Si eres autónomo y trabajas fuera de tu municipio con pernocta, puedes ahorrarte más de 1.000 euros en la Renta 2026.

Esa es la clave. Hacienda permite deducir gastos de manutención y alojamiento cuando el desplazamiento está directamente vinculado a la actividad profesional y cumple determinados requisitos formales.

La normativa fija un máximo de 53,54 euros diarios cuando la pernocta se realiza en España y hasta 91,35 euros al día si el desplazamiento es al extranjero.

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En trabajos con viajes frecuentes, esta deducción puede alcanzar los 1.070 euros anuales, siempre que los gastos estén correctamente justificados.

Qué condición deben cumplir los autónomos

No basta con viajar. Para aplicar la deducción es imprescindible que el desplazamiento sea por motivos estrictamente profesionales y que exista pernocta fuera del domicilio habitual. Además, el gasto debe realizarse en establecimientos de hostelería o restauración y pagarse mediante medios electrónicos.

La Agencia Tributaria exige factura completa y prueba de pago bancario. Los tickets en efectivo no son válidos. Si no se puede acreditar la relación directa con la actividad económica, la deducción puede ser rechazada en una comprobación posterior.

Este incentivo fiscal es especialmente relevante para profesionales itinerantes como instaladores, comerciales, consultores, técnicos o formadores que desarrollan su actividad en distintas provincias o incluso en el extranjero.

Todos los autónomos deben presentar la Renta

Desde la reforma vinculada al sistema de cotización por ingresos reales introducida por el Real Decreto ley 13/2022, todos los trabajadores por cuenta propia están obligados a presentar la declaración de la Renta, independientemente de su volumen de ingresos.

A cierre de 2025, España contaba con más de 3,43 millones de autónomos. La eliminación de antiguos umbrales que eximían a determinados profesionales ha ampliado el número de declaraciones y ha reforzado el control fiscal.

En este contexto, conocer y aplicar correctamente las deducciones disponibles es esencial para optimizar el resultado final.

Calendario oficial de la campaña 2026

La campaña de la Renta 2026 comenzará el 8 de abril con la presentación telemática a través de Renta Web y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. El servicio telefónico con cita previa estará disponible desde el 6 de mayo y la atención presencial arrancará el 1 de junio. El plazo finalizará el 30 de junio de 2026.

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No dejar la declaración para el último momento permite revisar con calma los gastos deducibles y evitar incidencias técnicas o falta de citas disponibles.

Qué ocurre si el resultado sale a pagar

Si tras aplicar la deducción el resultado sigue siendo a ingresar, existen diferentes opciones de pago. Puede domiciliarse hasta el 25 de junio con cargo el 30 de junio o abonarse directamente hasta esa fecha.

También es posible fraccionar el importe en dos plazos, con un 60 por ciento en junio y el 40 por ciento restante hasta el 5 de noviembre de 2026. En determinados casos, se puede solicitar aplazamiento o fraccionamiento de deudas de hasta 50.000 euros, generalmente en un periodo máximo de doce meses.

Una oportunidad fiscal que conviene aprovechar

En un entorno de costes crecientes y márgenes ajustados, reducir más de 1.000 euros en la declaración puede marcar la diferencia en la tesorería de un profesional.

La clave está en planificar los desplazamientos, conservar la documentación y registrar correctamente cada gasto vinculado a la actividad.

Para los autónomos que duermen fuera de su municipio por trabajo, esta deducción no es un detalle menor. Es una herramienta fiscal que, bien aplicada, puede aliviar de forma significativa la factura de la Renta 2026.

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 A partir del 9 de octubre de 2025, las entidades financieras de la zona euro estarán obligadas a ofrecer a sus clientes transferencias inmediatas como servicio estándar.

Una opción que puede afectar la operatividad bancaria de las pymes y autónomos españoles, como establece el Reglamento europeo 2024/886, que busca garantizar que los pagos electrónicos sean más rápidos, accesibles y con costes equiparables a las transferencias ordinarias.

¿Qué cambia con la nueva normativa?

El Reglamento europeo ha introducido dos obligaciones clave: la disponibilidad 24/7, que señala que las transferencias inmediatas deberán completarse en cuestión de segundos, cualquier día del año, y el mismo coste que las ordinarias, por lo que los bancos no podrán cobrar más por una transferencia inmediata que por una estándar, según aclaró el Banco de España.

