Si alguien piensa en nuevas oportunidades laborales, Madrid, Barcelona, Valencia o San Sebastián son destinos que se le vienen a la cabeza. Pero ¿qué pensarías si te digo que cada vez más trabajadores jóvenes se ven obligados a abandonar estos lugares?

Pese a ser sede de grandes empresas, inversión extranjera, ecosistemas innovadores y alta demanda de profesionales, algo está cambiando, y el principal motivo no es el empleo, sino el precio de la vivienda. No poder permitirse un techo bajo el que descansar, o pagar un coste desorbitado que no compensa el esfuerzo laboral.

Mercado laboral, sin vivienda

Según datos del portal Idealista y del INE, el coste del alquiler se ha disparado un 45 % en la última década, con subidas de hasta el 80 % en algunas zonas urbanas. Hoy, el alquiler medio en ciudades como Madrid o Barcelona roza (o supera) los 1.200 euros mensuales, lo que representa más del 50 % del salario medio de un trabajador menor de 35 años.

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Esta situación estrangula la capacidad de ahorro, incrementa la rotación laboral y dificulta la fidelización del talento por parte de las empresas.

El encarecimiento de la vida urbana está redefiniendo el mapa del talento. Pymes tecnológicas, estudios creativos y empresas emergentes se ven obligadas a competir no solo por salario, sino por ofrecer condiciones de vida viables.

Según Genbeta, cada vez más compañías reconocen que les cuesta atraer y retener perfiles especializados si no pueden ofrecer soluciones habitacionales, teletrabajo o planes de movilidad. Puede parecer evidente, pero como mencionaban varios testimonios en El Mundo: "Si te pagan 1.800 euros de sueldo y te piden 1.200 euros de alquiler, es imposible".

En ciudades como Palma, Málaga o Barcelona, la presión turística y la proliferación de alquileres de temporada han reducido drásticamente la oferta para residentes. El resultado es un mercado distorsionado, donde muchos trabajadores acaban marchándose a localidades periféricas o directamente abandonan la ciudad, dificultando aún más el acceso al talento para las pequeñas empresas.

Empresas atrapadas, ciudades inasequibles

En este escenario, no solo sufren los trabajadores (aunque sería muy irrespetuoso decir que no son los principales perjudicados, pues lo son). Muchas pymes reconocen que ya no pueden permitirse mantener su plantilla en las grandes capitales, ni asumir el coste que supone la rotación constante o la pérdida de personal por motivos de vivienda.

En sectores como el diseño, la comunicación, la hostelería o la programación, el nivel de rotación ha aumentado un 20 % en los últimos tres años. Algunas empresas han intentado ofrecer incentivos (ayudas al alquiler, trabajo híbrido o relocalización), pero no todas pueden competir con las grandes compañías que dominan el mercado urbano. Para muchas pequeñas y medianas empresas, el coste de operar en las grandes ciudades ya no compensa sus ventajas históricas. A diario, hay menos personas dispuestas a dejar gran parte de su salario en un alquiler y en una calidad de vida que ni siquiera se ve reflejada en el ahorro o el bienestar familiar.

Este cambio de paradigma está afectando también al empleo público: profesionales sanitarios, docentes y empleados de servicios esenciales evitan algunas capitales por la imposibilidad de vivir dignamente en ellas.

Un desafío estructural

Si bien el Gobierno central y los autonómicos han aprobado medidas como el tope al precio del alquiler o incentivos fiscales para movilizar vivienda vacía, los expertos coinciden en que el problema es de oferta estructural, sobre todo, en lo que se refiere a encontrar alquiler asequible y protegido.

Sin vivienda accesible para la clase media, los salarios seguirán perdiendo poder adquisitivo… y las pymes seguirán perdiendo talento. Por otro lado, la movilidad geográfica se ha convertido en un privilegio, no en una herramienta de desarrollo profesional. Si en el pasado emigrar a la ciudad era una forma de progresar, hoy supone un esfuerzo económico y emocional que muchas personas no están dispuestas a asumir.

