El conflicto entre el Gobierno y las aseguradoras por la financiación del modelo Muface parecía cerrado después de que el Ejecutivo incrementara hasta un 41 %  las primas destinadas a la atención privada de los funcionarios.

Sin embargo, esta disputa parece no tener fin y, como apuntan diarios como El Economista o Eldiario.es, se ha trasladado ahora a los hospitales privados, que denuncian recibir solo un 3% de ese aumento, lo que ha provocado un notable malestar en el sector.

Un conflicto se cierra, otro se abre

La partida aprobada por el Gobierno (4.800 millones de euros) para garantizar la asistencia sanitaria privada de los funcionarios entre 2025 y 2027, supuso un récord histórico respecto al trienio anterior.

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Estas cifras, además, se han visto envueltas en una polémica en la cual se  ha señalado la presión de las aseguradoras, los constantes aumentos presupuestarios del Gobierno y el déficit acumulado según ASISA, Adeslas y DKV.

Si iben la aprobación de unos presupuestos mayores ha supuesto un razonable alivio para aseguradoras como Adeslas y Asisa, también ha generado dudas sobre la posibilidad de mantener activo el sistema (mucho más costoso que el SNS) y ha abierto otro frente con los proveedores de los servicios sanitarios: los hospitales y médicos reclaman recursos adicionales.

Falta de equidad

Los hospitales privados se sienten marginados por el acuerdo alcanzado. Según comentaba Carlos Rus, presidente de la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), las aseguradoras solo han ofrecido un incremento del 3 % en las tarifas, algo que consideran insuficiente dado el amplio aumento recibido estas compañías.

ASPE, que representa al 80 % del sector hospitalario privado español, sostiene que este pequeño incremento pone en riesgo la calidad asistencial, especialmente cuando las aseguradoras han recibido una mejora significativa en sus condiciones económicas.

¿El problema? En este caso, cada hospital negocia de forma individual con las aseguradoras, lo que fragmenta y debilita la negociación, así como dificulta alcanzar una solución global.

Desde las aseguradoras se ha argumentado que el incremento del 41 % de las primas debe servir para cubrir el déficit acumulado en años anteriores, durante los cuales han operado con pérdidas significativas. Adeslas y Asisa han recordado que ese aumento no puede ir íntegramente a hospitales y profesionales sin poner en riesgo la sostenibilidad del modelo.

De igual modo, cada aseguradora cuenta con sus propias particularidades: Asisa posee una red propia de hospitales que le permite optimizar costes, mientras que Adeslas cuenta con una base mucho más amplia de mutualistas, lo que le otorga poder en las negociaciones de tarifas.

Entre la mutua... y el hospital

La situación también afecta directamente a los médicos privados, quienes denuncian que la atención a los mutualistas sigue siendo considerablemente menos rentable que la atención privada ordinaria. Según datos de la Unión Médica Profesional (Unipromel), un médico recibe hasta un 30 % menos por atender a un mutualista frente a un paciente privado.

A la vez, las consultas privadas han disminuido hata un 90 % en los últimos años, lo que obliga a los médicos a trabajar para los grandes grupos hospitalarios. Una situación que ha llevado al cierre masivo de consultas privadas independientes, desplazando la atención hacia entidades como Asisa, Adeslas, Sanitas, Mapfre o DKV, que ahora también denuncian sufrir esta presión económica.

A su vez, todo ello contrasta con el incremento de presión en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y las dificultades de equilibrar atención pública y privada. Por todo ello, el futuro inmediato se ve complicado: las negociaciones seguirán abiertas.

En este sentido, tanto los hospitales privados como los sanitarios mantienen una postura firme: el aumento recibido por las aseguradoras debe trasladarse proporcionalmente a quienes realmente prestan el servicio sanitario. Sin embargo, un consenso rápido resulta complicado.