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Asimismo, como apunta El Economista, los bancos deberán incluir de forma obligatoria este servicio en sus catálogos, de modo que los clientes ya no dependerán de que la entidad lo ofrezca como un extra opcional o con condiciones especiales.

En la práctica, la mayoría de entidades ofrecían este servicio, pero desde este próximo octubre, si se cobraba un suplemento, el banco tendrá que igualar o reducir tarifas.

Los principales afectados son las entidades financieras de la zona euro que ya ofrecen transferencias SEPA ordinarias, los particulares que no deberán pagar un plus para enviar dinero al instante y, sobre todo, autónomos y pymes con mayor número de transferencias, que podrán mejorar la gestión de sus tesorería y pagos a proveedores sin asumir costes extra.

Qué se puede hacer ya

En estos momentos, desde la Administración se recomienda preguntar al banco, en caso de dudas, si ya tiene el servicio activo y cuáles son las condiciones, revisar contratos y tarifas para asegurarnos de que no existen comisiones encubiertas aplicadas e incorporar el servicio a la gestión del negocio.

Así, en empresas y negocios donde los pagos urgentes o los cobros inmediatos pueden resultar un valor diferencial o un punto importante para la operatividad, esta modificación puede suponer una mejora sustancial para el día a día.

En pocas palabras, las transferencias inmediatas pasarán a ser la norma en toda la zona euro. Para pymes y autónomos, esto significa pagos más rápidos, más previsibles y sin costes añadidos: un pequeño cambio regulatorio que puede mejorar mucho la gestión de caja de los negocios.

El Gobierno ha aprobado un nuevo marco de control laboral que marcará la agenda de los próximos años. Se trata del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027: Nuevos tiempos, nuevas formas de actuación.

El documento nace en un contexto de transformaciones significativas: la reforma laboral de 2021, la acelerada digitalización del mercado, los compromisos de la Agenda 2030 y la necesidad de reforzar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.

El Ejecutivo pretende reforzar así la vigilancia sobre fenómenos que en los últimos años han generado debate social y jurídico, como las horas extra no remuneradas, el auge de los falsos autónomos en plataformas digitales o las nuevas modalidades de teletrabajo transnacional.

Un plan con objetivos amplios y nuevas herramientas

El plan establece dos grandes ejes y un total de 17 objetivos. El primero, considerado prioritario, incluye 10 metas relacionadas con las relaciones laborales, la igualdad, la salud en el trabajo, la seguridad social y la lucha contra la economía sumergida.

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El segundo se centra en la modernización de la propia Inspección, con especial énfasis en la transparencia, el uso de tecnología avanzada y la cooperación entre comunidades autónomas.

Para ello se prevé incrementar la plantilla de inspectores, subinspectores y personal técnico, además de poner en marcha un “laboratorio informático” que permitirá cruzar datos entre Seguridad Social, Hacienda y otras bases de información.

Según adelantó El País, este refuerzo tecnológico será clave para detectar irregularidades sin necesidad de tantas visitas presenciales.

Vigilancia reforzada para pymes y autónomos

Entre las prioridades señaladas destacan aquellas que afectan directamente a pymes y trabajadores por cuenta propia. La primera medida es el control estricto de las horas extra. Se pondrá especial atención a los registros horarios y a la coherencia entre la jornada declarada y la efectivamente realizada.

Otro punto sensible es el uso de contratos a tiempo parcial. La Inspección detecta con frecuencia abusos en este tipo de acuerdos, con empleados que superan las horas pactadas sin la remuneración correspondiente. El plan contempla actuaciones específicas para reducir esta práctica.

Los falsos autónomos vuelven a ser una prioridad, en particular en plataformas digitales y en sectores como transporte y logística. El Gobierno recuerda que ya existen sentencias que obligan a regularizar a miles de trabajadores en estas condiciones.

En paralelo, el teletrabajo internacional entra por primera vez en la agenda inspectora: empresas con sede en España que contratan empleados en el extranjero a salarios inferiores podrían enfrentarse a sanciones si se detectan prácticas de dumping social.

