España prevé renunciar a cerca del 75 % de los créditos que tenía disponibles en el fondo de recuperación europeo Next Generation EU, según adelantó El País. Esto supone solicitar unos 22.000 millones de los más de 83.000 asignados por Europa.

El Gobierno mantiene que no necesita recurrir a ese volumen de financiación y que quiere evitar un aumento adicional de la deuda pública. Sin embargo, la decisión implica dejar sin utilizar una parte relevante de los recursos europeos que estaban previstos para proyectos de transición verde, digitalización e inversión pública.

Qué significa renunciar a estos créditos

Dentro de los mecanismos europeos de recuperación hay dos vías de financiación, mediante subvenciones (ya solicitadas por completo) y créditos blandos (los que ahora se descartan).

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La renuncia implica que España no aprovechará una fuente de financiación barata y temporal, que otros países —como Italia, Portugal o Grecia— sí están utilizando casi en su totalidad para acelerar sus inversiones.

La Comisión Europea recuerda, desde 2023, que los Estados miembros tienen una “ventana limitada” para solicitar estos créditos y que su objetivo es complementar la inversión pública en un momento de desaceleración económica.

En este sentido, si España limita la inversión pública disponible, también reduce los márgenes presupuestarios vinculados con proyectos de energía y transición verde, infraestructuras y movilidad, digitalización avanzada, industria y modernización empresarial y proyectos autonómicos ligados a vivienda, rehabilitación o transporte.

El Gobierno argumenta que, con la mejora de la calificación de la deuda y el menor coste de financiación, acudir a los mercados resulta casi tan barato como recurrir al crédito europeo.

Impacto para las pymes

Las pymes no son beneficiarias directas del crédito europeo, pero sí de programas financiados con estos fondos. Así, limitar el crédito disponible, hace probable que algunas convocatorias sean más pequeñas o no lleguen a abrirse, se reduzca la financiación destinada a digitalización avanzada, eficiencia energética o proyectos industriales y aumente la competencia por las subvenciones que sí permanezcan.

En resumen: menos margen, no necesariamente cortes inmediatos, pero sí una disminución del alcance potencial de futuras ayudas.

España avanza a un ritmo distinto

Otros países han decidido aprovechar al máximo el crédito europeo para impulsar reformas e inversiones estratégicas. Italia es el país que más ha aprovechado los créditos del plan; por su lado, Portugal destaca por una ejecución elevada del conjunto del mecanismo.

La Comisión Europea ha insistido en varias ocasiones en que estos recursos buscan mejorar la productividad, la resiliencia económica y la competitividad dentro de la UE. Renunciar a una parte tan grande implica, según expertos citados por El País, que España dependerá más del presupuesto nacional y menos del impulso europeo.

La renuncia llega en un momento en el que la economía afronta un escenario de crecimiento moderado, con desafíos claros en productividad y modernización del parque empresarial español.

Todo indica que este será uno de los temas económicos de 2026, sobre todo, cuando se empiece a evaluar el ritmo de ejecución de los fondos ya concedidos y las diferencias entre países.

Por ahora, España mantiene su apuesta por recibir únicamente subvenciones y evitar el crédito. La duda es si este enfoque limitará la capacidad de inversión futura en un periodo en el que la transformación económica depende, en gran parte, del impulso financiado por Europa.

El Gobierno implantará la concesión automática del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para las personas que agoten la prestación por desempleo sin haber encontrado trabajo.

La medida se apoya en los sistemas de intercambio de datos entre el SEPE, que gestiona la prestación por desempleo, y la Seguridad Social, que es la entidad que administra el IMV.

Del trámite al cruce de datos

El cambio afecta, principalmente, a parados de larga duración, trabajadores con ingresos irregulares y también a autónomos que cesan actividad y, una vez agotado su paro o el cese de actividad, quedan sin ingresos suficientes. Supone pasar de un IMV dependiente de trámites y solicitudes a un IMV proactivo, que pretende activarse en cuanto la caída de ingresos sea evidente en los datos administrativos.

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La automatización implica que, al agotarse el paro, el sistema verificará automáticamente si la persona cumple los requisitos económicos del IMV, que incluyen umbrales de renta en la unidad de convivencia, límites de patrimonio y fin de la prestación contributiva.

Si todo encaja, el IMV se activará “de oficio” sin que el ciudadano deba iniciar un trámite, lo cual corrige uno de los problemas estructurales del IMV: miles de personas que cumplían requisitos no llegaban a solicitarlo.

