Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha clarificado y ampliado el alcance de las cantidades que los trabajadores por cuenta propia pueden exigir cuando una sociedad les deja facturas sin abonar.
El fallo no se limita a confirmar la posibilidad de reclamar la deuda principal, sino que precisa que también pueden incluirse intereses, penalizaciones y otros conceptos accesorios cuando concurren determinados requisitos legales.
Y es que, muchos autónomos operan con empresas que atraviesan situaciones patrimoniales delicadas, con pérdidas acumuladas y fondos propios por debajo de la mitad del capital social.
En esos escenarios, la capacidad real de cobro se reduce drásticamente, ya que la sociedad puede carecer de activos suficientes para atender sus compromisos. La vía tradicional de ejecución contra la empresa deudora resulta entonces ineficaz.
Responsabilidad del administrador en situaciones de desequilibrio patrimonial
La legislación mercantil establece que cuando una sociedad incurre en causa legal de disolución, sus administradores deben adoptar medidas como promover la disolución o instar el concurso.
Si no lo hacen y continúan contrayendo obligaciones, pueden convertirse en responsables solidarios de las deudas generadas a partir de ese momento.
El Supremo ha recordado que esa responsabilidad no se circunscribe únicamente al principal adeudado. Cuando concurren los presupuestos objetivos de la acción de responsabilidad por deudas, el administrador responde como garante de las obligaciones sociales surgidas en esa fase crítica. Esta garantía solidaria alcanza tanto a la deuda principal como a los intereses y demás partidas asociadas que resulten exigibles a la sociedad.
La novedad práctica radica en que el Alto Tribunal despeja dudas sobre si los autónomos podían reclamar al administrador conceptos adicionales como los intereses de demora previstos en la normativa contra la morosidad o los gastos derivados de la reclamación.
La respuesta judicial es clara al entender que si tales importes eran exigibles a la empresa, también lo son frente al administrador en el marco de la responsabilidad solidaria.
Intereses de demora y gastos adicionales
La Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad establece un régimen específico de intereses aplicable a operaciones comerciales.
Para el primer semestre de 2026, el interés de demora se sitúa en el 10,15%, una cifra muy superior al interés legal del dinero fijado en el 3,25%. Esta diferencia no es irrelevante en términos económicos.
Si se toma como referencia una factura impagada de 5.000 euros, la aplicación del 10,15% supone más de 500 euros adicionales en concepto de intereses.
A ello pueden sumarse los gastos de reclamación reconocidos por la normativa. El resultado es que el importe total recuperable puede incrementarse de manera significativa, reforzando la posición del autónomo frente a la insolvencia societaria.
El fallo judicial consolida así la posibilidad de trasladar al administrador no solo la deuda base, sino también todos los accesorios vinculados a la misma. Esto amplía el margen de recuperación y aporta mayor seguridad jurídica a quienes se ven afectados por impagos reiterados en el ámbito mercantil.
Un mecanismo que refuerza la viabilidad de la reclamación
La acción de responsabilidad por deudas se configura como una herramienta especialmente relevante cuando la sociedad carece de patrimonio suficiente.
Al dirigir la reclamación contra la persona física que ostenta la administración, el autónomo amplía las posibilidades de cobro, ya que el administrador puede disponer de recursos propios distintos de los de la empresa.
Este marco jurídico no implica una responsabilidad automática. Es necesario acreditar que la sociedad se encontraba en causa de disolución, que el administrador no adoptó las medidas exigidas por la ley y que la deuda se generó con posterioridad a esa situación. Una vez probados estos extremos, la reclamación puede abarcar la totalidad de los importes derivados de la obligación impagada.
En la práctica, la rapidez en la actuación adquiere especial relevancia. Cuando una empresa atraviesa dificultades económicas, es habitual que existan múltiples acreedores en la misma posición.
Documentación y estrategia procesal
Para que la reclamación prospere es imprescindible contar con una base documental sólida.
Facturas emitidas, albaranes de entrega, contratos firmados y comunicaciones intercambiadas entre las partes constituyen elementos probatorios esenciales. La acreditación de la correcta prestación del servicio o suministro del producto resulta determinante para sostener la acción judicial.
Ver todos los comentarios en https://www.pymesyautonomos.com
VER 0 Comentario