Finalmente, se endurece la vigilancia en torno a la cotización de autónomos, un tema especialmente sensible tras la reforma del sistema de cuotas en 2023. Los inspectores prestarán atención a la correcta declaración de ingresos y a las nuevas obligaciones de seguridad social.

Algunos ejemplos para entenderlo

El nuevo plan puede generar inquietud en negocios pequeños sin departamentos legales propios. Una tienda minorista con personal contratado a tiempo parcial deberá ser especialmente rigurosa en sus registros de jornada.

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Un taller de reparto a domicilio podría verse obligado a revisar la situación contractual de sus conductores. Incluso un despacho que contrata colaboradores extranjeros en remoto tendrá que evaluar si cumple con la normativa española.

El coste de adaptación es una preocupación legítima. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos se advierte que muchas pequeñas empresas tendrán que recurrir a asesorías externas para cumplir con las exigencias, lo que se traduce en una mayor carga administrativa.

Qué deben hacer las empresas desde ahora

Aunque no todas las medidas serán de aplicación inmediata, hay pasos que conviene adoptar cuanto antes.

Mantener un registro horario transparente y accesible es uno de ellos. También resulta recomendable revisar los contratos, verificar que la base de cotización de los autónomos coincide con los ingresos reales y anticiparse a una eventual inspección mediante una auditoría interna.

Expertos en recursos humanos consultados por RRHH Digital señalan que la prevención siempre es menos gravosa que una sanción posterior. En este sentido, contar con una asesoría laboral se convierte más en una inversión que en un gasto.

Plazos y desarrollo futuro

El documento del BOE recoge que algunas de las medidas requieren desarrollos reglamentarios adicionales. Esto significa que no todo entrará en vigor de inmediato, aunque sí se espera una primera fase de implementación a lo largo de 2026.

El calendario exacto dependerá de los recursos disponibles y de la coordinación con comunidades autónomas.

En paralelo, se reforzará la formación de inspectores y la implementación de herramientas digitales de análisis de datos, un proceso que podría prolongarse durante todo el trienio 2025-2027.

El nuevo marco no solo busca sancionar infracciones, sino también generar un cambio cultural en la forma en que se entienden las relaciones laborales. El Gobierno insiste en que la transparencia, la igualdad y la protección de colectivos vulnerables son principios que guiarán la aplicación del plan.

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Se confirma que la segunda fase de la reforma de cotización por ingresos reales está en marcha. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que, en las próximas semanas, se reactivará la mesa de diálogo con asociaciones de autónomos y sindicatos para fijar las nuevas cuotas de cara a 2026.

El objetivo principal, asegura, es consolidar un sistema que acerque las prestaciones de los trabajadores por cuenta propia a las de los asalariados, garantizando que cada profesional cotice de acuerdo con lo que realmente ingresa.

Un “acto de justicia social”

Saiz ha defendido la reforma aprobada en 2022 como un “acto de justicia social”. Según la ministra, el nuevo modelo permitirá que los autónomos tengan mejores coberturas en situaciones de incapacidad, jubilación o cese de actividad. “Se trata de que nadie quede atrás y de que la cotización responda a la realidad de cada negocio”, ha apuntado en declaraciones recientes.

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El calendario político marca que las tablas de cotización para el próximo año deberían aprobarse antes de final de 2025. En caso contrario, se aplicaría una prórroga de las cuotas vigentes en 2025, lo que supondría retrasar la segunda fase del despliegue del sistema.

De este modo, se espera que los cambios previstos afecten a tres puntos clave: la subida de varios tramos de cotización, donde los autónomos con ingresos medios y altos podrían ver incrementada su cuota, un alivio moderado en los tramos más bajos gracias a ciertos ajustes a la baja y el acceso al cese de actividad, que pese a los desacuerdos entre la ATA y el Ejecutivo, el Gobierno insiste en que se reforzará esta prestación, pero aún no ha detallado cómo se solucionarán las restricciones actuales.

El reto de la negociación

Como ya hemos mencionado, no obstante, algunas organizaciones del sector están en la mesa. En este sentido, la ATA y su principal representante, Lorenzo Amor, han reiterado que no participarán hasta que se resuelvan los problemas en la regularización de cuotas de 2023 (pluriactividad, societarios y colaboradores) y se reestructure el acceso al paro para los autónomos.

