Una de las muchas dudas que plantea hacerse autónomo en España es la obligatoriedad de tener una cuenta bancaria específica para esa actividad. Las empresas, por ley, deben llevar una contabilidad separada de la de sus socios o administradores, conforme al Plan General Contable. En la práctica, esto hace imprescindible tener una cuenta dedicada exclusivamente al negocio. Para los profesionales independientes, en cambio, la normativa no establece nada en este particular porque se los considera personas físicas, al contrario que a las compañías, que son personas jurídicas. Por lo tanto, no es obligatorio tener una cuenta para autónomos.

Sin embargo, aunque no sea obligatorio, sí que es muy recomendable tener una cuenta para autónomos, porque va a facilitarle mucho la vida al trabajador por cuenta propia, tanto en lo que se refiere a su contabilidad interna como de cara a Hacienda. Y es que, al mantener los ingresos y gastos profesionales separados de los personales, va a ser mucho más fácil hacer números, conseguir informes de la rentabilidad de la actividad, calcular y presentar impuestos y afrontar una posible inspección de Hacienda.

Además, hay que tener presente que no sólo se trata de una mera separación del dinero. Muchas entidades han creado cuentas específicas para autónomos en las que incluyen una serie de herramientas de gran utilidad para el profesional que le facilitarán los pagos, los cobros y las tareas de contabilidad. Tales como digitalización de facturas mediante fotos con el móvil, informes automatizados de ingresos y gastos, contabilidad simplificada, control de presupuestos, emisión de múltiples tarjetas, financiación para negocios, etc.

Cuentas para autónomos destacadas

CUENTa con iban español	Sí, sin límites	Sí, hasta una cuenta y 4 subcuentas	Sí, hasta 3 cuentas	Sí, una cuenta
Rentabilidad	5% en USD o GBP (primeros 5 meses)	4% durante 2 meses	2,30% en USD o GBP	No, 500€ por domiciliar la cuota de autonomo
INTEGRACIONES CONTABLES	Sí (sevDesk, Lexware Office, DATEV y otros)	Sí (Airtable y Tunuve)	Sí (sevDesk,  DATEV, exact, Asperion y más)	No
TARJETAS GRATUITAS	Si, físicas y virtuales	Sí, hasta 2 físicas y 50 virtuales	Solo tarjeta virtual	Sí, tarjeta de débito y crédito
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Cuentas para autónomos: menos dolores de cabeza con Hacienda

Tener una contabilidad profesional limpia e independiente de la personal es importante para que el autónomo haga sus cuentas, pero sobre todo para mantener una buena relación con Hacienda, poder aplicar sin fallo todas las deducciones posibles y estar preparado para una posible inspección.

Los autónomos tienen que estar continuamente comunicando su contabilidad a la Agencia Tributaria. Cada tres meses deben hacer declaraciones de IVA y, en muchos casos, de IRPF, una vez al año deben presentar la declaración anual de IVA e IRPF y, por supuesto, su declaración de la renta todas las primaveras. Para rellenar todos esos documentos es necesario tener claras cuáles son las cuentas, por dos motivos: para cumplir debidamente con las obligaciones tributarias y para beneficiarse de cualquier deducción posible.

El primer motivo es, posiblemente, el más importante. Porque si el autónomo no cumple debidamente con esas obligaciones fiscales y Hacienda lo detecta (y es frecuente que lo haga), el profesional se arriesga a recibir una sanción. Al tener una cuenta para autónomos únicamente dedicada a esa actividad, hacer números es mucho más fácil y el riesgo de cometer un error al declarar los ingresos es mucho menor. Además, hay cuentas que hacen el cálculo de los impuestos de forma automática o semiautomática, cruzando los datos, por lo que, además de mayor seguridad, es mucho más eficiente: el usuario puede tener en minutos lo que, a mano, le llevaría horas.

En lo que se refiere a las deducciones, la lógica es la misma, pero no para cumplir debidamente con Hacienda, sino para que el profesional se pueda beneficiar de pagar menos. Los autónomos pueden declarar muchos de sus gastos profesionales para pagar menos IVA e IRPF, puesto que esos gastos se consideran derivados de su actividad y tienen derecho a descontarlos. Si se lleva la contabilidad de estos aparte y de una forma limpia, con sus facturas correspondientes, es mucho más fácil aplicar esas deducciones, lo que se puede traducir en un ahorro de cientos de euros al cabo del año.

Por último, las cuentas para autónomos harán mucho más llevadero un trámite al que cualquier profesional independiente está expuesto: una inspección de Hacienda. La Agencia Tributaria valora que le pongan las cosas fáciles, y un extracto de una cuenta en la que sólo aparezcan los ingresos y gastos profesionales simplifica mucho su labor. Esto hace, a su vez, que los inspectores tengan que ser menos exhaustivos y reduce el riesgo de que encuentren algo que se le haya pasado al profesional y que pueda conllevar una sanción.

Cuentas para autónomos: las ventajas operativas

Más allá de los impuestos y las deducciones, las cuentas para autónomos actuales disponen de una gama de herramientas profesionales que permiten a su usuario simplificar muchas tareas financieras y, por lo tanto, ahorrar bastante tiempo.

La más interesante es la integración de herramientas contables que simplifican los registros y los cálculos. Estas cuentas para autónomos pueden incluir la digitalización de facturas a través de fotografías en el móvil, que se pueden adjuntar a cada registro en el extracto bancario para tenerlo todo en un solo lugar, gestión de facturas y pagos a proveedores, recibos y transacciones automatizadas, informes de ingresos y gastos, control de presupuestos, etc. Una serie de funciones que, en definitiva, liberan al profesional de tareas arduas para que dedique ese tiempo a su negocio.

Para aquellos que trabajen con clientes particulares, algunas cuentas para autónomos también incluyen soluciones de cobro digital, tanto físico (TPV) como online (pasarelas de pago) integradas, con lo que permiten tener todo en el mismo lugar sin tener que contratar nada adicional.

