La sentencia 1033/2026 refuerza el derecho de acceso a la información pública y permite solicitar documentación sobre investigaciones archivadas.
El autónomo deberá identificar la denuncia y concretar qué documentación necesita.
Los autónomos que denuncien posibles irregularidades laborales cometidas por otros negocios tendrán más facilidades para conocer qué hizo la Inspección de Trabajo antes de cerrar el expediente.
El Tribunal Supremo ha establecido que la Administración no puede ampararse de forma genérica en el deber de confidencialidad para ocultar las comprobaciones realizadas.
La sentencia 1033/2026 refuerza el derecho de acceso a la información pública y permite solicitar documentación sobre investigaciones archivadas, aunque el denunciante no haya participado formalmente en el procedimiento.
Los autónomos podrán conocer qué investigó la Inspección de Trabajo
Dicha resolución afecta especialmente a pequeños empresarios que denuncian situaciones de competencia desleal vinculadas a incumplimientos laborales.
Por ejemplo, un establecimiento hostelero podría comunicar que otro restaurante emplea trabajadores sin contrato. También un comercio podría advertir de jornadas superiores a las declaradas oficialmente.
Hasta ahora, estos denunciantes podían encontrarse con una notificación de archivo sin conocer las actuaciones desarrolladas. El Supremo aclara que pueden solicitar información sobre visitas inspectoras, requerimientos, informes y comprobaciones, siempre que los documentos existan y respetando los límites legales.
Y es que, la Ley 19/2013 de Transparencia permite ejercer este derecho sin necesidad de explicar los motivos de la solicitud.
Cómo solicitar los documentos de una denuncia archivada
El procedimiento comienza mediante una petición de acceso a información pública dirigida al organismo que conserve el expediente. Cuando intervenga la Administración General del Estado, puede utilizarse el Portal de la Transparencia.
El autónomo deberá identificar la denuncia y concretar qué documentación necesita. Puede solicitar copias de informes, actuaciones inspectoras o comunicaciones relacionadas con el archivo. No es obligatorio contratar abogado y la solicitud es gratuita, aunque determinadas reproducciones documentales pueden generar gastos.
La Administración puede proteger información personal o confidencial, pero debe justificar las restricciones. Cuando resulte posible, tendrá que facilitar documentación parcialmente anonimizada.
Trabajo dispone de un mes para responder
El plazo ordinario para resolver la petición es de un mes desde su recepción por el órgano competente. Este periodo puede ampliarse otro mes cuando la cantidad de documentos o su complejidad lo justifiquen, siempre que se comunique previamente.
También existen supuestos de suspensión, como la necesidad de aclarar información o consultar a terceros afectados. Si transcurre el plazo aplicable sin contestación, se produce silencio administrativo desestimatorio.
Qué hacer si la Inspección rechaza facilitar información
En caso de rechazo, los trabajadores autónomos pueden presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cuando corresponda a la Administración estatal.
El plazo habitual es de un mes desde la notificación de la denegación expresa. Si existe silencio administrativo, también puede reclamarse. Este procedimiento no exige abogado, procurador ni tasas. El Consejo dispone de tres meses para resolver.
La Ley 23/2015, reguladora del Sistema de Inspección de Trabajo, establece obligaciones de reserva profesional, pero estas no permiten rechazar automáticamente cualquier petición documental.
Acceder al expediente no significa reabrir la investigación
El fallo judicial establece una distinción importante: conocer las actuaciones realizadas no implica que el archivo quede anulado. Tampoco convierte automáticamente al denunciante en interesado con capacidad para recurrir la decisión.
Sin embargo, disponer de los documentos puede ayudar a detectar circunstancias no examinadas o aportar nuevas pruebas. Si aparecen incumplimientos posteriores, el autónomo podrá comunicar esos hechos mediante otra denuncia fundamentada.
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula aspectos generales de las actuaciones administrativas y los recursos. En cualquier caso, una nueva denuncia no garantiza otra investigación ni modifica los plazos de prescripción de posibles infracciones.
Imágenes | Vitaly Gariev
Ver todos los comentarios en https://www.pymesyautonomos.com
VER 0 Comentario