Además, los expertos advierten que un retraso en la aprobación de las tablas podría afectar al cumplimiento de compromisos europeos en materia de sostenibilidad de la Seguridad Social.

Para los trabajadores por cuenta propia y las pymes, esta negociación es realmente importante, puesto que está en juego:

• La comprobación de ingresos declarados: las regularizaciones de 2023 mostraron que ciertos errores o incongruencias generan recargos importantes.
• Valorar el tramo futuro: una subida de cuota en 2026 puede impactar directamente en la tesorería del negocio.
• Seguir de cerca la prestación por cese: si se amplía y se flexibiliza el acceso, podría convertirse en una herramienta real de protección. Hoy, con 6 de cada 10 autónomos sin acceso real a la misma, no lo es.
• Preparar escenarios: tanto si hay subida como si se prorrogan las cuotas, conviene simular su impacto en las cuentas del próximo año.

En pocas palabras, el Gobierno quiere mostrar resultados antes de que acabe el año, pero la ausencia de una de las principales asociaciones del sector y las dudas sobre la viabilidad técnica del sistema añaden presión al calendario.

El desenlace marcará no solo cuánto pagarán los autónomos en 2026, sino también la confianza del colectivo en un modelo que nació con la promesa de ser más justo y transparente.

El debate sobre las nuevas cuotas de cotización por ingresos reales vuelve a tensarse. En las últimas semanas, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha decidido dar un golpe en la mesa frente al Gobierno y negarse a negociar mientras no se resuelva primero un problema de fondo: el acceso al paro de los autónomos sigue siendo prácticamente inaccesible para la mayoría.

Según la patronal, 6 de cada 10 autónomos no tienen acceso real a la prestación por cese de actividad, lo que complica sobremanera un cambio laboral y supone una cotización mayor para un sistema que no apoya a los trabajadores por cuenta propia en los momentos de mayor necesidad.

Un sistema ineficaz

Hoy por hoy, más de la mitad de los autónomos que solicitan el paro se quedan sin él, pese a haber cerrado su negocio y cotizado para cubrir ese derecho.

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Esta situación contrasta con la protección que reciben los asalariados en caso de despido, y supone que miles de pequeños negocios se enfrenten a cierres sin una red de seguridad mínima.

Según Lorenzo Amor, presidente de ATA, el problema no es nuevo, pero sí urgente: el 60-65 % de quienes lo solicitan no logran acceder a la ayuda, lo que convierte a esta prestación en un mecanismo casi decorativo.

Mientras el Gobierno sigue enfocado en tratar de perfilar el sistema de cotización por ingresos reales, para la ATA y otras organizaciones del sector no tiene sentido seguir adelante si antes no se garantiza el acceso efectivo al paro: "No podemos negociar cuánto pagamos si no sabemos qué protección obtenemos a cambio", resumía Amor en declaraciones recogidas por Mundo Emprende.

Sin embargo, a medida que el verano avanza, todo indica que este debate traerá cola. La UPTA, otra de las asociaciones representativas, coincide en la necesidad de más protección social y propone un sistema más progresivo, donde quienes ingresen más paguen más, y quienes ingresen menos tengan más margen de alivio. Sin embargo, subrayan también que la clave es que los autónomos cuenten con derechos equiparables a los asalariados.

Un laberinto de requisitos

El acceso al paro de los autónomos sigue siendo uno de los puntos más criticados del sistema. La principal razón es que, para poder solicitarlo, la normativa exige haber cotizado al menos 12 meses de forma continuada, estar dado de alta en el RETA y al corriente en el pago de las cuotas.

Además, el trabajador debe justificar el cese de actividad (por causas económicas, técnicas, pérdida de licencia, fuerza mayor, divorcio, violencia de género, etc.) y presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos.

A todo ello se suma la obligación de firmar un compromiso de actividad, que implica participar en programas de formación, orientación o reinserción laboral. Todo ello configura un entramado burocrático que, en la práctica, convierte en muy difícil acceder a una ayuda que debería funcionar como red de seguridad.