Si el autónomo tiene empleados, estas cuentas facilitan la gestión de sus presupuestos con la asignación de subcuentas separadas, tarjetas específicas para ellos, límites de gasto, fijación de presupuestos o la autorización previa de cualquier pago que se vaya a hacer, que el profesional puede revisar y aprobar o rechazar a través de su teléfono móvil.

En lo que se refiere a la seguridad, incluyen autenticación en dos pasos, congelación o cancelación de tarjetas desde la app, avisos por intento de cobros sospechosos o emisión de nuevas tarjetas digitales en cuestión de segundos.

Por último, algunas cuentas para autónomos ofrecen remuneración a sus titulares por el dinero que mantengan en ella. Se trata de una forma de conseguir unos ingresos extra por los fondos que se utilizan para el negocio mientras llega el momento de pagar a proveedores o empleados, ya que los intereses se calculan a diario sobre el saldo medio de cada jornada.

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Los nuevos autónomos con una edad avanzada que decidan montar un negocio podrán combinar la capitalización del paro y la jubilación activa

Cuentas para autónomos: gratuitas o de pago

Como hemos visto, aunque no sean obligatorias por ley, las cuentas para autónomos son altamente recomendables para cualquier profesional independiente por sus múltiples ventajas. Quienes se decidan a contratar una deben tener presente que las hay tanto gratuitas como de pago, y que en función de la actividad y el volumen del usuario puede resultar útil pagar o no.

Las cuentas para autónomos gratuitas incluyen servicios básicos que sirven perfectamente para profesionales independientes que trabajen solos, con una actividad sencilla sin muchos clientes, o sin clientes particulares. Casos en los que no se necesitarán herramientas de contabilidad avanzada, soluciones de cobro electrónicas, gestión de presupuestos o tarjetas para empleados. Eso sí, en estos planes también habrá menos ventajas, como por ejemplo, remuneraciones menores en aquellos bancos que las ofrecen.

Si la actividad del autónomo es mayor, o trabaja con clientes particulares, es probable que pagar una pequeña cuota al mes le resulte útil, porque los planes avanzados incluyen herramientas que le van a simplificar mucho el trabajo, desde métodos de cobro electrónicos integrados hasta softwares contables o emisión de múltiples tarjetas de débito.

No es un secreto para nadie. Las microempresas españolas atraviesan un momento complejo: incremento de los gastos laborales, presión regulatoria, necesidad de adaptarse a nuevas obligaciones tecnológicas…

Por ello, varias organizaciones empresariales han mostrado su preocupación por la implantación del sistema de facturación electrónica Verifactu, una herramienta diseñada para mejorar el control fiscal pero que, según el sector, podría generar un impacto significativo en los negocios más pequeños.

Datos recientes de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa reflejan que el empleo en las empresas de menor tamaño apenas aumentó un 0,4% durante 2025, mientras que las grandes corporaciones registraron un incremento del 4,5%. Esta diferencia evidencia una brecha estructural que limita la capacidad de expansión de los negocios más pequeños.

Verifactu y la preocupación de los pequeños negocios

El sistema Verifactu forma parte de la estrategia de digitalización fiscal impulsada por la Administración para reforzar el control de la facturación empresarial.

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El Congreso deniega por segunda vez este año la prórroga del límite de facturación anual de los autónomos para que puedan mantenerse acogidos al régimen de módulos en 2026

Su objetivo es garantizar que las facturas emitidas por las empresas se registren de forma segura y verificable, reduciendo así el fraude fiscal y aumentando la transparencia en las operaciones económicas.

Sin embargo, su implantación ha generado inquietud en el tejido empresarial más pequeño. Aunque inicialmente estaba prevista para 2026, la obligatoriedad del sistema se ha aplazado hasta 2027, una decisión que ha dado más margen a las empresas para adaptarse, pero que no ha eliminado las dudas sobre su impacto.

Las micropymes sostienen que la adaptación a este sistema implicará inversiones en software, equipos informáticos y formación que podrían resultar difíciles de asumir para muchos negocios de reducida dimensión.

Sectores que solicitan quedar fuera del sistema

Algunas asociaciones sectoriales han planteado directamente la exclusión de determinadas empresas del sistema de facturación. Entre ellas se encuentran organizaciones vinculadas al comercio minorista de alimentación, como Fedepesca, Cedecarne o Ceoppan.

Estas entidades consideran que las empresas gestionadas por personas físicas con menos de diez empleados deberían quedar fuera de la obligación de aplicar el sistema. También proponen que los titulares de negocios mayores de 60 años o las comunidades de bienes con menos de diez integrantes puedan beneficiarse de un tratamiento similar.

Además, se ha planteado que los autónomos del comercio minorista que tributan bajo el régimen especial del recargo de equivalencia y que venden exclusivamente a consumidores finales queden exentos de la normativa.

Las asociaciones argumentan que estas medidas se basan en criterios de proporcionalidad y en la necesidad de proteger la viabilidad económica de negocios de pequeña escala.

El peso de las microempresas en la economía española

Las microempresas representan una parte fundamental del tejido productivo español. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, miles de pequeños negocios forman parte de sectores clave como el comercio de proximidad, la alimentación especializada o los servicios locales.

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Hacienda recrudece sus investigaciones a los autónomos en 2026 tras detectar un aumento de declaraciones con gastos deducibles desproporcionados frente a la facturación

Solo en el ámbito del comercio minorista especializado en alimentación, bebidas y tabaco existen más de 62.000 empresas o profesionales con plantillas inferiores a diez trabajadores.

Esta cifra representa menos del 5% del conjunto de la cadena alimentaria, lo que indica que el impacto fiscal de una posible exención sería relativamente reducido.

Muchos de estos negocios, además, tributan bajo sistemas simplificados como la estimación objetiva, lo que limita su capacidad de aplicar sistemas de facturación avanzados sin realizar inversiones adicionales.

Propuestas para facilitar la adaptación

Ante el nuevo escenario regulatorio, las organizaciones empresariales han propuesto diversas medidas para facilitar la adaptación de las microempresas al sistema Verifactu.