Sin inversión pública, cualquier política de desarrollo territorial estará condenada al fracaso, recogen la mayoría de los medios. España no solo está perdiendo talento, sino competitividad, innovación y capacidad emprendedora.

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en un desafío cada vez mayor. Los precios continúan en ascenso, mientras que los sueldos no han crecido al mismo ritmo, limitando las posibilidades de acceer a opciones tanto de compra como de alquiler.

En este contexto, se ha generado un curioso debate: ¿es una cuestión  meramente vinculada a oferta y demanda?, ¿cómo afectan los salarios?, ¿es necesario cierto intervencionismo estatal frente a la inversión extranjera y el fenómeno que se ha dado a conocer como turismo residencial?

Escasez de oferta

Desde el portal Fotocasa, se ha señalado en varias ocasiones cómo la escasez de oferta es un factor determinante. En este sentido, hablamos de una oferta de vivienda en mínimos y una demanda que sigue creciendo y ya se encuentra en máximos históricos.

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María Martos, la directoria de Estudios de Fotocasa, afirmaba hace unos días a Voz Pópuli que el crecimiento de la población migrante se ha unido a un auge del interés inversor, el turismo residencial y las nuevas tendencias de hogares unifamiliares que han incrementado los precios de un mercado ya tensionado. Solo en el último, los precios han crecido un 7 %.

Uno de los puntos clave en este desajuste es la construcción de nueva vivienda. Según los últimos datos, en España se necesitarían alrededor de 300.000 hogares nuevos, pero solo se han edificiado, de media, unas 100.000 viviendas por año. Una situación que el Gobierno pretende revertir antes de 2030, de la mano de la normativa europea: se calcula que, por cada tres nuevos hogares, solo se construye una vivienda nueva.

El mercado del alquiler tampoco escapa a esta dinámica. La reducción de la vivienda protegida, que pasó del 10 % al 3,2 % en 2020, ha reducido las opciones asequibles, elevando aún más los precios.

Frente a este panorama, los expertos coinciden en que sin un incremento sustancial en la construcción de viviendas asequibles, la crisis de acceso a la vivienda persistirá en los próximos años.

El economista Santiago Niño-Becerra comparte esta visión del desajuste entre oferta y demanda como principal causa, señalando que comparar compra y alquiler tiene "trampa" debido a la limitada oferta, que distorsiona el equilibrio natural del mercado y afecta a la evolución de los precios.

Entre sus previsiones, advierte que los precios de la vivienda dejarán de subir cuando la demanda no pueda seguir pagando. Por esta razón, considera que los precios seguirán al alza en 2025 (nuevos incrementos de hasta el 5 %) y empezarán a moderarse en 2026 (3 %) y 2027( 2 %).

Por descontado, esta situación tiene el riesgo de derivar en una crisis económica ante un aumento del desempleo o de los impagos. Además, señala que el acceso a la vivienda en propiedad es cada vez más complicado, lo que obliga a muchos ciudadanos a permanecer en el mercado del alquiler a pesar de los elevados costos que esto supone.

Salarios medios, pero bajos

En este contexto, los salarios medios parecen alejarse, cada vez más, de la posibilidad de acceder de forma realista a una vivienda de compra o alquiler. En estos momentos, el salario medio español en las pymes es el 70 % del SMI, mientras que los sueldos medios apenas alcanzan para mantener una mínima capacidad de ahorro o poder acceder a un alquiler medio en las grandes ciudades.

En un contexto de dificultades para acceder a la vivienda, el economista Gonzalo Bernardos ha planteado una solución controvertida: asumir varios empleos. "Tener tres trabajos está fantástico: mi padre, tenía seis", afirmó recientemente para La Sexta Xplica, recordando que en décadas pasadas muchas familias compaginaban diferentes actividades para llegar a fin de mes. Su comentario ha generado debate sobre la viabilidad de esta estrategia y las condiciones laborales actuales: en especial, el modelo productivo español, que lleva décadas centrado en la cantidad sobre la mejora productiva.