Las consecuencias son claras: más del 60 % de las solicitudes de cese de actividad acaban rechazadas por la Seguridad Social, según diferentes análisis. Los motivos más frecuentes son no cumplir con la cotización continuada, no poder acreditar suficientemente el motivo del cierre o arrastrar pequeñas deudas con la Seguridad Social.

Esto ha generado una paradoja: existe un fondo millonario acumulado para cubrir estas prestaciones, la mayor parte queda sin utilizar porque la mayoría de los trabajadores por cuenta propia no logra superar las trabas administrativas. En pocas palabras, el paro de autónomos se convierte así en un derecho reconocido sobre el papel, pero de muy difícil acceso en la realidad.

Un contraste con el mercado laboral

El debate llega en un momento paradójico. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), España superó en julio por primera vez los 22 millones de trabajadores en activo y redujo la tasa de paro al 10,29 %, el nivel más bajo desde 2007. Sin embargo, este dinamismo no se traslada a los autónomos, que continúan perdiendo efectivos y, lo que es más grave, siguen sin acceso real a una prestación básica.

Las principales demandas son claras:

• Simplificar los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad
• Garantizar un subsidio específico, similar al de mayores de 52 años que sí tienen los asalariados
• Un marco estable y duradero de cotizaciones, que no cambie cada pocos meses
• Apoyo al relevo generacional, evitando que miles de negocios desaparezcan al llegar la jubilación de sus titulares

De nuevo, desde la ATA y otras asociaciones se apunta a que más allá de las cuotas futuras, está en juego la confianza en el sistema. Si un autónomo paga lo mismo que un trabajador por cuenta ajena, pero no recibe la misma protección, el modelo se resquebraja.

Por todo ello, antes de hablar de nuevas cargas fiscales, se insiste en resolver primero lo básico: un paro de autónomos real, accesible y efectivo.

Cada vez son más los autónomos que, tras cerrar temporalmente su actividad o acogerse a ayudas por cese, se encuentran con un problema inesperado: el SEPE suspende la prestación por un "simple despiste" informativo.

En las últimas semanas, numerosos trabajadores por cuenta propia están recibiendo notificaciones de suspensión por no comunicar en plazo sus cambios de situación y, si bien a menudo se trata de un error sin intención de fraude, las consecuencias pueden ser inmediatas y difíciles de subsanar.

El error más común

Según informa la Seguridad Social, muchos beneficiarios de ayudas por cese de actividad o subsidios de desempleo suelen olvidar que cualquier modificación en su situación profesional, económica o de convivencia debe ser comunicada en tiempo y forma al SEPE.

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Entre los trámites, se incluye la reactivación de una actividad económica, la modificación del nivel de ingresos familiares, un cambio de domicilio fiscal o la pérdida de requisitos mínimos durante el periodo de percepción.

Las guías del SEPE sobre subsidios, en este caso, son una herramienta informativa útil para conocer todos los trámites y requisitos relacionados, así como consultar los distintos supuestos posibles.

Qué ocurre si no se comunica

Los afectados, en muchos casos, desconocen que estos descuidos pueden acarrear repercusiones graves. La falta de comunicación a tiempo no solo pone en riesgo la estabilidad financiera de los autónomos, sino que también puede hacer que tengan que enfrentar procesos administrativos complejos, que generan estrés e incertidumbre.

A menudo, este tipo de situaciones se agrava debido a la falta de información clara o la complejidad en los trámites, lo que subraya la necesidad de mejorar los canales de comunicación entre el SEPE y los beneficiarios.

El sistema informático del SEPE cruza datos periódicamente con Hacienda y Seguridad Social. Si detecta discrepancias (por ejemplo, una actividad que aparece en tu informe de vida laboral), se activa de forma automática la suspensión de la prestación y se abre un expediente de devolución.

Esto puede suponer:

• La pérdida de la ayuda
• La obligación de devolver las cantidades cobradas indebidamente
• Posibles sanciones si se considera omisión voluntaria

La situación, incluso pudiendo demostrar que ha sido un error o un descuido, puede tardar semanas o meses en arreglarse y requiere presentar alegaciones o documentación complementaria.