Entre las propuestas planteadas se encuentran deducciones fiscales en el IRPF vinculadas a las inversiones necesarias para implantar la facturación electrónica, subvenciones directas para adquirir software y equipos de punto de venta, y líneas de financiación con condiciones favorables destinadas a autónomos y pequeñas empresas.

Estas medidas permitirían reducir el impacto económico inicial de la transición digital y garantizar que los negocios de menor tamaño puedan adaptarse sin comprometer su estabilidad financiera.

Las dificultades estructurales de las microempresas

Los datos del mercado laboral reflejan las dificultades que enfrentan los negocios más pequeños. Según la Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el número total de ocupados en España aumentó un 2,77% en términos interanuales.

Sin embargo, el crecimiento del empleo entre los autónomos fue mucho más moderado. Los trabajadores por cuenta propia sin empleados registraron un incremento cercano al 1,1%, mientras que los autónomos con trabajadores a cargo experimentaron incluso una ligera caída del 0,8%.

Estos datos muestran que las microempresas tienen una capacidad mucho más limitada para generar empleo o expandir su actividad, en comparación con las grandes empresas que cuentan con mayores recursos financieros y administrativos.

Las organizaciones empresariales insisten en que la regulación económica debería aplicarse teniendo en cuenta el tamaño de las empresas y su capacidad real para asumir nuevas obligaciones administrativas.

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El momento de la jubilación es uno de los más esperados por los trabajadores. Toca disfrutar de otra etapa de la vida, pero desde la calma y de una supuesta tranquilidad económica gracias a una pensión ganada tras décadas de madrugones y esfuerzos.

Sin embargo, para los autónomos este momento de la vida no es igual al de otros trabajadores. La distancia entre la pensión media de un autónomo y la de un trabajador asalariado es abismal.

Según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, quienes han desarrollado la mayor parte de su carrera en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos perciben de media de 1.054,39 euros mensuales al jubilarse.

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Bernardos advierte: muchos trabajadores mayores ya no pueden más, pero no todos los empleos permiten parar

En el Régimen General, la pensión media asciende a 1.724,11 euros. La diferencia supera los 650 euros al mes y, en términos anuales, rebasa los 9.000 euros.

Si se proyecta esta brecha a lo largo de 20 años de jubilación, el diferencial acumulado puede situarse por encima de los 180.000 euros. No se trata solo de una estadística, sino de un simple número, sino de una diferencia brutal en la capacidad de gasto, ahorro y bienestar durante la última etapa de la vida.

Bases de cotización: el núcleo del problema

El sistema público español se basa en un modelo contributivo. La cuantía de la pensión depende directamente de las bases por las que se ha cotizado, especialmente en los últimos años de carrera, que son los que determinan la base reguladora.

Durante décadas, una parte mayoritaria de los autónomos optó por cotizar por la base mínima permitida, incluso cuando sus ingresos eran superiores.

Mientras que un asalariado cotiza automáticamente en función de su salario bruto, el trabajador por cuenta propia ha tenido margen para elegir su base dentro de determinados límites.

En 2022, antes de la reforma por ingresos reales, más del 80% de los autónomos cotizaba por la base mínima. Este patrón ha tenido un efecto directo en la prestación final.

Además, el Régimen General incluye mayores aportaciones empresariales. La cotización total en este régimen ronda el 28% del salario, de los cuales una parte significativa corre a cargo de la empresa.

En el caso del autónomo, el esfuerzo recae íntegramente sobre el propio trabajador, lo que históricamente ha incentivado bases más reducidas para contener el esfuerzo mensual.

Trayectorias irregulares y lagunas de cotización

Otro elemento clave es la estabilidad en la carrera profesional. Los asalariados suelen presentar trayectorias más lineales, con ingresos relativamente previsibles y continuidad en la cotización. En cambio, los autónomos afrontan ciclos de facturación variables, cierres temporales de actividad o periodos con ingresos bajos.

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Así está realmente la hucha de las pensiones: supone menos del 5 % del gasto anual y estas son las principales tensiones a la vista

Las lagunas de cotización afectan directamente al cálculo de la base reguladora. Aunque el sistema contempla mecanismos de integración parcial de estas lagunas en el Régimen General, la cobertura no es equivalente en el régimen de autónomos, lo que amplifica la diferencia final.

A ello se suma la mayor incidencia de jubilaciones anticipadas por cese de actividad o dificultades económicas, que pueden implicar coeficientes reductores sobre la pensión reconocida.

Envejecimiento del colectivo y aumento de jubilaciones

El número de autónomos que accede a la jubilación sigue aumentando. En 2024 se registraron 60.583 bajas por retiro, mientras que en 2025 la cifra alcanzó las 64.267, lo que supone un incremento cercano al 6%. Este crecimiento refleja el envejecimiento del colectivo y la salida de generaciones que cotizaron bajo esquemas menos exigentes.

España cuenta con más de 3,3 millones de trabajadores autónomos afiliados, muchos de ellos en tramos de edad avanzados.

La transición demográfica implica que el sistema deberá afrontar un volumen creciente de pensiones con bases históricamente bajas, consolidando la brecha existente frente al Régimen General.

Las dudas sobre la reforma por ingresos reales

La implantación progresiva del sistema de cotización por ingresos reales busca corregir distorsiones históricas. El nuevo esquema establece tramos vinculados a rendimientos netos, con bases mínimas y máximas ajustadas a la facturación efectiva. En teoría, esta medida reducirá las diferencias futuras si los autónomos cotizan en función de lo que realmente ingresan.

Sin embargo, el efecto será gradual. Las pensiones actuales y las que se reconocerán en los próximos años responden a carreras de cotización anteriores a la reforma. La corrección del diferencial estructural no será inmediata y dependerá de la consolidación de bases más elevadas durante periodos prolongados.

Además, el aumento de cotizaciones puede tensionar la viabilidad económica de determinados pequeños negocios, especialmente en sectores con márgenes ajustados. El equilibrio entre sostenibilidad del sistema y capacidad contributiva del autónomo continúa siendo un debate abierto.