Mientras algunos expertos defienden que la solución pasa por aumentar la oferta de vivienda, otros sugieren la necesidad de mejorar los salarios o aplicar cambios en la estructura laboral. Sin embargo, modificar la política de vivienda parece clave para no agravar más el problema.

La discusión sigue abierta; la crisis de la vivienda, también.

El economista Gonzalo Bernardos ha señalado recientemente que, en el mercado actual, resulta mucho más rentable comprar una vivienda que alquilarla. En este sentido, las cuotas hipotecarias suelen ser inferiores al precio del alquiler en muchas ciudades españolas, lo que, sobre el papel, hace que la compra sea una opción financieramente más atractiva.

Sin embargo, una vez más, y pese a que los bancos se muestran más favorables a ofrecer un mayor crédito hipotecario, esta perspectiva olvida un aspecto crucial: el acceso a la primera vivienda sigue siendo un obstáculo difícil de salvar para una gran parte de la población activa del país: en especial, los jóvenes y los trabajadores con ingresos medios.

Acceder a la primera vivienda

La precariedad laboral, los salarios bajos y la inestabilidad en el empleo dificultan la acumulación de ahorros suficientes para hacer frente al pago inicial de una hipoteca. Así, el acceso a una vivienda en propiedad es un reto significativo en España para los menores de 30. Pese al aumento del SMI y la subida del salario medio y mediano, esto sigue siendo una realidad.

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Casi la mitad de los jóvenes menores de 30 ya vivía de alquiler en 2017; en 2024, ya son el 53 %. En 2008, solo eran 3 de cada 10.

Actualmente, las entidades financieras exigen ahorros que cubran entre el 20 % y el 30 % del valor del inmueble, además de los gastos asociados a la compra, como impuestos y notaría. Esto supone una barrera considerable para los jóvenes que intentan emanciparse o para aquellos que buscan estabilidad habitacional.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio bruto mensual en España es de 2.128,4 euros al mes (unos 1.924,92 euros netos). Unas cifras que generan controversia, según Adecco Group Institute, que las considera más altas de la realidad.

Sin embargo, en muchas zonas del país, especialmente en ciudades con mercados inmobiliarios tensionados, estos ingresos no son suficientes para acceder a una vivienda en propiedad sin apoyo financiero externo.

Un nuevo boom inmobiliario

Para Bernardos, estamos ante un "nuevo boom inmobiliario" que marcará el precio de las hipotecas y el alquiler de vivienda. La vivienda nueva podría encarecerse hasta un 15 %, mientras que la usada podría subir entorno al 10 %.

La tendencia alcista atiende a tres factores fundamentales: bancos que dan acceso a un mayor crédito hipotecario, estabilidad laboral tras la reforma laboral y un descenso en los tipos de interés. Con todo ello, y en un mercado con escasez de vivienda, los precios seguirán incrementándose.

El acceso a la vivienda en propiedad se ha convertido en un desafío significativo para los jóvenes en España. La precariedad laboral, los salarios bajos y la inestabilidad en el empleo dificultan la capacidad de ahorro necesaria para afrontar el pago inicial de una hipoteca.

El economista matizaba cómo “En algunos casos, sale más barato comprar y pagar una cuota hipotecaria que pagar el alquiler”, lo que podría hacer que muchos inquilinos con estabilidad y acceso a crédito se planteen el salto.

El problema es que las grandes ciudades concentran más del 65 % del empleo y el PIB, algo que todavía se acusa más en "zonas tensionadas", como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia donde los precios de la vivienda son significativamente más altos que el promedio nacional. Estas áreas concentran gran parte de la oferta laboral del país, lo que obliga a muchos trabajadores a residir en ellas para acceder a mejores oportunidades de empleo.

Sin embargo, los altos precios de compra, combinados con la dificultad para ahorrar y la escasez de vivienda disponibles, complican enormemente el acceso a la propiedad: en ciudades como Madrid y Barcelona, donde se requieren entre 8 y 12 años de salario bruto para adquirir una vivienda media, frente a los 7,5 años que se necesitan a nivel nacional.