Entre los principales beneficiarios están los desempleados de larga duración y aquellos autónomos con ingresos inciertos.

En concreto, la medida beneficiará a:

• Personas que agotan el paro y no cumplen requisitos del subsidio.
• Hogares con caídas abruptas de ingresos.
• Familias monoparentales.
• Jóvenes con alta rotación laboral.
• Autónomos que cierran actividad y pierden la prestación por cese o no logran generar ingresos suficientes.

Para los autónomos, el IMV automático podría funcionar como un colchón de seguridad ante meses sin facturación, cierres o caídas de actividad.

Sin embargo, seguirán aplicándose requisitos clave: nivel de ingresos, patrimonio y composición familiar, por lo que no todos los autónomos que cierren su negocio podrán acceder al IMV.

Cómo funcionará el sistema

El nuevo modelo se basa en cruces automáticos entre las bases de datos del SEPE, la Seguridad Social y Hacienda. Su objetivo es que la activación sea rápida y sin trámites.

Las principales ventajas se traducen en menos burocracia y menos solicitudes rechazadas por errores formales, mayor cobertura real entre población vulnerable y reducción del infrauso del IMV.

No obstante, hay algunas dudas que quedan en el aire, como la gestión de posibles altas y bajas frecuentes en el caso de autónomos con ingresos irregulares, los retrasos en la sincronización de datos entre administraciones y la incertidumbre para compatibilizar el IMV con ingresos esporádicos o empleos de corta duración.

El objetivo de la automatización es evitar los meses sin ingresos entre el fin del paro y la reincorporación laboral, que deberían reducir los escenarios de vulnerabilidad inmediata, especialmente para jóvenes, autónomos y familias monoparentales.

Sin embargo, la medida no aborda problemas estructurales como los bajos salarios, la productividad y la temporalidad, entre otras cuestiones.

En este sentido, la automatización del IMV supone un cambio relevante en la protección social: deja de ser una prestación que depende de trámites individuales para convertirse en una prestación activada por datos.

Para los trabajadores que agotan el paro (incluidos los autónomos) será un alivio inmediato. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del sistema para cruzar datos sin errores, garantizar revisiones ágiles y evitar que la automatización genere nuevas brechas en un mercado laboral que continúa siendo frágil y desigual.

La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo para solicitar la nueva ayuda económica de hasta 1.000 euros por nacimiento o adopción, dirigida a familias que cumplan ciertos requisitos de renta y empadronamiento.

La medida, integrada en la Estrategia de Natalidad 2025-2028, busca aliviar el gasto inicial de las familias y fomentar la conciliación durante los primeros meses de crianza.

Quién puede solicitar esta ayuda

Según la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la subvención se concederá en pago único y podrá compatibilizarse con otras prestaciones, como la deducción por maternidad de la Agencia Tributaria o los bonos de natalidad municipales.

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El programa cuenta con una dotación inicial de 20 millones de euros y estará vigente hasta diciembre de 2025, con posibilidad de renovación.
El anuncio fue recogido por El Economista tras su publicación en el portal oficial de la Comunidad de Madrid.

Para acceder a la ayuda, al menos uno de los progenitores debe haber estado empadronado en la Comunidad de Madrid durante los últimos cinco años y acreditar una renta inferior a 30.000 € por persona y año.

El nacimiento o adopción debe haberse producido a partir del 1 de enero de 2025, y las solicitudes pueden presentarse online a través de la sede electrónica autonómica.
Los documentos requeridos incluyen el DNI, el certificado de nacimiento o adopción y la acreditación de ingresos. El plazo de resolución será de tres meses, y el ingreso se realizará directamente en la cuenta de la persona solicitante una vez aprobada la concesión.

Un plan para impulsar la natalidad

Con esta medida, el Gobierno regional busca mejorar la tasa de natalidad, que en Madrid se sitúa en torno a 6,9 nacimientos por cada mil habitantes, por debajo de la media nacional (7,1 según el INE).

La ayuda forma parte del Plan de Natalidad autonómico, que también incluye deducciones fiscales, subvenciones al alquiler y bonos guardería para familias con menores de tres años: “Queremos que ninguna familia deje de tener hijos por motivos económicos”, señaló la consejera Ana Dávila en X.

Qué ofrecen otras comunidades

Madrid se suma así a otras autonomías que ya disponen de programas de apoyo a la natalidad, aunque con diferencias notables en importe y duración.