No se puede vivir con mil euros al mes

Una pensión media cercana a los 1.050 euros sitúa a muchos jubilados autónomos en un umbral vulnerable frente al incremento del coste de vida.

Vivienda, suministros energéticos y atención sanitaria absorben una proporción significativa de sus ingresos. La brecha de más de 650 euros mensuales frente a un asalariado no solo es una diferencia contributiva, sino también una desigualdad en capacidad de consumo y ahorro en la etapa final de la vida laboral.

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El autoempleo sigue siendo en España una vía habitual para quienes buscan independencia profesional o encuentran dificultades en el mercado laboral tradicional.

Sin embargo, cuando se analiza el emprendimiento desde la perspectiva de la discapacidad, los datos no son nada positivos. Apenas el 1% del total de trabajadores autónomos tiene reconocido algún grado de discapacidad.

La cifra contrasta con su peso dentro de la población activa, donde representan alrededor del 6,1%, lo que refleja un desequilibrio estructural en el acceso a oportunidades empresariales.

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Si tienes una discapacidad te puedes jubilar antes, pero la Seguridad Social puede negártelo en estos casos

La tasa de empleo por cuenta propia entre personas con discapacidad se sitúa en el 9,3%, frente al 14,4% en personas sin discapacidad.

Un ecosistema exigente que multiplica barreras

Emprender ya implica de por sí asumir riesgos, gestionar incertidumbre y enfrentarse a trámites administrativos complejos.

Para una persona con discapacidad, a estas exigencias se añaden obstáculos adicionales relacionados con la accesibilidad física, digital y financiera.

La falta de adaptación en entornos de formación, oficinas bancarias o plataformas tecnológicas puede convertirse en un freno indirecto pero determinante.

La tendencia reciente tampoco invita al optimismo. En ejercicios anteriores, el número de nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por parte de personas con discapacidad llegó a duplicar los registros actuales.

Hoy el dinamismo es menor, aunque en 2024 el colectivo creció un 2,5%, alcanzando 25.811 autónomos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El reparto por género evidencia otro desequilibrio. De ese total, 9.592 eran mujeres y 16.219 hombres, una diferencia significativa que muestra que la doble condición de mujer y persona con discapacidad puede incrementar las dificultades de acceso al autoempleo.

Ayudas existentes y límites estructurales

El marco actual eso sí, contempla incentivos específicos. Desde 2023, la tarifa plana para autónomos se sitúa en 80 euros mensuales durante los dos primeros años de actividad. 

En el caso de personas con discapacidad, esta cuota puede prorrogarse un año adicional si los ingresos no superan el salario mínimo interprofesional. Esta medida alivia la carga inicial y ofrece margen para consolidar la cartera de clientes.

También existen líneas de apoyo económico para formación que pueden alcanzar los 3.000 euros y cubrir hasta el 75% del importe de los cursos vinculados a la actividad profesional.

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Nuevas enfermedades que dan derecho a la jubilación anticipada por discapacidad con 52 años

Asimismo, determinadas normativas facilitan el acceso a financiación bancaria en condiciones más favorables que las habituales del mercado, con tipos de interés reducidos respecto a los estándares generales.

Las ayudas destinadas al inicio de actividad varían según la comunidad autónoma y pueden oscilar entre 5.000 y 10.000 euros. Además, se contemplan apoyos para sufragar soporte técnico y adaptación tecnológica, llegando en algunos casos a cubrir hasta el 75% de esos gastos.

En el ámbito fiscal, existen deducciones relacionadas con el IRPF, el alquiler de vivienda, el IBI o la adquisición de vehículos adaptados, aunque su aplicación depende de la normativa regional.

Las ayudas no compensan

A pesar de estas medidas, las asociaciones del sector coinciden en que el apoyo resulta insuficiente. El marco de ayudas, aunque relevante, no compensa completamente las barreras estructurales que afronta el colectivo.

Uno de los desafíos más complejos es el de las discapacidades sobrevenidas. Autónomos que adquieren una discapacidad tras un accidente o enfermedad se enfrentan a la necesidad de adaptar su negocio sin un acompañamiento integral que garantice la continuidad de la actividad.

Sin embargo, los datos muestran un impacto positivo cuando la iniciativa prospera. Aproximadamente el 26% de los autónomos con discapacidad generan empleo para terceros, ampliando oportunidades laborales dentro y fuera del colectivo. 

Este efecto multiplicador demuestra que el emprendimiento inclusivo no solo beneficia a quien lo impulsa, sino al conjunto del tejido productivo.

Talento infrautilizado en un mercado que envejece

España afronta retos demográficos y de productividad que hacen imprescindible aprovechar todo el talento disponible. Excluir o dificultar el acceso al autoempleo de un segmento relevante de la población activa supone una pérdida económica indirecta. La diversidad empresarial no es solo una cuestión de equidad, sino también de competitividad.

El emprendimiento inclusivo representa una vía para fortalecer la cohesión social y dinamizar economías locales. No se trata únicamente de aumentar cifras estadísticas, sino de garantizar igualdad de condiciones reales en el acceso a la iniciativa empresarial.

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Miles de trabajadores por cuenta propia descubren demasiado tarde que sus décadas de esfuerzo no siempre garantizan protección cuando llega el desempleo.

Autónomos que han cotizado durante 25 o 30 años se encuentran con una realidad inesperada al intentar acceder al subsidio para mayores de 52 años: la respuesta suele ser negativa. Y no por falta de trayectoria laboral, sino por el tipo de cotización realizada.

El problema no está en el número de años trabajados, sino en cómo se ha cotizado. El régimen especial de trabajadores autónomos funciona con reglas distintas al régimen general, al que pertenecen la mayoría de asalariados. 

En Pymes y Autonomos

Los datos lo confirman: la resiliencia del autónomo no es solo un mito. El 60,5% lleva más de cinco años en activo y el 31,5% hasta más de diez

Esa diferencia técnica acaba convirtiéndose en una barrera decisiva cuando se solicita una prestación por desempleo a partir de los 52 años.