El Gobierno podría verse obligado nuevamente a intervenir si la calidad asistencial para los mutualistas comienza a resentirse como consecuencia de estas disputas económicas internas del sector privado. Paradójicamente, después de los esfuerzos de la Sanidad Pública por estabilizar el sistema de mutualidades, podría ser el propio sector privado quien, incapaz de llegar a un acuerdo, termine comprometiendo su equilibrio desde dentro.

En las últimas semanas, el sistema de asistencia sanitaria de los funcionarios públicos ha vuelto al centro del debate. La confirmación de que Muface seguirá operando con aseguradoras privadas, tras la renovación de sus conciertos con Adeslas y Asisa, no ha quedado exenta de polémica.

Por un lado, el Gobierno asegura la continuidad del sistema, pese a la salida de algunas aseguradoras como DKV. Por el otro, la dependencia de un modelo de mutua privada para los empleados públicos sigue siendo un punto de fricción, especialmente entre aquellos que ven en Muface un privilegio que no encaja con un sistema sanitario público universal.

El rescate de Muface

MUFACE, acrónimo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, es una entidad que permite a los empleados públicos elegir entre ser atendidos por el SNS (la sanidad pública), o bien por la privada. Mientras que la mayoría de los ciudadanos dependen exclusivamente de la Sanidad Pública, los mutualistas pueden optar por aseguradoras privadas que gestionan su cobertura.

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Este modelo, que lleva activo más de 40 años ha sido defendido por algunos sectores por ofrecer más opciones de atención médica a los funcionarios, pero también ha sido duramente criticado al considerarse un privilegio financiado con fondos públicos.

Así, el último proceso de adjudicación no ha hecho más que volver a poner en evidencia las dificultades del modelo. Hasta el último momento, y con los anteriores conciertos desiertos debido a que aseguradoras como Sanitas, Asisa, AXA o DKV defendían la necesidad de un aumento de más de un 40 % en el presupuesto. Esto se ha traducido en más de 1.300 millones de euros extra para mejorar la viabilidad del concierto.

Un sistema desigual

Pese a todo, solo Sanitas y Asisa se mantienen para el trienio 2025-2027. La cuestión es que este tipo de "rescates" refuerzan la sensación de que Muface es un sistema insostenible a largo plazo, especialmente si sigue dependiendo de un grupo reducido de aseguradoras dispuestas a participar en el esquema.

Rafael Frutos, subdirector de Presupuestación y Seguimiento de los Ingresos Tributarios en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, expresó en El Diario su deseo de no formar parte de Muface.

Frutos argumenta que este modelo genera desigualdades, ya que permite a los funcionarios acceder a servicios privados que no están disponibles para el resto de la ciudadanía. Además, señala que la reciente crisis en Muface, donde aseguradoras como Mapfre y AXA han decidido no participar en el concierto para brindar asistencia sanitaria a los funcionarios entre 2025 y 2027,  pone de manifiesto la insostenibilidad del sistema y la necesidad de replantearlo.

En el artículo Yo no quiero pertenecer a Muface, Frutos apuntaba a la integración de los funcionarios en el sistema público de salud, eliminando privilegios y garantizando una atención equitativa para todos los ciudadanos. Una posibilidad real que se contemplaba a finales del año pasado, que la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió como perfectamente factible.

Entre los propios funcionarios, la percepción de Muface está dividida. Algunos valoran la libertad de elección que proporciona el sistema, mientras que otros critican la precarización de la asistencia sanitaria que se ha experimentado en los últimos años: aquí, el peso presupuestario de los mutualistas no es menor.

Un problema de cifras

Además, cuando se habla de Muface y otras mutualidades administrativas, a menudo se argumenta que estas entidades ayudan a descongestionar el Sistema Nacional de Salud (SNS), permitiendo que una parte de la población (los funcionarios y sus familias) reciba atención a través de aseguradoras privadas en lugar de recurrir a la sanidad pública.

Sin embargo, si analizamos los datos en detalle, la realidad es que este modelo supone un gasto per cápita significativamente mayor en comparación con el SNS.