Este esfuerzo financiero aumenta la brecha de acceso entre los trabajadores de las zonas tensionadas y aquellos que se pueden permitir vivir en regiones menos costosas.

Trae consecuencias sociales, y laborales

La imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad tiene consecuencias que trascienden lo financiero. En primer lugar, afecta directamente a la emancipación juvenil. Según el Consejo de la Juventud de España, solo el 15% de los jóvenes de entre 16 y 29 años están emancipados, una cifra que sigue disminuyendo año tras año.

De igual modo, la movilidad laboral también se limita, ya que muchos trabajadores no pueden trasladarse a ciudades con mayor oferta de empleo debido al alto coste de la vivienda, mientras que otros se ven envueltos en una dinámica laboral que les condena a vivir de alquiler o compartir piso a largo plazo.

En los últimos meses, el Gobierno ha planteado incrementar la oferta de vivienda públique y asequible, con el objetivo de reducir la presión fiscal y ofrecer alternativas, así como regular el mercado hipotecario y subvencionar ayudas directas. No obstante, por ahora, no se percibe una solución rápida ni sencilla a uno de los dos grandes problemas del país.

En conclusion, si bien el mercado actual favorece financieramente la compra sobre el alquiler, las barreras económicas y laborales siguen siendo un obstáculo para muchos trabajadores. Así, el reto no solo está en reducir las cuotas hipotecarias o facilitar el acceso al crédito, sino en abordar de manera integral los factores que limitan el acceso a la vivienda en propiedad. Por ahora, todo indica que la brecha de acceso seguirá ampliándose...

Para Bernardos, quizá la compra es una opción; para la generación Z, no. ¿Joven, soltero y emancipado? Casi una quimera.

Foto 1: Epe

El acceso a una vivienda digna y asequible es una preocupación central en España, donde los elevados precios de compra y alquiler dificultan que muchos trabajadores puedan satisfacer esta necesidad básica.

En respuesta a esta problemática, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ha anunciado la creación de una "gran empresa pública de vivienda" destinada a construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.

Objetivos de la empresa pública de vivienda

La iniciativa tiene como meta principal aumentar el parque público de viviendas, con el fin de alcanzar un 6% del total de viviendas disponibles para 2030. Además, se propone rehabilitar 1,5 millones de viviendas antes de esa fecha. Estas medidas buscan facilitar el acceso a la vivienda para los trabajadores y desincentivar la especulación inmobiliaria que ha contribuido al incremento de los precios en el mercado.

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La construcción y gestión de un volumen significativo de viviendas públicas generará una demanda considerable de mano de obra en el sector de la construcción y en áreas relacionadas, como la arquitectura, la ingeniería y la gestión inmobiliaria.

Aunque no se han proporcionado cifras exactas sobre el número de empleos que se crearán, es previsible que la iniciativa impulse el empleo en el sector de la construcción, que en 2023 empleaba a más de 1,3 millones de personas en España. Este incremento en la actividad podría contribuir a la reducción del desempleo y al fortalecimiento de la economía nacional.

Cabe recordar también que, según datos de la Fundación Laboral de la Construcción, cada millón de euros invertido en el sector genera entre 12 y 16 empleos directos e indirectos. Si se destina una inversión de, por ejemplo, 50.000 millones de euros a lo largo de seis años (estimación basada en proyectos similares en Europa), podría generar entre 600.000 y 800.000 empleos en España, considerando tanto la construcción como las actividades relacionadas.

El empleo en el sector de la construcción

Además, el sector de la construcción representa el 5,3% del PIB español (datos del INE, 2023). Una inversión pública de esta magnitud no solo dinamizaría el mercado laboral, sino que también contribuiría al crecimiento económico, beneficiando tanto a trabajadores directos como a empresas proveedoras de materiales y servicios relacionados.

La creación de una empresa pública de vivienda tiene el potencial de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población activa al facilitar el acceso a viviendas asequibles. Otra cosa es que lo consiga.