Medidas de prevención claves

Desde el propio SEPE recomiendan revisar, cada cierto tiempo, el estado de la prestación a través del área personal de su sede electrónica. De igual modo, se aconseja comunicar cualquier cambio de inmediato, preferiblemente a través de los canales digitales habilitados. En caso de duda, contar con asesoramiento especializado puede evitar errores que acaben en la pérdida de derechos adquiridos.

En pocas palabras, se trata de un sistema pensado para garantizar el buen uso de los fondos públicos, su rigidez puede acabar penalizando a los trabajadores por cuenta propia más vulnerables. Por eso, la información clara y la previsión siguen siendo herramientas clave para quienes perciben alguna ayuda estatal.

La declaración de la Renta 2025 introduce una serie de modificaciones clave que afectan a millones de contribuyentes en España. Desde cambios en los límites exentos hasta ajustes en la tributación del ahorro y la ampliación de deducciones fiscales, se trata de reformas buscan adaptarse a la evolución económica y fomentar la equidad tributaria.

Comprender estas novedades es esencial para optimizar la declaración y aprovechar las ventajas fiscales disponibles.

Aumento del límite exento para declarar

Una de las novedades más destacadas es el incremento del límite exento para la obligación de presentar la declaración de la renta. Para los contribuyentes con más de un pagador, el límite de ingresos del segundo y siguientes pagadores que no obliga a declarar se eleva de 1.500 euros a 2.500 euros.

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Esto significa que aquellos con ingresos totales de hasta 22.000 euros anuales y que hayan percibido hasta 2.500 euros de un segundo pagador no estarán obligados a presentar la declaración.

Incremento en la tributación de las rentas del ahorro

En cuanto a la tributación del ahorro, se ha implementado un aumento en el tipo marginal máximo del IRPF para las rentas del ahorro. El tipo marginal para el tramo más alto se incrementa en dos puntos porcentuales, pasando del 28% al 30%. La nueva escala de gravamen para las rentas del ahorro queda de la siguiente manera:

• Hasta 6.000 euros: 19%
• De 6.000 a 50.000 euros: 21%
• De 50.000 a 200.000 euros: 23%
• De 200.000 a 300.000 euros: 27%
• Más de 300.000 euros: 30%

Este cambio afecta principalmente a los contribuyentes con mayores ingresos por inversiones y ahorros.

Prórroga de las deducciones por eficiencia energética

El Gobierno ha decidido extender hasta el 31 de diciembre de 2025 las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Estas deducciones buscan incentivar la rehabilitación energética y se dividen en tres categorías:

• Deducción del 20%. Aplicable a obras que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda habitual o alquilada, con una base máxima de 5.000 euros.
• Deducción del 40%. Para mejoras que disminuyan en un 30% el consumo de energía primaria no renovable o que mejoren la calificación energética de la vivienda a "A" o "B", con una base máxima de 7.500 euros.
• Deducción del 60%.  Destinada a obras de rehabilitación energética en edificios residenciales, con una base máxima de 5.000 euros anuales, acumulable hasta 15.000 euros en cuatro años.

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Estas medidas buscan fomentar la sostenibilidad y la reducción del consumo energético en el sector residencial.

Deducción por adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga

Con el objetivo de promover la movilidad sostenible, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción del 15% por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, así como por la instalación de puntos de recarga.

La base máxima de deducción para la compra de vehículos es de 20.000 euros, mientras que para los puntos de recarga es de 4.000 euros. Esta iniciativa pretende incentivar la transición hacia medios de transporte más ecológicos.

Nuevas deducciones por aportaciones a Planes de Pensiones de Empleo Simplificados (PPES)

Se introducen deducciones para las aportaciones a los nuevos Planes de Pensiones de Empleo Simplificados, dirigidos principalmente a autónomos y trabajadores por cuenta propia.

El límite de aportación con derecho a deducción se establece en 4.250 euros anuales, permitiendo a estos profesionales incrementar su ahorro previsional con ventajas fiscales.

Modificaciones en la imputación de rentas inmobiliarias

A partir del 1 de enero de 2024, la imputación de rentas inmobiliarias se aplicará al 1,1% para inmuebles ubicados en municipios con valores catastrales revisados y que hayan entrado en vigor a partir del 2012. Para el resto de los inmuebles, la imputación seguirá siendo del 2%.