Mientras que el Estado destina alrededor de 2.976 euros por cada mutualista, el gasto por ciudadano en el SNS se sitúa en 2.032 euros, si excluimos a los mutualistas de la ecuación.

Esto implica que el sistema de mutualidades no solo no supone un ahorro, sino que cuesta aproximadamente un 46 % más por persona en términos de financiación pública. En pocas palabras, el Estado gasta mucho más en garantizar la sanidad privada de una pequeña minoría (2,1 millones de mutualistas) que en la cobertura sanitaria del resto de la población (más de 45 millones de ciudadanos).

Si consideramos a toda la población española dentro del cálculo del gasto sanitario público (incluyendo a mutualistas), la cifra desciende ligeramente hasta 1.942 euros por persona. Es decir, en términos globales, el Estado invierte casi 1.000 euros más por cada mutualista que por el ciudadano medio, lo que plantea serias dudas sobre la equidad del modelo.

Aunque la existencia de Muface se ha justificado históricamente como un alivio para el sistema sanitario público, los números muestran que, en la práctica, apostar por mutuas es casi el doble de costoso que financiar directamente el SNS. Esto abre el debate sobre si el modelo sigue siendo viable a largo plazo o si debería reformarse para lograr un uso más eficiente de los recursos públicos.

De igual modo, algunas de las principales quejas incluyen:

• La falta de especialistas en algunas provincias y las largas listas de espera en la sanidad privada
• La diferencia de coberturas entre aseguradoras, lo que obliga a muchos mutualistas a cambiar de compañía constantemente.
• La discriminación en función de la edad y patologías, ya que algunas aseguradoras tienden a ofrecer menos servicios a personas con enfermedades crónicas o de mayor edad.

En la cuerda floja

Las opciones de cara a los próximos años oscilan entre mantener el modelo, ajustando la financiación para atraer a más aseguradoras y garantizar una cobertura adecuada; reformarlo, aumentando la supervisión y estableciendo criterios más estrictos para la calidad asistencial, o bien integrarlo completamente en el SNS, eliminando la sanidad privada para funcionarios y redirigiendo estos fondos al sistema público.

Cada opción tiene implicaciones económicas y políticas, pero lo cierto es que el modelo de mutualidades está en la cuerda floja (como indican los escenarios que permitirán cambiar entre mutua y SNS dos veces al año) y requiere cambios estructurales si quiere garantizar su viabilidad.

Los datos muestran que el Estado invierte casi el doble en financiar la sanidad privada de los funcionarios que en la cobertura de un ciudadano medio: ¿es MUFACE un sistema a mejorar o una estructura obsoleta que debe ser eliminada?

Más allá de opiniones ideológicas, lo que parece evidente es que el modelo necesitará cambios para garantizar su sostenibilidad a largo plazo sin seguir dependiendo de "rescates" multimillonarios.

Tras varios meses de incertidumbre sobre el futuro de la asistencia sanitaria para los funcionarios, el Gobierno ha asegurado la continuidad del modelo de Muface mediante un notable incremento de las primas frente al trienio anterior.

Este aumento de la inversión, que era el porcentaje reclamado por las principales aseguradoras, ha permitido que Adeslas y Asisa renueven el concierto sanitario para el periodo 2025-2027, garantizando la cobertura para más de 1,5 millones de beneficiarios.

Un aumento de 1.300 millones

La preocupación por la viabilidad de Muface se había intensificado en los últimos meses debido a la incertidumbre sobre la rentabilidad del modelo para las aseguradoras privadas. Ante el riesgo de abandono masivo de entidades aseguradoras, el Gobierno aprobó un incremento significativo en las primas, con el objetivo de hacer viable la continuidad del concierto.

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Este aumento del 41,2% en las primas (lo que supone una inversión extra de 1.300 millones) busca equilibrar la balanza financiera y garantizar la sostenibilidad del modelo de colaboración público-privada que caracteriza a Muface desde hace décadas. Un puzle imposible, como han titulado en El País, que parece encontrar un buen final para los implicados.

