Así afectará a autónomos y pymes la nueva Ley de IA

La inteligencia artificial forma parte de la actividad diaria de miles de autónomos y pequeñas empresas que la utilizan para casi absolutamente todo. Pero ojo, esta “libertad” tiene los días contados.

La aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de Ley Orgánica para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, es un paso decisivo para adaptar la normativa española al Reglamento Europeo de IA.

La gran cantidad de obligaciones se dirige a desarrolladores y proveedores de sistemas avanzados. Pero también autónomos y pymes deberán revisar cómo utilizan estas herramientas en su actividad cotidiana.

El uso cotidiano de la IA ya no será una cuestión menor

Cada vez es más habitual que un pequeño negocio recurra a ChatGPT para redactar textos, a Gemini para generar propuestas comerciales o a plataformas de diseño capaces de crear imágenes automáticamente.

En la mayoría de los casos, estas aplicaciones se consideran de riesgo limitado o mínimo, especialmente cuando funcionan como apoyo a tareas de productividad y no toman decisiones importantes y menos sobre terceros.

No obstante, el hecho de que una herramienta sea fácil de utilizar no significa que esté exenta de responsabilidades legales.

Qué actividades pueden generar más riesgos legales

La normativa distingue diferentes niveles de riesgo según la función que desempeñe la inteligencia artificial.

Los problemas suelen aparecer cuando estos sistemas intervienen en procesos que afectan directamente a personas. Un software que selecciona candidatos para una oferta de empleo, una aplicación que analiza la solvencia de un cliente o una herramienta que determina quién puede acceder a determinados servicios puede quedar sometida a exigencias mucho más estrictas.

O lo que es lo mismo: la importancia radica, sobre todo, en si la herramienta influye en decisiones que afectan a clientes, empleados, proveedores o terceros.

Las sanciones pueden alcanzar cifras millonarias

El proyecto legislativo incorpora un régimen sancionador alineado con la normativa europea.

Las infracciones más graves podrían alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior.

Aunque estas cantidades están pensadas para incumplimientos especialmente relevantes o sistemas de alto riesgo, también existen sanciones para situaciones menos graves.

Las infracciones graves podrían situarse entre 500.001 y 7,5 millones de euros, mientras que las leves oscilarían entre 6.000 y 500.000 euros.

La cuantía final, según la ley, dependerá de factores como la intencionalidad, la reincidencia, el daño causado o el tamaño de la empresa.

Los chatbots deberán identificar claramente que son inteligencia artificial

Uno de los cambios que más afectará a pequeños negocios será la obligación de transparencia.

Muchas empresas utilizan asistentes virtuales en sus páginas web, sistemas automáticos de atención al cliente o chatbots integrados en WhatsApp y otras plataformas.

La futura regulación exigirá que el usuario sepa de forma clara que está interactuando con una máquina y no con una persona física.

Esta obligación también puede extenderse a determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial, especialmente cuando exista riesgo de confusión sobre su origen.

La protección de datos gana protagonismo

Otro de los aspectos más sensibles afecta al tratamiento de la información que se introduce en estas herramientas.

Muchos autónomos utilizan sistemas de inteligencia artificial para analizar documentos, redactar contratos, preparar informes o responder consultas de clientes. Sin embargo, no siempre conocen dónde se almacenan esos datos ni qué uso posterior puede hacerse de ellos.

La nueva normativa obligará a prestar mucha más atención a las políticas de privacidad, condiciones de uso y mecanismos de protección de la información.

Antes de incorporar una nueva aplicación a la actividad diaria será recomendable comprobar qué garantías ofrece respecto al tratamiento de datos personales y empresariales.

Las empresas deberán saber exactamente qué herramientas utilizan

Uno de los primeros pasos para adaptarse a la nueva regulación será elaborar un inventario interno de herramientas de inteligencia artificial.

Esto implica identificar qué aplicaciones utilizan empleados y colaboradores, para qué finalidades se emplean y qué impacto pueden tener sobre clientes, trabajadores o proveedores.

Ese control permitirá demostrar que existe una supervisión adecuada y que la organización conoce los límites y responsabilidades asociados al uso de estas tecnologías.

En otras palabras, la futura regulación insiste en la necesidad de mantener siempre una revisión humana en los procesos más sensibles. Al final el criterio de la persona es y debe ser el más importante.

Imágenes | Igor Omilaev, Tingey Injury Law Firm