En Galicia, por ejemplo, la Xunta mantiene la conocida Tarxeta Benvida, que ofrece 1.200 euros al nacimiento y una ayuda adicional de 100 euros mensuales durante el primer año. Esta es una de las iniciativas más generosas, ya que puede alcanzar los 2.400 euros anuales para familias residentes en la comunidad.

En Castilla y León, la Junta otorga 1.500 euros por el primer hijo, 2.500 euros por el segundo y 3.000 euros a partir del tercero, priorizando el apoyo a familias numerosas y residentes habituales.

En Andalucía, la ayuda al nacimiento es de 600 euros por hijo para familias con rentas bajas, con un umbral de 1,5 IPREM. La medida se dirige especialmente a hogares en situación de vulnerabilidad.  

Por su parte, el País Vasco mantiene una prestación de 200 euros mensuales durante el primer año de vida del menor, dentro del programa “Prestación por hijo o hija a cargo”.

En comparación, la cuantía de Madrid se sitúa en la franja media-baja, pero destaca por su rapidez de tramitación y por la compatibilidad con otras ayudas públicas.

Solicitud de la ayuda

Las solicitudes pueden tramitarse en línea a través del portal de la Comunidad de Madrid o de forma presencial en los registros autonómicos y municipales.

Para ello, es necesario adjuntar

• el certificado de empadronamiento,
• la documentación familiar
• y los justificantes de renta.

Las concesiones se resolverán por orden de llegada hasta agotar presupuesto, y el Gobierno regional recomienda presentar las solicitudes lo antes posible, como ocurre en otras comunidades autónomas.

La ayuda madrileña pretende reducir los costes iniciales de la maternidad y paternidad y ofrecer un apoyo inmediato a las familias trabajadoras, si bien su cuantía ha sido considerada como “modesta” en comparación con zonas donde la vida suele ser más económica, como Galicia o Castilla y León.

En cualquier caso, su planteamiento sencillo y su compatibilidad con otras ayudas la convierten en una opción útil para muchos hogares. No solventa el reto demográfico, ni tiene capacidad de hacerlo, donde se sigue percibiendo la falta de medidas para estimular la natalidad y facilitar la conciliación a través de incentivos directos y medidas fiscales. La escasa fertilidad, es harina de otro costal… En España (y gran parte de Occidente), la natalidad se sigue posponiendo.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en el marco de los proyectos sociales de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo servicio itinerante de asesoramiento gratuito para autónomos y emprendedores que residen en municipios de menos de 30.000 habitantes.

Esta actividad, que se encuentra dentro del proyecto +Autónomos+Crecimiento pretende moverse por 22 localidades madrileñas hasta finales de diciembre en esta prueba piloto, con el objetivo de acercar información, formación y apoyo técnico a los trabajadores por cuenta propia que desarrollan su actividad fuera de los grandes núcleos urbanos.

Asesoría gratuita para pequeños negocios

La iniciativa combina oficinas móviles y puntos de atención presencial con un programa de webinars gratuitos, en los que expertos en fiscalidad, digitalización y gestión empresarial resolverán las dudas más comunes del colectivo.

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El “autobús del emprendedor” actuará como una oficina móvil de atención personalizada, donde los técnicos ofrecerán orientación sobre trámites administrativos, ayudas públicas, fiscalidad, digitalización, sostenibilidad y economía verde, entre otras acciones.

El servicio también incluye acompañamiento online a través de una plataforma creada junto con la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), para facilitar la continuidad del asesoramiento una vez finalizada la visita del vehículo. 

Asimismo, la campaña está financiada por los medios europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).

De este modo, el programa está dirigido tanto a autónomos consolidados como a emprendedores que buscan iniciar su actividad. El objetivo es reducir la brecha informativa y tecnológica que afecta a los profesionales de zonas rurales o periurbanas.

Según fuentes del Gobierno, se pretende “impulsar la competitividad de los autónomos madrileños y fomentar la creación de empleo estable en todo el territorio”.

22 municipios hasta diciembre

Durante los meses de noviembre y diciembre, el autobús y las oficinas itinerantes visitarán 22 municipios de la Comunidad, priorizando aquellos con menor densidad de población, como Algete, Paracuellos de Jarama, San Lorenzo del Escorial o Guadarrama, entre otros.