En total, el Estado destinará más de 6.250 millones de euros en los próximos tres años para financiar la sanidad concertada de 2,1 millones de empleados públicos y sus familiares, incluyendo a funcionarios, jueces, diplomáticos y militares.

Asimismo, la polémica ha despertado críticas sobre la necesidad de contar con entidades privadas para dar asistencia sanitaria a los trabajadores públicos y el por qué no se ha realizado un trasvase progresivo hacia el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Se retiran Mapfre y AXA

El nuevo concierto sanitario contará con menos entidades participantes. Adeslas y Asisa han confirmado su permanencia y seguirán ofreciendo asistencia sanitaria, mientras que Mapfre y AXA (y DKV, que participó en el concierto anterior) han decidido no participar tras estudiar el pliego de condiciones, argumentando que  no se ajustaban a su modelo de negocio o a sus expectativas de rentabilidad.

Su salida del concierto supone una reducción en la oferta de entidades disponibles para los funcionarios, pero el Gobierno y las aseguradoras participantes han asegurado que el servicio queda garantizado.

De este modo, si bien la reducción de opciones podría afectar a algunos beneficiarios que, en el pasado, contaban con estas coberturas, el grueso del sistema seguirá operando con normalidad. La garantía de continuidad del servicio y el incremento en la financiación buscan ofrecer estabilidad a los funcionarios y evitar posibles disrupciones en su atención sanitaria.

El nuevo concierto 2025-2027 marca un punto de inflexión en la gestión de Muface, asegurando su viabilidad a corto plazo y planteando nuevos retos para el futuro del modelo de asistencia sanitaria de los funcionarios. Entre ellos, si realmente es cierto, que era viable un cambio hacia el SNS en los tiempos planteados, como afirmó la ministra Mónica García.

En cualquier caso, resulta evidente, tras el incremento de las primas que la opción más beneficiosa en el corto plazo era mantener la mutualidad. A partir de aquí, se espera un diálogo más productivo y un seguimiento óptimo para evitar nuevos ultimátums como el de finales de este último año.

Desde que el Ministerio de Sanidad notificó que, probablemente, MUFACE se integrará en el sistema de salud pública, han empezado a surgir interrogantes sobre cómo esto afectará a una estructura pública ya tensionada, en lo que se refiere a listas de espera.

Un problema que se ha intensificado, si tomamos en cuenta el CIS de junio de 2024, donde un 34,4 % respondieron que consideran que la sanidad había ido a peor en el último año. El porcentaje, notablemente superior a 2019, coincide con un aumento del tiempo medio para ser atendidos.

Un sistema sanitario tensionado

Según el sistema de información de listas de espera del Sistema Nacional de Salud se han reportado datos que reflejan un deterioro constante en los últimos cinco años.

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Asimismo, se ha observado una tendencia negativa entre junio de 2019 y 2024, en la que las listas de espera quirúrgica han crecido un 26,3%, con casi 177.000 pacientes adicionales y un aumento medio de 6 días en la espera media.

Además, hay territorios con demoras de medio año natural (como Andalucía y Extremadura), mientras que otras comunidades, como el País Vasco, Madrid o La Rioja tienen tiempos notablemente inferiores (70 días).

Aumento en las listas de espera

Así, las listas de espera parecen el gran problema en España, frente a una minoría (1 %) que afirma tener necesidades médicas insatisfechas por el sistema público de salud.

Para muestra, los tres grandes problemas detectados: el aumento del volumen de necesidades médicas no satisfechas, la ruptura del principio de igualdad efectiva en el acceso (donde no siempre se prioriza según la condición clínica, sino por otras cuestiones, como la educación, el nivel de renta o la nacionalidad) y el empeoramiento del estado de salud asociado a la falta de atención médica efectiva, tanto por el tiempo de espera como en la recuperación del paciente.

Con estos datos, parece evidente, como apuntan en el blog de economía Nada es gratis, que los tiempos prolongados de espera no solo generan malestar, sino que también pueden deteriorar la salud de los pacientes.