Con estos cambios, la declaración de la Renta 2025 introduce medidas que afectan tanto a contribuyentes particulares como a autónomos, buscando mejorar la equidad fiscal y fomentar inversiones en sostenibilidad y ahorro.

Es fundamental que los contribuyentes revisen estos cambios con antelación y, en caso de dudas, consulten con un asesor fiscal para optimizar su declaración y aprovechar las nuevas deducciones y beneficios fiscales disponibles.

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En España, la protección por desempleo para los trabajadores autónomos ha sido históricamente limitada en comparación con la que disfrutan los empleados por cuenta ajena.

Por ello es lógico que muchos se sientan incluso discriminados en este aspecto tan importante para la salud financiera de cualquier profesional.

Aunque en la última década se han implementado mecanismos para ofrecer una red de seguridad a los autónomos que cesan su actividad, acceder a estas prestaciones sigue siendo un desafío debido a los estrictos requisitos establecidos.

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Sin embargo, es posible para un autónomo cobrar el paro si cumple con ciertas condiciones específicas.

Diferencias entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena en materia de desempleo

Los trabajadores por cuenta ajena cotizan automáticamente al sistema de desempleo a través de sus nóminas. En caso de despido o finalización de contrato, y siempre que hayan cotizado un mínimo de 360 días en los últimos seis años, tienen derecho a la prestación por desempleo.

La cuantía y duración de esta prestación dependen del tiempo cotizado y de la base reguladora del trabajador.

Cómo cobrar el paro si soy autónomo

Por otro lado, los autónomos deben cumplir una serie de requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad, comúnmente conocida como el "paro de los autónomos".

Afiliación y alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Es imprescindible estar dado de alta y al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

Período mínimo de cotización. Haber cotizado por cese de actividad durante al menos 12 meses consecutivos e inmediatamente anteriores al cese.

Situación legal de cese de actividad. El cese debe ser por motivos justificados, como pérdidas económicas superiores al 10% de los ingresos, ejecución judicial que impida continuar con la actividad, declaración de concurso, fuerza mayor, violencia de género o divorcio que implique la disolución de la unidad económica familiar.

Compromiso de actividad. El autónomo debe suscribir un compromiso de actividad, lo que implica buscar activamente empleo, participar en acciones formativas y aceptar ofertas de trabajo adecuadas.

No haber alcanzado la edad de jubilación. No se debe haber alcanzado la edad legal de jubilación, salvo que no se tenga derecho a la pensión contributiva.

Además, es necesario no estar realizando ninguna otra actividad laboral por cuenta propia o ajena y no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves relacionadas con la Seguridad Social.

Cuantía y duración de la prestación para autónomos

La cuantía de la prestación por cese de actividad para autónomos se calcula aplicando el 70% a la base reguladora, que se determina según el promedio de las bases por las que se haya cotizado durante los 12 meses anteriores al cese.

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Por ejemplo, si un autónomo ha cotizado por la base mínima, que en 2025 es de aproximadamente 960,60 euros mensuales, recibiría una prestación de alrededor de 672,42 euros al mes.

La duración de la prestación varía en función del período de cotización:

• De 12 a 17 meses cotizados: 4 meses de prestación.
• De 18 a 23 meses cotizados: 6 meses de prestación.
• De 24 a 29 meses cotizados: 8 meses de prestación.
• De 30 a 35 meses cotizados: 10 meses de prestación.
• 36 meses o más cotizados: 12 meses de prestación.

Cómo solicitar el cobro del paro si soy autónomo

El autónomo debe presentar la solicitud ante la mutua colaboradora con la Seguridad Social o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el plazo de los primeros 15 días hábiles siguientes al cese de la actividad.

Es necesario aportar documentación que acredite el cese de actividad, como declaraciones tributarias, balances contables, justificantes de deudas o sentencias judiciales, según el motivo del cese.

Aunque cobrar el paro siendo autónomo es una tarea compleja debido a los estrictos requisitos y procedimientos establecidos, no es una misión imposible. Es fundamental que los autónomos estén bien informados sobre sus derechos y obligaciones, y que planifiquen adecuadamente su cotización para garantizar una protección adecuada en caso de cese de actividad.