Las primeras paradas confirmadas son localidades como Villaviciosa de Odón, San Martín de Valdeiglesias o Navalcarnero, según la información difundida por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

El horario general de atención es de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h, aunque se recomienda consultar los detalles actualizados de cada jornada en el portal oficial de la Comunidad de Madrid. Además, hasta final de año se celebrarán diez seminarios online gratuitos, donde se abordarán temas como las subvenciones disponibles, la transición digital o las obligaciones fiscales más recientes.

El “bus del emprendedor” pretende servir como un punto de encuentro para divulgar herramientas de eficiencia energética, gestión sostenible y acceso a fondos europeos, con especial atención a los sectores más dependientes del autoempleo: comercio, hostelería y servicios locales.

El programa +Autónomos +Crecimiento forma parte de la estrategia regional para impulsar la digitalización y la sostenibilidad de las pequeñas empresas madrileñas.

A diferencia de programas centrados en la capital, como Madrid Emprende o Barcelona Activa, este proyecto prioriza municipios pequeños y medianos, donde el acceso a asesoramiento técnico y fiscal suele ser limitado.

Con este programa, el Ejecutivo regional busca fortalecer el tejido emprendedor y autónomo en toda la región, reforzando su papel en la generación de empleo y cohesión económica.

Foto: ATA/CEAJE/Ayuntamiento de Aranjuez (montaje).

El Ministerio de Trabajo ha presentado a los agentes sociales un borrador de Real Decreto que amplía de dos a diez días el permiso por fallecimiento de familiares cercanos, así como un nuevo permiso de hasta quince días para atender a personas en cuidados paliativos. La medida supondría una de las mayores reformas del Estatuto de los Trabajadores en materia de conciliación de los últimos años.

Si se aprueba, los trabajadores podrán repartir esos diez días hábiles a lo largo de cuatro semanas desde el fallecimiento, una novedad que busca facilitar la gestión emocional y familiar del duelo. El cambio, sin embargo, plantea desafíos organizativos para autónomos y pequeñas empresas, que deberán adaptar turnos, plantillas y coberturas en caso de ausencia prolongada.

La nueva propuesta del Ministerio de Trabajo

El texto presentado por fuentes del Ministerio, amplía el actual permiso de dos a diez días hábiles cuando fallezcan el cónyuge, pareja de hecho o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad, como hermanos, abuelos o nietos.

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La principal novedad es que esos días podrán distribuirse a lo largo de las cuatro semanas posteriores al deceso, o desde el momento en que se entreguen los restos mortales, lo que introduce una flexibilidad inédita.

Asimismo, para los parientes por afinidad (suegros, cuñados, etc.), se mantiene la duración actual de dos días hábiles, ampliables a cuatro si hay desplazamiento.

Además del permiso por fallecimiento, el borrador incluye un permiso retribuido de hasta 15 días hábiles para atender a familiares en cuidados paliativos, siempre que se trate del cónyuge, la pareja de hecho o familiares de segundo grado. En este caso, el permiso podrá dividirse en dos períodos y combinarse con otros como el de hospitalización o intervención quirúrgica.

El trabajador deberá aportar un informe médico que justifique la situación paliativa, y podrá reducir su jornada hasta un 50 % durante ese tiempo. En paralelo, el Ministerio estudia crear un día retribuido específico para acompañar a una persona en proceso de eutanasia, si el trabajador ha sido designado como acompañante.

Cómo afecta a autónomos y pequeñas empresas

De aprobarse, la reforma implicará ajustes organizativos relevantes para los negocios con pocos empleados, especialmente en sectores de servicios o comercio. Las microempresas deberán prever sustituciones temporales o redistribución de tareas para cubrir ausencias de una a dos semanas.

Desde las asociaciones empresariales, algunas voces han advertido de que estas medidas, aunque necesarias desde el punto de vista social, pueden incrementar la carga de gestión y costes indirectos para quienes tienen plantillas muy reducidas.

La patronal CEOE ya ha expresado su oposición a la ampliación de permisos, mientras que sindicatos y organizaciones de autónomos como ATA o UPTA valoran el enfoque humano de la propuesta, pero piden compensaciones o apoyos para las pequeñas empresas, entendiendo que existen dificultades agregadas difíciles de solventar en equipos de pocos empleados.

Próximos pasos hasta su entrada en vigor

El Real Decreto aún debe someterse a negociación en la mesa de diálogo social antes de su aprobación definitiva.

No obstante, si no hay retrasos, podría incorporarse al Estatuto de los Trabajadores en 2026 junto con otros permisos retribuidos, como el de cinco días por hospitalización o accidente grave.