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Al aumentar la oferta de viviendas públicas, se espera que los precios de alquiler y compra se estabilicen o incluso disminuyan, permitiendo que los trabajadores destinen una menor proporción de sus ingresos a la vivienda.

Actualmente, en algunas zonas de alta demanda, los ciudadanos destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, una carga que esta iniciativa pretende aliviar.

Efectos sobre propietarios y grandes tenedores

La implementación de esta empresa pública podría tener implicaciones significativas para los grandes propietarios y tenedores de viviendas. Al aumentar la oferta de viviendas asequibles, es probable que se reduzca la presión sobre el mercado privado, lo que podría llevar a una moderación en los precios de alquiler y venta.

Esto podría afectar los márgenes de beneficio de los grandes tenedores que han capitalizado el déficit de oferta para obtener mayores rendimientos. Además, la iniciativa busca desincentivar la especulación inmobiliaria, lo que podría implicar una regulación más estricta y posibles impuestos adicionales para aquellos que posean múltiples propiedades destinadas a la inversión especulativa.

El anuncio de la creación de la empresa pública de vivienda ha generado diversas reacciones entre políticos, expertos y sectores económicos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dio la "bienvenida" a la iniciativa, aunque expresó dudas sobre su eficacia para reducir los precios del alquiler.

Por otro lado, representantes del sector inmobiliario han manifestado escepticismo, señalando que la medida "solo genera dudas" y cuestionando su viabilidad.

Asimismo, algunos expertos han señalado que la creación de la empresa pública podría enfrentar obstáculos legales y administrativos, como la Ley del Suelo y la gestión de activos de la Sareb, que podrían complicar su implementación.

La propuesta del PSOE de crear una empresa pública de vivienda representa un esfuerzo significativo por abordar la crisis habitacional en España, buscando facilitar el acceso a la vivienda para los trabajadores y desincentivar la especulación inmobiliaria. También tiene el potencial de generar empleo pero ¿es todo ello posible?

Imágenes | Instagram, Getty Images

En los últimos años, muchos modelos de negocio se han abierto paso en sectores muy complicados, como es el caso de compartir el uso de coches particulares para viajar con otras personas o el alquiler de casas o habitaciones por días que se realiza con las viviendas vacacionales.

En esta línea, desde el pasado 22 de diciembre de 2022 está en vigor un cambio normativo que abre la puerta para que viviendas particulares puedan elaborar alimentos y comercializarlos.

Hasta ahora, algunos de los intrépidos que se arriesgaban lo hacían poniendo todas sus esperanzas en el Capítulo III del Reglamento europeo 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, pero ahora el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, donde se fijan los requisitos específicos para la elaboración de alimentos en locales que se utilizan principalmente como vivienda privada.

Declaración responsable al iniciar actividad y registro

Se establece que para iniciar la actividad, se debe realizar la inscripción en el registro de la Comunidad Autónoma con una declaración responsable, donde se refleje:

• Horario en que se va a operar.
• Productos que se van a elaborar.
• Plano de la vivienda que refleje las estancias o zonas destinadas a dicha actividad.
• Compromiso de asumir las obligaciones de someterse a los controles oficiales llevados a cabo por las autoridades competentes.
• Compromiso de contar con la justificación documental para demostrar que no se superan los 100 kilogramos semanales.

Se trata de un comercio al por menor

Las zonas de la vivienda que estén destinadas a la elaboración de alimentos tendrán la consideración de establecimiento de comercio al por menor, tanto esta regulación como para el resto de normativa.

No hay que perder de vista, que en general las panaderías o las tiendas de comidas preparadas son consideradas un comercio al por menor.

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¿Qué alimentos se pueden preparar?