El requisito que deja fuera a la mayoría

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas más solicitadas y concedidas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Está diseñado para personas que han agotado otras prestaciones y que cumplen determinadas condiciones de cotización y acceso a la jubilación. Sin embargo, para los autónomos la puerta suele cerrarse antes de empezar.

María José Gómez, asesora de la subdirección de Prestaciones del SEPE, explicó en el programa Madrid Trabaja de Onda Madrid que el organismo rechaza la mayoría de solicitudes presentadas por profesionales por cuenta propia porque no cumplen un requisito esencial: haber cotizado por desempleo al menos seis años a lo largo de su vida laboral.

La experta señaló que un trabajador que haya desarrollado su actividad como autónomo durante tres décadas, pero que no haya cotizado por la contingencia de desempleo, no podrá acceder al subsidio. “Tiene necesariamente que cumplir el requisito de cotizar en España seis años por desempleo”, afirmó, recordando que los autónomos, con carácter general, no cotizan por esta cobertura.

Treinta años trabajando y sin derecho al subsidio

La situación genera frustración entre quienes han contribuido al sistema durante buena parte de su vida profesional.

El SEPE recoge en su propia página web que uno de los requisitos imprescindibles para acceder a esta ayuda es “haber cotizado efectivamente en España por la contingencia de desempleo durante, al menos, seis años a lo largo de tu vida laboral”. Sin ese requisito, la solicitud queda descartada.

Muchos autónomos que en los últimos años han pasado a trabajar como asalariados creen que pueden acogerse al subsidio si cumplen la edad exigida.

Sin embargo, si no alcanzan ese mínimo de seis años cotizados específicamente por desempleo, la respuesta seguirá siendo negativa. El cambio de régimen en la etapa final de la carrera profesional no compensa las décadas anteriores sin esa cobertura.

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Dos son los sectores que más pierden autónomos en España. El comercio y el transporte dicen adiós a 50 profesionales por cuenta propia cada día

El subsidio para mayores de 52 años no solo exige esta condición. También requiere cumplir los requisitos, salvo la edad, para acceder a una pensión contributiva de jubilación.

Según la Ley General de la Seguridad Social, es necesario acreditar al menos 15 años cotizados, de los cuales dos deben situarse dentro de los últimos 15 años previos a la solicitud.

Un sistema con reglas diferentes

El régimen de autónomos ha estado históricamente configurado con una estructura de cotización distinta a la del régimen general.

Durante años, la cotización por desempleo no formaba parte de las coberturas obligatorias para este colectivo, lo que ahora se traduce en limitaciones de acceso a determinadas prestaciones.

Esta diferencia normativa coloca a muchos profesionales en una posición complicada cuando atraviesan una situación de falta de ingresos a partir de los 52 años. Aunque hayan contribuido durante décadas al sistema, la ausencia de cotización por desempleo actúa como filtro excluyente.

La consecuencia práctica es que el subsidio para mayores de 52 años, concebido como red de seguridad antes de la jubilación, resulta inaccesible para una parte significativa de los autónomos.

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La fiscalidad de los trabajadores por cuenta propia no es igual en toda Europa. Mientras la mayoría de países de la Unión han avanzado hacia modelos más flexibles para los pequeños negocios, España mantiene un sistema que, según las organizaciones profesionales, penaliza especialmente a los autónomos con menor volumen de ingresos.

La diferencia es especialmente visible si se compara con los datos de ahorro obtenidos en países como Francia e Italia gracias a la aplicación del denominado IVA franquiciado.

En 2025, los autónomos de ambos países lograron reducir su carga fiscal y administrativa en más de 500 millones de euros gracias a este régimen especial.

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La Unión Europea ya ha advertido a España sobre los peligros de incumplir con el IVA franquiciado. Desde hace meses, estamos fuera de plazo

En contraste, los profesionales españoles asumieron un sobreesfuerzo económico muy similar, pero en sentido contrario.

Según los cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, el colectivo soportó un impacto de 508 millones de euros en un solo ejercicio por no contar con un sistema equivalente, lo que ha reavivado las críticas hacia la política fiscal española.

Un régimen ausente en España pero común en Europa

El IVA franquiciado es un mecanismo contemplado por la normativa comunitaria que permite a los autónomos con facturación reducida quedar exentos de las obligaciones habituales del impuesto.

Su funcionamiento está pensado para aliviar la carga administrativa de los pequeños negocios y facilitar su viabilidad, especialmente en las primeras etapas de actividad o en sectores con márgenes ajustados.

En la práctica, los profesionales acogidos a este régimen no están obligados a presentar declaraciones trimestrales ni a llevar una contabilidad específica vinculada al IVA.

Tampoco repercuten el impuesto a sus clientes ni pueden deducirse el IVA soportado, pero a cambio se benefician de una notable reducción de trámites y de gastos asociados a la gestión fiscal.

En la mayoría de países de la Unión Europea el umbral se sitúa en los 85.000 euros de facturación anual.

España, sin embargo, continúa siendo la única excepción. A pesar de que la directiva comunitaria permite su implantación, el sistema no se ha incorporado al ordenamiento nacional, lo que coloca a los autónomos españoles en una posición de clara desventaja competitiva frente a sus homólogos europeos.

El impacto económico del modelo español

El informe elaborado por el Gabinete de Estudios de ATA cuantifica con precisión las consecuencias de esta diferencia normativa.

Según sus estimaciones, cerca de 770.000 autónomos españoles podrían acogerse al régimen si existiera, al encontrarse por debajo del umbral de facturación establecido por la Unión Europea.

El perjuicio económico se deriva de dos factores principales. Por un lado, el gasto directo asociado a la gestión del impuesto, que incluye servicios de asesoría, programas contables y tiempo dedicado a la cumplimentación de modelos fiscales. Este desembolso se sitúa en torno a los 300 euros anuales por profesional. 

Por otro, el tiempo invertido en trámites administrativos, que se estima en unas dos horas mensuales, con un valor económico aproximado de 360 euros al año.