El Ministerio de Trabajo sostiene que la medida busca mejorar la conciliación y la salud laboral. Hace un par de semanas, la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lo resumió en una frase: “Nadie puede ir a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, una madre o un hijo”.

El SEPE ha aclarado recientemente que los trabajadores que alcanzan los 65 años, pero no cumplen el periodo mínimo de cotización, pueden acceder a la prestación contributiva hasta alcanzar la edad legal de jubilación.

No obstante, también apunta otra realidad: los 65 años no garantizan el paso a la jubilación: en 2025, solo quienes acrediten 38 años y 3 meses cotizados pueden jubilarse a esa edad.

Aumentan los años de cotización

Por el contrario, si no alcanzamos ese tiempo de cotización debemos esperar hasta los 66 años y 8 meses, según la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Pero ¿qué ocurre si una persona es despedida justo al cumplir 65 años, pero no cumple el criterio necesario?

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Según los asesores del SEPE, en estos casos sí es posible cobrar el paro. El organismo confirma que un trabajador despedido a los 65 años entra en situación legal de desempleo y puede percibir la prestación contributiva por desempleo, igual que cualquier otro asalariado. Por lo tanto, no habría ninguna diferencia: encontrase otro empleo durante este tiempo, o bien ya mantuviese el paro hasta su jubilación.

Por descontado, el pago de la prestación por desempleo se suspende automáticamente cuando el beneficiario alcance la edad legal de jubilación y cumpla el requisito de cotización, pudiendo tramitar la jubilación y empezar a cobrar la pensión.

En la práctica

Para entenderlo bien, vamos a ver un ejemplo práctico.

Un trabajador despedido a los 65 años con 25 años cotizados no puede jubilarse aún.
El SEPE le reconocerá la prestación contributiva (hasta dos años de duración, si tiene cotizaciones suficientes) y la cobrará hasta el día en que pueda jubilarse.

Durante ese periodo, el sistema mantiene las cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que las bases de paro cuentan para la futura pensión. “El trabajador no pierde derechos de jubilación mientras cobra el paro”, aclaró Clara Martínez, asesora del SEPE en el programa Madrid Trabaja.

Mientras tanto, el beneficiario debe cumplir los pasos habituales que llevaría a cabo cualquier trabajador en búsqueda activa de empleo:

• Inscribirse como demandante de empleo en su oficina autonómica
• Firmar el acuerdo de actividad
• Solicitar la prestación en un plazo de 15 días hábiles desde el despido

Como sabemos, cada año aumenta ligeramente la edad y el periodo de cotización exigido para jubilarse sin penalización.

En 2025, permitían a los 65 años si se han cotizado más de 38 años y 3 meses y 66 años y 8 meses de edad si no se ha cotizado este tiempo.

Por lo demás, debemos tener en cuenta que el paro se extingue al acceder a la pensión, se seguirá cotizando por contingencias comunes con la misma base que tenía el trabajador y que si agota el paro sin poder jubilarse, puede valorar el subsidio para mayores de 52 años, si cumple los requisitos.

En línea con las recomendaciones del SEPE, lo importante es mantener la inscripción y las cotizaciones activas. “Aunque se cumplan los 65 años, si no se alcanza la cotización exigida, el trabajador debe inscribirse y solicitar el paro: esas cotizaciones adicionales pueden mejorar su futura pensión”.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha ampliado la interpretación del artículo 213.4 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que regula la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo autónomo considerado como puntual.

En este sentido, el fallo establece que, para determinar si un jubilado está obligado a cotizar, se debe tener en cuenta el rendimiento neto de su actividad —es decir, los ingresos menos los gastos deducibles— y no la facturación total.

Qué dice la ley

Hasta ahora, la Seguridad Social entendía que el límite para poder realizar trabajos por cuenta propia sin alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) era no superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente fijado en 15.120 euros anuales (2025). Sin embargo, el criterio administrativo no aclaraba si ese umbral se refería a ingresos o beneficios.

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La sentencia del Tribunal Supremo (STS 563/2023) que ha acogido relevancia en los últimos meses, resuelve la duda al apuntar que solo se valoran los rendimientos netos: “El tribunal aplica la interpretación más favorable al pensionista, conforme a los parámetros de la legislación fiscal”, según han explicado desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Esto significa que un jubilado que facture, por ejemplo, 17.000 euros pero declare gastos deducibles de 3.000 euros, tendrá un rendimiento neto de 14.000 € y no estará obligado a cotizar.

