone sobre la mesa uno de los grandes problemas sin resolver para el colectivo: un paro que pocos pueden cobrar, pese a cotizarlo cada mes.

Origen del conflicto

En los últimos años, los trabajadores por cuenta propia han incorporado a su cotización mensual un extra destinado a cubrir posibles situaciones de inactividad forzosa. Sin embargo, las cifras revelan un problema estructural: más de la mitad de las solicitudes de cese de actividad son rechazadas.

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Para muchas personas autónomas, esto supone pagar por una prestación a la que luego no tienen acceso real en situaciones de cese de actividad. A su vez, esta situación entraña dificultades y un análisis pormenorizado en comparación con las cotizaciones por cuenta ajena de los trabajadores asalariados.

ATA denuncia que el sistema no solo es ineficaz, sino también injusto. Las exigencias para acreditar una bajada de ingresos o una causa objetiva de cierre son tan elevadas que dejan fuera a la mayoría de los solicitantes. Además, alertan de que los fondos acumulados por estas cotizaciones no se están destinando adecuadamente al fin para el que fueron creados.

De este modo, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha sido tajante: su organización no volverá a sentarse en la mesa de diálogo con el Ministerio de Seguridad Social mientras no se reforme el acceso a la prestación por cese. La advertencia llega justo antes del inicio del calendario de negociaciones para definir el nuevo sistema de cuotas que entrará en vigor a partir de 2026.

Hace unas semanas, Amor volvió a ratificar sus palabras, afirmando que seguir hablando de tramos y tipos sin solucionar los problemas previos sería una “tomadura de pelo” para los autónomos, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de pluriactividad o actividad estacional, más vulnerables ante caídas de ingresos. Por ahora, el Gobierno no ha presentado modificaciones claras en la negociación.

Por ahora, silencio institucional

Sin embargo, desde el Ministerio se insiste en que el sistema de cotización por ingresos reales —implantado en 2023 y en fase de revisión— ha sido un avance importante en términos de equidad. También han reconocido, no obstante, que el sistema de cese de actividad necesita ajustes, y que están abiertos a revisarlopara facilitar su acceso real.

La mesa de negociación sobre cuotas sigue en pie, con participación de otras organizaciones representativas del colectivo. Sin embargo, la ausencia de la ATA, la más numerosa, pone en entredicho el consenso necesario para llevar adelante una reforma efectiva.

Las tensiones entre la patronal y el Ejecutivo revelan un fondo más profundo: el descontento creciente entre buena parte del colectivo autónomo ante un sistema que recauda, pero no protege. Resolver el acceso al paro no solo es una cuestión de justicia contributiva, sino también una condición imprescindible para mantener la confianza en cualquier reforma futura. El calendario avanza, pero el diálogo, como suele ocurrir por estas fechas, vuelve a quedar en pausa.

Si eres autónomo o trabajador por cuenta propia, y sin ninguna intención de condicionar tu estado de ánimo, es probable que este 2025 no sea tu mejor año. Según los últimos sondeos de la ATA, el 73 % de los autónomos califica la situación económica como negativa o muy negativa. Cifras que reflejan hasta qué punto la incertidumbre y la presión fiscal están afectando a su día a día.

Más allá del dato concreto, preocupa el efecto arrastre, que puede provocar que el desánimo empiece a lastrar decisiones empresariales, siendo habitual escoger opciones más conservadoras, reducir el margen de reacción y dificultar las capacidades directivas para sostener el equipo.

Aumentan costes, no ingresos

Los datos económicos acompañan al mal clima emocional. Se estima que cuatro de cada diez autónomos han visto caer su facturación, y solo un 30 % ha conseguido aumentarla en porcentajes relativamente bajos (por norma, no superiores al 15 %).

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Por el contrario, gran parte de los trabajadores por cuenta propia han visto incrementos de costes operativos superiores en casi 1 de cada 4 trabajadores (el 22 % de los casos ha visto aumentos superiores al 15 %, según La Razón). En su mayoría, se han congelado los precios por miedo a perder clientes, lo que agrava la sensación de ahogo financiero que sufre el colectivo, que no tarda en trasladarse a los equipos.

Decisiones que se posponen

En este contexto, todo lo anterior se traduce en una contratación prácticamente paralizada, donde solo entre un 11 y un 16 % de los autónomos, según las fuentes, prevé incorporar personal en los próximos meses, mientras que alrededor del 5 % teme tener que reducir plantilla.

De hecho, un análisis pormenorizado apunta a problemas estructurales, donde más de la mitad de los autónomos no tiene empleados actualmente, y aquellos que sí cuentan con plantilla, temen no poder sostener el coste actual a medio plazo.

La morosidad o los retrasos en los pagos, que afecta a un 42 % de los autónomos encuestados por la ATA, tienen parte de la culpa. Con cifras elevadas en el sector privado (26,3 %) y aumentos desde los registros del verano anterior, así como en la pública, que también se ha incrementado del 4,9 al 6,4 % de las facturas.

Los analistas consideran que este clima no solo frena posibles contrataciones, sino que ralentiza otras decisiones clave: inversiones, nuevas líneas de negocio, formación interna o mejoras en condiciones laborales. Como resultado, asistimos a una parálisis que impacta tanto en los propietarios de los negocios como en el equipo (si lo hay).