Fechas límite

Desde Sanidad se ha apostado por la extinción de MUFACE para los empleados públicos de la mutua y sus familiares. Estas dos últimas semanas, aun así, algunos colectivos buscan acuerdos in extremis, mientras otros plantean la integración en el sistema público sin advertir de grandes consecuencias negativas.

En la práctica, la duda que sobrevuela esta cuestión es cómo afectará esta absorción a la presión de la asistencia pública y si agravará, todavía más, el problema de las listas de espera. Los equipos médicos, en su mayoría, sí han señalado la gravedad de un cambio abrupto (que se plantearía en los próximos 9 meses).

Estaríamos hablando de un millón de pacientes más (por lo bajo) y 5.000 médicos menos en el sistema público entre 2023-2028. En lo que se refiere a médicos de familia, en concreto. se jubilan 2.863 médicos de media, cada año, y se calcula una incorporación directa de unos 2061. El cierre de MUFACE es otra herida sangrante para el sistema, y no son pocas ya.

Ahora mismo, la fecha límite vence el 31 de diciembre, pese a que el concierto quedase desierto. La incertidumbre sigue presente para 1,5 millones de usuarios.

En la práctica, el problema de las listas de espera, con MUFACE o no, se plantea a través de dos estrategias: la primera, medidas orientadas a reducir el tamaño de las listas (por ejemplo, ampliando las jornadas laborales o ampliando plantillas); por el otro, la racionalización de las listas mediante criterios clínicos o sociales que den prioridad a algunos usuarios.

Mayor presión asistencial

Con el horizonte de una posible integración de MUFACE y la creciente presión asistencial, el debate sobre cómo gestionar las listas de espera se vuelve más relevante que nunca. En este sentido, se debe tener en cuenta que solo 1 de cada 3 funcionarios es mutualista, y cada vez menos optan por la asistencia privada, tras las pérdida de competencias.

Asegurar la sostenibilidad del sistema requerirá equilibrar la demanda con la capacidad asistencial, priorizando la equidad y la calidad en el acceso a la sanidad pública a la demanda sanitaria. Para ello, se ve necesario un aumento en el presupuesto, tanto en inversión económica como en personal. Mientras tanto, el Gobierno ha planteado a los mutualistas y a las aseguradoras cuatro meses de prórroga para poder cumplir el requisito de lista de espera cero y, llegado el caso, integrar a gran parte del colectivo en el sistema público de salud.

Leído en Twitter: "Soy de CCOO y a mí nadie me ha preguntado si estoy de acuerdo". ¿Con qué?  Con que los sindicatos hayan aceptado que el control de las bajas laborales sea gestionado por las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

Este objetivo lo perseguían las organizaciones empresariales para ratificar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) pero no parece que sea una decisión muy popular entre los asociados de ambos sindicatos.

El absentismo por enfermedad común la excusa para que las mutuas se encarguen de las bajas de origen traumatológico

Cuando leemos el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) nos encontramos con esto:

"Las Organizaciones empresariales y sindicales firmantes de este Acuerdo manifestamos nuestra preocupación por los indicadores de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. En ese sentido, deseamos establecer líneas de actuación que mejoren la salud de las personas trabajadoras"

Es decir, los sindicatos y las organizaciones empresariales no duermen por las noches velando por nuestra salud.

"Las Organizaciones firmantes de este Acuerdo consideramos que el aprovechamiento de los recursos de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social contribuye al objetivo de mejorar los tiempos de espera, la atención sanitaria de las personas trabajadoras y la recuperación de su salud, así como a reducir la lista de espera en el Sistema público."

En pocas palabras, mucho mejor si te rompes una pierna un domingo que se encargue la mutua de la empresa y no tu médico. ¿Cómo no somos capaces de ver que lo hacen para aligerar las listas de espera en Sanidad?

"Todo ello se llevará a cabo con respeto de las garantías de intimidad, sigilo, confidencialidad, consentimiento informado y coordinación con el profesional sanitario del Sistema público de salud."