El artículo 213.4 de la LGSS establece literalmente que "el percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social".

El Supremo interpreta que este precepto se aplica exclusivamente a jubilados y no exige habitualidad ni establecimiento abierto al público, siempre que no se rebase el límite del SMI anual. De este modo, el tribunal diferencia claramente entre la compatibilidad limitada del jubilado y la obligación general de alta para los autónomos activos.

Por qué se permite esta excepción 

La norma busca favorecer la continuidad de pequeñas actividades en el medio rural, la agricultura o los oficios tradicionales, sin penalizar a quienes obtienen ingresos esporádicos. 

Hay tres grandes escenarios en los que ocurre esto:

• La brecha entre las pensiones del RETA y del Régimen General, que en muchos casos supera los 400 euros mensuales.
• La realidad rural y la despoblación, donde pequeñas tiendas o talleres siguen funcionando gracias a jubilados que realizan tareas ocasionales.
• La necesidad de preservar microexplotaciones agrícolas o negocios familiares que no superan el umbral del SMI. 

Si bien el fallo amplía la seguridad jurídica, los expertos recomiendan prudencia, puesto que si la Administración o los tribunales consideran que la actividad tiene carácter habitual, el jubilado podría verse obligado a devolver hasta cuatro años de pensiones y pagar las cotizaciones pendientes, con intereses.

Doble rasero normativo

De igual modo, este criterio contrasta con la situación de muchos autónomos activos, para los que la Administración sí exige alta en el RETA incluso sin alcanzar el SMI en rendimientos netos, lo que genera una sensación de doble rasero normativo.

Así, el artículo 305.1 de la Ley General de la Seguridad Social y la doctrina del Tribunal Supremo (STS 29/11/1997, entre otras) establecen que basta con que la actividad sea habitual, personal y directa para que exista la obligación de cotizar, sin referencia explícita a ingresos mínimos.

Esto implica que un trabajador autónomo que facture menos de 12.000 o incluso 6.000 euros anuales debe cotizar mensualmente (entre 230 y 300 euros en 2025), mientras que un pensionista con rendimientos similares puede quedar exento si no supera el SMI neto.

La diferencia no es menor: en la práctica, el pensionista podría ingresar entre 14.000 y 15.000 euros al año sin cotizar, mientras que el autónomo activo estaría obligado a pagar cuotas que reducen su renta neta hasta en un 25 %. Para los expertos, este doble rasero normativo crea una incoherencia estructural dentro del propio sistema.

“Un autónomo joven que factura 800 euros mensuales tiene que pagar la cuota y asumir los costes del RETA, pero un jubilado con una pensión y una actividad equivalente no”, explican desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Esta disparidad, según la organización, desincentiva el emprendimiento activo y penaliza la baja facturación, especialmente en sectores rurales o profesionales con ingresos variables.

ATA y UPTA han pedido en reiteradas ocasiones que la Seguridad Social armonice los criterios y permita una exención o cotización reducida para quienes acrediten ingresos inferiores al SMI, algo que el Ministerio de Inclusión ha rechazado por el momento.

La sentencia del Supremo aporta claridad legal para un colectivo numeroso —más de tres millones de pensionistas con ingresos complementarios potenciales— y corrige una laguna administrativa que generaba inseguridad.
Aun así, los expertos advierten de que esta interpretación no elimina el riesgo de inspección y recomiendan mantener registros claros de facturación y gastos, así como asesoramiento fiscal.

En definitiva, el fallo favorece la compatibilidad entre pensión y autoempleo para quienes mantienen pequeñas actividades o colaboraciones esporádicas, pero deja abierta una cuestión pendiente: la desigualdad de trato con los autónomos en activo que no alcanzan el SMI, un debate que podría reabrirse en futuras reformas del sistema.

En la última semana, el Gobierno ha aprobado la ampliación de los permisos parentales retribuidos, pasando de 16 a 19 semanas, con efectos retroactivos desde el 2 de agosto de 2024. Como resultado, las familias monoparentales podrán acceder a 32 semanas de baja retribuida.

Pese a que el Ejecutivo ha presentado la medida como un nuevo avance en la conciliación familiar, también ha generado críticas de CEOE y Cepyme, que denuncian su aprobación sin diálogo social previo con empresarios y sindicatos.

Cambios relevantes

Entre los cambios más importantes que se han aprobado destaca el permiso por nacimiento, que pasa de 16 a 17 semanas retribuidas, con seis obligatorias tras el parto. A todo ello, se suman dos semanas más retribuidas al permiso parental de ocho semanas, que pueden utilizarse hasta que el menor cumpla 8 años.