En Pymes y Autonomos

Adiós a la promesa que nos vendieron de no declarar el IVA si no facturas 85.000 euros. Se confirma que solo estarán exentos estos casos

La suma de ambos conceptos eleva el impacto medio por autónomo a unos 660 euros anuales. Extrapolado al conjunto de los potenciales beneficiarios, el resultado es un perjuicio económico superior a los 508 millones de euros cada ejercicio, una cifra que se repite año tras año mientras no se modifique el sistema vigente.

Una brecha competitiva dentro del mercado único

Desde ATA advierten de que esta situación no solo tiene efectos económicos, sino también estructurales.

La ausencia del IVA franquiciado limita la competitividad de los autónomos españoles frente a los de otros países de la Unión, que pueden operar con menores cargas administrativas y mayor flexibilidad financiera.

En Francia e Italia, donde el régimen se aplica de forma generalizada, los profesionales con menor volumen de negocio pueden concentrar sus recursos en la actividad productiva, sin destinar tiempo ni dinero a obligaciones fiscales complejas.

Esta diferencia se traduce en mayor capacidad de inversión, precios más ajustados y una menor presión burocrática, factores clave en un contexto económico cada vez más exigente.

La reclamación ante Bruselas

La organización presidida por Lorenzo Amor ha trasladado esta situación a la Comisión Europea, al considerar que España incumple el espíritu de la directiva comunitaria y mantiene una carga adicional injustificada sobre cientos de miles de trabajadores por cuenta propia.

Desde ATA sostienen que el modelo actual genera una desigualdad de condiciones dentro del mercado único y penaliza especialmente a los autónomos con menores ingresos.

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Ser autónomo en España implica asumir riesgos que van mucho más allá de sacar adelante un negocio.

La falta de red de seguridad, la presión económica constante y un sistema de protección social menos favorable convierten cualquier contratiempo en un problema serio.

Por ello, no sorprende que muchos trabajadores por cuenta propia se vean obligados a seguir trabajando incluso cuando su salud se resiente.

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Este es el calendario fiscal 2026 con las fechas clave para autónomos y pymes

Las cifras lo confirman. Mientras que el número de bajas médicas entre los asalariados no deja de crecer, entre los autónomos ocurre justo lo contrario. No es que enfermen menos, sino que el sistema actual desincentiva claramente que se cojan una baja.

La consecuencia es una realidad silenciosa: miles de profesionales continúan trabajando aun cuando deberían parar, asumiendo un esfuerzo que en otros colectivos sería impensable.

Un sistema que penaliza al que se detiene

Uno de los principales motivos por los que los autónomos evitan cogerse la baja es económico. A diferencia de los asalariados, cuando un trabajador por cuenta propia entra en situación de incapacidad temporal sigue obligado a pagar su cuota a la Seguridad Social durante los dos primeros meses. Al mismo tiempo, sus ingresos se reducen drásticamente.

Durante los tres primeros días de baja no se percibe ningún tipo de prestación. A partir del cuarto día, el autónomo comienza a cobrar el 60 % de su base reguladora y no es hasta el día 21 cuando alcanza el 75 %.

Todo ello mientras continúa afrontando gastos fijos como alquileres, suministros o préstamos vinculados a su actividad. Esta combinación explica por qué muchos deciden aguantar incluso en condiciones físicas poco favorables.

Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan claramente esta situación. En 2025, solo 10,06 autónomos de cada mil se acogieron a una baja médica. En el mismo periodo, entre los trabajadores asalariados la cifra ascendió a 37,92 por cada mil. Es decir, casi cuatro veces más.

Una tendencia que se consolida con los años

Lejos de tratarse de un hecho puntual, la diferencia se ha ido ampliando con el tiempo. En 2023 la incidencia de bajas entre autónomos era de 10,68 por cada mil trabajadores. En 2024 descendió ligeramente hasta el 10,54 y en 2025 volvió a reducirse. Esta evolución contrasta con la de los asalariados, cuyas bajas han aumentado de forma sostenida desde 2020.

El autónomo no solo asume más riesgos económicos, sino que además carece de los mecanismos de protección que sí existen en el empleo por cuenta ajena. En la práctica, enfermar supone perder ingresos de forma inmediata, algo que muchos no pueden permitirse.

Dos realidades muy distintas ante la incapacidad temporal

El sistema de prestaciones es, sobre el papel, similar para ambos colectivos. Tanto asalariados como autónomos comienzan a cobrar a partir del cuarto día y alcanzan el 75 % de la base reguladora a partir del día 21. Sin embargo, la diferencia aparece en los complementos y en quién asume el impacto económico.

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El absentismo laboral está al alza en las pymes. Los sindicatos piden un diagnóstico riguroso y alertan contra explicaciones simplistas

En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, numerosos convenios colectivos incluyen complementos salariales que elevan la prestación hasta el 100 % del salario. Esto reduce el impacto de la baja y facilita que el trabajador se recupere sin presión económica. Para los autónomos, esta opción no existe.

Este desequilibrio ha llevado a las organizaciones representativas del colectivo a reclamar cambios urgentes. Una de las principales peticiones es la exención del pago de la cuota desde el primer día de baja, una medida que permitiría aliviar la carga financiera y favorecer una recuperación real.

El absentismo y la preocupación empresarial

Mientras los autónomos apenas se permiten enfermar, las empresas observan con inquietud el aumento del absentismo entre los asalariados. La patronal lleva tiempo alertando de que el crecimiento de las bajas médicas está teniendo un impacto relevante en la productividad y en los gastos empresariales.

Según datos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, el gasto asociado a la incapacidad temporal alcanzó en 2025 los 16.010 millones de euros, un 13,5 % más que el año anterior y más del doble que hace una década. Esta evolución ha reabierto el debate sobre los complementos salariales y su efecto en la duración de las bajas.

Desde la CEOE se ha planteado la necesidad de revisar estos mecanismos, aunque cualquier modificación pasa necesariamente por la negociación colectiva. Paralelamente, ATA ha reclamado que los autónomos queden exentos de cotizar desde el primer día de baja, una medida que aliviaría una de las mayores desigualdades del sistema.