Existe una lista de alimentos que se pueden preparar, eso sí, sin superar los 100 kilogramos semanales y añadiendo al resto de etiquetado la leyenda “Elaborado en vivienda particular” y la fecha de elaboración:

• Comidas preparadas sometidas a un tratamiento térmico suficiente para garantizar la seguridad de estas.
• Productos de panadería y repostería estables a temperatura ambiente.
• Mermeladas, confituras y jaleas, siempre que tras el envasado se sometan a un tratamiento térmico que garantice su seguridad.
• Conservas de frutas, hortalizas o vegetales, siempre que tengan un pH inferior a 4,5.
• Otros alimentos que las autoridades competentes de las comunidades autónomas permitan en sus territorios.

No se puede consumir en la vivienda

La normativa fija una serie condicionantes a respetar en cuanto a cómo se venden los alimentos elaborados:

• No se podrán suministrar en el en el propio establecimiento. Solo se podrán suministrar a la persona consumidora directamente en mercados ocasionales o periódicos, o mediante el reparto a domicilio.
• No se podrán servir para su consumo en la vivienda
• No se podrán suministrar a colectividades, ni en eventos, ni a otros establecimientos de comercio al por menor.
• No se podrán congelar, ni tampoco las materias primas empleadas para elaborarlos. Solo se podrán mantener en congelación las materias primas que se adquieran ya congeladas

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Y ahora, ¿qué harán las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos?

El marco regulatorio ya está, ahora falta ver cómo funcionará en la práctica, cuando empiece a solicitarse el registro de viviendas y a presentarse comunicaciones previas de actividad en los ayuntamientos, que además tienen que aplicar más normativa aparte de esta.

Son las áreas de urbanismo locales las que tienen las competencias de tramitar e inspeccionar todo lo referente a las actividades económicas y los gobiernos regionales los encargados de hacer cumplir las normativas sanitarias y seguridad alimentaria, en este caso, en viviendas particulares, a las que, ¿podrán entrar a inspeccionar sin una orden judicial?, no creo.

Y es que la nueva normativa dice cosas tan difíciles de controlar como por ejemplo:

• “Cuando los alimentos destinados a la venta se elaboren en las mismas instalaciones que aquellos destinados al consumo doméstico privado, será necesaria, al menos, una separación temporal y cuando resulte necesario para evitar el riesgo de contaminación, una separación espacial, de las distintas actividades y productos”
• "Durante la elaboración de alimentos destinados a la venta no se permitirá el acceso de personas ajenas a esta actividad a las zonas de la vivienda destinadas a la elaboración”

En cualquier caso, no hay que perder de vista que España es un país singular, a la cabeza de Europa en cuanto a paro, deuda, economía sumergida y picaresca. Por lo que, regular en este sentido, es trazar una línea muy fina que puede hacer competir a un local que ha realizado una potente inversión con una vivienda ejerciendo la actividad en régimen de subsistencia.

En un contexto económico como el actual, muchas son las familias que están sufriendo las consecuencias de la crisis en forma de pérdidas de empleo o, lo que es más grave, en forma de pérdida de sus viviendas. Un hecho lamentable que, además, deja con una deuda casi de por vida a las personas que lo sufren.

Un problema que es consecuencia de la misma redacción del artículo 1911 del Código Civil que dice lo siguiente:

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros

La palabra futuro es clave en este sentido. El deudor, mientras mantenga la deuda con el banco, deberá liquidar sus bienes actuales y los bienes que obtenga en el futuro para saldar sus deudas, con independencia de que se hubiese declarado previamente insolvente. Un hecho terrible para cualquier persona, que prácticamente queda excluido de la sociedad, ya que nunca podrá resarcise de esta situación.

Un problema que hasta el año pasado también afectaba a los trabajadores autónomos pero que, gracias a la recién aprobada Ley de Emprendedores, ha sido solventado por el Gobierno, no solo porque la declaración de quiebra automáticamente salda las deudas, sino también porque se establece que toda vivienda familiar cuyo valor no exceda los 300.000 euros constituye un bien inembargable.

Y la pregunta que yo me hago es: ¿por qué no extender esta ley a todos los ciudadanos? ¿Por qué no existe la figura de la persona física con responsabilidad limitada como sí existe con las empresas? Con una ley de este tipo matas dos pájaros de un tiro: por un lado, evitas los desahucios y, por otro, evitas el endeudamiento perpetuo de una persona.

