Las organizaciones de autónomos han dado un paso más en su pulso con el Gobierno y han denunciado ante la Comisión Europea el retraso de España en aplicar el conocido como IVA franquiciado, un régimen que permitiría a pequeños negocios no repercutir IVA si no superan un determinado volumen de facturación.
El conflicto no es nuevo, pero sí relevante: la Directiva europea que lo regula está en vigor y España sigue sin trasponerla, a diferencia del resto de países de la Unión Europea.
Qué es el IVA franquiciado (y qué no)
El IVA franquiciado es un régimen voluntario pensado para pequeños negocios. Permite que los autónomos que facturen por debajo de un umbral —hasta 85.000 euros anuales, según la normativa europea— no tengan que repercutir IVA en sus facturas.
Eso sí, tiene una contrapartida clave: tampoco permite deducirse el IVA soportado en gastos y compras. Sin embargo, no es una exención automática ni universal, sino una opción que cada autónomo puede valorar según su tipo de actividad, clientes y estructura de costes.
La denuncia por parte del colectivo
La Directiva europea que regula este régimen debía haberse incorporado al ordenamiento nacional. Sin embargo, España sigue sin hacerlo, lo que ha llevado a asociaciones de autónomos a acudir a Bruselas para denunciar el incumplimiento.
El argumento es claro: la falta de trasposición impide que miles de pequeños negocios accedan a un régimen fiscal más simple, especialmente aquellos que trabajan con clientes finales y no pueden compensar el IVA repercutido.
Por supuesto, el IVA franquiciado no es igual de atractivo para todos, pero sí que representa una opción más que beneficiosa para autónomos que trabajan con consumidores finales, negocios con pocos gastos deducibles y actividades de servicios donde el IVA encarece el precio final.
Por el contrario, aquellos que soportan mucho IVA en compras o inversiones o trabajan mayoritariamente con empresas que sí se deducen el impuesto, no tiene tanta relevancia. Por eso, las organizaciones insisten en que se trata de un régimen opcional, no obligatorio.
El impacto para pymes y pequeños negocios
Más allá del debate fiscal, el retraso tiene consecuencias prácticas:
- Mayor complejidad administrativa para los más pequeños.
- Dificultad para competir en precio frente a otros países donde el régimen ya existe.
- Pérdida de una herramienta de simplificación en un entorno de creciente carga normativa.
Para muchas microempresas, no se trata tanto de pagar más o menos, sino de simplificar la gestión y reducir errores, inspecciones y costes indirectos.
Por ahora, el Gobierno no ha fijado una fecha concreta para implantar el IVA franquiciado, lo que mantiene el conflicto abierto.
Reticencias del Ejecutivo
Desde el punto de vista del Gobierno, la implantación del IVA franquiciado plantea reticencias fiscales y de control. Hacienda ha señalado en distintas ocasiones que un régimen de exención amplia podría suponer una merma recaudatoria relevante, especialmente en un país con un sector empresarial muy dividido, donde una parte importante de la actividad se concentra en microempresas y autónomos. A ello se suma el temor a que el sistema incentive la fragmentación de negocios o el fraccionamiento de actividades para no superar el umbral de facturación.
Además, el Ejecutivo también ha puesto el foco en las dificultades de supervisión y fraude, al tratarse de un régimen que reduce la trazabilidad del IVA en determinados tramos. Desde esta óptica, el IVA franquiciado podría complicar los mecanismos de control fiscal y aumentar la economía sumergida si no va acompañado de sistemas de seguimiento muy precisos. Estas cautelas explican, en parte, por qué España ha optado por retrasar su trasposición, pese a que la directiva europea permite aplicar el régimen de forma voluntaria y con salvaguardas.
Desde el lado empresarial, la patronal y las asociaciones de autónomos han cuestionado este enfoque. Consideran que los argumentos sobre una posible pérdida de control tributario pierden peso en un contexto de pagos bancarios generalizados, digitalización de la facturación y mayor trazabilidad fiscal.
Además, sostienen que el actual sistema ya convierte al pequeño negocio en recaudador indirecto del IVA, obligándolo a adelantar y gestionar un impuesto que no constituye un ingreso propio. En este sentido, entienden que estos factores no justifican frenar la trasposición de una directiva europea que permite aplicar el régimen de forma voluntaria y con salvaguardas.
La denuncia ante Bruselas busca forzar un calendario y reactivar una medida que, sobre el papel, ya forma parte del marco europeo. Mientras tanto, los autónomos siguen operando bajo el régimen general, a la espera de una decisión que podría cambiar de forma significativa la fiscalidad de los negocios más pequeños.
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