El Gobierno ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal un análisis profundo sobre la gestión de la incapacidad temporal. El estudio evaluará tanto el marco normativo como los procesos administrativos y las causas que explican el aumento de las bajas, incluyendo factores como las listas de espera sanitarias o las condiciones laborales.

Lo que ya resulta evidente es que el sistema actual empuja a los autónomos a comportarse como auténticos “superhéroes”, trabajando incluso cuando su salud se lo impide.

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El coste medio de la indemnización por despido volvió a aumentar en 2024. Según los últimos datos disponibles, el encarecimiento ronda el 8 % interanual, el primer repunte claro desde la reforma laboral.

Un dato que, más allá de la cifra, reabre un debate recurrente en el mercado laboral español: la incertidumbre que genera el coste de salida para las pequeñas empresas. 

Por qué está subiendo el coste del despido

Si bien la normativa no ha cambiado de forma directa, el contexto económico y laboral sí lo ha hecho, y eso está teniendo un impacto tangible en la gestión de plantillas.

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Los autónomos tendrán que trabajar más horas solo para pagar el alquiler en 2026: así les afecta la gran revisión de rentas

La reforma laboral no modificó las cuantías legales del despido improcedente (33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades), pero sí ha alterado los elementos que determinan la indemnización final:

• Salarios más altos, impulsados por el aumento del SMI y la actualización de convenios colectivos.
• Mayor antigüedad media, fruto de contratos más estables y menor rotación.
• Menos contratos de muy corta duración, lo que eleva el coste acumulado cuando se produce una salida.

En la práctica, despedir hoy a un trabajador con varios años en plantilla resulta más caro que hace dos o tres ejercicios, incluso sin cambios legales explícitos.

El encarecimiento del despido no afecta a todas las empresas por igual. Para una gran compañía, estos costes suelen estar previstos en presupuestos de recursos humanos. Para muchas pymes, en cambio, un solo despido puede convertirse en un problema financiero relevante, al acercarse al equivalente a varios meses de beneficio neto, reducir la liquidez o incrementar el rechazo a nuevas contrataciones.

Este factor explica por qué muchas pequeñas empresas retrasan ajustes de plantilla incluso en fases de desaceleración, asumiendo sobrecarga de trabajo o pérdida de eficiencia antes que afrontar una indemnización elevada.

La litigiosidad frente a la decisión

A este escenario se suma un elemento clave: la incertidumbre jurídica. Pese a que la reforma laboral buscaba reducir la temporalidad y clarificar el marco contractual, la percepción de riesgo en los despidos no ha desaparecido.

Para muchas pymes, el problema no es solo el coste inicial, sino la posible recalificación judicial del despido como improcedente, que eleva la indemnización y añade costes legales. Este factor sigue influyendo en la toma de decisiones, incluso cuando la empresa considera que existen causas objetivas suficientes.

El resultado de este entorno no es necesariamente un aumento de despidos, sino un cambio en el comportamiento empresarial: más prudencia a la hora de ampliar plantilla, mayor uso de servicios de outsourcing o externalización de proyectos profesionales y menor disposición a asumir riesgos en proyectos de crecimiento.

Así, es paradójico que un marco pensado para reforzar la estabilidad puede acabar frenando nuevas contrataciones en las empresas más pequeñas, que operan con márgenes mucho más ajustados.

El repunte del coste del despido ha vuelto a colocar sobre la mesa el equilibrio entre protección del trabajador y seguridad jurídica para la empresa. Un debate recurrente en España que, por ahora, no se ha traducido en cambios normativos concretos.

Mientras tanto, las pymes siguen operando en un entorno donde el despido es más caro y difícil de anticipar, lo que condiciona la gestión del empleo más allá del ciclo económico.

En conclusión, más allá del dato puntual, la lección es clara: cuanto más estable es la relación laboral, mayor es el compromiso a largo plazo. En este contexto, planificar bien las contrataciones, revisar funciones y anticipar escenarios resulta esencial para evitar decisiones precipitadas que acaben teniendo un alto coste económico.

La jubilación anticipada vuelve, una vez más, al centro del debate laboral y empresarial. Según los últimos datos del Ejecutivo, adelantar la jubilación hasta dos años puede suponer una reducción cercana al 20 % de la pensión, incluso en el caso de trabajadores que hayan cotizado más de 40 años.

Este impacto no solo afecta al trabajador, sino que también tiene consecuencias directas para las pymes, especialmente en sectores donde el peso del empleo sénior es clave para la continuidad del negocio.

Cómo funciona hoy la jubilación anticipada

El sistema español permite jubilarse antes de la edad legal en dos supuestos:

• Jubilación anticipada voluntaria, hasta 24 meses antes.
• Jubilación anticipada involuntaria, hasta 48 meses antes, ligada a despidos objetivos, ERE o causas similares.

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En los dos casos, la Seguridad Social aplica coeficientes reductores permanentes sobre la pensión, que dependerán del número de meses de adelanto y de los años cotizados por el trabajador.

Estos coeficientes están regulados y se aplican de por vida, no de forma temporal, por lo que es una preocupación habitual de los futuros pensionistas, a quienes se les suele recomendar que realicen los cálculos necesarios para hallar la situación más ventajosa.

Cuánto se recorta la pensión

Según las tablas oficiales y su aplicación práctica, adelantar la jubilación dos años puede traducirse en recortes relevantes:

• Menos de 38 años y seis meses cotizados: 21% de reducción si el adelanto es de dos años, y 3,26% si se anticipa solo un mes.
• Entre 38 y 41 años y seis meses: 19 % de reducción con dos años de adelanto, y 3,11 % con un mes.
• Entre 41 y 44 años y seis meses: 17 % de recorte si se adelanta dos años, y 2,86 % con un mes de antelación.
• Más de 44 años y seis meses cotizados: 13 % de reducción si se adelanta dos años, y 2,81 % si es un mes antes.

Esto explica por qué muchos trabajadores con carreras largas están optando por retrasar su jubilación unos meses, ya que pequeñas diferencias en el calendario pueden suponer miles de euros a lo largo de toda la vida como pensionista.