No todos los sindicatos están conformes con este pacto amigable entre las partes, sobre todo porque el trabajador no puede opinar, de hecho ¿éramos conocedores de este pacto?

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Los autónomos salen a la calle el 16 de abril de la mano de AUPA para reivindicar derechos como llegar a fin de mes

¿Las mutuas como medio para privatizar la sanidad?

En El Salto hablan de privatización de la sanidad. El sindicato LAB publicó el 24 de marzo de este año un presunto plan estatal de privatización del sistema sanitario a través de las mutuas patronales.

En su comunicado afirmaban: "LAB ha tenido acceso a un borrador de convenio para delegar en las mutuas patronales la gestión de las enfermedades comunes."

"El borrador ha sido consensuado entre la Seguridad Social española y la asociación de mutuas patronales AMAT y traspasado a cada comunidad para su ejecución entre el departamento de salud correspondiente y las mutuas patronales."

De ser así, el primer paso ya se ha dado al otorgar más poder a las mutuas en el caso de una baja laboral por contingencias comunes. Tenemos claro que el absentismo laboral es un problema que genera pérdidas a la empresa.

Si existe fraude en algunas bajas laborales ¿Deben pagar justos por pecadores? ¿Los sindicatos en 2023 siguen representado los intereses de los trabajadores?

A partir del 1 de abril entran en vigor una serie de cambios que afectan al procedimiento de solicitud de las bajas, tanto de los autónomos como de sus trabajadores por cuenta ajena.

Este cambio normativo sobre las bajas, del que ya nos hablaba Joana, se produjo a finales del año pasado, si bien, su entrada en funcionamiento está prevista para este 1 de abril de 2023.

Si quieres localizarlo, lo puedes hacer en el  Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, aunque vamos a intentar hacer un resumen de los aspectos que te afectan como autónomo.

Los cambios están orientados a reducir la burocracia en la gestión de las bajas por incapacidad temporal de menos de un año de duración, descargando trámites al autónomo y trabajador y trasladándose a los médicos y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

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¿Qué es, para qué sirve y cómo se elige la mutua del autónomo?

El trabajador ya no entregará la baja a la empresa

A partir de ahora, el trabajador que acuda a una consulta médica y se le acabe dando la baja la baja laboral por Incapacidad Temporal, sólo recibirá su copia como empleado y éste no tendrá la obligación de entregar copia a la empresa o a la mutua.

No hay que olvidar que hasta ahora, lo habitual es que el médico le diera todas las copias al empleado, ya sea de baja o de alta médica, y fuera el trabajador el que tuviera que entregarla físicamente en la empresa, y ésta gestionar dicha baja con la mutua colaboradora de la Seguridad Social.

A partir de ahora, la empresa o autónomo, recibirá la baja de su empleado por medios telemáticos, abriéndose un plazo de tres días desde la comunicación de dicha baja para que la empresa cumplimente los datos de dicha baja y entonces sea remitida automáticamente a la mutua.

El acceso a esta documentación se realizará a través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED) de la Seguridad Social.

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¿Cuándo se considera que tenemos una enfermedad profesional?

Cambios en el proceso de tramitación de bajas según el periodo de Incapacidad Temporal

Se introduce un cambio respecto a cómo se gestiona el parte de baja dependiendo del periodo temporal por el que el médico conceda dicha baja:

• Para enfermedades de menos de 5 días, el alta se dará en el mismo día que la baja. Si el trabajador no está completamente recuperado en el día del alta, puede solicitar una revisión médica y el médico puede emitir otro parte de baja.
• Para enfermedades de 5 a 30 días, el médico emitirá un parte de baja indicando una fecha para la revisión médica. En esta fecha, se emitirá el alta o, si el trabajador aún no está recuperado, otro parte de baja. Después de este primer parte de baja, los sucesivos no pueden tener más de 14 días de diferencia entre ellos.
• Para enfermedades de 31 a 60 días, el médico emitirá un parte de baja indicando una fecha para la revisión médica. En esta fecha, se emitirá el alta o, si el trabajador aún no está recuperado, otro parte de baja. Después de este primer parte de baja, los sucesivos no pueden tener más de 28 días de diferencia entre ellos.
• Para enfermedades de 61 días o más, el médico emitirá un parte de baja indicando una fecha para la revisión médica. En esta fecha, se emitirá el alta o, si el trabajador aún no está recuperado, otro parte de baja. Después de este primer parte de baja, los sucesivos no pueden tener más de 35 días de diferencia entre ellos.