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De este modo, en familias monoparentales, el permiso acumulado alcanza 32 semanas, como respuesta a la directiva europea de conciliación, cuya transposición estaba pendiente.

Sin embargo, en empresas con plantillas reducidas, cubrir bajas más largas supone un reto operativo, como apuntan desde Cepyme. Sustituir trabajadores cualificados en poco tiempo es complicado y, a menudo, implica costes adicionales y una gran carga administrativa que sectores como la hostelería, el comercio o la industria ligera podrían ser los más afectados.

El impacto en las pymes

Para la patronal, estas medidas deberían acompañarse de mecanismos de apoyo, como incentivos para contratar sustitutos, facilidades para la reorganización interna o ayudas económicas temporales. En cambio, consideran que la Administración pone la mayoría del peso en hombros de los empresarios.

Asimismo, las patronales sostienen que aprobar cambios de gran impacto sin negociación minan la seguridad jurídica y la estabilidad de las empresas. La falta de consenso frente a este episodio se suma a otros choques recientes, como la jornada de 37,5 horas o las reformas en prevención de riesgos laborales.

Según datos de la Seguridad Social, en más del 60 % de las pymes españolas trabajan menos de 10 personas, lo que limita su capacidad para reorganizar turnos o asumir sustituciones prolongadas. Además, la temporalidad y la escasez de perfiles disponibles en el mercado laboral complican todavía más el reemplazo de trabajadores en baja por cuidados, especialmente en sectores con alta estacionalidad como hostelería y turismo.

En 2023, se creó el permiso parental de ocho semanas, inicialmente sin retribución, lo que ya generó dudas entre las pymes sobre su viabilidad. Otras ampliaciones, como el aumento progresivo del permiso de paternidad de dos a 16 semanas entre 2017 y 2021, también supusieron un esfuerzo organizativo importante para las pequeñas empresas.

En pocas palabras, CEOE y Cepyme afirman que la conciliación es un objetivo compartido, pero su éxito depende de que el marco legal sea compatible con la realidad de las pymes.

Así, los expertos insisten en que el diálogo social y las medidas de acompañamiento son esenciales para evitar que las buenas intenciones se traduzcan en dificultades económicas y de gestión para miles de negocios.

En países como Francia o Alemania, la ampliación de permisos parentales se ha acompañado de programas públicos para financiar la contratación de sustitutos, así como de incentivos fiscales para las empresas. Este modelo ha permitido reducir el impacto en las pequeñas compañías, facilitando que la conciliación no se perciba como una carga, sino como una política compartida entre Estado y empleadores.

La Comisión Europea ha aprobado una medida clave que puede cambiar la forma en que las pymes españolas acceden a financiación pública en los próximos años. A partir de ahora, los Estados miembros podrán utilizar otros fondos europeos —como el FEDER o el Fondo Social Europeo— para cofinanciar proyectos inicialmente ligados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: el pilar central de los fondos Next Generation EU.

En la práctica, esto se traduce en que se amplían tanto las vías de financiación disponibles como los plazos de ejecución: si hasta ahora los proyectos NextGen debían ejecutarse antes de 2026, con esta nueva medida se podrán desarrollar hasta 2030, y con menos presión sobre los objetivos intermedios. Esto puede suponer una segunda oportunidad para acceder a ayudas que antes quedaban fuera del alcance de muchas pymes.

¿Cuáles son los cambios?

Con esta modificación, aprobada formalmente por Bruselas a mediados de junio de 2025, los Estados podrán reconfigurar parte de sus planes de recuperación y apoyarse en fondos regionales o estructurales. Esto incluye el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y el Fondo Social Europeo Plus, así como el programa InvestEU, orientado a la inversión privada y pymes.

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Además, se permitirá que los proyectos NextGen pasen de estar financiados como préstamos a ser subvencionables, algo que beneficia a las empresas más pequeñas, que muchas veces no pueden asumir endeudamiento a gran escala.

La medida también ayudará a evitar la devolución de fondos no ejecutados, algo que preocupa especialmente en países como España, donde según algunos cálculos se ha ejecutado menos del 40 % del dinero asignado en subvenciones directas.

Impacto en la pyme española

Uno de los efectos más claros es que esta medida desbloquea aproximadamente 2.500 millones de euros adicionales que el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) canalizará a través de entidades financieras y programas estatales.