La aplicación de estos coeficientes ha reabierto el debate político. En los últimos meses se han registrado iniciativas para eliminar o suavizar los recortes en el caso de trabajadores con 40 o más años cotizados, al considerar que su aportación al sistema ya ha sido suficiente.

Sin embargo, por el momento, estas propuestas no se han materializado en cambios normativos, por lo que el sistema vigente sigue aplicándose sin excepciones relevantes para carreras largas.

De este modo, aunque se trata de una decisión individual, la jubilación anticipada tiene un impacto claro en la gestión empresarial, tanto en la planificación de los equipos, donde la salida anticipada de perfiles sénior puede dejar vacíos difíciles de cubrir, la transmisión de conocimiento, que puede suponer un relevo rápido con la consecuente pérdida de experiencia acumulada, y otros costes indirectos, como las prejubilaciones, incentivos o ajustes internos, que pueden encarecer las transiciones.

Para muchas pymes, acompañar al trabajador en una salida progresiva puede ser clave tanto para la empresa como para el propio empleado.

Así, el objetivo de los coeficientes reductores es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero en la práctica están cambiando el comportamiento de miles de trabajadores. Jubilarse antes ya no es una decisión neutra: supone asumir recortes permanentes que pesan durante décadas.

Mientras no haya cambios legales, el mensaje es claro: anticipar la jubilación tiene un coste elevado, incluso para quienes han cotizado durante toda su vida laboral.

La revisión extraordinaria del alquiler prevista para 2026 supondrá un aumento inusual en el coste de los contratos de vivienda y de locales comerciales: se esperan incrementos de hasta 4.600 euros al año, una cifra muy superior a las actualizaciones habituales y que responde a la reactivación de cláusulas que quedaron limitadas durante los años de inflación descontrolada.

Para los autónomos, este salto tiene un impacto doble. El alquiler (de su vivienda o del local de trabajo) es uno de los costes fijos más determinantes de su economía doméstica y profesional. Sin una estructura de ingresos estable y sin capacidad para trasladar fácilmente los costes a sus tarifas, la subida prevista implica tener que trabajar más horas únicamente para mantener el mismo espacio: en pocas palabras, menos margen, menos ahorro y menos posibilidad de reinversión.

Qué está ocurriendo

La actualización del alquiler llega por la reactivación de fórmulas de revisión contractual, tanto las que se actualizan con IPC como las que incluyen topes y porcentajes pactados antes de que se aplicaran límites temporales. A partir de 2026, muchos contratos reflejarán IPC acumulado, algo que el INE estima en una horquilla especialmente alta entre 2022 y 2024. La combinación de estos elementos explica un salto inusual en las rentas.

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La presión fiscal sobre los autónomos se dispara: trabajan más de medio año solo para pagar impuestos

Los incrementos más relevantes afectan a contratos firmados antes de 2023, donde la brecha entre renta congelada y mercado actual es más amplia. En ciudades con fuerte presión inmobiliaria (como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga), los incrementos pueden situarse en el rango superior.

Para muchos inquilinos, 4.600 euros extra al año equivale a pagar entre uno y tres meses adicionales de alquiler, dependiendo del tipo de contrato. El esfuerzo económico crece de forma brusca, especialmente en zonas donde el alquiler ya absorberá en 2026 más del 40 % de la renta disponible, según datos recientes del Banco de España.

En este sentido, el alquiler es un gasto ineludible para quienes ejercen por cuenta propia. Incluso aquellos que trabajan desde casa dependen del precio de su vivienda para poder mantener su actividad. Por el contrario, quienes gestionan un pequeño negocio destinan una parte muy significativa de sus ingresos al pago del local.

Si la renta aumenta hasta 4.600 euros al año, el autónomo medio deberá generar entre 380 y 400 euros adicionales al mes para mantener exactamente el mismo local o vivienda. En sectores con tarifas ajustadas, ese incremento puede traducirse en 10 a 20 horas adicionales de trabajo al mes, dependiendo de ingresos, estacionalidad y costes variables.

El efecto no es solo financiero: la subida reduce la capacidad de ahorro, dificulta la renovación de equipamiento y aumenta la vulnerabilidad en meses flojos. Además, se suma al encarecimiento de suministros, seguros, cuotas y otros costes fijos que, según la Seguridad Social, han seguido una tendencia alcista en 2024 y 2025.

Los sectores más expuestos

El impacto será desigual. Los sectores con mayor dependencia de un local físico, como el comercio minorista, la restauración, los centros de estética o las consultas independientes, son los más expuestos.

En muchos de ellos, el alquiler representa entre un 20 % y un 40 % de los costes fijos, según estudios de comercio urbano publicados por el Ministerio de Industria y Comercio.

Una subida de esta magnitud puede obligar a optar por:

• reducir horarios,
• aumentar precios,
• renegociar contratos,
• trasladar la actividad a zonas periféricas,
• o incluso cerrar el local si la rentabilidad no puede sostenerse.

En grandes ciudades, la presión inmobiliaria ya está desplazando la actividad económica hacia barrios menos céntricos, donde el alquiler es más asumible, pero a costa de perder visibilidad y clientela.

Qué pueden hacer los autónomos

Pese al limitado margen que existe, algunas opciones para reducir el impacto son:

• Renegociar el contrato antes de la actualización, pactando incrementos escalonados.
• Replantear el modelo de trabajo, combinando presencialidad con formatos híbridos o desplazando parte de la actividad al domicilio.
• Trasladarse a coworkings o locales compartidos, que reparten costes y reducen la dependencia de un único espacio.
• Compartir local con otro profesional, fórmula ya extendida en ámbitos sanitarios, creativos y de servicios.
• Revisar las deducciones fiscales aplicables al alquiler del local o a la vivienda parcialmente afecta a la actividad, según los criterios de la Agencia Tributaria.

De este modo, anticiparse para negociar y prever ingresos y costes de 2026 será determinante para evitar desequilibrios financieros en un año que se prevé tensionado para los negocios con local arrendado.