Mantener el rumbo ante la crisis

El problema no es solo económico, sino emocional: frente a las previsiones negativas, cuesta implicarse, liderar o proponer cambios, lo que también genera desgaste interno, baja motivación y un entorno en el que todo parece provisional.

Así pues, puede ser importante actuar sin asumir riesgos innecesarios. Comunicar con transparencia (la situación real del negocio a los empleados: sin dramatismo) puede generar un clima de mayor compromiso por parte del equipo.

De igual modo, flexibilizar los puestos y atribuciones de cada trabajo (por ejemplo, colaboraciones externas, reducciones pactadas, fórmulas de trabajo híbrido) puede facilitar el clima laboral. Como apuntan desde CEPYME, la incertidumbre normativa está ralentizando las contrataciones en el tejido pyme, lo que hace de estas fórmulas flexibles una opción práctica.

Por último, es recomendable poner el foco en una inversión en tiempo (reconocimiento, claridad en las comunicaciones, pequeños gestos de cuidado y autonomía en el trabajo) y planificar el ejercicio fiscal en periodos más breves que permitan mayor flexibilidad ante ajustes.

En conclusión, si bien el pesimismo que atraviesa al colectivo de trabajadores autónomos no es infundado (por desgracia, los datos y la presión acompañan), sí debe gestionarse adecuadamente para evitar bloqueos, malas decisiones financieras y laborales.

Según se desprende del comunicado de la ATA, toca reconocer el momento, sin forzar optimismo, y este es ya un primer paso para dejar de tomar decisiones en piloto automático.

El debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue marcando la agenda española. Con un incremento acumulado del 54 % desde 2018, pasando de 736 euros a 1.134 euros brutos mensuales, la subida del SMI se ha convertido en un tema polémico tanto para el Gobierno como para los agentes sociales.

Según las últimas declaraciones de Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), esto se centra en dos problemas fundamentales que complican nuevas subidas del SMI: la adaptación al modelo de jornada laboral de 37,5 horas y el esfuerzo económico que implica para autónomos y pymes soportar estos incrementos.

El impacto en las pymes

Mientras que los sindicatos defienden el aumento como esencial para la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, empresarios y patronal  han advertido de los riesgos que estas medidas suponen para la viabilidad de pequeñas y medianas empresas.

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Amor (CEOE/ATA) comentaba que la oposición de los colectivos de empresarios no está tan vinculada al qué (es decir, a aumentar el SMI o a reducir jornadas laborales) tanto como al hecho de cómo hacerlo: "Creemos posible poder llegar en la negociación colectiva a las 37,5 horas. El problema está en cómo adaptarse a esta jornada", explicó para RNE.

Al margen de los sueldos, Amor explicaba que la medida resulta poco viable para pequeñas y medianas empresas con menor flexibilidad en sus organizaciones, ya que dependen de plantillas ajustadas y presupuestos limitados, por lo que reorganizar horarios y adaptar producción es complejo sin un incremento de los costes.

Una opción realista sería contratar a más personal, o exigir mayor productividad a los trabajadores para mantener el equilibrio financiero, pero que se entrecruza con otra serie de necesidades complejas para pequeños negocios (por ejemplo, la productividad ligada a tecnología, formación o nuevos perfiles profesionales: lo que se traduce en inversión, de nuevo)

"Nadie gana un 54 % más"

En paralelo, el presidente de la ATA ha afirmado que la carga financiera extra que puede ser, a menudo, difícil de soportar en empresas cuyos ingresos no han aumentado en la misma línea.

En sus propias palabras: "¿El salario mínimo tiene que subir? Pues claro que tiene que subir. El problema que tenemos es que en los últimos cinco años ha subido un 54%. La actividad de ningún autónomo ha subido un 54 % en los últimos cinco años". Una brecha evidente entre el incremento del SMI y el ritmo de ingresos de las pymes, que se alinea con los planteamientos del actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha advertido que los salarios deben subir al ritmo de la economía.

Por último, se ha visto que el SMI no se ha distribuido de forma homogénea entre los distintos sectores, siendo el régimen del hogar y el sector agrícola aquellos más castigados, con 176.000 empleos destruidos desde que los sueldos mínimos empezaron a aumentar. A medida que los costes laborales aumentan, el empleo de baja calidad puede estar condenado a desaparecer, pero, en cualquier caso, requiere de medidas compensatorias.

En conclusión, la subida del SMI ha supuesto mejoras sustanciales para muchos trabajadores, pero también ha puesto de manifiesto las limitaciones estructurales que enfrentan autónomos y pymes en España. Para Amor, el desafío no es solo económico, sino también de equilibrio: ¿cómo continuar mejorando las condiciones laborales sin poner en peligro la viabilidad de las pymes del país?

En el centro de este debate se encuentra una cuestión fundamental: el modelo económico que España necesita para garantizar empleo estable y crecimiento sostenible. El problema es que los propios socios del Gobierno no siempre están de acuerdo: PSOE y Sumar siguen sin ponerse todavía de acuerdo en su aplicación.