La cultura anglosajona lo tiene bien claro: hay que dejar que cualquier ciudadano, por el mero hecho de serlo, tenga derecho a equivocarse y, sobre todo, pueda resarcirse de esta situación. Premiar el fracaso, y no el éxito, es el primer paso para que cualquier sociedad pueda definirse como desarrollada.

Imagen | p1nkp4nt3r En Pymes y Autónomos | ¿Por qué es tan necesaria una ley de segunda oportunidad?

Truco o trato, se mantienen las rebajas fiscales por la venta de viviendas de menos de 400.000 euros, si te endulza este caramelo, será porque no habrás cerrado el trato de la venta de tu casa antes del 2015, amenazado por la subida de la factura fiscal que presentó el Gobierno con la reforma fiscal donde se eliminaban las correcciones monetarias y los coeficientes de abatimiento que se aplican en el IRPF a las plusvalías generadas por la venta de viviendas.

Finalmente el Gobierno ha decidido mantener los coeficientes de abatimiento para las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de viviendas u otros activos inferiores a 400.000 euros, según las enmiendas que ha presentado el PP al proyecto de ley de reforma fiscal.

De esta manera nos bajan los impuestos antes de subirlos, y si has vendido antes la vivienda pensando en la eliminación de los coeficientes de abatimiento, lo que tendrás es cara de abatimiento, una medida muy impactante similar podría ser anunciar una subida del IVA de cierto calado, para luego retractarse.

Se tendrá en consideración no sólo el valor de transmisión del elemento patrimonial, sino también los valores de transmisión correspondientes a todas las ganancias patrimoniales a las que haya resultado de aplicación los coeficientes de abatimiento, obtenidas desde el 1 de enero de 2015 hasta el momento de la imputación temporal de la ganancia patrimonial.

Los coeficientes de abatimiento afectan ahora únicamente a las venta de viviendas adquiridas antes del 31 de diciembre de 1994 y para las plusvalías obtenidas hasta el 20 de enero de 2006, fecha desde la que se suprimió con carácter general.

Imagen | Ginny

En Pymes y Autónomos | Se debería de incluir en el PIB el impacto de la corrupción

Según sopla el viento la reforma fiscal da un pasito para adelante o un pasito para atrás, después de que la tributación de las indemnizaciones fuera sometida a consulta pública por Cristóbal Montoro y que de dicha consulta finalizará con la práctica exención de tributación de las indemnizaciones por despido, ahora el Ministerio de Hacienda ha cambiado de criterio y, finalmente, mantendrá en el porcentaje actual del 60% la exención de tributación en el IRPF de las rentas de alquiler de vivienda obtenidas por los propietarios, en lugar del porcentaje del 50% que estableció en el anteproyecto de ley.

Veremos este viernes como queda al final la reforma fiscal, aunque todos sabemos que el 1 de agosto es la fecha elegida por nuestros políticos para los grandes acontecimientos, ya que una gran mayoría de los ciudadanos esta pensando en otros menesteres.

La reforma fiscal mantiene así el porcentaje de exención existente en la actualidad para los caseros y rectifica respecto al recorte que estableció en el anteproyecto, con la finalidad de seguir fomentando el alquiler de vivienda, aunque quien sabe si de aquí al viernes cambiará el viento de dirección y acaba en un 40%.

Lo que parece que en principio no se va a rectificar, o si, ¿quien sabe?, es la eliminación de la exención total que existe actualmente para los arrendadores que alquilan su vivienda a inquilinos menores de 30 años. Medida esta que pretende mantener la agrupación familiar, no sea que baje el porcentaje del 77,7% de menores de 30 años que todavía no se han emancipado.

Tampoco está previsto restablecer la deducción por alquiler de vivienda para los arrendatarios, de la que también disfrutan ahora los inquilinos con rentas inferiores a 24.100 euros, ya que estos a buen seguro pueden encontrar algún familiar que comparta su casa con ellos y es injusto que se beneficien de esta deducción.