Sin embargo, comparado con los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos enfrentan mayores desafíos para acceder a las prestaciones por desempleo pese a las subidas continuas de cuotas trimestrales y la poca igualdad en derechos laborales que los trabajadores en empresas.

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Cuando en 2022, la Ley Crea y Crece introdujo la factura electrónica obligatoria para los autónomos, os comentamos que debían llevar un código QR en cada una de ellas tanto si eras un trabajador por cuenta propia como si estabas al frente de un negocio.

En 2024 la Agencia Tributaria utilizará la minería de datos gracias a la facturación electrónica para buscar indicios de fraude fiscal. Ya que las pymes y empresas deben emitir a sus clientes y proveedores todas sus facturas en formato digital y compartirlas de inmediato con el fisco a partir de mediados de 2025.

La minería de datos no es otra cosa que un conjunto de técnicas para descubrir patrones o información valiosa en grandes conjuntos de datos.

Devolver dinero a los mutualistas gracias a la minería de datos

Explotar los datos que obtenidos en las facturas electrónicas además de prevenir el fraude fiscal también tiene otro resultado y ahí es donde entran los mutualistas. Como ya os contamos en su momento, los mutualistas piden que se les devuelva el IRPF que pagaron de más, algo que Hacienda lleva retrasando tiempo.

El motivo por el que esas devoluciones no se dan es la dificultad de hacerse con datos de muchas mutualidades y así conocer las aportaciones reales que estos trabajadores hicieron y así calcular el importe del abono. Por lo que estas herramientas de minería de datos ayudarán a conseguir más datos.

Para Hacienda, las técnicas de minería de datos es una ayuda muy atractiva porque permite determinar si el contribuyente emplea datos incoherentes con otros propios o con los de su grupo y se convierte así en un candidato para ser investigado por fraude, tal y como recogen en El Economista.

Cuando trabajas para una empresa las reglas son simples, por ejemplo, si te rescinden el contrato y has trabajado un mínimo de 360 días en los últimos seis años, tendrás derecho a cobrar el paro. Con los autónomo esta situación funciona de otra forma.

Si decides cerrar tu negocio por voluntad propia, ese cese de trabajo no se considerará un situación legal de desempleo y no tendrás derecho al llamado paro del autónomo.

¿Pero qué ocurre en el caso de que antes de ser autónomo hayas trabajado por cuenta ajena? ¿Puedes cobrar el paro entonces?

El paro de los autónomos

La misión del paro es la de ayudar a un ciudadano desempleado una vez que se quedó sin trabajo y está en búsqueda de otro. Hacemos hincapié en que ha perdido su puesto de forma involuntaria.

El paro es un apoyo para una persona mientras busca un nuevo empleo. ¿Pero qué sucede cuando una persona que ha trabajado por cuenta ajena se da de alta como autónomo y posteriormente cesa su actividad?

En Pymes y Autonomos

Si llega el día fatal en que hay que cerrar el negocio, esta es la opción para solicitar el cese de actividad y cobrarlo todo en un solo pago

De trabajar por cuenta ajena a autónomo

¿Qué ocurre con aquellos autónomos que crean un negocio después de trabajar en la empresa privada? Es decir, qué pasa con todos los meses o años que han cotizado. ¿Se pierden al hacerse autónomo? La respuesta es no.

Si trabajaste por cuenta ajena y cotizaste para tener derecho al paro, no perderás ese derecho. Pero para cobrarlo deberás cumplir una serie de requisitos.

Los autónomos que trabajaron por cuenta ajena y se hicieron trabajadores por cuenta propia después, pueden solicitar la prestación por desempleo, si al finalizar su etapa como autónomos cumplen:

• Haber cotizado un mínimo de 360 días por cuenta ajena antes de hacerse autónomos.
• Haber cerrado el negocio por motivos ajenos a su voluntad. Por ejemplo: razones económicas, fuerza mayor, pérdida de licencias administrativas, violencia de género o sexual, separació o divorcio de la pareja que regentaba el negocio.

El caso más frecuente de cese de actividad se da por motivos económicos. Ahí surge el derecho a paro si las pérdidas son iguales o superiores al 10% de los ingresos, si lo embargos superan el 30% de los ingresos o si el negocio entra en un concurso de acreedores.