Se espera que gran parte de estos fondos se traduzcan en nuevos instrumentos de apoyo para pymes, emprendedores y empresas tecnológicas de tamaño medio.

En concreto, las líneas ICO para empresas y emprendedores, los programas de digitalización como el Kit Digital o los PERTEs sectoriales (como el agroalimentario o el de economía circular) podrían beneficiarse de esta nueva flexibilidad financiera. A todo ello, se suma la posibilidad de usar fondos ya gestionados por comunidades autónomas, como los FEDER regionales, para ampliar las líneas existentes.

Desde el punto de vista de las pequeñas empresas, los beneficios son claros: más tiempo para ejecutar inversiones, más líneas de financiación abiertas y menos dependencia de un único fondo. Además, la posibilidad de combinar recursos financieros con ayudas específicas para micropymes, startups o autónomos con necesidades concretas puede jugar un papel fundamental.

No obstante, también hay que tener en cuenta que la gestión conjunta de fondos exige nuevos criterios administrativos. Las convocatorias podrían volverse más complejas, y será importante contar con asesoramiento especializado para saber a qué se puede optar en cada caso. Un aspecto peligroso, puesto que la excesiva burocratización y falta de especialización ha sido uno de los errores evidentes en la aplicación de los fondos europeos.

En pocas palabras, es una segunda oportunidad (que convendría que España aprovechase). La ampliación del marco NextGen puede marcar un antes y un después para muchas pymes que hasta ahora se habían quedado al margen de los grandes planes europeos.

Esta vez, con una franja temporal ampliada y mayor flexibilidad, el acceso real a las ayudas podría mejorar. La clave está en anticiparse, revisar las convocatorias en curso, y estudiar bien qué líneas nuevas pueden surgir.

El Banco de España ha lanzado una advertencia clara: si se quiere cumplir con los plazos y evitar perder una parte clave del Plan de Recuperación, hay que acelerar la ejecución de los fondos europeos.

En concreto, queda un año escaso para utilizar todo el dinero.La fecha límite: agosto de 2026 y, por ahora, vamos muy por detrás de otros países europeos y de los tiempos que se habían planeado.

40 % ejecutado, muy por debajo de Europa

Según los últimos datos disponibles, España ha ejecutado aproximadamente 32.000 millones de euros en subvenciones, lo que representa alrededor del 40 %del total asignado.

En Pymes y Autonomos

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No obstante, si se incluye la parte correspondiente a los créditos blandos (otros 80.000 millones), el porcentaje de ejecución total cae hasta el 20 %, pues apenas se han utilizado estos fondos extra.

Por el contrario, países como Dinamarca o Francia ya han superado el 70 % del total previsto: unos porcentajes más realistas a estas alturas de 2025 para los fondos NextGenEu.

Los motivos de esta lentitud

Hay varios motivos que explican los retrasos en la aplicación y concesión de los fondos, pero los medios especializados han destacado la burocracia compleja y la lentitud en las convocatorias, la dificultad para lanzar o gestionar proyectos por parte de las administraciones territoriales y los cambios de diseño del plan, que ha sido renegociado en cinco ocasiones con Bruselas.

El propio Banco de España ha recortado su previsión de crecimiento para 2025, del 2,7 % al 2,4 %, en parte por esta falta de ejecución, si bien la guerra comercial norteamericana tiene mucho que ver también. Además, se teme que muchas inversiones clave para el tejido productivo se queden sin materializar: digitalización, formación, rehabilitación energética, transición verde…

Por último, todo ello podría tener un impacto directo en la competitividad de las pymes, al quedarse fuera de programas esenciales debido al acceso más limitado a convocatorias útiles para transformar y modernizar el negocio, el riesgo de que fondos regionales o locales no lleguen a tiempo para pequeñas empresas y la menor capacidad de inversión y adaptación a los nuevos estándares tecnológicos o climáticos.

Soluciones sobre la mesa

Con el objetivo de acelerar los trámites, el Banco de España y la Comisión Europea coinciden que es importante que España pueda simplificar, con carácter urgente, los trámites y una mayor coordinación entre administraciones. Además, se plantea reforzar instrumentos que ya han demostrado ser eficaces, como las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para facilitar la financiación.

En cualquier caso, el próximo año será decisivo. Los fondos europeos representan una oportunidad única, pero si no se ejecutan con agilidad, España corre el riesgo de perder impacto económico… y una parte significativa de los fondos presupuestados.