Imagen | jacinta lluch valero

En Pymes y Autónomos | La reforma fiscal del gatopardo

Las deducciones autonómicas, aparte de permitirnos ahorrar impuestos,son un reflejo de la España plural en la que vivimos. Pero deberíamos meter mano a esta pluralidad de deducciones y poner un poco de orden en las deducciones autonómicas o están bien como están.

Por poner un ejemplo, no entiendo la razón por lo que las victimas del terrorismo tienen deducciones por compra de vivienda solo en Aragón y Extremadura, pero tampoco entiendo que si te pegan un tiro para que tengas derecho a deducción tenga que pegártelo un terrorista. La violencia es violencia y a mi me parece que puestos a ofrecer deducciones deberíamos ampliar el colectivo a todas las comunidades y sin distinción de la procedencia de la violencia.

El artículo 14 de la Constitución Española nos dice que:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Pero son las propias Leyes Tributarias las que benéfica a unos colectivos en función su lugar de residencia o aún residiendo en una misma comunidad en función de quien sea el responsable de haber ejercido la violencia contra su victima.

Pero veamos cuales son estos incentivos que se ofrecen en Aragón y Extremadura.

Aragón.

Por la adquisición por víctimas del terrorismo o, en su defecto, su cónyuge o pareja de hecho o los hijos que convivan con los mismos, de una vivienda nueva protegida en la Comunidad Autónoma de Aragón, que constituya la primera residencia habitual del contribuyente: 3% de las cantidades satisfechas.

Extremadura.

Por adquisición de la vivienda para jóvenes de 35 años o menos y para víctimas del terrorismo con residencia en Extremadura: 3% sobre las cantidades satisfechas, excluidos los intereses, para la adquisición de una vivienda nueva protegida que constituya su primera residencia habitual. La base máxima de la deducción es de 9.040 euros.

Y una vez vistas ambas, mejor comprar en Aragón que no se excluyen los interés y no hay base máxima.

¿Qué otras deducciones autonómicas del IRPF os llaman la atención?

En Pymes y Autónomos | Borrador de IRPF Imagen | gaelx

A menudo surgen dudas sobre el derecho del propietario de un inmueble a cambiar el uso del mismo. ¿Es posible que un inmueble de uso comercial se pueda destinar a vivienda y viceversa?

En muchas ocasiones esta cuestión puede ocasionar conflictos con los vecinos o con la comunidad de propietarios del edificio en cuestión, sin embargo la legislación es clara a la hora de establecer los derechos de uno a realizar el cambio y de los otros a oponerse al mismo.

La Ley establece que "los propietarios no pueden verse privados de la utilización de su derecho a la propiedad como consideren más adecuado, a no ser que este uso esté legalmente prohibido o que el cambio de destino aparezca expresamente limitado por el régimen de dicha propiedad horizontal, su título constitutivo o su regulación estatutaria".

Por tanto, salvo que se dieran esas circunstancias prohibitivas, el dueño podría utilizar un inmueble inicialmente destinado a una actividad económica como vivienda y, en la situación inversa, destinar una vivienda a un uso empresarial o comercial.

Lógicamente la posibilidad del cambio de uso estará limitada por la normativa en vigor a la hora de que dicho inmueble cumpla los requisitos necesarios para el nuevo destino, sobre todo si se va a tratar de un local de negocio.

Recordemos que en función de la actividad a realizar en dichos locales, éstos han de reunir una serie de requisitos que lo habilitarían para el desarrollo de esa actividad. Por tanto el derecho al cambio de uso no exime del cumplimiento de esta otra normativa.

En el caso de que se estableciera la limitación al cambio de uso en los documentos antes mencionados, el propietario deberá solicitar autorización a la comunidad de propietarios y si éstos se oponen no podría dar un uso diferente al inmueble.

En Pymes y Autónomos | Normativa de los establecimientos comerciales Imagen | ottonassar