Solo queda comprobar cómo serán capaces los médicos, por ejemplo, los de urgencias, dentro del contexto del colapso de los hospitales, para realizar los trámites telemáticos que se plantean.

Desde el pasado 1 de enero, los autónomos están obligados a cotizar tanto por cese de actividad como por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Tras esa fecha, se ha intensificado la atención que reciben los autónomos por parte de las mutuas de trabajo, ampliando las coberturas a todas las contingencias profesionales y no solo a las comunes, tal y como se venía haciendo hasta ese momento.

De hecho, los autónomos tuvieron hasta el 31 de marzo de este año para elegir una de las 19 mutuas que colaboran en la gestión de las prestaciones con la Seguridad Social. Pero, ¿en qué consiste su trabajo y cómo pueden beneficiar al autónomo?

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Los autónomos tendrán que elegir mutua para cubrir los accidentes de trabajo antes de final de mes

En primer lugar, las mutuas son entidades que se encargan de proteger a los trabajadores autónomos (y también asalariados), facilitando la gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación.

Al fin y al cabo, se trata de un trámite más de la Seguridad Social, ya que obtienen recursos y servicios públicos, lo que hace que su tutela corresponda a la Administración del Estado a través de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y sus organismos adscritos.

Pero además, las mutuas se hacen cargo a partir de las cotizaciones de los autónomos que estén incapacitados de manera temporal a partir del día 61. De esa forma, las cuotas serán retraídas del recibo del recibo del autónomo por la propia tesorería de la Seguridad Social.

Por eso, hay que valorar qué mutua de trabajo escoger, basándose en dónde reside el trabajador y dónde tiene su residencia la mutua de trabajo, pues la proximidad es un factor muy valorable por el profesional autónomo.

Con la mejora de las coberturas para los autónomos uno de los conceptos que quedan cubiertos y que antes suponía una cotización voluntaria es la incapacidad temporal por accidente de trabajo. Muchos de estos inscritos en el RETA que antes no cotizaban por esta circunstancia y optaban por cubrir su baja por enfermedad común con la Seguridad Social, tendrán ahora que elegir mutua para cubrir los accidentes de trabajo antes de final de mes.

Hay que tener en cuenta que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INSS, no cubre los accidentes laborales. En el caso de que los autónomos ya optaran en su momento por una Mutua para cubrir su baja por enfermedad común no tendrán que hacer nada. El Real Decreto 28/18 ya indica que los autónomos que tuvieran sus contingencias por enfermedad con una mutua quedan automáticamente cubiertos por accidente de trabajo.

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Los nuevos derechos (y obligaciones) de los autónomos para 2019

La Tesorería General de la Seguridad Social ya debería haber comunicado a los interesados la necesidad de realizar dicho cambio. Para comunicar la variación de datos podemos hacerlo de tres formas diferentes:

• Presencial, ante la Administración de la Seguridad Social que nos corresponda. En este caso hay que darse prisa ya que puede ser necesaria la cita previa para que nos atiendan.
• A través de correo electrónico, la opción más cómoda para la mayoría de los interesados. La dirección de correo tendría que ser facilitada por cada una de las oficinas de la Seguridad Social correspondientes.
• A través del Registro electrónico, donde podemos presentar telemáticamente, pero para ello necesitamos tener certificado digital o ser usuarios del sistema Cl@ve para poder identificarnos de forma electrónica. La ventaja es que se termina el trámite y tenemos un registro de que lo hemos presentado, algo que con el correo queda un poco en el aire.

En todos los casos es necesario rellenar y firmar el documento TA.0521-1, la solicitud simplificada del alta, baja o variación de datos. Se puede firmar tanto de forma electrónica en caso elegir presentar el documento a través de correo electrónico o a través del propio registro.

Puede que muchos trabajadores no hayan recibido la comunicación de la Seguridad Social para hacer el cambio, ya que si no facilitan un teléfono o correo electrónico, la única opción es el envío postal, donde no todos los autónomos comunican su variación de datos y domicilios aunque estén obligados a ello.

Una de las estadísticas del plano laboral en la que España sale peor parado, junto al conjunto de los países europeos del sur, respecto a los más septentrionales, es el elevado absentismo laboral que se produce.

Para luchar contra este fenómeno, el gobierno español se planteó en el pasado mes de agosto la posibilidad de reducirlo, mediante un mayor control sobre las bajas laborales que dan lugar a que las empresas españolas pierdan por término medio hasta 11,4 días por trabajador cada año.

En este empeño, se ha proporcionado un mayor poder a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que a partir de ahora podrán dar el alta a los trabajadores y trabajadoras cuando se haya producido silencio administrativo en el plazo de cinco días por parte de la sanidad pública.

Este cambio normativo aún no está en vigor, lo estará en los próximos meses ya que se aprobó ayer viernes en Consejo de ministros, y abrirá el debate de si el conjunto de los trabajadores solicitan la baja laboral debidamente en todos los casos. En mi opinión creo que se trata de una cuestión cultural, ya que en muchos casos se obvia que este instrumento está constituido para cuando realmente se necesita, y que su uso fraudulento supone unas pérdidas millonarias para nuestro tejido empresarial, máxime bajo una coyuntura en la que muchas empresas tienen verdaderos problemas para abonar las nóminas cada mes.

En Pymes y Autónomos | La nueva reforma laboral: la negociación colectiva Imagen | Leandro Martínez

Las empresas que hayan reducido su siniestralidad laboral y cuyas cuotas por contingencias profesionales alcancen los 5.000 euros, pueden solicitar el bonus de siniestralidad por el que se devuelven entre el 5% y el 10% de esas cuotas.

Además las empresas deben cumplir una serie de requisitos como haber realizado inversiones en prevención de riesgos laborales, no tener más de dos sanciones graves durante el periodo de cálculo, etc. El plazo para la solicitud de este bonus es desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo y deberá tramitarse a través de la Mutua a la que esté adscrita la empresa.

Para alcanzar los 5.000 euros en cuotas se pueden sumar las acumuladas en los últimos cuatro años (periodo de observación) y siempre teniendo en cuenta que el cálculo se hace por cuenta de cotización de la empresa y no por su número de identificación fiscal.

Las empresas que no alcancen esa cifra pero hayan pagado al menos 250 euros en cotizaciones podrán solicitarlo una vez cada cuatro años, pero sólo será aplicable esta medida para las solicitudes presentadas a partir de 2013.

El incentivo a percibir es el 5% de las cuotas pagadas por contingencias profesionales, pero sube al 10% si los periodos de observación son consecutivos y se ha percibido el incentivo en el inmediatamente anterior. Hay que tener en cuenta que el total a percibir nunca podrá ser superior al importe de las inversiones realizadas por la empresa en prevención de riesgos laborales.

En caso de alcanzar las condiciones para solicitar el bonus si la empresa no lo solicita éste se pierde y se abre un nuevo periodo de observación para generar un nuevo incentivo.

La comprobación del derecho de cobro y el cálculo del bonus se realizar por parte de las mutuas, si bien la propia empresa puede comprobar las cantidades cotizadas por el TC1. La solicitudes presentadas se envían a la Inspección de Trabajo para que compruebe los datos y apruebe el pago del bonus.

En Pymes y Autónomos | Reducción de cuotas de la Seguridad Social para las empresas que tengan un plan de seguridad vial
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Ministerio del Trabajo y Previsión Social